Un examen somero de la situación económica muestra que, más allá de los buenos resultados de corto plazo —crecimiento dinámico, inflación baja, caída del desempleo—, existen fundados motivos de preocupación.
El crecimiento de la economía colombiana, hoy uno de los mejores de América Latina, se origina únicamente en un impulso keynesiano de corto plazo derivado del altísimo aumento del consumo y la inversión del Gobierno. El problema es que la expansión no se puede mantener a punta de gasto público, especialmente si se tiene en cuenta que la industria, la agricultura y las exportaciones no tradicionales, todas maltrechas, exhiben resultados mediocres y sin esperanzas de una verdadera modernización (varios subsectores sobreviven con subsidios y presionan por más ayuda).
El déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos va a superar el 4% del PIB, agravado ahora con tinta roja también en la balanza comercial (las importaciones superan a las exportaciones). Y como la revaluación del peso depende de factores monetarios (las bajas de las tasas de interés del exterior y el alza de las domésticas) y de los volátiles flujos de inversión extranjera, el país es vulnerable a una reversa en el movimiento de capitales, un hecho que traería, como en el pasado, dolorosos ajustes.
En lo fiscal, la mayoría de los expertos sostiene que la reforma tributaria propuesta —en realidad la misma del candidato Óscar Iván Zuluaga—, lejos de atender las necesidades del Estado en el mediano y largo plazo, se limita a “tapar el hueco del año entrante”. Fedesarrollo señaló, al respecto, que serán necesarios muchos más recursos para atender las promesas de educación, primera infancia, proceso de paz e infraestructura en los años por venir.
Y parecería que la reforma propuesta ni siquiera tapará el hueco de 2015. El mismo presidente Santos, al insistir que “costará mucha plata” ser el país más educado de la región, reconoció que en el proyecto de presupuesto faltan, por lo menos, $500.000 millones (y la cifra se queda corta frente a los planes de la ministra Parody).
La reforma tributaria que se discute, a diferencia de la de Santos I, que fue ambiciosa y modernizadora, no impulsa la competitividad. Por el contrario, el 4x1.000 es dañino —induce la desintermediación y estimula la economía subterránea—. Y esto se agrava porque sus recaudos financiarán gastos que no promueven la productividad, sino que perpetúan subsidios como el cafetero, que convierte a ese sector, antes líder y modelo, en un adicto-dependiente de los estimulantes presupuestarios.
La situación de la que fue la locomotora petrolera y minera ya no es buena. Las reservas y la producción del crudo están estancadas y algunas proyecciones muestran tendencias negativas. Y el futuro del carbón es oscuro por sus precios deprimidos, la mayor oferta de gas y los vetos ambientales en el mundo (para no hablar de las dificultades internas).
El país debería ponerse la meta de tener una economía libre de la enfermedad holandesa que padece hace años. Esa economía exigirá que se realicen cambios profundos en la infraestructura y la educación, los mismos que hoy apenas se bosquejan. Ella será viable con una tasa de cambio superior a la de hoy, la misma que se obtendrá cuando se obtenga una mayor productividad y decline el peso relativo del petróleo y otros productos semejantes.
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