martes, 31 de marzo de 2020

De regreso al Estado social

Por: Cristina de la Torre

No se ha necesitado (por ahora) una sublevación popular. El coronavirus se encargó de destapar las taras de una economía montada sobre el hambre, la inequidad y el desempleo. De un capitalismo que agota en sus excesos, no digamos la posibilidad del bienestar, sino la supervivencia misma de millones de colombianos. Si muchos vacilan todavía entre morir de hambre o del virus, éste empaña también la rosada aurora del modelo que concentró la riqueza —–como jamás lo registrara la historia— en una élite económica mimada hasta la obscenidad por gobiernos y legisladores. Hasta en la divisa de socorrer a los más pobres con fondos de pensiones que pertenecen a las regiones, alargó el Gobierno la uña para entregárselos a bancos y grandes empresas. Pese a que el Banco de la República acababa de destinarle $23,5 billones a la banca y a que en el mes de agosto pasado amasó el sistema financiero $65,2 billones de utilidades.
Pero, efecto insospechado de la pandemia, ésta le devolvió al Estado control de la salud pública e instrumentos de dirección de la economía. Tras mucho errar y vacilar, apareció el viernes en pantalla el presidente Duque en aparente dominio de su función frente a la crisis. ¿Iniciaba el renacer de lo público que, por efecto de demostración, acaso no tuviera ya reversa? Pasado el trance, tal vez acuse también Colombia el golpe a la globalización que fue panacea de unos cuantos e infierno de la mayoría. Y corrija el rumbo hacia la producción de riqueza con equidad, empleo formal y respeto por el ambiente. Ejemplos hay en la historia reciente: a la Gran Depresión de los años 30 respondió Roosevelt con el New Deal que conjuró la pobreza y el desempleo, y enrutó a Estados Unidos por el camino del Estado social, que hoy volvería a ofrecerse como solución a crisis parecida.
Proponen César Ferrari y Jorge Iván González cambiar en Colombia la mirada de la economía: volver a la inversión pública y aumentarla. Financiarla con mayor recaudo fiscal, mediante tributación progresiva que reduzca exenciones y eleve tarifas de impuestos al patrimonio y a la renta de personas naturales (en particular a los dividendos). Invertir regalías en grandes proyectos de infraestructura —formidables creadores de empleo—; en proyectos estratégicos como el de carreteras de tercer nivel. Frenar el déficit en balanza de pagos, aumentando exportaciones y reduciendo importaciones: reindustrializar. Actualizar el catastro y extraer de allí ingresos vitales para los municipios.
El catastro multipropósito, programa que en buena hora emprende este Gobierno, pintará el mapa de la propiedad rural, de su valor económico, su estado jurídico y su componente social y ambiental. No sólo servirá para tasar el impuesto predial, sino para planificar el desarrollo, en función de la ocupación de la tierra y de su vocación productiva. Queda, sin embargo, una interrogante crucial: ¿por qué aplaza la formalización de los siete millones de hectáreas que están en la raíz del conflicto armado y la identificación de los baldíos abusivamente ocupados?
Con todo ello vendría la reactivación del campo. No apenas para dinamizar la producción, sino para garantizar la seguridad alimentaria. Vencido el virus, Colombia no será la misma. Ya se ha dicho. Será el momento de rediseñar el contrato social. Con menos capitalismo y más humanismo, dirá el profesor Augusto Trujillo; con menos ética del éxito y más ética de solidaridad, con menos competitividad y más cooperación. Con miras al Estado social como alternativa al estallido social. Para que el coronavirus no se ofrezca como problema de orden público sino de política pública. ¿Se rendirá Duque a la evidencia, o disparará contra los indignados?

