Semana.com, Sábado 25 Febrero 2012
PENSIONES La Corte Constitucional tiene en la nevera un fallo bomba. Debe decidir si tapa o no el hueco por el que se pueden fugar hasta 50 billones de pesos en pensiones, muchas de ellas escandalosas. Sin embargo, hay una extraña operación tortuga.
Así como la Corte Constitucional se convirtió en la gran protagonista del país cuando tuvo en sus manos la suerte de la reelección del presidente de la república, ahora tiene que tomar otra decisión que, si bien no concentra tanta atención de los medios, es de crucial importancia para el país. En ese momento se trataba de un fallo clave para preservar la democracia, ahora se trata de una demanda sobre pensiones en la que está en juego la estabilidad de las finanzas del Estado.
Sin embargo ahora, a diferencia de entonces, los magistrados se están demorando en tomar la decisión. Y eso ha dado lugar a que algunos interpreten que la Corte no quiere meterse con esa papa caliente porque se mete con el bolsillo de cacaos de la Rama Judicial y del Congreso.
Hace un año SEMANA publicó cómo en el Consejo de la Judicatura se puso de moda darles 'palomitas' como magistrados auxiliares a decenas de personas que están a punto de jubilarse para así inflarles la mesada pensional. Gracias a esa 'palomita', que podía ser de apenas un mes, a un juez, por ejemplo, que se gana 4 millones de pesos, como por arte de magia le calculan su mesada sobre un salario de 17 millones de pesos. En el Congreso ocurre otro tanto: hay cerca de 450 pensiones de ex congresistas o ex funcionarios a quienes les han liquidado sus pensiones teniendo en cuenta polémicas gabelas (como incluir viáticos o tiquetes aéreos como factor salarial).
El problema de fondo es que cientos de funcionarios están obteniendo mesadas multimillonarias que en solo los dos ejemplos mencionados pueden sumar hasta 300.000 millones de pesos al año, sin haber cotizado para ellas. Y no hay erario que lo resista.
¿Cómo lo están haciendo? La Ley 100, si bien creó un régimen de transición en materia de pensiones para este tipo de funcionarios, (que vence en 2014), también dejó claro que les aplicaba el nuevo sistema en los siguientes aspectos: 1) calcular la mesada sobre el promedio de lo cotizado por cada persona en los diez últimos años y no sobre lo devengado en el último año como ocurría en el régimen anterior. 2) no incluir en el cálculo de la pensión otros factores devengados -como primas de Navidad o vacaciones- y 3) fijar un tope de la pensión, que no puede ser más de 25 salarios mínimos.
Sin embargo, sobre esos tres puntos han llovido demandas y el Consejo de Estado ha proferido fallos en los que se privilegia no lo establecido por la Ley 100 de 1993, sino lo consignado un año antes en la Ley 4 de 1992. Así, por ejemplo, primero dejó sin piso la premisa de que la mesada se calculaba sobre el promedio de los últimos diez años de salario y decidió que se podía calcular la pensión con el salario del último año, y en algunos casos con el del mes más alto, que es el caso del carrusel de la Judicatura.
Después, el Consejo de Estado también decidió que no solo se incluía el salario, sino que podían incluirse primas y los otros factores ya mencionados para calcular la mesada. Y así, por ejemplo, una pensión de un funcionario de la Contraloría pasó de 2,6 millones de pesos a 12,8 millones de pesos. Y por último, con otros fallos se han permitido mesadas por encima del tope máximo de 25 salarios mínimos y hoy más de 1.200 reciben esa pensión privilegiada.
No solo las demandas de los casos de los altos cargos suman miles de millones de pesos sino que, por efecto contagio, se han disparado las demandas de funcionarios del Estado -el año pasado interpusieron 54 cada día- que piden que les calculen de nuevo sus pensiones para lograr mesadas más altas, que en algunos casos pueden llegar a ser hasta 300 veces más de lo que les habían calculado inicialmente.
El pago de pensiones viene subiendo en los dos últimos años y para este año es de 29,5 billones, mientras que el de educación es de 19 billones y el de salud de 12,9 billones. Una cifra preocupante. En el Ministerio de Hacienda han hecho un cálculo y creen que, si las cosas siguen así, Colombia tendrá que sacar de su bolsillo entre 43 billones de pesos y 57,2 billones de pesos más a lo largo de los próximos 20 años para pagar pensiones.
Y es ahí donde entra a jugar la demanda que hoy estudia la Corte Constitucional. El demandante pide que se declare inconstitucional un artículo que es la nuez del problema (el 17 de la Ley 4 de 1992) con el que se ha sustentado mucha de la jurisprudencia que ha inflado el pago de las mesadas. Ese artículo dice que las pensiones de los congresistas "no pueden ser inferiores al 75 por ciento del ingreso mensual promedio que durante el último año y por todo concepto perciba el congresista". En otras palabras, dice que se pueden pagar más de 25 salarios mínimos, que no tiene que ser solo sobre el salario y que puede ser con los ingresos del último año.
