Semana.com, julio 7 de 2013
Semana.com conoció apartes de la ponencia que definiría la edad de
retiro forzoso de los magistrados.
Palacio de Justicia, Bogotá.
Foto: Juan Carlos Sierra / SEMANA
La edad de 65 años es un 'fantasma' que recorre los despachos
de los magistrados, marcaría la época en que supuestamente se
iniciaría la jubilación de estos servidores de la Justicia. La
paradoja es que, en realidad, no hay un límite definitivo en la cúpula de la
rama: en dos de las cortes existe la regla y en las otras dos no.
El tema tiene enorme trascendencia, como lo evidencia el hecho de que un magistrado del Consejo de Estado, William Giraldo, tuteló la inequidad que existe para definir la edad de retiro forzoso.
El abogado antioqueño Hércules Ciani Sánchez encontró supuestas irregularidades en la norma que regula la edad de retiro de los funcionarios. Por eso, demandó la norma contenida en el Decreto 2400 de 1968, que regula la materia. Argumentó que “existe una notoria desigualdad porque a los 65 años o más las personas no pueden actualmente desempeñar empleo público, por lo que no hay una igualdad real y efectiva”.
La demanda fue aceptada y sigue su trámite en la Corte Constitucional, que deberá definir hasta qué punto se vulnera el derecho fundamental a un trabajo digno de los magistrados que superen los 65 años de edad en sus cargos.
En la actualidad la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura gozan virtualmente de edad sin límite en el ejercicio de su cargo, mientras que en la Corte Suprema de Justicia y en el Consejo de Estado sí tienen tope.
Semana.com pudo conocer apartes de la ponencia realizada por el magistrado Mauricio González Cuervo en la que señala que la Corte debe declararse inhibida para debatir el asunto. Esto porque -según argumenta- previamente fue definido por el legislador. En palabras sencillas, el togado propone que las cosas sigan tal cual han venido siendo hasta hoy.
Así mismo, precisa que la demanda no es clara en materia jurisprudencial, ya que el artículo de la Constitución que otorga igualdad y respeto al trabajo digno en condiciones justas está enfocado hacia todos trabajadores del país, y en la demanda se hace énfasis sólo en los privados.
Otro de los argumentos que precisa la ponencia es que en reiteradas jurisprudencias se ha dejado claro el mandato de la Constitución sobre la posibilidad de un trabajo digno.
Los impedimentos
Luego de llevar la ponencia a Sala y de realizar la primera votación surgieron tres impedimentos en el trámite. Dos son los del magistrado Nilson Pinilla Pinilla, porque está cerca de los 70 años, y el del presidente de la Corte, Jorge Iván Palacio, porque cumple en diciembre de este año los 65 años. Y el último fue presentado por el polémico magistrado Alberto Rojas Ríos, al señalar que en el 2018 cumpliría 65 años.
Los dos primeros impedimentos fueron aceptados, pero el último quedó pendiente, dado que no se logró el quórum para tomar una decisión, es decir, cinco votos. Por ahora se designará a conjueces para definir si aceptan o no el impedimento del magistrado Rojas. Uno de los juristas llamados a dirimir el conflicto es el exprocurador Edgardo Maya Villazón.
La situación es la siguiente: la Corte deberá tomar una decisión que es clave para su propio futuro. Pero si adopta la ponencia del magistrado González Cuervo, no se asumiría el asunto de fondo. Y, por supuesto, tampoco pisaría poderosos 'callos'.
El paso a seguir está en manos de los conjueces que deberán definir el impedimento de Rojas. Luego el alto tribunal deberá decidir y aparentemente hay tres escenarios posibles: todos en la cama (sin límite para la jubilación), todos en el suelo (retiro forzoso a los 65 años), o que las cosas sigan como están.
Será la Corte Constitucional la que define si toma ese último camino, que sería algo complejo de explicar a la luz de lo que es la igualdad y dentro de una complicada coyuntura, por cuenta de los escándalos que han debido enfrentar varios magistrados que han terminado tomando decisiones en beneficio propio últimamente.
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