Equidad pensional

Por. Gustavo Páez Escobar

Colombia es uno de los países más desiguales tanto de Latinoamérica como del mundo. Esta calificación la da el índice ‘Gini’, que mide la pobreza y el ingreso de todas las naciones. Dicho resultado es penoso para un país como el nuestro que posee inmensas riquezas, y que sin embargo no sabe distribuirlas en forma justa. En el 2012 pasamos del puesto 6 al 19 dentro del grupo de los 48 países más desiguales del orbe, y del 3 al 7 en Latinoamérica. Bastante se ha progresado en la lucha contra la pobreza, pero aún queda mucho por hacer.

Veamos algunas evidencias de la triste realidad colombiana. Tres de cada cinco ciudadanos que trabajan se dedican a oficios informales y no aportan al régimen pensional. Alrededor de 2,6 millones de ancianos viven en la pobreza. Un millón reciben del Sisbén menos de 100 mil pesos mensuales de subsidio. Más de la mitad de los pensionados (unos 749 mil) tienen pensiones inferiores a dos salarios mínimos,  y buena parte reciben un solo salario mínimo.

En el primero de estos casos la pensión máxima es de 1 millón 179 mil pesos, y en el segundo, de 589 mil pesos. ¿Con estas cifras puede subsistir una persona en forma digna? Frente a tales guarismos está el de las pensiones millonarias, superiores a los 25 salarios mínimos fijados por ley de 1994, tope que se violó para más de mil pensionados (entre ellos, excongresistas y exmagistrados). La pensión más costosa del Congreso asciende a 28 millones de pesos (alrededor de 48 salarios mínimos), y el promedio de las pensiones de este organismo es de 20 millones de pesos (34 salarios mínimos).

Esta simple comparación permite deducir por qué Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo. Lo que existe en el régimen pensional se presenta en diversos campos de la vida económica. Uno de ellos es el de la alta concentración de la propiedad de la tierra. Otro, el del sector financiero, explotado en gran escala por  magnates que cada vez se enriquecen más a expensas de los usuarios. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que algunas entidades cobren más del 30 por ciento de interés por una tarjeta de crédito, mientras la tasa fijada por el Banco de la República es de 3,25 por ciento?

Desde años atrás la opinión pública clamaba por que se frenara el tren arrasador de las megapensiones. La bomba pensional estallaría en corto tiempo y haría colapsar no solo al sistema pensional sino al erario En diez años el costo de las pensiones sería de 467 billones de pesos, mientras los aportes al sistema solo llegarían al 40 por ciento de ese monto.

El dicho de que “no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista”, válido en  serias coyunturas del país, tuvo efecto en este caso. La situación no daba más espera. Había tocado fondo. El Gobierno y la Contraloría jugaron cartas importantes para poner fin a los abusos que se venían cometiendo.

La demanda que presentaron dos abogados para enderezar semejante desvío de la legalidad, que contaba con ciertas complacencias inexplicables, tuvo acertada respuesta de la Corte Constitucional: a partir del primero de julio las pensiones no podrán sobrepasar el tope de 25 salarios mínimos, es decir, 14,7 millones de pesos. Se exceptúan la del Presidente de la República y las de la Fuerza Pública, que tienen  regímenes especiales. Además, el fallo ordena revisar y reliquidar otras pensiones obtenidas de manera fraudulenta, muchas de las cuales se perderán en su totalidad.

Ha sido un fallo valiente. Las presiones y los intereses que había en contra eran poderosos. Pero al fin se hizo justicia. Y se rescataron los principios de equidad, solidaridad e igualdad. Ojalá este fallo histórico contribuya para obtener otros logros que se hacen esperar. Así, podremos avanzar, ojalá en forma significativa, en la próxima evaluación del índice ‘Gini’.

escritor@gustavopaezescobar.com