Reflexiones al tema pensiones

La economía colombiana, en ascuas


elnuevosiglo.com.co, Marzo 31, 2020 
Amylkar Acosta

   
La confluencia del Covid - 19, el desplome de los precios del crudo y la incertidumbre que han generado provocó la caída de las bolsas en todo el mundo y, de paso, disparó la cotización del dólar. El peso colombiano perdió peso, convirtiéndose en la moneda más devaluada del planeta después del rublo ruso, llegando al record histórico de $4.000 por dólar la cotización de este.
Ante semejante amenaza que acecha a la economía colombiana, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, declaró que “la economía mantiene un grado de solidez lo suficientemente importante como para soportar estos eventos”. Nos recuerdan con tales aseveraciones la desatentada declaración del ex ministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga, quien ante los embates de la crisis financiera de 2008 afirmó que “el país está blindado contra la crisis”, y ya sabemos lo que pasó. El crecimiento del PIB en 2008 cayó 5 puntos porcentuales con respecto al de 2007, al pasar del 7,5 % del PIB al 2,5 % (¡!).
Por ello, conviene establecer qué tan “blindada” está la economía colombiana frente a este choque externo. Empecemos por decir que el año anterior el crecimiento del PIB fue de 3,3 %, bueno pero no satisfactorio, si tenemos en cuenta que venimos de crecimientos por encima del 4 % y que la economía completa 4 años de crecimiento por debajo del crecimiento potencial. Además, la tasa de desempleo, que supera el 13 %, es la más alta en los últimos 6 años y mientras el crecimiento del PIB siga por debajo del 3,5 % se va a seguir destruyendo empleo en lugar de generarlo.
El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, según el Banco de la República, viene in crescendo, del 3,3 % en 2017 al 3,8 % en 2018 y cerró 2019 en el 4,39 % (US$13.800 millones) y con tendencia a su agravamiento es alarmante. Según el Banco de la República, se espera un déficit del 4,4 % y, según el propio Ministerio de Hacienda, de 4,6 % para 2020.
De allí la gran vulnerabilidad de la economía colombiana frente a la amenaza externa que representa la desaceleración del crecimiento de la economía global, que puede derivar en una recesión. Fedesarrollo redujo su previsión de crecimiento del PIB para este año del 3,5 al 2,3 %, en el escenario más optimista.
La junta directiva del Banco de la República acaba de tomar varias medidas, que van en la dirección correcta. En efecto, la junta, además de bajar la tasa de interés del 4,25 al 3,75 %, amplió el cupo de endeudamiento de la banca comercial, disponiendo de $9 a $23,5 billones, de los cuales $12 billones corresponden a repos de deuda pública y $5 billones de deuda privada, a los cuales podrán acceder mediante subastas. Estas medidas van en la dirección correcta, pero dada la magnitud del reto pueden llegar a ser insuficientes, razón por demás para no bajar la guardia.
*Miembro de Número de la ACCE


Reflexiones al tema pensiones

Pandemia sin recursos

elnuevosiglo.com.co/, Marzo 31, 2020 - 

Carlos A. Estefan


La crisis de los países afectados por el Covid -19 no sólo es de salud sino también financiera y fiscal.
Mientras Asia Europa, Norteamérica y demás países ricos han contado con alternativas económicas para atender sus requerimientos del servicio de salud, estructurales y de abastecimiento, pues han recibido donaciones, aportes de los bancos y del sector productivo, en Colombia no hay liquidez y la fuentes de financiación son restringidas, porque ni hablar de donaciones ni de aportes voluntarios, salvo contadas excepciones, de todas formas muy inferiores a lo que se necesita.  
Dadas las circunstancias, el Gobierno Nacional resolvió echar mano de los dineros que pertenecen a los departamentos y municipios, por medio del Decreto 444/2020, artículo 8, "abiertamente inconstitucional" como lo han calificado algunos; expedido, además, sin concertación con los mandatarios territoriales.
Así las cosas, los dineros depositados en el Fonpet y el  FAE o Fondo de Ahorro y Estabilización de Regalías, muy limitados, de naturaleza Fiscal y de destinación específica, utilizados además, regularmente para generar desarrollo en las regiones, y para cubrir pasivos pensionales de las entidades territoriales, ahora pasarán al FOME, o "Fondo de Mitigación de Emergencias", el cual según Hacienda, busca mantener el flujo de recursos para atender "a los más vulnerables" frente al coronavirus; pero sin saberse la objetividad con la cual se vaya medir esa supuesta "vulnerabilidad", para no incurrir en preferencias y favorecimientos políticos: mucho más, si se dice que será "la chequera del Ministerio"  para atajar el Covid-19, administrada por la Dirección General de Crédito Público, en abierta contradicción  con los avances en descentralización administrativa, logrados desde años atrás.
Pero eso no lo es todo. Se trata de un " fondo cuenta “sin personería jurídica, que permitirá efectuar operaciones de apoyo de liquidez transitoria a los bancos, a través de transferencias temporales de valores, depósitos a plazo, entre otros, para ser devueltos entre el 2023 y el 2040, anuncio que suscita fundado escepticismo debido promesas anteriores no cumplidas, como el 2 por mil, etc.etc.   
Lo que no entendemos es por qué centralizar el gasto, cuando cada región vive su propia tragedia y necesita atenderla de primera mano, sin más trámites burocráticos.
Además, por qué no se utilizan otras opciones para captar recursos como gravar durante la época de crisis, las utilidades de las empresas que gozan de exenciones tributarias, lo cual sería una forma de retribuirle al Estado lo que por tantos años han dejado de pagar. 
Ahora bien, mientras en España los bancos hacen donaciones voluntarias, aquí el dinero fluye a la inversa.
Analistas, como el economista y abogado J. Roberto Acosta, sugirió "no revolver recursos fiscales con herramientas monetarias”.
Y el senador Velasco, del Cauca, le pide a la Dian un tratamiento especial para hospitales y clínicas privadas que se encuentren a punto de ser rematadas, condonándoles los intereses moratorios y permitiéndoles cruzar lo que les deben las EPS con lo que ellos deben a la Dian. Opciones juiciosas que deben estudiarse.



