Reenviando / Recuperación de la Mesada 14

Por solicitud del Dr ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ , de manera atenta les hago llegar el siguiente mensaje así como un resumen ejecutivo de nuestra demanda contra el inciso 8 del Acto Legislativo 01 de 2005, a través de la cual se abrió una luz de esperanza para recuperar la mesada 14  o " prima de junio " para mas de 280.000 pensionados de Colombia a quienes no se les reconoció después del año 2005, para los actuales trabajadores, para nuestros hijos y nuestros nietos. Valga precisar, que hoy mas de un millón doscientos mil pensionados reciben esta prima de junio o mesada 14 y la seguirán recibiendo si la seguimos defendiendo. No sobra agregar que durante aproximadamente 3 años libré una batalla jurídica ante la Corte Constitucional para que finalmente, el pasado mes de febrero de 2013, admitiera esta demanda.

 Mil gracias. Recibí su mensaje y sus valiosos comentarios relacionados con la demanda que presente contra el inciso 8o  del Acto Legislativo 01 de 2005, en la esperanza de poder recuperar la mesada 14 o " prima de junio" para todos los pensionados de Colombia. Comparto sus preocupaciones y sus criticas sobre el tratamiento lesivo que el los últimos años se le ha dado al colectivo pensional y su abandono en el Congreso de la República.

 Para estos fines presenté a consideración de la Honorable Corte los siguientes argumentos de orden jurídico que respaldan nuestra demanda  y éste anhelo de justicia social de  todo el pueblo colombiano. Igualmente el la última revista de APENCOM así como en el último periódico de ASPENCAJANAL se hicieron valiosas publicaciones y comentarios sobre esta demanda los cuales agradezco inmensamente. A continuación le envío un resumen de los principales aspectos de la demanda asi:

SOLICITUD RESPETUOSA

Con todo respeto solicito  a la Corte Constitucional se declare inexequible el inciso 8º  del artículo 1º del  Acto Legislativo 01 de 2.005 que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política que consagra literalmente lo siguiente:

"Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no podrán recibir más de trece (13) mesadas pensionales al año. (…)”

VIOLACION AL PRINCIPIO DE LA PROGRESIVIDAD

Conforme lo plantea en la demanda de inconstitucionalidad el ciudadano colombiano DARIO ANGARITA MEDELLIN, el inciso 8º del Acto Legislativo 01 de 2005 socava, subvierte y desconoce abiertamente el principio fundacional de nuestro Estado Social de Derecho de laPROGRESIVIDAD, resultando sustitutivo de nuestra Carta; principio que es respetado por todas las naciones libres y  democráticas del mundo en cuanto al respeto al principio de  la  progresividad y prohibición de regresividad  en materia de derechos inherentes a los sistemas de seguridad social.

El inciso 8º del Acto Legislativo 01 de 2005, eliminó la mesada 14 o “ prima de junio” para los pensionados de Colombia que adquieran su derecho a partir del año 2005, excepto, temporalmente, para aquellos que alcanzaran el derecho hasta el 2011 y fueran pensionados hasta con  tres (3) salarios mínimos.

Esto implicó que en Colombia  aproximadamente un millón doscientos mil colombianos pensionados   ( 1.200.000)  quedaran con su derecho a la mesada 14 o “prima de Junio” consagrada en el artículo 142 de la ley 100 de 1.993, y aproximadamente 260.000  colombianos, también pensionados  y también colombianos, hombres y mujeres, que lograron dicho status después del 2005, se quedaran sin este derecho y logro social tan importante para los viejos pensionados de Colombia y para sus familias.

La Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-228/11 se refirió al principio de la progresividad y de no regresividad que inspira integralmente toda la normativa de nuestro ordenamiento constitucional, especialmente, en materia de prestaciones sociales o de seguridad social, en los siguientes términos que se transcriben a continuación textualmente, así:

“DERECHOS SOCIALES-Principio de progresividad y prohibición de regresividad

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD Y PROHIBICION DE REGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS  ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES-Se encuentran consagrados en las normas de derecho internacional que hacen parte del bloque de constitucionalidad

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS SOCIALES-Alcance

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD Y PROHIBICION DE REGRESIVIDAD EN MATERIA DE DERECHOS SOCIALES-Jurisprudencia constitucional/TEST DE NO REGRESIVIDAD-Jurisprudencia constitucional

DERECHOS SOCIALES PRESTACIONALES-Retroceso contradice mandato de progresividad/DERECHOS SOCIALES PRESTACIONALES-Prohibición prima facie de retrocesos

El mandato de progresividad implica que una vez alcanzado un determinado nivel de protección, la amplia libertad de configuración del legislador en materia de derechos sociales se ve restringida, al menos en un aspecto: todo retroceso frente al nivel de protección alcanzado es constitucionalmente problemático puesto que precisamente contradice el mandato de progresividad. Como los Estados pueden enfrentar dificultades, que pueden hacer imposible el mantenimiento de un grado de protección que había sido alcanzado, es obvio que la prohibición de los retrocesos no puede ser absoluta sino que debe ser entendida como una prohibición prima facie. Esto significa que, como esta Corte ya lo había señalado, un retroceso debe presumirse en principio inconstitucional, pero puede ser justificable, y por ello está sometido a un control judicial más severo. Para que pueda ser constitucional, las autoridades tienen que demostrar que existen imperiosas razones que hacen necesario ese paso regresivo en el desarrollo de un derecho social.

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN REGULACION LABORAL-Alcance frente a medidas regresivas en la protección de derechos sociales

TEST DE PROPORCIONALIDAD EN MATERIA DE REGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS SOCIALES-Aplicación de los pasos que se plantean en el juicio de igualdad

El test de proporcionalidad en materia de regresividad de los derechos sociales ha utilizado los tres pasos que se plantean en el juicio de igualdad, es decir el principio de idoneidad que consiste en verificar si la medida regresiva tiene un fin constitucionalmente legítimo y un presupuesto constitucional que la justifique, en segundo lugar el presupuesto de la necesidad en donde se valora si de todas las medidas posibles, la que escogió el legislador es la menos regresiva, hasta llegar hasta al último paso del test de verificar la proporcionalidad en sentido estricto que consiste en confrontar el principio de no regresividad con otros principios constitucionales como la garantía de sostenibilidad del sistema o los principios de universalidad, solidaridad y eficiencia cuando se trata de valorar el sistema de seguridad social, para establecer si en el caso concreto se presenta un mayor menoscabo del principio de progresividad frente al principio constitucional que se enfrenta a éste. Así por ejemplo en la Sentencia C-038 de 2004 se dijo que si se utiliza como presupuesto de justificación de la regresividad de un derecho social el fomento del empleo se debe constatar, “(i) que las medidas no fueron tomadas inopinadamente sino que se basaron en un estudio cuidadoso, y (ii) que el Congreso analizó otras alternativas, pero consideró que no existían otras igualmente eficaces que fueran menos lesivas, en términos de la protección del derecho al trabajo. Y (iii) finalmente debe el juez constitucional verificar que la medida no sea desproporcionada en estricto sentido, esto es, que el retroceso en la protección del derecho al trabajo no aparezca excesivo frente a los logros en términos de fomento del empleo”.

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD Y PROHIBICION DE REGRESIVIDAD EN MATERIA DE PENSIONES-Contenido

CONTROL CONSTITUCIONAL DE MEDIDA REGRESIVA- Exigencias que corresponde al Estado demostrar con datos suficientes y pertinentes

Cuando una medida regresiva es sometida a juicio constitucional, corresponderá al Estado demostrar, con datos suficientes y pertinentes, (1) que la medida busca satisfacer una finalidad constitucional imperativa; (2) que, luego de una evaluación juiciosa, resulta demostrado que la medida es efectivamente conducente para lograr la finalidad perseguida; (3) que luego de un análisis de las distintas alternativas, la medida parece necesaria para alcanzar el fin propuesto; (4) que no afectan el contenido mínimo no disponible del derecho social comprometido; (5) que el beneficio que alcanza es claramente superior al costo que apareja.