El hecho de que esa demanda haya llegado hasta la sala plena de la Corte Constitucional es casi un milagro. En primer lugar, porque hay una polémica jurídica que involucra a los más poderosos del Estado. Por un lado, tanto el Consejo de Estado como el procurador Alejandro Ordóñez consideran que los fallos hacen una lectura estricta de la Ley. Y por el otro, el gobierno alega que se está torciendo el cuello a la Ley para favorecer a unos cuantos y para eso, además, se apoya en fallos de otras cortes, como la Suprema y la Constitucional, que le dan la razón. De hecho, el presidente Juan Manuel Santos le dio un jalón de orejas al Consejo de Estado y le hizo caer en cuenta de que sus fallos en materia pensional podrían acabar con la salud financiera del país.
Y en segundo lugar, porque el gobierno venía intentado por todos los medios que la Corte Constitucional abordara el estudio de un caso de tutela y unificara la jurisprudencia. El propio ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, lanzó un SOS a los magistrados de la Corte Constitucional a finales de 2010. Extrañamente, la Corte no seleccionó varias tutelas. En vista de ello los ministros de Hacienda y de Protección Social, el 6 de julio del año pasado, le escribieron una extensa carta como 'solicitud de insistencia' en la que le explican la urgencia de que la Corte se pronuncie.
Sin embargo, la Corte finalmente abocó el estudio del caso a través de una demanda de constitucionalidad. En eso lleva diez meses y todavía no hay humo blanco. De acuerdo con los términos, la decisión debía estar tomada a más tardar a mediados de diciembre del año pasado. Incluso, el procurador dio su concepto sobre esta demanda desde hace siete meses (le pidió a la Corte que se declarara inhibida). Sin embargo, no ha habido manera. El primer obstáculo que se presentó fue el de los impedimentos. Cuatro de los nueve magistrados se declararon impedidos porque están a punto de jubilarse o están ya jubilados o porque, como en el caso de Jorge Pretelt, la decisión afectaría la pensión de su padre. La Corte ya resolvió dos de los impedimentos (se lo negó a Pretelt y se lo confirmó a Luis Ernesto Vargas) y todavía no ha resuelto los de Nilson Pinilla y Jorge Iván Palacio. La demora es un claro síntoma de la operación tortuga porque en el caso de la reelección, por ejemplo, se tomaron menos de 15 días para resolver los impedimentos.
Y en últimas es una verdadera papa caliente porque la Corte está entre dos decisiones. O declara ese artículo exequible, lo cual sería una derrota para el tesoro público y daría pie para que los congresistas pensionados reciban siempre el 75 por ciento del promedio que en el último año y por todo concepto devenguen los congresistas activos. O lo declara inexequible y decide que de ahora en adelante las pensiones deben ser sostenibles desde el punto de vista económico para el erario, lo cual implicaría, entre otras cosas, calcular de nuevo las más altas mesadas pensiónales del Estado y ponerlas en sus justas proporciones. ¿Se dará esa pelea por el bien del país?
Hace un año SEMANA publicó cómo en el Consejo de la Judicatura se puso de moda darles 'palomitas' como magistrados auxiliares a decenas de personas que están a punto de jubilarse para así inflarles la mesada pensional. Gracias a esa 'palomita', que podía ser de apenas un mes, a un juez, por ejemplo, que se gana 4 millones de pesos, como por arte de magia le calculan su mesada sobre un salario de 17 millones de pesos. En el Congreso ocurre otro tanto: hay cerca de 450 pensiones de ex congresistas o ex funcionarios a quienes les han liquidado sus pensiones teniendo en cuenta polémicas gabelas (como incluir viáticos o tiquetes aéreos como factor salarial).
El problema de fondo es que cientos de funcionarios están obteniendo mesadas multimillonarias que en solo los dos ejemplos mencionados pueden sumar hasta 300.000 millones de pesos al año, sin haber cotizado para ellas. Y no hay erario que lo resista.
¿Cómo lo están haciendo? La Ley 100, si bien creó un régimen de transición en materia de pensiones para este tipo de funcionarios, (que vence en 2014), también dejó claro que les aplicaba el nuevo sistema en los siguientes aspectos: 1) calcular la mesada sobre el promedio de lo cotizado por cada persona en los diez últimos años y no sobre lo devengado en el último año como ocurría en el régimen anterior. 2) no incluir en el cálculo de la pensión otros factores devengados -como primas de Navidad o vacaciones- y 3) fijar un tope de la pensión, que no puede ser más de 25 salarios mínimos.
Sin embargo, sobre esos tres puntos han llovido demandas y el Consejo de Estado ha proferido fallos en los que se privilegia no lo establecido por la Ley 100 de 1993, sino lo consignado un año antes en la Ley 4 de 1992. Así, por ejemplo, primero dejó sin piso la premisa de que la mesada se calculaba sobre el promedio de los últimos diez años de salario y decidió que se podía calcular la pensión con el salario del último año, y en algunos casos con el del mes más alto, que es el caso del carrusel de la Judicatura.
