ELTIEMPO.COM, Por: EDITORIAL, 31 de Agosto del 2013
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Con el fin de los bloqueos de las carreteras del altiplano cundiboyacense acordado el pasado viernes terminó la etapa más álgida del llamado paro nacional agrario, que comenzó el pasado 19 de agosto y que ha tenido como principales escenarios a los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Nariño. Pero este es apenas un paso. Y ojalá la remoción de las barricadas también signifique un despeje de los obstáculos en la mesa, para que lleguen a un acuerdo los representantes de los campesinos y los delegados del Gobierno.
Será un buen principio. Porque, por más entendimientos que surjan, hay que decir con toda claridad que no es realista suponer que de esta negociación salga una fórmula mágica que resuelva en un abrir y cerrar de ojos los múltiples, complejos y añejos problemas que hoy aquejan al campesinado.
Para esto se necesitan voluntad, perseverancia y, quizás lo más urgente, un examen a fondo, que aporte verdaderas luces que sirvan para trascender los lugares comunes que tanto han aflorado por estos días. Hay que hacer diagnósticos certeros y bien informados que reemplacen las consignas que desvían la atención y, muchas veces, los mismos recursos. Por lo pronto, el atraso técnico, el alto precio de los fertilizantes, la codicia de ciertos intermediarios, las deficiencias en la infraestructura, tanto como la precariedad institucional, pueden identificarse entre los principales lastres que explican el preocupante rezago de este sector.
Y es que si para algo ha servido la movilización –descontando, por supuesto, los condenables episodios de vandalismo, que nada tienen que ver con ella– es para que el país, sobre todo vastos sectores urbanos, volteen la mirada al campo, descubran su difícil situación y se generen inéditos vínculos de solidaridad y un bienvenido interés por lo que significa garantizar la seguridad alimentaria de la sociedad.
Puesto de otra forma, muchos han descubierto que la comida no viene del supermercado o de la tienda, sino de la tierra, y que esta necesita quien la cultive en condiciones dignas, que hoy no están al alcance de todos los que se dedican a estas actividades. Un informe reciente de Fedesarrollo mostró un aumento de la pobreza extrema en el sector rural. Según el mismo estudio, mientras el porcentaje de la población bajo la línea de pobreza en las principales ciudades es del 18,9 por ciento, fuera de ellas es del 46,8.
Se puede afirmar, entonces, que estamos ante una protesta legítima. Y así permanece aún, pese a los esfuerzos de los vándalos por desacreditarla y ocultar las reivindicaciones tras el irracional afán de destrucción mostrado, sin desconocer también que hubo excesos del Esmad, que deben ser objeto de investigación.
La situación se tornó grave en el orden público. Hubo víctimas civiles y de fuerzas del orden, inclusive con muertos de por medio. La seguridad ciudadana estaba amenazada. En estas circunstancias, hay que respaldar las medidas tomadas por el Jefe del Estado.
De vuelta a las raíces del inconformismo, sus causas se remontan a varios lustros atrás. Aquí la lupa debe posarse sobre quienes el pueblo ha elegido para recoger estas demandas y llevarlas al Congreso, canal natural para tramitar los problemas de la sociedad. ¿Dónde han estado, pues, los representantes a la Cámara, los senadores de los departamentos más afectados? ¿Por qué problemáticas tan agudas no han figurado en sus agendas o en las de sus partidos?
El haber tenido que recurrir a las vías de hecho debe ser un campanazo que lleve a evaluar qué está pasando con la democracia en estos ámbitos. En particular, hay que mirar qué criterios están utilizando los partidos a la hora de elaborar las listas que ponen a consideración de los ciudadanos, y más ahora que se aproxima una nueva contienda. Indagar si estas se conforman pensando en el bien común o en los cálculos electorales de gamonales que hace rato perdieron la conexión con la realidad de la comunidad que en el papel representan.
Pero el examen no puede agotarse en el Legislativo. Igual responsabilidad recae sobre las instancias del Ejecutivo, de cuyo resorte son los asuntos ligados a la crisis del campo. En particular, del Ministerio de Agricultura, en los últimos años feudo del Partido Conservador. A esta colectividad y también a las que conforman la Unidad Nacional se las ha visto más ausentes que presentes y activas, como debería ser, en la búsqueda de una salida de la crisis y, más importante aún, en la tarea de delinear el camino que permita en un futuro no muy lejano contar con un campo competitivo y más equitativo.
Esta ruta, al parecer, estaría contenida en el gran pacto agrario, anunciado el viernes por el Presidente. Para que dicho pacto dé frutos es importante que se levante sobre información depurada. Su éxito depende también de que se reconozca a los campesinos como sujetos activos, con plena capacidad de ser tan globales como locales, y superar aquella visión bucólica y paternalista que ha aflorado por estos días, la misma que va de la mano del asistencialismo, tan nocivo a la postre.
El empujón debe ser hacia adelante, hacia el mundo, no hacia el pasado y hacia adentro.
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