Carrusel a media máquina

ELESPECTADOR.COM, 18 Jul 2013 - 

En la Contraloría se preparan para reanudar las pesquisas tras la reciente anulación del expediente. Esta semana fueron interrogados cuatro magistrados seccionales de la Judicatura por este caso.

Por lo menos cuatro de los ocho magistrados seccionales del Consejo Superior de la Judicatura, citados para que den su versión sobre su presunta participación en el escándalo del carrusel de las pensiones, se reunieron a lo largo de esta semana con el ente investigador para dar su versión sobre los cuestionados nombramientos que les habrían permitido pensionarse con millonarias jubilaciones, pese a haber servido como magistrados por unos pocos meses e incluso, en algunos casos, por unos pocos días.

Por otro lado, la misma Fiscalía se prepara para el inicio del juicio contra la secretaria de esta corporación, Yira Olarte, el próximo 9 de agosto. Olarte es investigada por supuestas falsedades en las actas de las reuniones en las que se habrían definido los nombramientos. Hasta el momento los señalados se sostienen en que no hubo ninguna irregularidad en las cuestionadas designaciones y que éstas se hicieron conforme a la ley y con el fin de no dejar sin titular varios despachos.

Pero mientras en la Fiscalía las pesquisas avanzan, en la Contraloría y en la Comisión de Acusación, que también investigan este escándalo, el proceso parece estar en un punto muerto. Una persona cercana a este caso le dijo a este diario que la reciente decisión de la Contraloría, de anular el expediente y reanudar las investigaciones y el archivo por parte de la Comisión de Acusación del proceso que le llevaba a los magistrados de la Judicatura, Julia Emma Garzón, Henry Villaraga y Angelino Lizcano, son muy malas señales para el futuro de este expediente.

En el caso de la Contraloría, El Espectador pudo conocer un oficio en el que el entonces encargado de la Unidad de Investigaciones de esa entidad, Nelson Izáciga, le ordena al contralor que llevaba la investigación “levantar la connotación de impacto nacional” de este caso. La connotación de impacto nacional es una figura legal que se usa en casos que requieren de una “intervención inmediata de la Contraloría por el riesgo inminente de pérdida de o afectación indebida del patrimonio público” y obliga a que la Unidad de Investigaciones de la Contraloría adelante las pesquisas por el caso en cuestión.

Con esta medida, el proceso pasa ahora a manos de la Contraloría Delegada para el Sector Social, que, debido a la reciente anulación del expediente, debe reanudar las pesquisas. La Contraloría dijo al respecto que no es cierto que esa entidad le haya restado importancia al proceso por el que, en su momento, le imputó cargos a 13 magistrados a los que, además, les embargó sus bienes. Una fuente de esa entidad explicó que lo que pasa es que la contralora Sandra Morelli quiere que algunas contralorías delegadas les pongan el pecho a casos tan espinosos como este y que este no es el primer proceso con el que se hace lo mismo. 
Por su parte, en la Comisión de Acusación avanza muy lentamente la investigación por el carrusel de pensiones. Como se sabe, el proceso por una supuesta falsedad en las actas fue archivado a favor de los magistrados Garzón, Villarraga y Lizcano, lo que produjo una fuerte discusión entre el fiscal Eduardo Montealegre y el presidente de la Comisión, el representante Constantino Rodríguez.

“No puedo guardar silencio ante los graves hechos de corrupción que se están presentando en la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. El país tiene derecho a la verdad, el país tiene que saber lo que está pasando. Nosotros no podemos permitir que sigan avanzando impunemente estos actos tan graves de corrupción”, dijo Montealegre a la hora de denunciar a Rodríguez.

El proceso ha generado tantos roces que nadie quiere hablar a nombre propio a la hora de referirse al carrusel. En la Judicatura hay una tensa calma en relación con los procesos que se llevan por este escándalo. Las investigaciones por el carrusel han sido motivo de discusión en varias de las reuniones de la Sala Disciplinaria de la Judicatura. Según pudo conocer El Espectador, el magistrado Villarraga le va a solicitar a la Comisión de Acusación que reabra la investigación que llevaba en su contra.

“Hay calma en los magistrados y la secretaria Yira Olarte (investigada por la Fiscalía por su presunta participación en este escándalo) porque ellos no cometieron ningún delito. Esos nombramientos se hicieron conforme a la ley. Había que hacerlos porque los despachos no podían quedar vacíos”, expresó una fuente de la Judicatura.
La misma Yira Olarte le aseguró a El Espectador que está tranquila, que confía en la justicia y que ya tendrá su momento de corroborar su inocencia. Por ahora, el proceso que tuvo al Consejo Superior de la Judicatura cerca de ser eliminado —como se propuso en el marco de la fallida reforma a la justicia— se mueve a media máquina y hay preocupación de que el caso no avance, que el proceso se quede apenas en las denuncias o, lo que es peor: que los órganos de control se vean en la necesidad de echar para atrás. 

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Por: Sebastián Jiménez Herrera