Por: REDACCIÓN ELTIEMPO.COM , 12 de Septiembre del 2013
Comparte este artículo
Dice que no son claras las cuentas de la eléctrica y señala que se podría afectar el servicio.
El procurador judicial José Pablo Durán Gómez le solicitó formalmente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspender la venta de Isagén, dentro del proceso de la acción popular que interpuso el expresidente Álvaro Uribe contra la decisión del Gobierno Nacional.
Uribe solicitó a ese Tribunal Administraivo proteger el patrimonio público. En su demanda, argumentó que "se están vulnerando el acceso a los servicios públicos, al patrimonio público, la normatividad administrativa y la seguridad nacional, por lo que se están afectando los derechos fundamentales y colectivos de los colombianos".
En la solicitud, conocida por ELTIEMPO.COM, el Ministerio Público recuerda que este tipo de ventas de una entidad que presta servicios de interés público “debe darse dentro de un marco de estabilidad económica, que genere réditos y no pérdidas para la Nación”.
El procurador Durán Gómez asegura que se debe analizar si el precio incluye el mayor valor que puede generar en el paquete accionario de la Nación la realización y la culmiación, entre otros, del “megaproyecto de generación eléctrica de Hidrosogamoso adelantado por Isagén en Santander, el que se encuentra en ejecución y construcción en la actualidad”.
La Procuraduría, además, aseguró que no conoce el documento en el que el Gobierno valoró la venta de la eléctrica que se cocinó en el Consejo de Ministros en la sesión del 29 de julio pasado.
“Mientras se establece con absoluta certeza el método de evaluación utilizado, implicaría que no resulta procedente dar continuidad al cronograma de enajenación previsto y en esa medida, en aras de prevenir un daño contingente para los intereses de la Nación y un prejuicio irremediable”, asegura en el documento el procurador Durán.
También, la Procuraduría señaló que se deben evaluar los rendimientos de la firma. Es decir, concluye el Ministerio, debe haber una certeza antes de la continuidad del proceso. “Cuáles fueron los estudios de la banca de inversión que determinaron el valor del paquete accionario de la Nación y la actualidad de los mismos tratándose de un activo público que reporta grandes rendimientos”, se lee en el documento.
De igual manera, el Ministerio Público señala que el artículo 14 del Decreto 1609 del 2013 contempla el mecanismo de continuidad del servicio, pero no es claro en cuanto “a las reglas o condiciones” que debe cumplir el “operador idóneo” para garantizar el servicio de Isagén.
Finalmente, la Procuraduría señala que en el programa de enajenación “no se establecen medidas para garantizar la protección del medio ambiente frente a la continuidad de los planes que Isagén ha venido realizando para hacer uso adecuado de los recursos naturales”.
De esta manera, el procurador Durán Gómez pide la suspensión del Decreto 1609 del 2013, decisión que está en manos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, cuya ponencia está en el magistrado Luis Manuel Lasso Lozano.
La venta de Isagén ha sido tan polémica que incluso el nuevo ministro de Minas Amilkar Acosta advirtió que le expondrá al presidente Juan Manuel Santos sus argumentos para considerarlo algo inoportuno.
“(La venta de Isagén) Fue una decisión que el Gobierno tomó en su momento, se tramitó en Consejo de Ministros y se dio paso a unos actos administrativos que están en curso, yo no estaba ahí y me habría opuesto y explicado mis razones de inconveniencia para esa venta y habría sido claro y enfático”, agregó.
REDACCIÓN ELTIEMPO.COM
No hay comentarios:
Publicar un comentario