ELTIEMPO.COM, Por: PEDRO MEDELLíN TORRES , 16 de Septiembre del 2013
Pedro Medellín Torres
Parece que a Santos lo asesoran los mismos que lo acompañaron en el manejo del paro agrario. Teniendo mucho que ganar, le aconsejaron recurrir a la vía de los hechos.
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El presidente Santos no parece haber medido bien las implicaciones de tomar la decisión de declarar que el fallo de la Corte de La Haya, en el diferendo con Nicaragua, “no es aplicable”. No solo porque Colombia deja de honrar el compromiso de acatar el derecho internacional (artículo 9 de la Constitución), sino porque tampoco valora los logros obtenidos en la sentencia. Pareciera que es más lo que ha perdido que lo que ha ganado. Pero no.
¿Qué ganó Colombia? En su sentencia, la Corte reconoció la soberanía colombiana sobre la totalidad del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Esto es, declara válido el tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 y extiende la titularidad a Serranilla y Bajo Nuevo. Con la decisión se puso fin a las pretensiones de Nicaragua y a las que en su momento también tuvieron EE. UU., Jamaica y Honduras sobre algunas de estas islas y cayos.
Ahora, si se trata de mar territorial, el fallo formaliza los títulos sobre cerca de 140.000 kilómetros cuadrados. Es más, sin que Colombia haya firmado la Convención del Mar, la Corte le reconoció a Quitasueño la condición de isla (en realidad son 34 rocas, de las que solo una emerge, la QS32), que le confiere al país una porción de 3.576 kilómetros cuadrados de mar territorial. Es cierto que con la sentencia se perdió parte importante del mar territorial. Era un riesgo que Colombia aceptó al ir a la Corte de La Haya. Y una obligación, aceptar el fallo.
No es correcto que ahora, para eludir las obligaciones, salga con artimañas. El Gobierno no puede afirmar que la decisión de la Corte modificó sus límites marítimos. Para comenzar, tiene que reconocer que el meridiano 82 nunca ha sido ni será límite marítimo. Que esa fue una invención en 1969 del entonces canciller López Michelsen, en reacción a la pretensión ‘nica’ de explorar petróleo en aguas consideradas colombianas. Y que desde entonces todos los gobiernos han mantenido el invento como si fuera una realidad.
El Gobierno tampoco puede decir que el fallo altera tratados suscritos con terceros países o que afecta intereses de estos, especialmente con Costa Rica. En este caso fue claro que, en el curso de las audiencias en la Corte, sus autoridades nunca estuvieron dispuestas a ratificar el tratado con Colombia de 1977. Por lo tanto, no se podría esperar que la CIJ lo considerara uno de los que definen las áreas marítimas como colombianas.
¿Qué procedía? Pues que, luego de reconocer el fallo, se negociara con Nicaragua los términos en que se debía aplicar la decisión judicial y su expresión en la definición de límites y en la explotación de las zonas marítimas. Todo lo que se pudiera lograr de ahí en adelante dependía de la capacidad de los negociadores colombianos.
Sin embargo, parece que a Santos lo asesoran los mismos que lo acompañaron en el manejo del paro agrario. Teniendo mucho que ganar, le aconsejaron recurrir a la vía de los hechos. Eludir el fallo sin medir las consecuencias ni dimensionar a quién se tiene en frente. Creen (como con los campesinos) que por la pequeñez de Nicaragua nadie se preocuparía de que Colombia prolongara el statu quo en el Caribe. Y, lo peor, ahora se quiere poner a la Corte Constitucional a que, mediante una sentencia, valide semejante decisión.
Habrá quienes aplaudan la astucia del jugador de póquer para eludir el fallo. Pero con esa reacción abre la puerta para que Nicaragua interponga nuevas demandas ante las instancias internacionales. Y con ellas irá cercando más a Colombia. Santos sabe que los mercados pasan factura y que no son tahúres los que precisan los Estados, sino estadistas. Esos que, como dijo Churchill, piensan más en las próximas generaciones que en las próximas elecciones.
Pedro Medellín Torres
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