El ministro designado de Agricultura y Desarrollo Rural, Francisco Estupiñan, deberá afrontar los colosales desafíos políticos de un sector multidimensional que debería ser considerado el eje de la política de reducción de la pobreza, la seguridad alimentaria, y la ocupación pacífica y productiva del territorio nacional.
El último diagnóstico del sector agrícola no luce halagüeño. La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) –el gremio más antiguo del país– presentó apartes de la última Encuesta de Opinión Empresarial Agraria, que debería ser fuente de honda preocupación. A marzo del 2013, el 33 por ciento de los productores agrícolas considera que la situación económica ha empeorado, contra el 21 por ciento que manifestaba lo mismo un año atrás.
La percepción de los productores agrarios revela una tendencia hacia la baja en el ánimo para invertir en el campo desde hace un año. A ello se suman los datos del Dane a marzo del 2013, respecto del aumento de la pobreza rural y la pobreza extrema, con la consecuente ampliación de la brecha entre el campo y las ciudades.
Según el Banco Mundial, la evidencia confirma que el crecimiento del PIB en agricultura es dos veces más efectivo en la reducción de la pobreza que el aporte del resto de los sectores económicos. Para favorecer la inversión en el sector y combatir la pobreza rural, el Gobierno y el Congreso deberían aumentar los recursos del Ministerio de Agricultura del 1 al 3 por ciento del Presupuesto General de la Nación.
Las responsabilidades ministeriales en materia de inversión en el campo abarcan mejoramiento del clima de inversión; canalización del gasto público en bienes públicos y apoyos directos de impacto sectorial; fomento de inversiones privadas, incluyentes y ambientalmente sostenibles; normal relacionamiento con los gremios de la producción; perfeccionamiento de la Encuesta Nacional Agropecuaria, y aclimatación de los diálogos de La Habana.
Entre los elementos que determinan la inversión se destacan: tasa de cambio de equilibrio; política comercial concertada y favorable para la agricultura; infraestructura rural que nos acerque a los mercados y contribuya a reducir el ‘costo país’; asociaciones de pequeños y grandes empresarios para aprovechar las economías de escala; crédito subsidiado; derechos regularizados de propiedad y uso, según vocación de la tierra, y reforestación moderna y acatamiento de la Constitución Política, que establece como un deber estatal la protección especial de la agricultura, el acceso progresivo a la tierra y la promoción del desarrollo rural integral.
La política agropecuaria no debe cimentarse en el principio de Adán, según el cual todo lo anterior es intrascendente. Por el contrario, el manejo multidimensional del campo exige construir sobre lo edificado para solidificar lo conseguido.
Andrés Espinosa Fenwarth
CEO de Inver10
andresespinosa@inver10.co
No hay comentarios:
Publicar un comentario