Uno de los grandes temas ausentes de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos y de sus discursos ante el Congreso de la República el 20 de julio y el día de su posesión fue la lucha contra la corrupción.
Esto llama la atención porque contrasta con lo sucedido hace cuatro años, cuando fue uno de los temas centrales de la agenda de gobierno y uno de los pilares de la “Prosperidad Democrática”, y que se tradujo en una serie de reformas normativas e institucionales que pretendían crear las bases para combatir este flagelo.
Este propósito se plasmó en el capítulo VII del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, denominado “De buen gobierno, participación ciudadana y lucha contra la corrupción”. Además, en la creación de la Secretaría de la Transparencia de la Presidencia de la República, el Estatuto Anticorrupción, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional, el decreto antitrámites, el proyecto de ley estatutaria de participación ciudadana, la Ley de Creación del Sistema General de Regalías, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva (Conpes 3654), la Estrategia Nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción (Conpes 167) y los planes anticorrupción de las entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal establecidos por el Estatuto Anticorrupción, entre otros. Sin duda son avances importantes, pero son sólo el comienzo de un largo recorrido para lograr las transformaciones de fondo que se requieren para combatir la corrupción.
Por eso es preocupante y para muchos incomprensible que la lucha contra la corrupción no haya merecido una sola mención en los recientes discursos presidenciales. La corrupción en Colombia no sólo sigue siendo un problema de grandes proporciones que afecta a todos los sectores sociales y económicos y la actividad política en todos los niveles. También incide de manera negativa en la eficacia y la eficiencia de la gestión pública y refuerza la opacidad y la porosidad de las fronteras entre lo público y lo privado, lo cual permite que los intereses colectivos con frecuencia se vuelvan subsidiarios de los de unos pocos actores.
Esta omisión es aún más inexplicable teniendo en cuenta que la transparencia y la lucha contra la corrupción son esenciales para el éxito de los tres principales objetivos del Gobierno en el cuatrienio 2014-2018: paz, educación y equidad. Para alcanzarlos es indispensable recuperar la confianza entre actores públicos, privados y sociales, que se ha deteriorado por la corrupción, ofrecerles garantías a todos los actores políticos para acceder al poder y ejercer la oposición, así como alcanzar mayores niveles de transparencia que favorezcan una mejor gestión de los recursos públicos y privados. Esto incidirá en mejores condiciones de vida, en mayores niveles de equidad, y contribuirá a la construcción de una paz estable y duradera.
Un liderazgo decidido y claras muestras de voluntad política por parte del presidente para luchar contra la corrupción son condiciones indispensables para alcanzar estos objetivos.
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