La posesión de Alberto Rojas Ríos como magistrado de la Corte Constitucional ante el Presidente de la República pone a prueba la integridad de las instituciones colombianas.
Si el debate se da en el ámbito del derecho, el magistrado electo tiene razón cuando dice que contra él no existe ningún fallo penal, disciplinario o fiscal que lo inhabilite para posesionarse, como no lo fue para ser postulado por el Consejo de Estado y elegido por el Senado. Esa línea de argumentación le permite al gobierno posesionarlo aduciendo que se trata de una simple formalidad que puede ser suplida ante un notario, porque la elección es inobjetable.
Pero pienso que el debate sobre su posesión debe darse en el plano ético, habida cuenta de que se trata de una persona que tendrá como misión velar por la integridad y supremacía de la Constitución. Sobre Rojas existen dudas razonables acerca de si ha ejercido sus funciones como abogado y sus deberes como ciudadano con total rigor, como le es exigible a quien aspire a ejercer tan alta magistratura.
Como lo pudo establecer el portal digital la Silla Vacía, el magistrado electo ha incurrido en varias mentiras que desdicen de su probidad para ejercer el cargo. La más grave, confirmada por el propio Rojas, tiene que ver con haber mentido al fisco sobre unos ingresos percibidos en ejercicio de su condición de abogado. Esa omisión gravísima sería impensable en cualquier país en cabeza de quien aspire a hacer parte de un tribunal constitucional o a ocupar una alta dignidad del Estado, tal y como acaba de pasar con la renuncia del ministro del presupuesto francés, Jerome Cahuzac, quien no pudo explicar unos ingresos no declarados.
El propio Rojas aceptó que “no dudé ni un instante al ser consciente de la omisión a efectuar la corrección y pago pertinente”. No, no es una omisión cualquiera: es una mentira al fisco de parte de quien aspira a asegurar el imperio de la ley.
En el caso de la denuncia de Noticias Uno, sobre la presunta apropiación de una indemnización con documentos falsos, Rojas aduce la prescripción en su favor en unos delitos, y la absolución en otros, y la sugerencia de que se trata de un montaje de parte de sus malquerientes para ocupar el cargo, de lo cual señaló sin mayor decoro a la fiscal Martha Lucía Zamora, en una entrevista con tinte absolutorio que generosamente le ofreció Julio Sánchez en la W.
En el caso de la denuncia de Noticias Uno, sobre la presunta apropiación de una indemnización con documentos falsos, Rojas aduce la prescripción en su favor en unos delitos, y la absolución en otros, y la sugerencia de que se trata de un montaje de parte de sus malquerientes para ocupar el cargo, de lo cual señaló sin mayor decoro a la fiscal Martha Lucía Zamora, en una entrevista con tinte absolutorio que generosamente le ofreció Julio Sánchez en la W.
En el proceso penal que inició la afectada, la Fiscalía estableció que el documento de cesión de derechos era falso, si bien Rojas aduce que se pudo demostrar la veracidad del documento. Favorecido por la prescripción difícilmente podrá discutirse el tema y su presunción de inocencia queda incólume y él habilitado jurídicamente para ser posesionado.
Para proteger a la Corte y no debilitar el mandato de Rojas como magistrado – cada ponencia y voto suyos serán analizado bajo esta sombra de duda - el gobierno debió abrir un escenario de discusión sobre la inhabilidad ética de Rojas. El ministro Carrillo así lo dejó entrever pero el gobierno finalmente cedió a la evidencia del derecho y a las presiones políticas.
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