Después, el Consejo de Estado también decidió que no solo se incluía el salario, sino que podían incluirse primas y los otros factores ya mencionados para calcular la mesada. Y así, por ejemplo, una pensión de un funcionario de la Contraloría pasó de 2,6 millones de pesos a 12,8 millones de pesos. Y por último, con otros fallos se han permitido mesadas por encima del tope máximo de 25 salarios mínimos y hoy más de 1.200 reciben esa pensión privilegiada.
No solo las demandas de los casos de los altos cargos suman miles de millones de pesos sino que, por efecto contagio, se han disparado las demandas de funcionarios del Estado -el año pasado interpusieron 54 cada día- que piden que les calculen de nuevo sus pensiones para lograr mesadas más altas, que en algunos casos pueden llegar a ser hasta 300 veces más de lo que les habían calculado inicialmente.
El pago de pensiones viene subiendo en los dos últimos años y para este año es de 29,5 billones, mientras que el de educación es de 19 billones y el de salud de 12,9 billones. Una cifra preocupante. En el Ministerio de Hacienda han hecho un cálculo y creen que, si las cosas siguen así, Colombia tendrá que sacar de su bolsillo entre 43 billones de pesos y 57,2 billones de pesos más a lo largo de los próximos 20 años para pagar pensiones.
Y es ahí donde entra a jugar la demanda que hoy estudia la Corte Constitucional. El demandante pide que se declare inconstitucional un artículo que es la nuez del problema (el 17 de la Ley 4 de 1992) con el que se ha sustentado mucha de la jurisprudencia que ha inflado el pago de las mesadas. Ese artículo dice que las pensiones de los congresistas "no pueden ser inferiores al 75 por ciento del ingreso mensual promedio que durante el último año y por todo concepto perciba el congresista". En otras palabras, dice que se pueden pagar más de 25 salarios mínimos, que no tiene que ser solo sobre el salario y que puede ser con los ingresos del último año.
El hecho de que esa demanda haya llegado hasta la sala plena de la Corte Constitucional es casi un milagro. En primer lugar, porque hay una polémica jurídica que involucra a los más poderosos del Estado. Por un lado, tanto el Consejo de Estado como el procurador Alejandro Ordóñez consideran que los fallos hacen una lectura estricta de la Ley. Y por el otro, el gobierno alega que se está torciendo el cuello a la Ley para favorecer a unos cuantos y para eso, además, se apoya en fallos de otras cortes, como la Suprema y la Constitucional, que le dan la razón. De hecho, el presidente Juan Manuel Santos le dio un jalón de orejas al Consejo de Estado y le hizo caer en cuenta de que sus fallos en materia pensional podrían acabar con la salud financiera del país.
Y en segundo lugar, porque el gobierno venía intentado por todos los medios que la Corte Constitucional abordara el estudio de un caso de tutela y unificara la jurisprudencia. El propio ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, lanzó un SOS a los magistrados de la Corte Constitucional a finales de 2010. Extrañamente, la Corte no seleccionó varias tutelas. En vista de ello los ministros de Hacienda y de Protección Social, el 6 de julio del año pasado, le escribieron una extensa carta como 'solicitud de insistencia' en la que le explican la urgencia de que la Corte se pronuncie.
Sin embargo, la Corte finalmente abocó el estudio del caso a través de una demanda de constitucionalidad. En eso lleva diez meses y todavía no hay humo blanco. De acuerdo con los términos, la decisión debía estar tomada a más tardar a mediados de diciembre del año pasado. Incluso, el procurador dio su concepto sobre esta demanda desde hace siete meses (le pidió a la Corte que se declarara inhibida). Sin embargo, no ha habido manera. El primer obstáculo que se presentó fue el de los impedimentos. Cuatro de los nueve magistrados se declararon impedidos porque están a punto de jubilarse o están ya jubilados o porque, como en el caso de Jorge Pretelt, la decisión afectaría la pensión de su padre. La Corte ya resolvió dos de los impedimentos (se lo negó a Pretelt y se lo confirmó a Luis Ernesto Vargas) y todavía no ha resuelto los de Nilson Pinilla y Jorge Iván Palacio. La demora es un claro síntoma de la operación tortuga porque en el caso de la reelección, por ejemplo, se tomaron menos de 15 días para resolver los impedimentos.
Y en últimas es una verdadera papa caliente porque la Corte está entre dos decisiones. O declara ese artículo exequible, lo cual sería una derrota para el tesoro público y daría pie para que los congresistas pensionados reciban siempre el 75 por ciento del promedio que en el último año y por todo concepto devenguen los congresistas activos. O lo declara inexequible y decide que de ahora en adelante las pensiones deben ser sostenibles desde el punto de vista económico para el erario, lo cual implicaría, entre otras cosas, calcular de nuevo las más altas mesadas pensiónales del Estado y ponerlas en sus justas proporciones. ¿Se dará esa pelea por el bien del país?
