El ministro Rafael Pardo, habla de las reformas al sistema pensional y su experiencia como negociador de paz.

semana.com, Por María Jimena Duzán

EN PLATA BLANCA, El ministro Rafael Pardo, habla de las reformas al sistema pensional y su experiencia como negociador de paz.

María Jimena Duzán: Da la impresión de que el gobierno lo dejó colgado de la brocha con su reforma a las pensiones. 

Rafael Pardo: Pues mire, la reforma está lista. Lo que pasa es que tiene serias implicaciones sobre dos temas que ya estamos resolviendo. El primero, tiene que ver con el tema fiscal de corto plazo. Si se pone el tema de las pensiones sobre la mesa en serio, como lo propone esta reforma, el Estado tendrá que reconocer que se debe una plata en pensiones. Y ese problema estamos viendo cómo solucionarlo. El otro tema tiene que ver con el ordenamiento que estamos haciendo entre los Fondos de Pensiones y Colpensiones. Eso también lo estamos solucionando. 

M. J. D.: ¿Y no sucedió lo contrario? Es decir que fueron los poderosos dueños de los fondos de pensiones, el grupo Suramericana y el de Luis Carlos Sarmiento Angulo, los que pusieron el grito en el cielo porque no quieren perder las pensiones de los afiliados, que por cuenta de su reforma tendrían que pasar a Colpensiones?

R. P.: Sí es cierto que los fondos tienen inquietudes en ese sentido. Y estas tienen cómo resolverse. En eso estamos. Los fondos son una realidad: tienen el 70 por ciento de los pensionados del país y a nadie le interesa que eso se ponga en juego porque ahí está la plata de la gente. Y le hago una aclaración: la plata que está en los fondos no es de los grupos económicos sino de la gente. Diez millones de personas tienen su plata en esos fondos y esos dineros hay que cuidarlos muy bien. 

M. J. D.: ¿Y el gobierno sí se va a poner a pelear con dos grupos económicos tan poderosos cuando está en plena reelección?

R. P.: Pero es que la idea no es pelear con ellos, sino mejorar el sistema pensional. Públicamente los representantes de esos dos fondos han dicho que la reforma les parece muy buena. Se lo oí al presidente de Suramericana. Él dijo que era la mejor reforma que había visto. 

M. J. D.: ¿Y también al representante de los fondos que maneja Sarmiento Angulo? 

R. P.: También. Todos coinciden en que mantener el sistema actual es indeseable, insostenible e inequitativo. La razón para ordenar las pensiones es para evitar que las altas, además de las que tumbó la corte, se lleven los mayores subsidios. En nuestra propuesta estos van solamente a los pensionados que tienen el salario mínimo. Pero la reforma busca además incrementar el número de pensionados. ¿Usted sabe que el sistema actual solo cubre el 30 por ciento y solo hay 1.650.000 pensionados para una población de cinco millones y medio que tiene edad de pensión? Pero además la reforma busca evitar que el sistema se quiebre. Por eso plantea el escenario para que a 40 años se reduzca en 15 puntos del PIB de lo que cuesta el sistema pensional. Es decir, la reforma dice sí a los subsidios, pero para  las pensiones bajas y se establece un sistema que permite que más personas se puedan pensionar para evitar una bomba pensional. La discusión está en compatibilizar las pérdidas de corto plazo con los beneficios a largo plazo y el tema administrativo con los fondos y su relación con Colpensiones. 

M. J. D.: Otro enemigo que tiene usted con la reforma de pensiones es el procurador. Públicamente salió a oponerse argumentando, entre otras cosas, que esta busca acabar con la prima media. También estuvo en contra del fallo de la Corte que tumbó las onerosas personas de los magistrados y de los congresistas. 

R. P.: Sí, el procurador hizo una exposición en la Corte en la que se opuso a la reforma con el argumento de que acababa la prima media, lo cual no es cierto. Esta reforma lo que hace es extender el régimen de prima media sobre un salario mínimo. Y el de cuentas individuales por el de salario mínimo. O sea que todo el mundo estaría en los dos sistemas, lo cual hace más equitativo el sistema. 

M. J. D.: Usted ha dicho que lo más sagrado es el dinero de los pensionados. Sin embargo, uno se encuentra a compañías administradoras de fondos de pensiones, como el caso de ING, con acciones de InterBolsa (esa compañía hoy es de propiedad de Suramericana). ING llegó a tener el 11 por ciento en el momento de la intervención. Hoy esas acciones no valen nada. ¿Alguna opinión?

R. P.: Creo que es necesario que haya una claridad por parte de la Superintendencia Financiera en el manejo de los portafolios de los fondos de pensiones, para tranquilidad y claridad de los 10 millones de pensionados afiliados a estos fondos. En Chile, por ejemplo, hay una superintendencia específica para los fondos de pensiones. Cuando se habla de las utilidades de los fondos de pensiones, se olvida que van a las cuentas de los pensionados, son para los grupos que los manejan. Pero en el manejo del portafolio debe haber mucha más transparencia. Más ahora que el Ministerio de Hacienda plantea que pueden invertir en el exterior. 

