El régimen especial de pensiones en Colombia

eldiario.com.co, Publicado 21/03/2013

La ley ha sido como instrumento de actividades irregulares en el reconocimiento  pensional.
“No se puede ni reducir ni afectar las pensiones que ya son reconocidas”. 

Antiguo magistrado  Alejandro Ordoñez Maldonado. (Beneficiado).
“Si llegamos a la tercera edad con una pensión digna seremos unos viejitos lindos”.
Magistrado Alfonso Vargas Rincón. (Beneficiado). 

El debate en Colombia sobre el monto de las pensiones y los privilegios de los congresistas y los representantes de la rama judicial, abre un camino que puede cambiar para siempre la historia institucional. Para ningún ciudadano promedio, y mucho menos para la inmensa ciudadanía inmersa en la pobreza, existe explicación que justifique la dimensión  de un sistema pensional paralelo que usurpa dinero de los impuestos para asignarlo a un grupo de personas con onerosos salarios de vejez.

Que existan individuos que por el solo hecho de ocupar por meses un cargo público, adquieran beneficios pensionales extraordinarios pagados con las contribuciones de la  población colombiana, es una impostura insólita. Cuando millones de colombianos laboran en condiciones degradantes por un reducido sueldo.

Otros buscan multiplicar sus ahorros y contribuir a la economía real o emprender una iniciativa empresarial en condiciones de alto riesgo.

Mientras numerosas familias colombianas se encuentran en apuros para brindar a sus hijos estudio de calidad, mínima dignidad material,  la existencia de pensiones excepcionales que ascienden a la cifra  hasta  de $19 millones de pesos, no justificados a partir de aportes individuales sino pagados con impuestos de la totalidad de los contribuyentes colombianos, no sostenibles en un país cuyo salario mínimo apenas asciende a poco más de $580.000 pesos, distribuidos estratégicamente entre un puñado de exservidores públicos; es un fenómeno sociológico e histórico que debe ser considerado ilegal. Un acto criminal con una fachada institucional.

Las declaraciones del magistrado Javier Zapata, en el sentido de que las pensiones son “intocables”, una “garantía” de independencia judicial; destacan una ambigua integridad. Una racionalidad económica en medio de un cargo de profunda dignidad que demanda del individuo no solo criterio sino una caladura ética a prueba de dadivas. Ya sea que provengan de su salario o de terceros. Su postura es la representación de una conducta mercantil en la construcción de un orden que erosionó el respeto   por  moral y no por una posición social. Que derivó en un país desigual.

Junto a  magistrados de las cortes, existen servidores públicos con onerosos “derechos adquiridos” viudas  de  expresidentes,  presidentes, exmagistrados y congresistas. Un selecto grupo de personas a las que un país tan desigual  les subsidia mensualmente las pensiones y que se auto-pensionan cuando ocupan por meses un cargo. Que deciden las condiciones, el monto, la regulación y los beneficios para pensionarse. Así el valor no coincida con sus aportes y así el país bordee crisis fiscales.

El cálculo de la base prestacional en Colombia debe ceñirse estrictamente a las cotizaciones aportadas a partir del salario. Las erogaciones excepcionales incluidas como monto salarial, o la existencia de sistemas pensionales paralelos no solo deben eliminarse, sino que deben llamar a un debate nacional sobre el rol de la desigualdad, y la degradación de una ciudadanía arrinconada institucionalmente y marginada del debate público.

La justificación de Alfonso Vargas (presidente del consejo de estado), es una racionalización cínica y desvergonzada ante la realidad política nacional.   Una actitud osada que emana de una posición privilegiada ante seres que en su mayoría se debaten entre la miseria, la ignorancia y la exclusión social.

Actualmente más de 11 millones de colombianos devengan  un salario mínimo o menos.  Aproximadamente un 85% de la población  laboralmente activa en Colombia (aprox. 17 millones), recibe dos salarios mínimos de sueldo, o menos.  

Muchas de ellas madres cabeza de familia y empleadas del servicio doméstico, soldados y policías. De acuerdo a la normativa vigente, este grupo  recibirá una pensión en proporción a sus cotizaciones individuales.

De incrementarse el déficit fiscal, solo un 6% de la población puede aspirar a pensionarse en el futuro. Entre estos, 1.032 (mil treinta y dos) personas que reciben pensiones por encima de los 25 salarios mínimos, entre los que se cuentan magistrados, congresistas y otros exfuncionarios del Estado.
 

En una época en la que una nueva generación ciudadana se puede saber dueña de su futuro y conocedora de su pasado, la existencia en Colombia de un sistema paralelo de pensiones es una afrenta a su dignidad. Un acto que puede considerarse  como delictivo. Un sistema del que se esperan beneficiar en los meses por venir sus mayores defensores.

Personas como el antiguo magistrado quien abrió el boquete e inició el carrusel de pensiones en la entidad que funge y  reelegido presuntamente en forma  irregular  procurador Alejandro Ordoñez Maldonado.