EN DEUDA…

 ASOCIACIÓN NACIONAL DE VETERANOS DE LA FUERZA PÚBLICA “ANALVET” N. I. T: 900154396-7 EN DEUDA…

Luego del reconocimiento del Consejo de Estado y del mismo Gobierno al legítimo derecho que tiene la Fuerza Pública al reajuste de sus Asignaciones de Retiro y Pensiones por concepto de IPC, es imperativo señalar que todos esos jueces y magistrados que inexplicablemente fallaron desfavorablemente los procesos incoados reclamando justicia ante la palmaria violación de un derecho reconocido por ley, están en deuda con los afectados a quienes, aparte de resarcirles el daño causado, les deberían ofrecer públicas disculpas por sus fallos equivocados.

¿O acaso la Fuerza Pública es la única Entidad obligada a dar disculpas cuando alguno de sus miembros se equivoca?

Esos jueces y magistrados conocían perfectamente la Ley 238 de 1995 y tenían a su disposición las publicaciones del Dane sobre la inflación causada y los Decretos de aumentos anuales para la Fuerza Pública. Entonces ¿por qué fallaron en contra? Si no analizaron debidamente un caso tan sencillo de resolver como este, con tan claras pruebas documentales, esos funcionarios no deberían estar impartiendo justicia: ¿Cómo saldrán esos fallos en asuntos más complejos?

Y si a sabiendas de que lo reclamado era un derecho legítimo, y a pesar de eso fallaron en contra, pues entonces lo mínimo que merecen es la destitución por prevaricadores.

El Consejo Superior de la Judicatura debería investigar de oficio este caso que denunciamos como una pequeña muestra de lo que sucede con la Justicia colombiana. No hay derecho para que en algo tan elemental se equivoquen tanto.

 Pareciera que en la Rama Judicial también hay mucho “colado” proveniente de las conocidas y perversas cuotas burocráticas que tanto daño le hacen al País. ¿O qué otra explicación se le podría dar a un caso como este?

Desde ya alertamos a esos ineptos falladores para que no vayan a cometer el mismo error y/o prevaricato cuando les lleguen a sus despachos los procesos de la Nivelación Salarial para la Fuerza Pública contemplada en la Ley 4ª de 1992 y que es la misma reclamación por la que ellos paralizaron recientemente la justicia durante 50 días.

También están en deuda no solamente con los afectados sino con toda la Fuerza Pública los Ministros que ocuparon la Cartera de Defensa, los anteriores directores de las Cajas de Retiro Cremil y Casur y todos los asesores que recomendaron no pagar el IPC por considerar que no era un derecho legítimo. Contra ellos debería actuar la Agencia de Defensa Jurídica del Estado con acciones de repetición pues

son los responsables no solamente del perjuicio causado a los miembros de la Institución, sino del detrimento patrimonial al Estado por las miles de condenas judiciales de que ha sido objeto.

A ellos les queremos decir que resuelvan urgentemente el problema del IPC también al personal en actividad y a los retirados después del 2004 pues muy bien se sabe que ellos tienen derecho a este beneficio por Principio de Igualdad, por Principio de Oscilación y por Ley 4ª de 1992 (Escala Gradual Porcentual).

¿Qué estarán esperando?

¿Será que ya destinaron esa plática para favorecer a los bandidos de las FARC?

Cordialmente,

Capitán Juan Alfonso Fierro Manrique - Presidente ANALVET

e-mail: analvetcolombia@gmail.com 

Cel. 310-7091485 

Dirección: Avenida Jiménez Nº 9-43 Edificio Federación Oficina 616 Bogotá (D.C) MAYO 15 DE 2013

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