Desde el 1 de julio, ningún excongresista o exmagistrado tendrá pensión mayor a 25 salarios mínimos.
Este martes en la noche, al cierre del intenso debate sobre las megapensiones, la Corte Constitucional dejó en claro que, en aplicación de los principios de equidad y solidaridad,todas las jubilaciones que superan los 25 salarios mínimos deberán ser reliquidadas.
Aunque sus beneficiarios, algunos de los cuales tenían mesadas superiores a los 25 millones de pesos, no deberán devolver dinero, sí tendrán que someterse a lo ordenado en un acto legislativo del 2005 que impuso ese techo en los pagos.
El fallo señala que a partir del 1 de julio las empresas liquidadoras deberán reliquidar las pensiones que superen los 25 salarios mínimo (es decir, mayores a 14 millones 800 mil pesos) y para eso habrá plazo hasta el 31 de diciembre del presente año.
La Corte, además, dejó abiertas varias puertas para que se investiguen decenas de pensiones que habrían sido obtenidas de manera fraudulenta.
Así, por ejemplo, las del famoso ‘carrusel de pensiones’ de la Judicatura deberán ser revisadas y reliquidadas antes de que termine este año.
¿La razón? Sus beneficiarios, que en este momento están siendo investigados fiscalmente por la Contraloría General, no cumplían los requisitos para obtener la pensión en las ventajosas condiciones que tenían los miembros del Congreso y de las altas cortes.
De la misma manera, habrá reliquidación de las pensiones obtenidas por personas que no eran congresistas en 1994. “No puede extenderse el régimen pensional aquí previsto quienes con anterioridad al primero de abril de 1994 no se encontraren afiliados (...)
Como factores de liquidación de la pensión solo podrán tomarse aquellos ingresos que hayan sido recibidos efectivamente por el beneficiario y sobre los cuales se hubieran realizado las cotizaciones respectivas”, señaló el magistrado Mauricio González, vocero de la Corte.
El alcance fiscal de esta determinación aún no se conoce. Pero ya hay un primer cálculo de lo que empezaría a ahorrarse el país al ponerles tope a esas mesadas millonarias pagadas con plata del Estado: al menos 50.000 millones de pesos cada año.
Eso es lo que el Estado considera que se está pagando de más en las pensiones a magistrados, congresistas y otros altos funcionarios, que lograron, vía tutela, superar el límite de 25 salarios mínimos aprobado en una reforma constitucional del 2005 y que empezaba a operar en julio del 2010.
Este martes, sin conocerse aún la posición oficial de la Corte, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, había señalado que el país se ahorraría “50.000 millones de pesos al año simplemente bajando al tope las pensiones millonarias (concedidas) desde el 2010 hasta la fecha”.
El Gobierno y la Contraloría habían acompañado la demanda contra el régimen especial de pensiones de los altos funcionarios al considerar que era inequitativo y que contribuía a agravar el desfinanciamiento del sistema pensional.
En ese sentido, Cárdenas Santamaría señaló que, más que la plata ahorrada, lo importante de la histórica sentencia es su mensaje de equidad.
“No podía ser que unos colombianos tuvieran que someterse al tope y otros no”, afirmó a la W.
En el mismo sentido, el presidente Juan Manuel Santos escribió en su cuenta de Twitter: “Decisión de la Corte Constitucional que elimina pensiones gigantes contribuye a nuestro objetivo: hacer de Colombia un país más justo”.
El ministro de Trabajo, Rafael Pardo, y el del Interior, Fernando Carrillo, señalaron la importancia de la sentencia de la Corte y la calificaron de “valiente”.
Cifras del Ministerio de Trabajo que habían sido presentadas a la Corte Constitucional durante el debate de las megapensiones muestran que el 20 por ciento de los colombianos que tienen una pensión más alta reciben el 80 por ciento de los subsidios que entrega el Estado, mientras que al 80 por ciento de los jubilados, que ganan apenas entre uno y dos salarios mínimos, les llega la porción más baja del subsidio.
En plata blanca, eso significa que, para pagar una pensión de un salario mínimo, el Estado debe subsidiar cerca de 100 millones de pesos.
Mientras tanto, para subsidiar una ‘megapensión’ de 18 millones, es necesario destinar al menos 1.500 millones de pesos como subsidio.
En contraste con el buen ambiente que tuvo la decisión en la mayoría de sectores, magistrados y exmagistrados consultados por este diario manifestaron escepticismo frente a los efectos del ‘techo’ para sus mesadas
Un expresidente de la Corte Suprema de Justicia, quien pidió la reserva de su nombre, consideró que “la desigualdad que impera en el sistema pensional no se soluciona bajando las pensiones más altas, sino, por el contrario, mejorando los ingresos de quienes reciben las mensualidades más bajas”.
REDACCIÓN JUSTICIA
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