Reflexiones al tema pensiones

Préstamo directo del Banco de la República al Gobierno

Por: Gonzalo Hernández

El Estado tendrá que activar pronto la posibilidad de que el Banco de la República imprima dinero para prestárselo directamente al Gobierno. Ese recurso puede ser una fuente eficiente de financiamiento del déficit fiscal –necesario para mitigar los efectos de la crisis sanitaria y económica que nos está golpeando–.
Esta propuesta suena a herejía luego de haber escuchado por largo tiempo el mantra de la independencia del Banco como condición necesaria para la estabilidad económica del país. Los fundamentalistas de la independencia del banco central siempre descalifican los llamados a una mayor coordinación de la política monetaria y la política fiscal. Responden de inmediato con un discurso de miedo, en el que cualquier amenaza a la independencia del Banco de la República tendría consecuencias inflacionarias y de inestabilidad institucional.   
Hay que tener presentes algunos elementos para defender la propuesta de un préstamo directo del Banco de la República al Gobierno. Primero, no estamos en un escenario de alto riesgo inflacionario por cuenta de altos niveles de inversión o consumo. Es precisamente la demanda agregada la primera en estar deprimida, y es sobre ella que la política monetaria debe actuar.
Segundo, en la práctica, cuando el Banco de la República inyecta liquidez, y le presta dinero al sistema financiero, los bancos comerciales pueden usar parte de esos recursos –a tasa de interés relativamente baja– para comprar TES (deuda pública) emitidos por el Gobierno. Es decir, el banco central termina prestándole indirectamente recursos al Gobierno. Y obviamente de esas operaciones, en las que los bancos comerciales actúan como intermediarios, resultan ganancias para el sistema financiero.
Y, tercero, se pueden crear mecanismos de control y transparencia para monitorear el uso adecuado de los préstamos del banco central al gobierno.
Al final de las cuentas, y en especial en momentos de crisis como el actual, que merecen medidas extraordinarias, y en los que a veces tenemos que elegir el menor de los males, ¿debería el Estado pagar los márgenes de intermediación del sistema financiero para pasarle recursos al Gobierno? No lo creo. Y, así como no tenemos tiempo para que la mano invisible del mercado adecue hospitales y unidades de cuidados intensivos, no parece que el crédito barato al sistema financiero sea la medida más efectiva y rápida para levantar la economía y para atender el bienestar de la población.
El Banco de la República ha sido por ahora tibio en su reacción de política monetaria frente a la crisis. Es tan serio lo que estamos enfrentando, que los mercados no van a castigar a Colombia por tener una mejor coordinación del Estado, con articulación directa de su gobierno y su banco central. Ahora más que nunca, liderazgo y coordinación son elementos claves para afrontar la crisis. Si una política económica más efectiva requiere de mayor coordinación entre el banco central y el Gobierno, dejemos que importe menos el fundamentalismo de la independencia.
Coletilla. El artículo 373 de la Constitución Política de Colombia dice: “…Las operaciones de financiamiento a favor del Estado requerirán la aprobación unánime de la junta directiva (del Banco de la República), a menos que se trate de operaciones de mercado abierto. El legislador, en ningún caso, podrá ordenar cupos de crédito a favor del Estado o de los particulares”.
Ph.D. en Economía, University of Massachusetts-Amherst. Profesor asociado de Economía y director de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana (http://www.javeriana.edu.co/blogs/gonzalohernandez/)

