En la reunión de Hatogrande, el Gobierno anunció sus decisiones respecto al proyecto de reforma tributaria que le someterá al Congreso de la República en los próximos días. Ratificó que presentará un proyecto de ley para mantener el impuesto del cuatro por mil hasta el 2018, así como propondrá prorrogar el del patrimonio.
Con el mantenimiento de estos dos gravámenes se espera, según el Ministro de Hacienda, se completarán los recursos adicionales de “$12,5 billones que son indispensables para el presupuesto del 2015 y para cumplir con todos los programas. Ya con esto, el presupuesto queda completamente financiado. No habría ningún otro faltante”.
Según las cuentas públicas, los gastos del Gobierno Nacional para el 2015 son 216 billones, y para cumplir la regla fiscal se requieren efectivamente 12,5 billones adicionales de ingresos tributarios. La extensión del impuesto a las transacciones financieras proveería 4,5 billones, la prórroga del impuesto al patrimonio, 3,5 billones y el esfuerzo administrativo de la Dian para reducir la evasión contribuiría con 4,5 billones para dejar las cuentas cuadradas para el 2015.
Pero el punto de fondo es que estas medidas solo resuelven el problema fiscal del 2015 y parcialmente de los siguientes años, pero no toman en cuenta las necesidades de recursos adicionales que surgen de la estrategia de los tres pilares que anunció el presidente Santos en su discurso de posesión: la paz, la educación y la equidad. Estos compromisos implicarían gastos adicionales anuales en el resto del cuatrienio y más allá de este. Algunos ejercicios realizados por Fedesarrollo y publicados en Tendencia Económica, dan una idea de los requerimientos adicionales totales de recursos que sobrevendrían en razón de las ambiciosas reformas propuestas por el Gobierno.
Estima, de manera conservadora, que las necesidades adicionales de recursos por concepto de agricultura y desarrollo rural podría alcanzar 0,4% anual, pero destaca que quizás podrían incrementarse hasta en 1% anual adicional con el acuerdo de paz; que lo relativo al mejoramiento de la calidad educativa por encima de lo previsto sería del 0,3% y, con respecto a la equidad, incluyendo los gastos en pensiones, salud y primera infancia, podrían requerir 1,4% anual. Las necesidades fiscales serían aún mayores si en lo pensional se opta por establecer un pilar solidario a la edad de retiro de la población.
No obstante, los requerimientos de más recursos, según Fedesarrollo, no surgirían solo por mayores necesidades de gasto público de inversión, sino, además, para cubrir riesgos externos con impacto fiscal adverso no previstos en el Marco Fiscal del Gobierno, como sería una baja en los precios del petróleo o de su volumen de producción y los mayores gastos para atender el servicio de la deuda pública del Gobierno si se elevan las tasas de interés internacionales.
Estas consideraciones plantean el tema de si, además de lo anunciado por el Gobierno en Hatogrande, se necesitará otra reforma tributaria para poner en marcha los pilares y las características estructurales que dicha reforma debería tener. O si, por el contrario, como lo argumentan algunos, el Gobierno podría racionalizar el gasto y endeudarse más para atender las nuevas prioridades. La discusión que se adelantará esta semana en la Convención Bancaria será buena oportunidad para debatir abiertamente el problema fiscal colombiano.
Roberto Junguito
Exministro de hacienda
roberto.junguito@gmail.com
Exministro de hacienda
roberto.junguito@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario