No es usual que la petición de un funcionario sea respondida de manera tan expedita. Pero eso fue lo que hizo hace un par de días la Corte Constitucional, después de que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, le solicitara al organismo un plazo de un año, antes de que entrara en vigencia la decisión que tomó recientemente, en el sentido de desmontar, en parte, la fórmula para el cálculo del precio de la gasolina que se vende en el país.
Sin necesidad de entrar a debatir los méritos de la determinación, es evidente que el Alto Tribunal le ha dado al Ejecutivo un nuevo motivo de preocupación. La razón es que el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) tiene un déficit cercano a los 3,5 billones de pesos, que tiende a aumentar, por cuenta del acuerdo al que se llegó con los camioneros de congelar el valor del acpm.
Como si eso fuera poco, en caso de que la cotización del petróleo descienda frente a sus niveles actuales, serán los consumidores los que se beneficiarán de un recorte de forma inmediata. Por tal razón, el pago de la deuda que el Fepc tiene con el fisco depende de dos cosas: que la suma se incluya en el presupuesto nacional, algo imposible para el 2014, o que el Congreso le meta la mano a la fórmula, una muy mala opción dadas las circunstancias políticas actuales.
Debido a ello, no importa quién se ciña la banda presidencial el próximo 7 de agosto. En su lista de cosas por hacer estará encontrar los recursos para enjugar este saldo en rojo, cuyo monto supera el apoyo extra que logró el sector agropecuario para el próximo año y que será financiado con el aplazamiento del desmonte del cuatro por mil. En lo que tiene que ver con el Fepc, habrá que definir quién pone la plata.
ricavi@portafolio.co
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