Reflexiones al tema pensiones
Twitter: ‏@orregojj  

Los dineros del Estado en emergencia: ¿cómo se están manejando?

razonpublica.com/l, marzo 30, 2020

Escrito por Ricardo Bonilla 

analisis de covid19 en laboratorios

Aunque el Gobierno ha tomado algunas medidas, hay desaciertos que urge corregir, especialmente en cuanto a la financiación del sistema de salud.

Ricardo Bonilla

Ricardo Bonilla González*

El dilema entre salud y economía

Todos sabemos que el aislamiento y el distanciamiento social son las mejores medidas para prevenir el contagio. Pero estas medidas tienen efectos colaterales, principalmente, el freno de la economía y la necesidad de redefinir prioridades.
Incluso aquellos países que ya vivieron el ciclo de la pandemia, como China y Corea del Sur, están renuentes a reactivar y abrir fronteras, ante la posibilidad de un segundo ciclo de contagio.
La prioridad inmediata es la salud, pero aun entonces el Estado debe asegurar las condiciones para el funcionamiento mínimo de la economía, esto es:
§  Garantizar el curso de la moneda, los flujos de dinero y la capacidad de compra;
§  Robustecer al máximo el sistema de salud bajo condiciones de emergencia (pruebas de laboratorio, áreas de atención, medicamentos, saneamiento básico…)
§  Fortalecer las redes de aprovisionamiento de artículos de primera necesidad (alimentos, artículos de aseo, servicios públicos, comunicaciones y medicamentos);
§  Asegurar un mínimo vital a los habitantes que deben aislarse y no disponen de poder de compra;
§  Fomentar el trabajo en casa para más y más actividades económicas.

La respuesta de Colombia

Los decretos del Gobierno nacional se debaten entre proteger la salud y proteger la economía:
§  El Decreto 417 declaró la emergencia económica, social y ecológica en Colombia;

§  El Decreto 444 creó el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) para atender las necesidades de recursos;

§  Y el Decreto 457 ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de toda la población.

Al principio, el presidente Duque dudó en tomar medidas demasiado fuertes para no detener las actividades económicas: por eso, cerró tarde los colegios y los aeropuertos. Peor todavía: no se previó que esa demora resultará más costosa porque retrasará la normalización.
Colombia está en la primera fase de expansión de la pandemia -y faltarían cerca de dos meses para completar el ciclo-. Esta debe ser la base mínima para las previsiones de emergencia.
Es muy temprano para prever la profundidad de la caída económica. Por lo pronto en Colombia hay desaceleración y solo siguen funcionando las actividades esenciales que se pueden desarrollar en medio de la crisis.

Moneda, tasa de cambio y política fiscal

La primera y más importante tarea del Estado es coordinar correctamente las políticas monetaria, cambiaria y fiscal. La primera corresponde al Banco de la Republica, la cambiaria es compartida con el Gobierno Nacional, y la fiscal es exclusiva del Gobierno.
Las competencias están definidas y la coordinación es importante para que funciones las instituciones:
-En cuanto a la política monetaria, el Banco de la República es quien debe dar liquidez a la economía. El Banco comenzó a hacerlo cuando puso a disposición de las entidades financieras hasta 17 billones de pesos.
Ante la magnitud de las pérdidas y la recesión que acecha al mundo en general y a Estados Unidos en particular, el Banco redujo la tasa de intervención del mercado en 50 puntos básicos (pb) hasta el 3.75%. Este es un mensaje de apoyo al proceso de recuperación económica que vendrá posteriormente.
-En materia cambiaria, el Banco ya dispuso de 2.000 millones de dólares para afrontar la creciente devaluación. Con la agudización de la crisis en Estados Unidos, el comportamiento del dólar es incierto y, por lo tanto, la medida puede ser suficiente, hasta nueva evaluación.
Medias ante la crisis

Las medidas fuertes de Duque se tomaron tarde.


