Buscan ampliar periodos del Procurador, del Fiscal y de magistrados

ELTIEMPO.COM,  DANIEL VALERO, Redacción Política

La reforma del Estado también le recortaría facultades a la Procuraduría.

Un completo revolcón institucional alista el Gobierno para recuperar la armonía institucional y el equilibrio de poderes.

Se modificarán asuntos claves del funcionamiento del Estado, como eliminar la reelección presidencial, ampliar a 5 años los periodos de varios funcionarios –incluido el primer mandatario– y, entre otros aspectos, extender a 10 años los periodos de los magistrados de las altas cortes.

Esto, por supuesto, generará un intenso debate en el Congreso (se espera que en máximo dos semanas el articulado ya esté radicado en el Legislativo), por lo que el Gobierno comenzó a socializar el contenido de esta reforma constitucional desde la semana pasada con los partidos de la Unidad Nacional y con sectores de la oposición, como la Alianza Verde, el Polo y el Centro Democrático.

La Casa de Nariño y su gabinete ministerial coinciden en que la figura de la reelección, implementada en el 2004, durante la administración del ahora senador Álvaro Uribe, junto con otros aspectos, desató “desajustes en el equilibrio de poderes, déficit de legitimidad y problemas de gobernabilidad”.

Por eso, la reforma del Estado busca eliminar esa figura del ordenamiento jurídico y, a su vez, ampliar el periodo presidencial a 5 años. Esa extensión cubriría a congresistas, Contralor General, Procurador, Fiscal, Registrador, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, junta directiva del Banco de la República, Auditor General y personeros. (Encuentre acá el proyecto de equilibrio de poderes y ajuste institucional).

El debate se centra en el punto de cuándo aplicar esa extensión, porque hace poco comenzó un nuevo periodo presidencial, se eligió Contralor y se instaló al Congreso que legislará los próximos 4 años. Y, asimismo, en octubre del 2015 habrá elecciones regionales.

No obstante, como algunos partidos ya han dicho que lo ideal es que los periodos se mantengan en 4 años y solamente se elimine la reelección, este no será un punto de honor en el debate. Incluso, la posible extensión no implicaría la unificación de los periodos.

“Es evidente que la reelección presidencial profundizó el desequilibrio de poderes. Este Gobierno, en compañía de los partidos de coalición y oposición, se va a jugar a fondo por restablecer ese equilibrio como principio democrático esencial de nuestro ordenamiento constitucional”, le dijo a EL TIEMPO el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

En materia electoral se buscará que la composición del Senado sea en un 20 por ciento de elección nacional, y en el 80 por ciento de regional, lo cual garantizaría que todos los departamentos tengan por lo menos un senador. En el Legislativo que se instaló el pasado 20 de julio, 13 se quedaron sin representación en esa corporación.

Otro cambio fundamental se daría en materia judicial. Lo primero es que los magistrados de las altas cortes tendrían periodos de 10 años –2 más que en la actualidad– y se prohibirá que puedan pasar de un tribunal al otro (la llamada puerta giratoria).

También se busca quitarles las facultades de nominación de Contralor y Procurador para “despolitizar” la actividad judicial.

La Corte Suprema de Justicia asumiría los juicios disciplinarios de los congresistas, por lo que esa facultad se le quitaría a la Procuraduría, y se instauraría en estos procesos, y en los penales, la doble instancia.

De hecho, EL TIEMPO supo que esta semana el Ministro del Interior y el de Justicia, Yesid Reyes, se reunirán con los magistrados de las altas cortes para recoger sus opiniones sobre esta reforma.

Estos son algunos de los aspectos que comprenden el revolcón institucional que se comprometió el presidente Juan Manuel Santos a impulsar, pero, sin lugar a dudas, la primera prueba será lograr el consenso entre la sociedad civil y las tres ramas del poder (Ejecutiva, Legislativa y Judicial) porque –si bien tiene mayorías en Cámara y Senado– tramitar una reforma de esta envergadura indiscutiblemente genera debates que traspasan las fronteras del Capitolio.

