elespectador.com, EDITORIAL, 21 Jul 2013
Hace un mes fue noticia la compra de unas 40.000 hectáreas en Vichada por parte de Riopaila Castilla, uno de los grupos azucareros y agroindustriales más grandes del país.
El senador Jorge Robledo, con toda razón, alertó sobre esta transacción: la ley colombiana contempla que los terrenos baldíos ya adjudicados por el Estado no pueden ser revendidos en extensiones superiores a la Unidad Agrícola Familiar. ¿Con qué fin? Con el de evitar que las tierras sean entregadas a precios irrisorios a grandes capitales. No obstante, asesorada por la firma Brigard & Urrutia, Riopaila logró hacerle el quite a la norma y quedarse con los terrenos. De ahí el debate: ¿qué tan ilegal fue la jugada? ¿Se vendieron a buen precio las tierras? ¿Qué tanto sabía nuestro embajador Carlos Urrutia, exaccionista de Brigard & Urrutia, de esta asesoría?
En todo ese debate, sin embargo, se ha ignorado un detalle significativo: ¿por qué una empresa tan colombiana como Riopaila está comprando, vía España, tierras tan colombianas como las del Vichada? Claro, estamos en un mundo interconectado, pero ¿para qué pasear el capital sin necesidad? Bueno, sí hay razones que explicarían la maniobra: sólo desde España se puede acceder a los tratados de protección y promoción de la inversión extranjera. Estos tratados son una especie de contrato entre dos o más estados que les ofrecen a los inversionistas extranjeros un amparo que no tienen los nacionales. Este amparo se concede bajo el presupuesto de que no cambien las reglas del juego. Si éstas cambian, los inversionistas extranjeros pueden demandar al Estado responsable ante un tribunal de arbitraje internacional.
Este tipo de tratados se han celebrado en el mundo de manera creciente en los últimos 10 años y tiene sentido que Colombia siga esta tendencia: los capitales extranjeros prefieren más estabilidad, y si no los pactamos nosotros nuestros vecinos igual los pactan y dejamos de ser competitivos. El punto en cuestión no son los tratados sino quienes los están usando, o, acaso, ¿qué de extranjero puede tener la producción del azúcar, la miel y el alcohol del Valle del Cauca? En otras palabras: ¿está bien que empresas nacionales accedan a protecciones que no fueron pensadas para ellas? Esta pregunta se vuelve especialmente relevante si se tiene en cuenta que incumplir estos tratados es costoso para la confianza en el país. No somos tan atractivos como para darnos el lujo de incumplir acuerdos previos y burlarnos, sin más, del derecho internacional; incluso en el caso de que el capital sea en realidad enteramente local.
Así, el panorama es el siguiente: empresas nacionales, como Riopaila en este caso, están accediendo a protección internacional a través de movimientos de capital. Si el Estado colombiano en algún momento llegara a cambiar las reglas de juego, estas empresas nos podrían demandar. Por ejemplo, en un hipotético escenario en el que las negociaciones con las Farc llegaran a resultar, y, como consecuencia, fuese necesario alterar el estado de cosas de las 40.000 hectáreas del Vichada, Colombia se vería en la obligación de indemnizar a Riopaila. Por supuesto, no estamos sugiriendo que, en efecto, esta tradicional e importante empresa nos vaya a demandar, pero sólo que el país tenga que considerar esa posibilidad resulta insólito. Sin duda, la prestigiosa Brigard & Urrutia tiene un par de explicaciones pendientes que darle al país, y con ella, nuestro Ministerio —no de Agricultura— sino de Comercio. El lío de verdad nunca estuvo en los baldíos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario