ELTIEMPO.COM, Por: REDACCIÓN JUSTICIA , 10 de Septiembre del 2013
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Magistrados vinculados a investigaciones sostienen que "derechos fundamentales han sido atacados".
Duros cuestionamientos contra La Contralora Sandra Morelli hicieron algunos de los investigados fiscalmente por ese organismo de control, dentro del ‘carrusel’ de pensiones.
La Magistrada auxiliar, Martha Patricia Zea, dijo que en este proceso sus derechos fundamentales han sido atacados. “Parece que estuviéramos en un estado absolutista, tiránico, donde no se respeta ningún derecho.
Acto seguido, la funcionaria que está vinculada a la investigación como aforada, le pidió a la Contraloría que defina su situación. “Basta ya de abusos por parte de la Contraloría, nosotros somos aforados, ustedes no tienen competencia”, afirmó la magistrada Zea.
De igual manera, la también magistrada auxiliar, Petrona Perafán, denunció que su vida está en peligro por las acusaciones en su contra. “Informaron que yo había recibido 93 mil millones de pesos, que es casi el presupuesto de todos los pensionados. Habían podido y pueden secuestrarme por ese dinero”, explicó Perafán.
A su turno, Rubén Darío Henao, abogado que defiende a la magistrada Julia Emma Garzón dijo que la Contraloría viola la ley al no cumplir con el fallo de tutela que le ordenó no continuar con el proceso contra los aforados.
“Le pido a la delegada del Ministerio Público se haga la correspondiente investigación disciplinaria contra la Contralora Sandra Morelli”, fue la solicitud de Henao.
Por su parte, Jairo Enrique Bulla, defensor de Álvaro Rojas Mayorquín, cuestionó el que la Contralora Morelli filtre a los medios de comunicación los detalles del proceso. “Pareciera que la Contralora sufriera del síndrome de linotipo y de micrófono, ella habla de lo divino y de lo humano, y ha salido a hacer cacería de servidores públicos”, precisó Bulla.
Estas posiciones de los investigados se dieron en el marco de una sesión en las instalaciones de la Contraloría General de la República donde el organismo de control no instaló la audiencia de descargos en cumplimiento del fallo de tutela proferido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, conocida el pasado viernes.
En la sentencia esa Corporación le ordenó a la Contraloría “que se abstenga de incurrir en irregularidades sustanciales” como “iniciar o proseguir investigación alguna de carácter fiscal (resarcitoria o sancionatoria) contra los funcionarios aforados constitucionalmente en el artículo 174 de la Constitución Política”.
REDACCIÓN JUSTICIA
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