-Pero el verdadero problema de Colombia es fiscal. El presupuesto de 2020 no está adecuadamente financiado y no hay margen para recomponer la estructura tributaria. Solamente quedan dos alternativas, de muy corto plazo:
1.  Trasladar recursos del presupuesto hacia las prioridades inmediatas -salud pública y protección de los hogares vulnerables-;
2.  Extraer recursos de otras fuentes de ahorro administradas por la Nación, que no estén incorporadas en el presupuesto nacional o territorial.

Con la extensión de la crisis, será necesario optar por medidas de mayor calado, endeudarse y recaudar más impuestos (Ferrari y González lo explican en esta misma edición de la revista).

Los dineros del Fondo de Emergencia

Justamente, el objetivo del decreto 444 es disponer de más recursos en el corto plazo. Este decreto crea el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) trasladándole dineros del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y el Fondo de Pensiones Territoriales (FONPET).
Esas dos fuentes tienen objetivos específicos, no van a usarse en el corto plazo y no están incorporadas en ningún presupuesto. Por lo tanto, es razonable prestarlas al Estado para financiar la “cuota inicial” de la pandemia.
Sin embargo, la medida produjo controversia en el mundo político. Varios alcaldes y gobernadores afirmaron que el decreto tomó abusivamente recursos de los entes territoriales para financiar a los bancos. Pero el Ministerio de Hacienda desmintió que fuera así.

En realidad, el propósito del FAE es compensar la inestabilidad en los precios de los hidrocarburos y el consiguiente valor de las regalías para las regiones. Seguramente por la caída abrupta de los precios del carbón y del petróleo, será necesario usarlas en la definición del próximo presupuesto de regalías. Pero hoy pueden servir para financiar la contención del virus.
Por su parte, el FONPET no es un fondo de pensiones financiado por cotizantes. Se trata de un fondo creado para atender los pasivos pensionales de los territorios que no tienen reservas ni se financiaron adecuadamente. Tampoco se prevé usar los recursos de este fondo en el corto o mediano plazo.

Las EPS y el Estado

Pero el Decreto 444 tiene serias limitaciones. Con un sistema de salud tan precario y unas condiciones laborales deplorables, es difícil que esos recursos sean bien destinados.
Lo urgente en este momento es contener el contagio. Pero para eso, nuestro sistema de salud depende de la Ley 100 de 1993. Hasta ahora, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) han limitado la aplicación de las pruebas para COVID-19 y no han creado más Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Por eso, la idea del Gobierno de ponerle punto final a las deudas de las EPS es errónea e irreal.

En un momento tan crítico como el actual, el Gobierno debería pasar por encima de las EPS y trabajar en los siguientes frentes:
§  Aplicar masivamente pruebas, por grupos distribuidos en el territorio, y analizarlas en cadenas de laboratorios descentralizados;
§  Crear centros de atención intermedio de urgencias en hoteles y campamentos, con técnicas de aislamiento y tratamiento especializado;
§  Y ampliar la red de UCI en áreas hospitalarias con dotación básica, recuperando clínicas y hospitales cerrados.

