Tanto los beneficios económicos periódicos como la ayuda monetaria a los adultos mayores son claves para reducir la pobreza.
Hay ocasiones en las cuales el Estado toma decisiones que resultan fundamentales para garantizarle un mínimo bienestar a ciertos sectores de la población. Eso es lo que puede ocurrir en Colombia, después de que hace un par de días el Conpes le diera luz verde a un documento que define el diseño e implementación de los Beneficios Económicos Periódicos (BEP), que fueron creados por una reforma constitucional en el 2005.
El esquema en cuestión parte de reconocer una dura realidad: el cubrimiento del sistema pensional en el país es muy bajo y privilegia sobre todo a las personas de mayores ingresos. Según las cuentas gubernamentales, de los 1,8 millones de jubilados que existen en el país, el 43 por ciento pertenece al 10 por ciento más rico de la población. En contraste, apenas el 0,5 por ciento de quienes reciben una mesada se encuentra dentro del 40 por ciento más pobre.
Esa situación es una de las principales causas de las altas tasas de pobreza y de la elevada inequidad. Como es sabido, financiar el faltante pensional le cuesta al presupuesto nacional cerca de 25 billones de pesos este año, y los recipientes principales de esos recursos son los colombianos más pudientes, algo que es criticable no solo desde el punto de vista financiero, sino moral.
Como si lo anterior fuera poco, existe la posibilidad de que parte de esa situación se perpetúe, si bien el próximo año llegan a su fin los regímenes especiales, en donde se encuentran las peores aberraciones. La razón es que la informalidad laboral sigue cobijando sobre todo a los más pobres. De tal manera, la probabilidad de tener una jubilación es escasa para un ciudadano de estratos bajos.
El motivo es que la ley exige un mínimo de semanas cotizadas para que las personas reciban una pensión. Ante esa restricción, si un trabajador ha tenido oficios en los cuales ha hecho aportes esporádicos a la seguridad social, puede perder todas las contribuciones hechas o escasamente recuperar el capital bajo ciertas condiciones.
En números precisos, hoy se cuentan en el país 16,4 millones de afiliados al sistema de pensiones, pero solamente 6,8 millones de cotizantes regulares. En otras palabras, algo menos de 10 millones de colombianos han visto cómo se les ha descontado, alguna vez de su salario, una suma con destino a una eventual jubilación, pero no consiguen nada a cambio.
Para que ese dinero no se pierda, el Gobierno pasado se ingenió la salida de los BEP. Bajo este esquema, una persona puede recuperar lo que ha ahorrado y recibir un subsidio adicional del 20 por ciento, suficiente para obtener una mesada, que en ningún caso sería superior al 85 por ciento de un salario mínimo. Se trata de una renta personal y vitalicia –que no es heredable– gracias a la cual millones de colombianos pueden tener un ingreso cuando lleguen a los 65 años, que es la edad mínima para aspirar al beneficio.
De manera complementaria, la administración Santos quiere universalizar el Programa de Protección al Adulto Mayor, con el fin de que todos los afiliados al Sisbén I y II, de más de 65 años, que no reciban BEP, tengan un estipendio de 130.000 pesos cada dos meses. La suma es pequeña vista desde las grandes capitales, pero en regiones apartadas o poblaciones pequeñas puede ayudar a miles de personas a salir de la miseria.
El costo de los nuevos esquemas se calcula en 1,6 billones de pesos para el 2013, de los cuales una parte importante saldrá del Fondo de Solidaridad Pensional. Falta todavía afinar detalles operativos en los cuales Colpensiones, la entidad encargada de reemplazar al Seguro Social, tendrá un rol clave. Vendrán también ajustes con el paso del tiempo, en lo que constituye un esfuerzo de largo plazo. Pero la meta de comenzar el primero de enero que viene, con un nuevo modelo, que incluye elementos de justicia social largamente aplazados, es inamovible. Y eso, está bien.
RICARDO ÁVILA PINTO
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