ELTIEMPO.COM, Por: ELVIS MARTÍNEZ BERMÚDEZ , 07 de Septiembre del 2013
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Con indicadores sociales bajos, los labriegos viven y trabajan como colombianos de segunda.
Al amanecer, cuando la mayoría de los colombianos que habitan las ciudades duermen bajo las cobijas o en medio de la frescura que dan los aires acondicionados, miles de campesinos, en las planicies o en la montaña, ya han empezado su jornada de trabajo.
Pero las diferencias entre la vida que se lleva en el campo y en las ciudades colombianas van más allá de las rutinas diarias. Los justos reclamos de los labriegos son de vieja data, sólo que ahora suenan más duro, amplificados ‘en tiempo real’ por los medios de comunicación y por las redes sociales.(Lea también: Lo que tiene en jaque al agro colombiano)
Según el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), en los últimos 25 años se han registrado en el país 2.100 luchas sociales protagonizadas por campesinos, que siempre reclaman lo mismo: desconcentrar la propiedad de la tierra, espacios para participar en la construcción de las políticas agrarias y acceso a la salud y la educación, entre otros derechos fundamentales.
Las estadísticas oficiales son contundentes. De acuerdo con las últimas cifras del Dane (2012), mientras que las personas en situación de pobreza alcanzan el 28,4 por ciento del total en las cabeceras municipales, en las áreas rurales se disparan hasta el 46,8. La cifra nacional es 32,7 por ciento y la de las 13 áreas metropolitana fue de 18,9. (Lea también: Importación y producción local: equilibrio complejo / Análisis)
La pobreza extrema en el campo también es superior a la urbana: 22,8 por ciento frente a 6,6. El porcentaje total de colombianos en esta situación es 10,4.
En cuanto a los ingresos mensuales de las familias, el promedio nacional es 500.531 pesos. En las cabeceras municipales este rubro sube a 590.661, en las 13 principales ciudades alcanza los 709.155 y en el área rural se desploma: 207.235 pesos. Dicho de otra manera, una familia de Medellín o Bogotá dispone de 501.920 pesos más cada mes que una de un municipio rural, como La Palma (Cundinamarca) o Santa Catalina (Bolívar). (Lea también: TLC no son el 'coco', pero pueden serlo)
Según el informe ‘Colombia rural, razones para la esperanza’, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la presión que ejercen terratenientes, empresarios, transnacionales, comisionistas y grupos ilegales excluye a los campesinos “del principal activo para su supervivencia: la tierra”. Por eso, sostiene la ONU, no pueden generar los ingresos necesarios para su bienestar.
“El campesinado, un sujeto histórico en tensión constante con el Estado, expresa un sentido mayor de apropiación del territorio y de los elementos garantes de su persistencia y reproducción. Cuando estos se ven amenazados o son insuficientes, desarrollan acciones de disputa como de las que vemos en la actualidad”, comenta el docente universitario Luis Felipe Rincón, candidato a doctor en Estudios Sociales Agrarios de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). (Lea también: Recetas para un sector 'enfermo')
El PNUD concluye en su informe, publicado hace dos años, que a mayor ruralidad hay mayor rezago. Por ejemplo, el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es 2,3 veces menor en los centros urbanos que en municipios más rurales.
“En estos últimos persisten amplias diferencias en las condiciones de las viviendas, en el acceso y disponibilidad de los servicios públicos, en la baja escolaridad y en las escasas posibilidades de generación de ingresos y empleo dignos y permanentes”, dice el documento. (Lea también: Potencia agrícola / Análisis)
El PNUD advierte, por ejemplo, que las tasas de cobertura en educación media en los municipios de ruralidad alta son 2,7 veces menores que en los centros urbanos. “Las largas distancias que aún recorren niños, niñas y adolescentes para llegar a las escuelas y el costo de oportunidad de ingresar o permanecer en el sistema educativo, comparado con el de trabajar, gravitan sobre la deserción en secundaria, que –según la teoría del capital humano– perpetúa los círculos de pobreza”, advierte la ONU.
Otro factor determinante para la desigualdad es el conflicto armado. Organismos nacionales e internacionales han documentado el daño producido por los actores armados al margen de la ley, que despojaron y desplazaron a la población rural hacia las ciudades, condenándolas así a la pobreza.
Según el Cinep, la violencia ejercida sobre los campesinos en los últimos 25 años dejó 17.559 víctimas de violaciones de derechos humanos. La mayoría fueron homicidios.
El 31,6% es población rural
La investigación del PNUD propuso un índice de ruralidad y creó un método de captación de información sobre el campo y su gente. Con base en esas herramientas, reveló un dato fundamental: Colombia es más rural de lo que muchos piensan: las tres cuartas partes de los municipios (75,5 por ciento) son predominantemente rurales. En ellos vive el 31,6 por ciento de la población y sus jurisdicciones ocupan el 94,4 por ciento del territorio nacional.
Los resultados de ese índice también señalaron que los municipios más rurales son los de mayor vulnerabilidad en temas como alfabetización, presencia del Estado y capacidad económica de los hogares.
Para el profesor Rincón, la deuda histórica del Estado y de la sociedad con el agro –de la que tanto se habla por estos días– consiste principalmente en que ninguno ha concebido al campesino como un sujeto de desarrollo.
“En lugar de reconocer sus rasgos culturales, como las fuertes relaciones comunitarias; sus prácticas productivas, predominantemente familiares y orientadas a obtener alimentos, y sus formas de relacionarse con el territorio y los bienes, las políticas y modelos económicos han buscado transformarlos, para que se integren al modelo agroindustrial de producción, concebido como la única vía de desarrollo para el sector. Eso es un error. Sobre las comunidades rurales puede recaer el desarrollo sectorial, y por tanto, el de la sociedad”, concluye Rincón.
ELVIS MARTÍNEZ BERMÚDEZ
Redacción Domingo
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