ELESPECTADOR.COM, 10 Jul 2013
Carrusel de pensiones
El presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Wilson Ruiz manifestó que hasta el momento no han sido notificados de la decisión de la Fiscalía General de llamar a interrogatorio a ocho magistrados seccionales por el llamado ‘carrusel de las pensiones’,
"Estamos a la espera de que decisiones se van a tomar", indicó al magistrado al indicar que se enteraron de la noticia por los medios de comunicación quienes reprodujeron la decisión tomada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia que adelanta la investigación.
Igualmente indicó que en los últimos días agentes del CTI de la Fiscalía han recolectado las actas de nombramiento de magistrados auxiliares quienes de manera irregular estuvieron en el cargo durante un corto tiempo con el fin, presuntamente, de aumentar considerablemente sus pensiones.
En los próximos días se definirá la fecha para que los magistrados se presenten a la diligencia judicial que se adelantará ante un fiscal delegado ante la Corte Suprema.
Se ha podido establecer que los nombramientos en los que se han presentado presuntas irregularidades son los de los magistrados Teresa Isabel Tovar Gutiérrez, Mauricio José Meyer, Marlen Espinosa Cardoso (Tolima), el encargo de Claudia García Leyva (Caquetá); Amparo Malagón Betancourt (Norte de Santander y Alain Acosta Infante (Magdalena).
Las críticas de la Fiscalía
El pasado 24 de junio, el fiscal General, Eduardo Montealegre presentó varios cuestionamientos a la forma en cómo se adelantó la investigación en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en contra de tres magistrados del Consejo Superior de la Judicatura por el llamado ‘carrusel de las pensiones’.
El jefe del ente investigador indicó que en el desarrollo de dicha investigación no se tuvieron en cuenta pruebas claves y fundamentales solicitadas por la Fiscalía General.
"El prevaricato consistió en que a pesar de que existían unas pruebas claras, contundentes, practicadas por la Fiscalía General de la Nación, todo ese acervo probatorio practicados por la Fiscalía no fueron tenidas en cuenta por la Comisión de Acusaciones", indicó.
Para Montealegre Lynnet, la Comisión no llamó a declarar a personas o testigos"muy importantes" dentro de este proceso lo que afectó que el país pudiera conocer la verdad sobre estos hechos.
En este sentido tildó este hecho como "una farsa de la administración de justicia" y una "burla en contra de la administración de justicia, como Fiscal General me encuentro indignado con la postura del presidente de la comisión de acusaciones".
Y es que para el jefe del ente investigador en la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura se presentan "graves hechos de corrupción" por lo que consideró que el país tiene que saber la verdad.
"Nosotros no podemos permitir como justicia que sigan avanzando impunemente esos actos tan graves de corrupción", aseguró.
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