El país necesita, en forma urgente, un plan del agua, con una visión de largo plazo, que integre los distintos aspectos sociales, económicos y ambientales. Sin una acción decidida y coordinada en esta materia, el país enfrentará grandes dificultades en los próximos años.
En muchas zonas de Colombia se observa un problema estructural de una oferta reducida, agravado por el crecimiento sostenido de la demanda.
En cuanto a la oferta, el 80% de la población está situada en zonas que hoy ya sufren un déficit de agua. Sin nada que los contrarreste, estos déficits van a acentuarse en los próximos años, porque los bosques, páramos y ríos están cada vez más deteriorados por la deforestación, la contaminación y el mal trato de las cuencas. Y hay que añadir el impacto del calentamiento global, que acentuará los problemas de sequías, crecientes y erosión. Impedir la reducción de la oferta, por sí solo, constituye un enorme desafío.
El aumento de la demanda se generará por el crecimiento de la población, el mayor ingreso y la consecuente difusión de costumbres intensivas en el gasto de agua. A lo anterior se suma una regulación que no se enfoca en el ahorro, que permite, a veces, subsidios indiscriminados, altas pérdidas, escasos castigos para el desperdicio y una cultura que no se centra en la escasez.
A pesar de esta realidad, muchos de los planes y políticas son cortoplacistas. Casi siempre se limitan a la financiación de la construcción de acueductos y redes, una práctica aplaudida por políticos y alcaldes que buscan ventajas monetarias y electorales. El fin parecería ser la contratación (con todos sus pecados y vergüenzas), sin que, muchas veces, se llegue siquiera a la inauguración, y si esta llega a ocurrir, nada asegura la calidad del servicio y mucho menos su sostenibilidad. Por eso es frecuente que, ante la recurrente falta de agua, la solución sea volver a construir un nuevo acueducto (un ejemplo, como muchos otros: el día de la inauguración del acueducto de Aracataca, no salió el agua. Y ese mismo acueducto se había hecho tres veces en el pasado).
En las últimas semanas se han tomado medidas transitorias para hacer frente a la sequía de esta coyuntura. Aunque estas iniciativas están bien encaminadas, el país debería tener una política permanente, de largo plazo, que contemple el cuidado de las cuencas y las fuentes de agua; debería basarse en proyecciones realistas de oferta y demanda, así como en esquemas de tarifas y subsidios que aseguren la viabilidad de las empresas. Pero, ante todo, es indispensable que estos planes sean desarrollados por empresas capaces de hacer realidad el suministro (sin una definición de la estructura empresarial, no debería iniciarse ninguna inversión en agua potable).
Más concretamente, es urgente: (i) la reforma de las CAR para que, por fin, cumplan sus deberes; (ii) el rediseño de la regulación para asegurar el ahorro, el control de las pérdidas y la racionalización de la demanda; (iii) la elaboración de planes de largo plazo en todos los municipios, con el apoyo de la Nación cuando sea necesario; (iv) la racionalización de las inversiones, de tal forma que estén asociadas al cuidado de las cuencas, la escasez y los esquemas empresariales. Todo esto podría converger en un documento Conpes que coordine y armonice las distintas políticas de largo plazo.
Armando Montenegro | Elespectador.com
HAY YA HOY TAMBIÉN EN EL PAÍS, TECNOLOGÍAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN QUE GARANTIZAN IMPORTANTES AHORROS DE AGUA EN DIFERENTES ESCENARIOS; DISPOSITIVOS QUE SE INSTALAN EN LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DEL AGUA A NIVELES AGRÍCOLA, PECUARIO, INDUSTRIAL, DOMÉSTICO E INCLUSO EN LA RECUPERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES PARA SU REUTILIZACION.
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