eltiempo.com, Por: Carlos Caballero Argáez,
29 de abril 2017
El problema es muy complejo. Pero el mayor obstáculo para resolverlo es el político.
Se le hizo muy tarde al presidente Santos para plantear la necesidad de la reforma pensional. Algo de lo cual viene hablándose desde principios del siglo XXI, cuando Juan Manuel Santos se desempañaba como ministro de Hacienda.
Está bien que se conforme una misión de estudios sobre los sistemas de pensiones, que en el 2018 entregue sus recomendaciones al nuevo Presidente de la República inmediatamente después de su elección. Los numerosos candidatos deberían comprometerse con esta reforma, si es que se quiere atacar la inequidad y el problema fiscal, que son, entre muchos, los problemas más apremiantes del país.
A los analistas y escritores públicos nos encanta afirmar que, con excepción de Haití, Colombia es el país más desigual de América Latina. Es algo que se sabe en todos los círculos y que los políticos, que tienen la última palabra en la solución del problema, conocen bien. Pero no se hace nada. Como escribía recientemente el exministro Alberto Carrasquilla en su columna de la revista Dinero, ‘Equidad esquiva’, al votante medio le “gustan los subsidios pensionales, porque se queda con buena parte de ellos. Por razones similares, le gusta el subsidio para la educación superior y le sacan la piedra los impuestos personales, porque terminaría pagando buena parte de ellos. Así las cosas, ni nos soñemos con mejorar la equidad” (Dinero, 13 de abril de 2017, pág. 21).
"Los candidatos deberían comprometerse con esta reforma, si es que se quiere atacar la inequidad y el problema fiscal, que son, entre muchos, los problemas más apremiantes del país."
El sistema actual de pensiones es un verdadero desastre. Cifras publicadas por el BID recientemente vuelven a mostrar que su cobertura es baja e inequitativa. “La cobertura en pensiones contributivas alcanza al 32 % de los trabajadores, nivel inferior al de otros países de Latinoamérica, como Argentina, con 54 %; Brasil, con 65 %; o Chile, con 74 %”. La fragmentación de los regímenes es absurdo y su costo, altísimo: “Colombia asigna un 3,8 % del PIB (unos $ 30 billones por año, casi lo mismo de lo que se destina a la educación) al sistema de pensiones público, financiado por el presupuesto nacional, para una cobertura de la tercera parte de la población en edad de jubilarse, al tiempo que Chile, con una cobertura de dos terceras partes de dicha población, gasta un 3,1 % de su PIB anual”.
En la asamblea de los fondos privados de pensiones, que se reunió hace una semana en Cartagena, Carmen Pages, la economista que maneja en el BID el departamento de mercados laborales, fue más allá. Para ella, el sistema de pensiones colombiano es “Robin Hood, pero al revés: les quita a los menos favorecidos el dinero para dárselo a las personas de mayores ingresos”. Son subsidios absolutamente regresivos, que favorecen a unas pocas personas de altos ingresos sin que ni siquiera sobre ellos se pague un impuesto, porque los congresistas –que tienen un claro conflicto de interés– no aprueban un tributo de esta naturaleza.
En la misma reunión, el senador Navarro Wolff afirmó que la clase media que se pensiona no tiene subsidios (El Espectador, 24 de abril de 2017). Imagino que se refería a la clase media pobre, porque, de acuerdo con el doctor Carrasquilla, los subsidios llegan a los hogares ubicados en el 20 % más pudiente y habría que redirigirlos al 20 % menos pudiente”.
Propuestas para la reforma del régimen de pensiones es lo que hay. No son independientes de aquellas orientadas a la formalización de los empleos –para que los trabajadores ahorren para su pensión–, de la necesidad de que la actividad productiva se expanda por toda la geografía nacional y de introducir racionalidad en las reglas de las pensiones.
El problema es muy complejo. Pero, repito, el mayor obstáculo para resolverlo es el político. Por eso no está mal que el asunto se vuelva tema de campaña electoral.
CARLOS CABALLERO ARGÁEZ
Reflexiones al tema pensional
