Para los 46 millones de colombianos es vital conocer en definitiva el modelo operativo que pretende establecer el Gobierno Nacional con la implantación de la reforma y la redefinición del sistema de salud. Hay sobre el particular una gran expectativa, y lo que se proponga y decida debe constituir un modelo operativo que ofrezca mejores y mayores condiciones que el existente.
No obstante, es claro que no es prudente dejar de lado los avances del sistema, porque estos son los cimientos para la redefinición del nuevo modelo. Sin duda, el actual Sistema de Seguridad Social en Salud ha tenido avances muy relevantes e indiscutibles que se deben mantener y superar. No se puede desconocer, por ejemplo, que el aumento de la cobertura se acerca al 96 por ciento; tampoco que se ha logrado la disminución del gasto de bolsillo como consecuencia de la protección económica a la familia, gracias al aseguramiento del riesgo financiero derivado de los eventos en salud; o la mayor asignación de recursos al financiamiento de la seguridad social, con un esfuerzo fiscal relativamente estable en los últimos años del 6,5 por ciento del PIB, el cual constituye un gasto controlado en salud, incluso bajo para el nivel de desarrollo del país, y comparado con las naciones con economías similares a las de Colombia.
Todo esto, aunado a que se ha logrado la consolidación y reconocimiento del derecho a la salud como un derecho fundamental, al punto de que el acceso efectivo a los servicios de salud por extensión de uso supera el 78 por ciento.
A pesar de que estas estadísticas, que muestran un avance significativo, tampoco se puede desconocer que la oferta de servicios de salud en Colombia, está muy por debajo de los estándares internacionales. Por ejemplo, el país tiene 10 camas hospitalarias por cada 10.000 habitantes, mientras en los Estados con ingreso mediano alto es de 39. Se calcula que el déficit total de camas hospitalarias supera las 30 mil.
Pero también hay insuficiencia en oferta de servicios especializados, servicios diagnósticos, terapéuticos y de baja complejidad, como la pediatría, los cuales por no representar una alta rentabilidad están siendo cerrados, concentrándose la oferta en servicios de alto costo.
El número de médicos en Colombia es de 1,5 por 10.000 habitantes, que comparado con sus similares de América está muy por debajo del promedio de 17,1. Asimismo, el número de personal de enfermería que en Colombia es de 6,2 por cada 10.000 habitantes, frente al promedio de 26,1 en los países con el mismo nivel de desarrollo.
He querido mostrar estas tres variables, en pro y en contra del sistema, con el ánimo de visionar un consenso social en cuanto al derecho fundamental a la salud, cuyo primer avance se dio con la Ley Estatutaria, y también porque es necesario que se actualice el plan de beneficios de forma permanente y se defina cuánto nos va a costar, y saber si para el Gobierno es claro que si quiere que la reforma sea efectiva debe disponer de recursos de por los menos un punto más del PIB.
Además, es fundamental que no se deje por fuera una efectiva y real valoración de la remuneración al personal que, de manera comprometida, viene prestando sus servicios al sistema, lo digo porque el proyecto no contempla mecanismos que le permitan al Gobierno garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, y menos aún que se haya valorado el incremento del aporte económico y el impacto de las nuevas mediadas, si bien la incorporación de lo que actualmente es No POS en Mi Plan puede contribuir a disminuir el costo de estos servicios.
Es pertinente, igualmente, que la atención primaria en salud se convierta en una real opción para los colombianos y transitemos por los caminos de la promoción y el autocontrol, para que dejemos la retórica del discurso y constituyamos estas dos estrategias en verdaderos instrumentos del bienestar para los colombianos.
De otra parte, es imperativo reconstruir la legitimidad y confianza en el sistema, mediante el alineamiento de los intereses estatales, de los aseguradores y prestadores públicos y privados, definiendo de forma clara y precisa las reglas de juego básicas, que no permitan espacio a las interpretaciones.
También es indispensable que bajo el liderazgo del Gobierno Nacional se construya un escenario de acuerdos mínimos entre los diversos actores del sistema, dejando de lado las trincheras que en defensa de intereses particulares se han construido, y se dé una mirada real al mejoramiento del modelo en beneficio del afiliado.
Finalmente, el Gobierno debe tener en cuenta que la transición debe ser lo suficientemente amplia y pertinente, cinco años como mínimo, ligada a la entrada en funcionamiento de las instituciones del Estado (Salud-Mía y Mi Plan) y mantener las reglas de juego actuales o definirlas claramente en la ley.
Álvaro José Cobo Soto
Presidente Ejecutivo de Asocajas
Presidente Ejecutivo de Asocajas
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