jueves, 30 de mayo de 2013

Proyecto de ley que reglamenta sostenibilidad fiscal crea mecanismo que debilita la tutela y lesiona los derechos fundamentales


Oficina de Prensa Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, mayo 29 de 2013

Gobierno pretende evitar que sentencias judiciales garanticen derechos fundamentales. Se atenta contra la tutela en salud. Se viola la independencia de la Rama.

La Plenaria del Senado está a punto de votar un proyecto de ley que, con fundamento en la reforma constitucional de la sostenibilidad fiscal, les profiere un duro golpe a la tutela y a los derechos fundamentales de los colombianos. La propuesta del presidente Santos crea el incidente de impacto fiscal, con el que el gobierno podrá objetar las sentencias de las Altas Cortes que le ordenen aumentar el gasto público para garantizarles a los colombianos sus derechos fundamentales.

Debido a las malas políticas de los últimos gobiernos, los colombianos han tenido que exigir sus derechos a través de mecanismos judiciales como la tutela y las acciones populares. Varios de estos procesos han llegado a las Altas Cortes y, ante el incumplimiento generalizado de los deberes del gobierno y la gravedad de la violación de los derechos de las personas, estos tribunales han tomado decisiones que, además de resolver los problemas particulares de los demandantes, fijan antecedentes e incluso le dan órdenes al gobierno que lo obligan a aumentar el gasto social.

Por ejemplo, en materia de salud, el fallo de tutela T-760 de 2008 le ordenó al gobierno, entre otras cosas, igualar el POS del régimen contributivo con el del subsidiado y mediante la Sentencia T-024 de 2005, la Corte Constitucional declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional por el grave incumplimiento del gobierno de sus deberes con la población desplazada, y lo obligó a tomar medidas que aumentaban el gasto público.

Para evitar este tipo de fallos, el presidente Santos y el santismo pretenden con este proyecto de ley que el gobierno pueda presentar un incidente de impacto fiscal contra las sentencias de las Altas Cortes que lo obliguen a aumentar el gasto público. Con este mecanismo se podrán “modular, modificar o diferir los efectos” de los fallos. Lo peor es que así las Cortes no acepten los argumentos del gobierno, las sentencias objetadas se cumplirán en los términos que diga el Presidente de la República, lo que viola abiertamente la independencia de la Rama Judicial y los principios básicos de la democracia.

El senador Robledo rechazó de manera enérgica la propuesta y cuestionó que el gobierno y sus mayorías del Congreso la hayan tramitado a las escondidas. Explicó que este tipo de medidas son una orientación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y hacen parte de las políticas de austeridad fiscal que han arruinado a Europa.

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