M. J. D.: ¿Usted sabía que hicieron esa operación sin hacer ‘due diligence’, que es como lo mandan las normas en esos casos?

R. P.: No, no lo sabía. 

M. J. D.: A los sindicalistas tampoco les gusta esta reforma.

R. P.: Eso no es cierto. El sistema de pilares les gusta. Lo que ellos plantean es que deben ser más altos. Es decir, que debe haber una pensión mínima superior al salario mínimo. Eso es un imposible fiscal. El sistema pensional tiene un problema de fondo y es que no hubo un consenso social y político cuando se hizo y por eso estoy buscando que haya un pacto sobre principios en este tema. Veinte años después de la Ley 100 las discusiones son las mismas. Por un lado, los que quieren acabar el sistema público de pensiones. Por el otro, los que quieren acabar los fondos de pensiones. 

M. J. D.: ¿Y cómo sería ese pacto de principios?

R. P.: Pues en España, en el 95, hicieron el Pacto de Toledo. La semana pasada invitamos a los sindicalistas que lo hicieron para que contaran su importancia a largo plazo. Y creo que también tenemos que hacer un pacto sobre la protección a la vejez. 

M. J. D.: Hablando de inequidad en las pensiones, la Corte acaba de tumbar las pensiones altas de magistrados y congresistas que fueron permitidas por un decreto de 1992 del presidente Gaviria. ¿Fue acaso este un contentillo que tocó darles por la revocatoria del Congreso? ¡Nos salió bastante caro!

R. P.: Sí fue una especie de compensación que se les dio a los congresistas, pero eso se extendió después por vía de jurisprudencia o de la tutela y fue más allá del régimen de transición. La idea era que por la nueva Constitución no fueran a perder los derechos los congresistas que habían sido revocados. 

M. J. D.: Pero, ¿eso no nos abrió un boquete que hasta hoy estamos empezando a cerrar con el reciente fallo de la Corte?

R. P.: Ese fallo no tiene un gran efecto sobre las finanzas, pero sí en equidad. Lo que se tumbó era inequitativo, pero el sistema que hay lo sigue siendo aun más. El año pasado salieron del presupuesto nacional para el pago de las pensiones de 1.600.000 pensionados, 24 billones de pesos. Eso es más que el recaudo del IVA. 

M. J. D.: Otra propuesta suya es el seguro de desempleo que ya fue aprobado en el Congreso y que pasa a sanción presidencial. Hay malestar entre La U porque usted se lo apropió sin decir que había sido una iniciativa de ese partido…

R. P.: Lo que hicimos fue presentar un proyecto que se acumuló con otro que presentó el Partido de La U, cosa que hemos reconocido. No hay problema en reconocer que el senador Lizcano del Partido de La U propuso esa idea. Lo importante es que hoy es una realidad. 

M. J. D.: ¿Y en qué consiste el seguro de desempleo? 

R. P.: Es un sistema de registro de los desempleados y de las vacantes que es el Servicio Público de Empleo que el presidente Santos presentó el primero de mayo en Cali. Allí hay una red de servicios para que una persona que no tenga empleo pueda registrarse, decir a qué se dedica y qué sabe hacer. Eso permite que haya un sistema transparente para pedir empleo. Se involucran las cajas de compensación que son muy importantes porque tienen afiliados a los trabajadores. Para las empresas el sistema es muy conveniente porque pueden buscar ahí las vacantes, saben de antemano que las personas que están en el registro están certificadas por el Sena. Con eso se rompe el tema del empleo por palancas y el clientelismo. El tercer componente es la capacitación, que la da el Sena, y el tercero es el seguro de empleo que tiene dos niveles. Si una persona está afiliada a una caja de compensación y pierde un empleo, tiene seis meses de protección social. Si voluntariamente compromete parte de la cesantía, el gobierno le pone un incentivo para que la ahorre. Hoy la mayoría de las cesantías se retiran para pintar una pared o arreglar un tapete, es decir para hacer arreglos locativos. Y este fondo lo que hace es incentivar a las personas a ahorrarla para cuando no tienen trabajo. No hay que olvidar que hay 70.000 personas que pierden el empleo formal al mes. 

M. J. D.: Usted fue el artífice del único proceso de paz exitoso, el del M-19. ¿Qué opina del que se adelante en La Habana?

R. P.: Yo creo que hay que armar una coalición no solo con los amigos del proceso sino con los enemigos. Una cosa es lo que se negocia y otra lo que la gente opina sobre la paz. Hoy creo que es fundamental construir una coalición para la paz que sea mayor que la del gobierno. No encuentro razonable que en esta no estén el Polo Democrático o Mockus. Incluso creo que debería tratarse de que estén Uribe o la misma Acore. La paz necesita una amplia legitimidad más allá de una coalición de los partidos de gobierno. 

M. J. D.: ¿Pero Uribe sí querrá entrar en esa coalición?

R. P.: Creo que debe entender que la legitimidad de un proceso de paz es necesaria precisamente porque su proceso con los paras careció de esa legitimidad. Hoy los negociadores de ese proceso de paz o están extraditados como Mancuso o prófugos como Restrepo. Nadie sabe si ese masacote fue paz o qué, pese a que hubo decenas de miles de desmovilizados.