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD EN DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES-Alcance/PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD EN SEGURIDAD SOCIAL/DERECHOS SOCIALES-Alcance del mandato de progresividad

El principio de progresividad y la prohibición de regresividad representa un componente esencial de la garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y dentro de ellos los derechos de seguridad social. La exigibilidad judicial de la protección de un derecho social, debe ser complementada con la posibilidad de conformar contenidos o estándares mínimos constituidos por prestaciones concretas, cuya garantía se pueda posicionar de manera general como un punto sobre el cual avanzar, y de no retorno en cuanto al carácter incuestionable de su satisfacción. El mandato de progresividad implica que una vez alcanzado un determinado nivel de protección, la amplia libertad de configuración del legislador en materia de derechos sociales se ve menguada, al menos en un aspecto: todo retroceso frente al nivel de protección alcanzado debe presumirse en principio inconstitucional, y por ello está sometido a un control judicial estricto. Para que pueda ser constitucional, las autoridades tienen que demostrar que existen imperiosas razones que hacen necesario ese paso regresivo en el desarrollo de un derecho social prestacional.”  ( Lo subrayado es fuera del texto original )

 

VIOLACION AL PRINCIPIO DE LA IGUALDAD

Conforme lo plantea en la demanda de inconstitucionalidad el ciudadano colombiano DARIO ANGARITA MEDELLIN, el inciso 8º del Acto Legislativo 01 de 2005 también socava, subvierte y desconoce abiertamente el principio fundacional de nuestro estado social de derecho de la IGUALDAD, resultando sustitutivo de nuestra Carta; principio que es respetado por todas las naciones libres y  democráticas del mundo.

Sobre este particular,  ya la Honorable Corte Constitucional se pronunció sobre la mesada 14 o  “prima de junio” para los pensionados de Colombia establecida en el artículo 142 de la ley 100 de 1.993.

El artículo 142 de la ley 100 de 1.993 por el cual se creó la mesada adicional en el mes de junio para los pensionados por jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, en el sector privado, así como los retirados y pensionados de las fuerzas Militares y Policía Nacional, en su momento fue objeto del examen de constitucionalidad realizado por la Honorable Corte Constitucional. Fue así como sobre esta disposición legal se produjo pronunciamiento de constitucionalidad el 15 de septiembre de 1.994 contenido en la sentencia C-409-94. Mediante esta sentencia, la H. Corte Constitucional declaró inexequibles algunas expresiones del artículo 142 de la ley 100 de 1.993 por ser ellas violatorias del principio de  la igualdad.

Como consecuencia de esta sentencia proferida por la Corte Constitucional, la mesada adicional del mes de junio (comúnmente conocida como prima de junio )  se empezó a reconocer y  a pagar A TODOS LOS PENSIONADOS DE COLOMBIA sin  excepción y sin discriminación alguna por razón social, económica, fecha de adquisición del derecho, credo o color político, y sin diferencia temporal o cronológica inherente a la fecha de reconocimiento de la pensión.

Dijo la Honorable Corte en esta sentencia:  “PENSION DE JUBILACION-Reajuste.

