En lo que sí coinciden los exmagistrados con el fallo de la Corte Constitucional es en que se deben revisar las pensiones obtenidas de forma fraudulenta.
El fallo de la Corte Constitucional que dejó sin vigencia el sistema especial de pensiones para congresistas y magistrados le significará al Estado ahorrar cada año $72 mil millones, que serán destinados a inversión social.
La sentencia, para el ministro de Trabajo, Rafael Pardo Rueda, “es muy importante, porque corrige en parte la inequidad del sistema pensional colombiano” y agregó que su despacho ha venido revisando las pensiones superiores a los 25 salarios mínimos y las que se basaron en el promedio salarial del último año.
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Según la decisión de la Corte Constitucional, no se podrán pagar pensiones que superen los 14 millones 800 mil pesos.
Elpais.com.co | Colprensa
Lejos de poner fin a la discusión sobre el régimen especial de pensiones, el fallo emitido por la Corte Constitucional, en el que ordena que a partir del 1 de julio ningún excongresista o exmagistrado podrá recibir más de $14,6 millones mensuales por concepto de pensión, marcó el inicio de un nuevo debate que puede terminar en una avalancha de demandas contra el Estado y en un choque de trenes entre las cortes.
Los primeros en reaccionar en contra del fallo, aunque aseguraron que son respetuosos de las normas y acatan la decisión, fueron varios exintegrantes de las altas Cortes porque consideran que la Corte Constitucional ha afectado los derechos adquiridos.
Esto porque la Corte ordenó reliquidar pensiones de más de 25 salarios mínimos para quienes la hayan obtenido en ese régimen especial y así desde el 1 de julio de 2013 la mesada que recibirá será de máximo $14,6 millones.
En su criterio, esto afecta a quienes obtuvieron su pensión en franca lid, cotizando de acuerdo a las normas legales vigentes, pues se trataba de régimen especial que era legal y legítimo.
El expresidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Alfredo Gómez Quintero, uno de los afectados por la decisión, dijo que espera conocer la sentencia para analizar qué recurso interponer. Puede ser o una solicitud de aclaración, o acudir a instancias internacionales.
“Habría que mirar si hay alguna posibilidad de ‘ataque’ porque desconocen los derechos adquiridos en buena fe de personas que, como en mi caso, coticé por 34 años de acuerdo con el salario y que obtuvimos pensiones conforme a las normas legales vigentes” , dijo.
En su criterio, se trata de un retroceso porque la decisión estaría afectando la jurisprudencia existente sobre derechos adquiridos. “Está bien que se ordene revisar, reliquidar o revocar pensiones amañadas y que no están amparados en justo título y que se investiguen a esos funcionarios. Pero los que cotizamos con todas las exigencias legales no podemos salir afectados”.
¿Existen contradicciones?
El presidente del Consejo de Estado, magistrado Alfonso Vargas, dijo que ya la misma Corte Constitucional había estipulado que estaba bien que el Congreso creara regímenes especiales en relación a altos cargos y que sigue creyendo en los derechos adquiridos.
“Si una persona accede a un derecho de forma ajustada a la ley, ese es un derecho que adquiere (…) si las pensiones, espero, tengo fe, las han adquirido con apego a la ley creo que eso hay que respetarlo”, apuntó.
Vargas, no obstante, anunció que acatará el fallo. Lo mismo dijo el expresidente de esa corporación, Rafael Osteau, quien considera que la decisión “desconoce pensiones válidamente otorgadas; no todas son malas. Pero en principio hay que respetar el fallo”.
Por su parte, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, si bien celebró la decisión, consideró que la Corte se “metió en un gran problema” porque el Acto Legislativo 01 del 2005, que indica el tope máximo de 25 salarios mínimos, también dice que se respetarán los derechos adquiridos.
“(…)Y si esto es así, la Corte en vez de salvaguardar la Constitución, lo que la está es transgrediendo y eso es grave porque eso sería un acto ilícito del Estado y resulta que eso generaría responsabilidad de ese Estado”, dijo.
Para el jurista, una cosa son las pensiones que se obtuvieron de forma amañada, como el caso del ‘Carrusel’ , en el que magistrados estaban pocos meses en el cargo y salían con altas pensiones, y otra cosa son las adquiridas de forma legítima. “Yo observo que nos hemos metido en un problema mayor”.
Arrubla, sin embargo, dijo estar de acuerdo con acabar con los privilegios y consideró que también deberían acabarse el régimen especial del Presidente y las FF. MM.
Avalancha de tutelas
El problema de los derechos adquiridos no es menor, pues podría ocasionar una avalancha de tutelas o demandas ante la justicia contenciosa administrativa.
El presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Wilson Ruiz, dijo que ese escenario es más que plausible.
“Yo vi ese escenario, (…) acá hay miles de personas que están siendo perjudicadas y lo más seguro es que acudan a las vías de tutela para hacer respetar sus derechos” indicó.
El lío que puede anticiparse es un posible choque de jurisprudencia entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, ya que la primera es la que ha ordenado reliquidar algunas pensiones y la que recibe este tipo de demandas.
Ahí entraría en juego qué jurisprudencia prevalece. Lo cierto es que por ahora, la Corte Constitucional tendrá que acelerar la redacción de la sentencia final, proceso que suele tardar cuatro meses, para que esté lista y notificada antes del 31 de julio, cuando las mesadas empezarán a ser ajustadas a la nueva determinación
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