Decreto 444

El decreto 444 tiene varias limitaciones y con el sistema de salud precario y la situación fiscal, es difícil que pueda destinarse


Puede leer: Principios éticos para enfrentar la pandemia en Colombia

Los subsidios

Paralelamente, el Gobierno debe darles a los ciudadanos las condiciones de vida necesarias para poder aislarse en cuarentena. Incluso antes de la pandemia, la informalidad, la precariedad laboral y las altas tasas de desempleo eran graves. La cuarentena agudiza estos problemas.
Colombia no tiene un seguro de desempleo ni un programa de ingreso básico para población informal y de ingresos inestables. En este momento, el país no dispone de ahorro para cubrir la contingencia. Ante la inexistencia de un seguro de desempleo efectivo, el Gobierno autorizó el uso de las cesantías, pero a ella solamente acceden los trabajadores formales.
Los empresarios de todo tamaño deben entender que este es un traspiés de dos o tres meses, y que después vendrá la recuperación económica. No pueden repartir licencias no remuneradas y otros artificios legales para “librarse del problema”. Es hora de que los señores ejecutivos y los altos funcionarios se bajen el sueldo, y que la contingencia no sea solo a costa de los más débiles.
* Profesor pensionado de la Universidad Nacional de Colombia.




Reflexiones al tema pensiones
Twitter: ‏@orregojj  

Cómo financiar el manejo de la crisis


razonpublica.com/,  marzo 30, 2020

 Banco de la República

De dónde sacar dinero para pasar la tormenta. Colombia tiene más espacio de lo que suele creerse, y el gobierno tiene los instrumentos para hacerlo de inmediato*

Cesar Atilio Ferrari   Jorge Ivan Gonzales
César Ferrari** – Jorge Iván González***

Atender lo prioritario

Los recursos no alcanzan para hacer todo lo que el país necesita en medio de esta crisis.
Por eso hay que definir con toda claridad cuáles son las prioridades:
§  Contener el virus,
§  Proveer alimentos a los necesitados,
§  Mantener la vinculación laboral, y
§  Garantizar la producción de bienes y servicios de primera necesidad.
Las demás cosas pueden esperar. Por ejemplo, la inversión en vías o en infraestructura, porque ahora no es preciso estimular el empleo (la gente no puede salir de casa) sino apenas no perder los empleos existentes.
Una vez detenida la epidemia, la economía necesitará estímulos para compensar la caída del gasto privado y afrontar la crisis estructural que puso al descubierto la caída de los precios del petróleo y el carbón.
Con un gobierno endeudado y tasas de interés muy bajas será muy difícil financiar la recuperación, pero aun así será más fácil levantar al país si en este momento hacemos todo lo necesario.

Echar mano de todos los recursos

Por ahora necesitamos financiar los gastos privados fundamentales, a cargo de las familias y las empresas, así como los gastos públicos para afrontar la pandemia y los subsidios a cargo de los gobiernos nacional y territoriales.
Todos tenemos que aportar a la solución de la crisis con todo tipo de recursos, porque no bastan los del sector público (Banco de la República, gobierno nacional, gobiernos locales y empresas públicas).
Por eso es bueno que los empleados tengan acceso inmediato a sus cesantías para mitigar la crisis. El financiamiento de las empresas puede provenir de los bancos o de recursos propios en el caso de algunas con liquidez acumulada, y también del Banco Central. El momento amerita medidas extraordinarias.
El financiamiento de los gobiernos nacional y territoriales puede provenir de los fondos existentes, de bonos públicos, de créditos comerciales o preferenciales, internos o externos, y también del banco central mediante emisión monetaria si es el caso.

Puede leer: La COVID-19: un impulsor de la transformación económica

El decreto 444

La primera medida significativa del gobierno al respecto fue el decreto 444 que crea el Fondo para la Mitigación de Emergencias (Fome). El fondo se alimentará con:
§  Las regalías asignadas a los departamentos y municipios, no utilizadas y acumuladas en el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE), y
§  Las pensiones de los trabajadores de los gobiernos territoriales acumuladas en el Fondo Nacional de Pensiones de la Entidades Territoriales (Fonpet).
Al margen del origen de los recursos, es acertado aprovechar todos los fondos públicos, que en este caso serían unos 14 billones de pesos.
Otra discusión es quien debe administrarlos: el gobierno nacional, que tiene la potestad legal para tomarlos en préstamo (supuestamente de manera transitoria), o los gobiernos territoriales, que son sus propietarios y tienen igualmente la capacidad de administrarlos si se lo hubieran permitido.
Por eso la protesta de algunos gobernantes locales ante lo que consideran una acción arbitraria que no les fue consultada, y que afecta sobre todo a los departamentos que dependen de las regalías.
Protestaron, también, por la falta de claridad sobre el destino de los recursos: temen que el Fome acabe apalancando a los bancos y a las grandes empresas en vez de financiar los subsidios sociales o a las pequeñas empresas, o el diferimiento de las facturas de las empresas públicas, o la postergación del cobro de los impuestos locales.
De pronto es importante que el gobierno nacional consulte las decisiones sobre el uso del Fome con los departamentos y municipios.
Otra cuestión compleja es ponderar la necesidad de atender las urgencias y la conveniencia de financiar proyectos estratégicos, con una perspectiva de mediano plazo. La prioridad es el control de la pandemia y de sus consecuencias, pero la sensatez es la única regla a este respecto.
Lea en Razón Pública: Los dineros del Estado en emergencia: ¿cómo se están manejando?