“Es evidente que los reajustes consagrados en la Ley 71 de 1988 para las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes de los sectores público, oficial y semioficial en todos sus órdenes y en el sector privado resultaron más favorables para quienes se encontraban disfrutando de su pensión de jubilación, con respecto a los ordenamientos que sobre reajuste pensional se consagraban en la Ley 4a. de 1976. Considera la Corte que la desvalorización constante y progresiva de la moneda, que conlleva la pérdida del poder adquisitivo del salario, originado en el fenómeno inflacionario, es predicable para los efectos de decretar los reajustes anuales a todas las pensiones de jubilación sin distinción alguna. Pero ello no puede constituir fundamento de orden constitucional para privar de un beneficio pensional como lo es la mesada adicional que se consagra en  la norma materia de revisión, en favor de un sector de antiguos pensionados, excluyendo a otros que legítimamente han adquirido con posterioridad el mismo derecho pensional por haber cumplido con los requisitos legales correspondientes. MESADA ADICIONAL-Pago/DERECHO A LA IGUALDAD-Vulneración/DERECHOS DEL PENSIONADO. Para la Sala resulta evidente que al consagrarse un beneficio en favor de los pensionados por jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes en los términos del artículo 142 de la Ley 100 de 1993, "cuyas pensiones se hubiesen causado y reconocido antes del 1o. de enero de 1988", consistente en el pago de una mesada adicional de

treinta (30) días de la pensión que les corresponde a cada uno de ellos, la cual se "cancelará con la mesada del mes de junio de cada año a partir de 1994", excluyendo a las pensiones causadas y reconocidas con posterioridad al 1o. de enero de 1988, se deduce al tenor de la jurisprudencia de esta Corporación, una clara violación a la prohibición de consagrar discriminaciones en el mismo sector de pensionados, otorgando privilegios para unos en detrimento de los otros, al restringir el ejercicio del derecho a la misma mesada adicional sin justificación alguna, para aquellos pensionados jubilados con posterioridad al 1o. de Enero de 1988.” ( Subrayado fuera de texto)

 

VIOLACION AL PRINCIPIO DE LA PARTICIPACION DEMOCRATICA DEL PUEBLO DE COLOMBIA

Conforme lo plantea en la demanda de inconstitucionalidad el ciudadano DARIO ANGARITA MEDELLIN, el inciso 8º del Acto Legislativo 01 de 2005 socava, subvierte y desconoce abiertamente el principio fundacional de nuestro estado social de derecho relativo a laPARTICIPACION DEMOCRATICA DEL PUEBLO DE COLOMBIA, resultando sustitutivo de nuestra Carta.

El pueblo de Colombia, es decir nosotros, los ciudadanos del común, los pobres de Colombia, los oprimidos por los grandes poderes económicos y víctimas silenciosas del tráfico de influencias y de los  intereses  de quienes nos gobiernan y de quienes dicen representarnos en el Congreso, somos víctimas de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, toda vez que a espaldas del constituyente primario, el Congreso como constituyente derivado o residual, modificó de manera grosera y arbitraria el artículo 48 de la Constitución Política, norma ésta pilar de la seguridad social que fue plasmada por el pueblo en la constitución original de 1991 a través de nuestros delegados en la ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.  Así,  el constituyente derivado, residual y secundario, es decir el Congreso,  -poder por además subyugado en ese momento por el poder del régimen presidencialista-, desconoció la voluntad primigenia y original del constituyente primario desconociendo al pueblo de Colombia, pueblo en donde por disposición de la misma Carta Constitucional reside la soberanía. Así, el Congreso, suplantó, sustituyo y se abrogó  facultades  que exclusivamente residen en el constituyente primario, es decir, en el pueblo.

Una escasa y selecta minoría de Congresistas en su momento se opusieron a la eliminación de la mesada 14 cuando se discutió y aprobó  en las dos Cámaras el Acto Legislativo 01 de 2005. Estos pocos congresistas fueron derrotadas por abrumadoras mayorías Parlamentarias.

También, la voluntad del pueblo colombiano como constituyente primario de mantener  intacto el espíritu, el origen y el logro social  que quedó consagrado en el texto originario del artículo  48  de la Constitución de 1.991, fue ratificada, con una enorme derrota en las urnas y mediante el voto popular cuando dijimos NO a las preguntas del referendo que se convocó mediante la ley 796 de 2003, referendo a través del cual se pretendió  modificar el artículo 48 de la Constitución Política, verbi gracia,  con el congelamiento de las pensiones y de los sueldos y salarios de los colombianos.

 

 

Reciba cordial saludo: DARIO ANGARITA MEDELLIN.