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Por: REDACCIÓN JUSTICIA, 03 de Mayo del 2013
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Ponencia pide tumbarlas por injustas y amenazar sostenibilidad del sistema de seguridad social.
A las nueve de la mañana comienza la Sala Plena que discutirá la norma que permite liquidar pensiones millonarias a congresistas y magistrados.
El debate será abordado por cinco conjueces y cuatro magistrados titulares y se espera que en la sesión de hoy viernes uno de los conjueces, el catedrático de la Universidad Nacional de Colombia, Rodrigo Uprimny, presente un impedimento para continuar haciendo parte de la Sala.
La demanda --que inicialmente era estudiada por cinco de los nueve magistrados que integran ese alto tribunal ante el impedimento presentado por el resto de sus miembros-- no pudo ser resuelta por unanimidad, lo que obliga, de acuerdo con el reglamento de la Corte, a nombrar conjueces para completar el quorum necesario para obtener una decisión por mayoría.
Los magistrados que votaron fueron Jorge Pretelt, Mauricio González, Eduardo Mendoza y Luis Guillermo Guerrero. A ellos se sumó el conjuez Luis Fernando Álvarez.
Los otros cuatro titulares de la Corte, Nilson Pinilla, Iván Palacio, Ernesto Vargas y María Victoria Calle consideraron que por estar ya pensionados o estar tramitando su pensión no podían participar en esa Sala Plena y sus impedimentos fueron aceptados.
Los conjueces que integran la nueva Sala Plena para resolver el asunto son, además de Uprimny, los exmagistrados Juan Carlos Henao, Manuel José Cepeda, y los abogados Alejandro Vanegas Franco y Luis Fernando Álvarez.
Henao fue presidente de la Corte Constitucional y no terminó su periodo como magistrado para ocupar la rectoría de la Universidad Externado de Colombia. Cepeda culminó su periodo en el 2009 y ha asesorado al Gobierno en temas como el fuero militar. Uprimi se ha postulado varias veces para ocupar un asiento en la Corte Constitucional y dirige el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia. Álvarez es sacerdote jesuita y decano en la Universidad Javeriana.
La discusión girará en torno a una ponencia del magistrado Jorge Pretelt que pide enterrar un artículo de la Ley 4 de 1992 que permite en algunos casos mesadas superiores a los 29 millones de pesos al mes. Esa norma les permite a estos funcionarios cotizaciones al sistema de seguridad social.
Según el ponente, las pensiones no solo son injustas sino que representan una amenaza para la sostenibilidad del sistema de seguridad social. En consecuencia, ordena su reliquidación y establece que en ningún caso los pagos pensionales a cargo del Estado podrán superar los 25 salarios mínimos mensuales, es decir, 14,1 millones de pesos.
Ese fue el límite fijado por una reforma constitucional del 2005, que eliminó los regímenes especiales y que 8 años después sigue sin aplicarse.
La primera votación a la ponencia se realizó el 20 de marzo pasado. A favor de la propuesta de Pretelt se sumaron tres de sus colegas y los dos restantes se apartaron del proyecto de fallo. Previamente, la Corte rechazó un impedimento contra el magistrado ponente para resolver el caso.
REDACCIÓN JUSTICIA
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