Aumentar la deuda externa

El Estado debe buscar un financiamiento urgente de los organismos internacionales, llámense Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo o Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
Aunque el saldo de la deuda pública externa es alto (alrededor del 50% del PIB) es inferior a la de otros países. La de Estados Unidos, por ejemplo, es superior al 100% del PIB. En vista de la emergencia, Colombia puede y debe recurrir al préstamo externo. La puerta está abierta porque el país ha sido juicioso.
Foto:
El país podría enfrentar una seria crisis económica.
En cambio, no parece sensato tratar de financiarse en la banca comercial internacional o emitir bonos externos. Los primeros, seguramente, prestarían recursos a tasas elevadas frente a lo que se puede conseguir en los organismos internacionales. Lo segundo encontraría un mercado internacional en condiciones precarias dada la pandemia y el financiamiento que podría obtenerse, si fuera posible, resultaría carísimo.

Reservas internacionales, contabilidad pública y gasto del Estado

De otra parte, durante los años de las bonanzas del petróleo y del carbón se acumularon reservas internacionales que, en su gran mayoría, hoy están en bonos del Tesoro de Estados Unidos. El monto de las reservas es cercano a los 53 mil millones de dólares. Es posible utilizar una parte de estas reservas para pagar deuda externa más cara.
Y desde el punto de vista estrictamente contable, es posible incluir dentro de los ingresos del Gobierno el mayor valor en pesos que han adquirido las reservas gracias a la devaluación. No tiene sentido que aumente el valor en pesos de la deuda en dólares, presionando el gasto público, pero no aumenten también las utilidades de la banca central por esa misma devaluación para que sean transferidas al gobierno nacional.
En síntesis, el Gobierno y el Banco de la República tienen un amplio margen de acción que no han utilizado. Llegó la hora de buscar fórmulas distintas de las tradicionales.
Es importante confiar en la capacidad contracíclica del gasto y de la inversión pública. Durante los últimos cuarenta años se construyó un discurso muy favorable al mercado, y profundamente sospechoso de las bondades de la intervención del Estado. Es hora de desmontar ese discurso.

Créditos y subsidios

La emergencia obliga a garantizar liquidez a tasas de interés reducidas y plazos largos a las familias y a las empresas.
También urge asegurar la solvencia de las instituciones financieras, si estas acceden a otorgar sus créditos a tasas reducidas y a largo plazo. No tendría sentido financiarlas a tasas reducidas para que presten el dinero a tasas elevadas.
Por eso el Banco de la República debe reducir su tasa de interés y establecer líneas de crédito a tasas preferenciales para que las empresas, grandes, medianas y pequeñas, puedan pagar sus costos fijos y mantener su nómina, y las que deben operar lo hagan a un ritmo natural.
Estos préstamos se pueden canalizar a través de la banca comercial, pero si estos no reducen sus tasas, mejor sería canalizarlos exclusivamente a través de la banca gubernamental, que así probará su pertinencia.
En algunos casos las empresas no estarán en condiciones de asumir más créditos, por baratos que sean; en particular, las que no están operando, como los restaurantes o las sastrerías de barrio. En este caso tendrán que recibir subsidios, los cuales a su vez deberán provenir del gobierno nacional y los territoriales. Los municipios parecen ser los más calificados para otorgar esos subsidios, en la medida en que son los que más cerca están y mejor conocen a la gente; los entes de control deberán estar atentos para que no se desvíen los recursos.

