ELESPECTADOR.COM, Editorial 11 Jul 2013
De la corrupción se ha hablado mucho en este país. La ciudadanía se ha quejado hasta la saciedad de ella: muchos alegan que, justamente por su fuerza es que Colombia no avanza: que porque los políticos roban, que porque “todos son corruptos”, que porque la plata de los impuestos no se ve.
Y la contraparte justa, es decir, los gobiernos sucesivos, también usan el término a troche y moche, acusando de paso a sus congéneres o lanzando frases de antología como que a este fenómeno hay que reducirlo a sus justas proporciones, como dijo una vez un presidente. Dicho sea de paso, las proporciones de la corrupción en este país están lejos de ser “justas”, como soñaba aquel mandatario. Son escandalosas: ahí tenemos los carruseles y las destituciones de funcionarios, los desfalcos multimillonarios y los escándalos judiciales.
El martes de esta semana se revelaron los datos de la encuesta hecha por Transparencia Internacional en 107 países, indagando a la ciudadanía sobre su percepción de este fenómeno en el sector público. Los resultados, aunque un tanto predecibles, sí dicen mucho de lo que puede hacerse en términos materiales. Dice que más de la mitad de los encuestados (el 62%) cree que el problema de la corrupción es muy serio; que va en aumento (el 56%); que el Gobierno, a través sus medidas para combatirlo, es bastante ineficiente (56%); que ese mismo Gobierno se deja influenciar por los poderosos (59%); y que 66%de los colombianos entienden que para ascender en la vida hay que tener contactos.
Las instituciones más deslegitimadas son (y esto no es nada nuevo) el Congreso y los partidos políticos. Actitud que resulta inentendible, teniendo en cuenta que ambos son elegidos con votos, en las urnas, por nosotros. Y poniendo como hipótesis que los votos mismos son conseguidos a punta de corrupción, de todos modos vale preguntarse por qué una opción alternativa nunca tiene ni el más mínimo chance de figurar siquiera en los sondeos. O por qué, incluso, las que se han dado son encabezadas por políticos tradicionales.
Hablando ya en el lado de los sobornos, que es una cuestión de parte y parte, los principales pagos se considera que van para la Policía (27%) y la rama judicial (19%). Nada menos.
Lo que los estudiosos llaman “esperanzador” es que el 97% de los encuestados quiere involucrarse en la batalla contra la corrupción. Suena bien, pero, ¿cómo? El gran problema en términos de cultura ciudadana y de apego a la ley es que las normas (las que regulan el día a día al menos) son vistas como algo accesorio, que puede o no cumplirse. Está insertado en la cultura, por ejemplo, pasarse un semáforo en rojo e incluso sobornar al policía que le impone el consecuente castigo.
Esta actitud tan cotidiana es la que debe transformarse: y tan arraigada está que solo un choque cultural realmente visible puede hacerlo cambiar. Si los colombianos realmente quieren que la corrupción no siga en proporciones escandalosas, deben salirse del facilismo y empezar desde casa: denunciando a los corruptos, no tolerando las conductas desviadas que muchas veces son vistas como un chiste, no votando por políticos corruptos, armando campañas que generen sanciones sociales. Y el Estado, por su parte, debe diseñar programas muchísimo más fuertes para investigar estos hechos y sancionarlos, incluso de manera ejemplar.
Si esto no se hace así, es probable que los datos no cambien mucho a futuro. Si de lado y lado se levantan las quejas, pues venga, que de ambos surgan también las soluciones. No olvidemos que en la transparencia está gran parte del cimiento de una democracia fuerte.
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