ELTIEMPO.COM, Por: EDITORIAL, 14 de Septiembre del 2013
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En un país en el que abundan los disensos, son pocos los temas que logran poner tan de acuerdo a los colombianos como la creencia de que los precios que hoy se pagan por los combustibles han superado el límite de lo tolerable. Así parece corroborarlo un informe publicado por este periódico el viernes, según el cual, como proporción del ingreso promedio diario, tenemos en esta materia los costos más altos del hemisferio. Dicha revelación se suma a los reportes que demuestran que el valor de un galón de gasolina corriente o de diésel en el territorio nacional supera con creces lo que se les cobra a venezolanos o ecuatorianos e, incluso, a los consumidores estadounidenses.
A raíz de esa situación, han vuelto a subir de tono las exigencias para que tenga lugar un recorte. Desde columnistas y dirigentes políticos, hasta los promotores de las protestas recientes y la gente del común sostienen que no es lógico que, siendo productores de petróleo, tengamos que adquirir sus derivados como si fuéramos importadores de crudo. De hecho, hay quienes acusan a Ecopetrol de incurrir en ganancias extraordinarias, una impresión que ha motivado proyectos legislativos que buscan regular márgenes y precios.
En último término, lo que se cuestiona es una política que empezó a regir en 1998, cuando, a raíz de las estrecheces fiscales de la época, el gobierno de turno comenzó a desmontar el esquema de apoyos vigente. Desde el principio se estableció como criterio rector que había que ajustarse paulatinamente a las cotizaciones internacionales, tomando como referencia el costo de oportunidad de vender los hidrocarburos producidos localmente en el exterior.
No obstante, la pendiente acabó siendo mucho más empinada de lo que se creía, debido al alza del petróleo, que pasó de cerca de 10 dólares el barril hace 15 años a un pico de 147 dólares en julio del 2008. Hoy, al cabo de muchos altibajos, se encuentra en cercanías de los 110 dólares. Los incrementos en algún momento fueron tan elevados que la administración Uribe evitó transferírselos plenamente al público, con lo cual el costo de los subsidios superó los 20 billones de pesos.
Ante semejante cuenta y para evitar desangrar las finanzas públicas, en el 2007 fue creado el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). La intención del mecanismo era la de moderar los ajustes en uno u otro sentido, reconociendo el carácter volátil del crudo. De manera que, durante algunos meses, los precios internos estuvieron por encima del nivel de paridad y se generó un superávit, pero en general han estado por debajo, con lo cual, al cierre de junio, existía un déficit de 3,5 billones de pesos, según el Ministerio de Minas.
Si bien puede parecer increíble, el saldo en rojo seguirá creciendo, pues, para mantenerse estable, la gasolina corriente debería subir en 110 pesos el galón y el diésel, en 527 pesos. Lo peor es que no hay salida para que el hoyo disminuya, pues una decisión de la Corte Constitucional dada a conocer esta semana eliminó un acápite de la ley del Plan de Desarrollo que facultaba al Gobierno para generar excedentes en el FEPC.
Así las cosas, el Ministerio de Hacienda está ante un problema mayúsculo, pues no tiene cómo enjugar el faltante en las cuentas del Fondo, que supera los recursos extraordinarios que va a recibir el sector agropecuario en el presupuesto del 2014. Ese dolor de cabeza deja claro algo que a los colombianos les resulta difícil de aceptar: cualquier intento de bajar el precio de la gasolina generará una cuenta por pagar que, sin importar el escenario, acabará saliendo del bolsillo de los ciudadanos o de apretarles el cinturón a los programas sociales y la inversión pública. En cifras concretas, por cada mil pesos de recorte, el agujero será de 2,6 billones de pesos anuales.
La conclusión es la misma cuando se examinan otras posibilidades. Si Ecopetrol recibe una suma más baja por el petróleo que vende internamente, generará menos utilidades y, por ende, le pagará impuestos de renta más bajos al fisco, así como dividendos reducidos a su socio mayoritario, que es la Nación. Si, en cambio, la determinación es disminuir la carga tributaria, que tiene un peso del 27 por ciento y es la causante principal de que los combustibles cuesten lo que valen, ello afectará las finanzas del gobierno central o de los municipios, que dependen para sus planes de inversión de una sobretasa que autoriza la ley.
Mientras eso ocurre, vale la pena preguntarse quién se beneficia de una disminución. La respuesta es: los colombianos de más altos ingresos, pues una familia que tenga dos carros se ahorrará mucho más que el dueño de una motocicleta o quien viaje en transporte público. Y el que piense que todo se va a poner más barato se estará engañando, pues el peso de los combustibles en la canasta familiar asciende a menos del uno por ciento.
En consecuencia, lo responsable es ignorar las propuestas populistas que atentan contra los más pobres y que a veces reciben lamentables espaldarazos, como el del Partido Liberal. Es válido, por supuesto, examinar si algunos costos pueden descender, pero no hay que dejarse llevar por falsas ilusiones pensando que la factura de un menor precio de la gasolina la paga otro.
....INTERESANTE Y CIERTO SU EDITORIAL EN LOS DAÑOS A FUTURO DE GENERACIÓN DE UN COSTO A CARGO DE LOS CIUDADANOS.......PERO, SI SE COSTO SE CONOCE Y SE SABE LOS DAÑOS, ....PORQUE NO SE MIRA ESOS OTROS RUBROS, QUE HOY LE CUESTAN MUCHO A LA NACIÓN MENSUALMENTE, CON GENERACIÓN NULA EN SERVICIOS Y QUE VIOLA LOS DERECHOS DE IGUALDAD.....COMO ESOS PRIVILEGIOS, BENEFICIOS Y VENTAJAS, QUE HOY DISFRUTAN UNOS POCOS COLOMBIANOS A CARGO DE LA NACIÓN.....ESTE SI PAGA MIRARLO PERO DESDE YA.......
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