Emisión de moneda

Pero hay otras maneras de financiar el gasto público e incluso el gasto privado si fuera necesario.
Los bancos centrales de los países desarrollados, como la Reserva Federal y el Central Europeo, están emitiendo enormes cantidades de dinero para compensar los estragos de la crisis. De igual manera, el Banco de la República debe utilizar los amplios márgenes de maniobra que todavía tiene. Ha llegado el momento de abandonar las ortodoxias monetarias, que han hecho mucho daño, y volverse racionales.
El mecanismo más directo es prestarle al Gobierno. Desde la Constitución del 91 se prohibió que el Banco de la República le preste al Gobierno, a no ser que esta decisión la aprueben todos los miembros de la Junta del Banco. Puesto que la situación actual es muy difícil, el endeudamiento del gobierno con el Banco de la República es razonable.
Entre las modalidades del endeudamiento se pueden mencionar: comprar directamente TES, que implica aumentar los activos financieros del banco, u otorgarle crédito directo y aumentar los activos crediticios del banco.

¿Cuánto emitir?

Hay que emitir todo lo que se necesite para financiar al gobierno nacional y a los gobiernos locales. Recordemos que sus ingresos disminuirán sustancialmente:
§  En el caso del gobierno nacional, porque la contención de la pandemia reduce notablemente las ventas, la producción y también las utilidades de las empresas, lo cual reducirá el recaudo de los impuestos al valor agregado (IVA) y a la renta – al mismo tiempo que recibe menos regalías petroleras-.
§  Los gobiernos territoriales tendrán menos ingresos por la misma razón y la postergación de los impuestos locales.

Devaluación del peso colombiano
Foto: 
Y, al mismo tiempo, aumentarán su gasto corriente por los subsidios adicionales que tienen que ejecutar.
Postergar las inversiones públicas, anualmente casi un 1,5% del PIB, no será suficiente para financiar los subsidios: estamos hablando de subsidios, digamos durante dos meses, para pagar la nómina de, supongamos, las empresas que producen el 40% del PIB, y esto equivale al 2% del PIB, si los salarios son a su vez el 30% del valor agregado generado en esas empresas.
Ante la destrucción del gasto privado, ese monto representaría una cantidad adicional del gasto público necesario para sostener el gasto agregado total.

Reforma tributaria

La situación no sería tan difícil si las finanzas del Estado colombiano fueran más adecuadas: el recaudo de impuestos no alcanza para financiar un gasto público capaz de sostener el Estado de derecho, garantizar los bienes y servicios fundamentales para todos, e invertir lo suficiente para que aumente la productividad y se acelere el desarrollo.
Este es el resultado de la desconfianza en el gasto público que, repetimos, se fue asentando durante los últimos 40 años. El último episodio de esta desconfianza es la llamada “Ley de Crecimiento”, que le apuesta a las exenciones y rebajas del recaudo sin resolver la insuficiencia e inequidad del sistema tributario.
Aprovechando los poderes de la emergencia debería proponerse una reforma verdaderamente estructural con un sentido claramente progresivo. Es urgente aumentar las tarifas del impuesto al patrimonio y a la renta de las personas naturales, incluyendo sus dividendos.

Le recomendamos: Medidas de política económica frente a la crisis

Fe en el futuro y en la razón

Es tiempo de urgencias, de desafíos, y de racionalidad. Con seguridad saldremos de la pandemia. Pero tenemos que salir de la mejor manera sin destruir el aparato productivo.
Las máquinas seguirán allí. Debemos evitar a toda costa la destrucción de la fuerza laboral, no solo por razones humanitarias. También por razones económicas: si no se dispersa y se mantiene, la recuperación de la actividad económica será inmediata y el futuro será mejor.
* Agradecemos la colaboración de Rolando Escobar. Ph.D. en Economía, profesor asistente de la Universidad Javeriana en el Departamento de Economía.
**Ph.D. en Economía, profesor titular de la Universidad Javeriana en el Departamento de Economía.
** Cofundador de razón Pública, Ph.D. en Economía, profesor titular de la Universidad Externado de Colombia en la Facultad de Economía.




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