Habría listas cerradas

Lo que se busca es que las elecciones al Congreso sean mediante listas cerradas para que los partidos depuren conscientemente a los candidatos que incluirán en ellas. 

Los electores sufragan por la colectividad política y, de acuerdo con el número de votos alcanzados, se va obteniendo una curul en el Capitolio en orden ascendente desde el candidato ubicado en la casilla número 1. 

De esta manera, se elimina el voto preferente, el cual consiste en sufragar directamente por un candidato a través del número que tenga en la lista. Así las cosas, considera el Gobierno, se podría financiar directamente a las colectividades políticas y no a los candidatos, lo cual permitiría destinar no solo dinero, sino también recursos en especie, como las piezas publicitarias.

Partidos dividen opiniones

En la Unidad Nacional hay consenso sobre la eliminación de la reelección, pero aún no hay acuerdo sobre la extensión de los periodos de algunos funcionarios e, incluso, se han escuchado dudas sobre los tiempos que se necesitan para tramitar esta iniciativa.

Por ser una enmienda de la Constitución, esta debe aprobarse en una misma legislatura y, si se radica en septiembre, debe debatirse antes de junio próximo.

El senador Armando Benedetti (‘la U’) dijo que “si se va a eliminar la reelección, para qué agregar un año más al período presidencial; eso parece compensación”.

Carlos Galán, de Cambio Radical, aseguró que “la reforma es necesaria, pero no hay una posición fija sobre la conveniencia de ampliar los periodos”.

En la oposición también hay opiniones diversas. José Obdulio Gaviria, del Centro Democrático, dijo: “Tenemos nuestra propia reforma de la justicia y electoral, que es más estructural y se radicará esta semana”.

Iván Cepeda, del Polo, afirmó que apoyan la eliminación de la reelección, pero se oponen a ampliar periodos.

Así queda claro que el debate no será fácil y que el Gobierno debe moverse con celeridad para encontrar el consenso que requiere.

Silla vacía por casos de corrupción

Otro paso que se busca dar es extender la figura de la silla vacía a los condenados por corrupción. Es decir, si un congresista debe afrontar una pena por este tipo de delitos, pues su partido no podrá reemplazarlo en el Capitolio, y automáticamente perderá esa curul. Esto ya se viene aplicando para delitos como narcotráfico y concierto para delinquir.

De igual manera, en lo relacionado con el Congreso, el Gobierno Nacional busca impulsar, mediante esta reforma del Estado, el hacer obligatorias audiencias periódicas en el Capitolio con todo el gabinete (los 16 ministros juntos) para fortalecer el control político. Por supuesto, no se afectaría la autonomía de los partidos en la citación a ministros de manera individual, pero sí se regula la materia.

Eliminarían, por fin, el Consejo de la Judicatura

Un punto clave de la reforma es eliminar el Consejo Superior de la Judicatura. Su función disciplinaria sobre jueces y otros empleados de la Rama Judicial pasaría a la Procuraduría. No obstante, los abogados serían procesados –cuando haya lugar– por una colegiatura que se crearía exclusivamente con tal propósito.

Además, habría un consejo de administración del poder judicial, que tendría una sala de gobierno, compuesta por los presidentes de las altas cortes, el fiscal y representantes de las facultades de derecho, de los jueces, de los empleados de la Rama y de los abogados.

Por otro lado, se crearía un tribunal de aforados, que llevaría a cabo los juicios penales y disciplinarios de los funcionarios aforados –Fiscal y magistrados de las altas cortes– y se dejaría que la Comisión de Acusación de la Cámara se encargara solo de los procesos del Presidente. Se busca “superar el déficit de legitimidad” de esa célula legislativa. Aún no es clara, pues está en debate con los partidos, la forma en que se conformaría ese tribunal.

DANIEL VALERO
Redacción Política