Colombia es un país de inquietantes contradicciones. Mientras los ministros de Comercio de la Alianza del Pacífico de Colombia, Chile, México y Perú celebraban jubilosos en las playas de la Riviera Maya el cierre de la negociación agrícola, agobiados campesinos de ruana protestaban desde Boyacá en los campos contra los acuerdos comerciales.
Indiferentes a los paros rurales y bloqueos que pusieron en jaque al Gobierno Nacional, impasibles ante las críticas de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), según las cuales la Alianza del Pacífico comprende “graves compromisos desfavorables” para la producción agropecuaria de Colombia, e inmutables frente a las preocupaciones de Fedearroz incorporadas en un reciente comunicado de prensa, por medio del cual sostienen que esta Alianza fue “negociada por el Gobierno a espaldas de los gremios agrícolas, sin tener en cuenta las graves afectaciones para todo el campo colombiano”, el Ministerio de Comercio resolvió eliminar, mediante acuerdos bilaterales simultáneos, el 92 por ciento de los aranceles agropecuarios de forma inmediata y prácticamente el resto en plazos cortos y medianos.
Al examinar los temas negociados (acceso a mercados, reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, servicios, inversión, compras públicas, asuntos institucionales, compras públicas y propiedad intelectual), comprobamos, además, que por primera vez en la historia de las negociaciones comerciales de Colombia, no se contemplaron las salvaguardias de protección para el sector agropecuario.
La importancia de estas salvaguardias radica en que incrementan oportunamente los aranceles para contrarrestar los aumentos desaforados de las importaciones, o neutralizan la abrupta caída de los precios de los productos agrícolas más sensibles. En el marco de la Alianza del Pacífico, el Ministerio de Comercio decidió –sin consultarle a los gremios de la producción afectados–, que los aranceles y las salvaguardias para proteger la agricultura eran superfluos, con lo cual arrasan los diques de protección a favor de este sector, vapuleado por el alza de costos, la revaluación y el contrabando.
Con la Alianza del Pacífico, la agricultura colombiana estará a merced de mayores importaciones agropecuarias procedentes de México, Perú y Chile, sin red de protección para detener su anunciada caída. En la medida en que otros países perciban la oportunidad de convertirse en miembros de la Alianza del Pacífico –como los integrantes de Mercosur o Nueva Zelanda–, la competencia para tomarse nuestro mercado agropecuario se incrementará hasta niveles socialmente insostenibles.
Dado que el interés subyacente de la Alianza del Pacífico es desproteger el campo colombiano –en contravía de inapelables disposiciones constitucionales que ordenan lo contrario– es preciso impugnar el capítulo agrícola antes de que sea demasiado tarde.
Colofón: la designación de los nuevos ministros merece elogio y apoyo nacional.
Andrés Espinosa Fenwarth
CEO de Inverdies
andresespinosa@inver10.co
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