Editorial: Las pensiones, al tablero

Por: REDACCIÓN ELTIEMPO.COM, 14 De Enero Del 2012

Faltan todavía varios meses para  que el Gobierno cumpla con su promesa de presentar al Congreso una propuesta de reforma pensional, que promete ser uno de los platos fuertes del año en materia legislativa. La iniciativa, que debería conocerse en la segunda mitad del 2012, tendrá como objetivo central resolver el problema de la baja cobertura, según lo ha dicho el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, en declaraciones recientes.

Sin embargo, es de esperar que la propuesta del Ejecutivo ate muchos cabos que siguen sueltos. La razón es que el sistema vigente tiene fallas protuberantes, pues beneficia a menos de una tercera parte de la población. Y, lo que es peor, el régimen público, que coexiste con el de ahorro individual administrado por los fondos privados, es costoso e inequitativo. Por ejemplo, este año el presupuesto nacional deberá aportar 24 billones de pesos -una suma superior a la que se destina a la seguridad y similar a la que va para educación- con el fin de tapar un agujero que fue abierto por privilegios insostenibles.

Para colmo de males, a pesar de que en el país existen cerca de cinco millones de colombianos de más de 60 años de edad, el número de pensionados apenas asciende a los 1,2 millones. Más escandaloso todavía es que el 80 por ciento de los subsidios mencionados va para el 20 por ciento que tiene los ingresos más altos. Para decirlo de manera coloquial, el esquema actual opera como la antítesis de Robín Hood: les quita a los pobres para darles a los ricos.

Y cuando se pensaba que una reforma constitucional adoptada en el 2005 había eliminado los regímenes especiales, estos se están volviendo a crear para magistrados y ex congresistas. Por una sentencia del Consejo de Estado, personas que ya tenían pensiones de 6 o 7 millones de pesos mensuales han logrado subirlas a 20 millones con el uso de tutelas.

En el caso de un ex parlamentario, se llegó a un reconocimiento retroactivo de 2.600 millones de pesos. En un país con una de las peores distribuciones de ingreso del mundo, donde la pobreza alcanza más del 30 por ciento y la informalidad laboral es del 60 por ciento, es inconcebible que el Estado redistribuya la riqueza en esta forma hacia sectores privilegiados.

Frente a tales aberraciones, es increíble constatar que muchos preferirían dejar el asunto quieto. Ese es el caso de sectores reaccionarios y de las propias centrales obreras, que en lugar de abrazar la causa de los desposeídos se fijan en los privilegios de sus afiliados sin preguntarse si estos son sostenibles.

Pero quienes adoptan tal actitud deberían mirar el ejemplo de Europa, en donde los gobiernos han tenido que adoptar medidas drásticas para tratar de desactivar la bomba pensional. Una vez más, el tema no tiene que ver con la política, sino con las matemáticas y, por lo tanto, el reto de Colombia es hacer sostenible un sistema que permita que la jubilación sea un derecho de todos y no un privilegio de unos pocos. De manera que la fórmula que resulte tiene que dar un gran aumento de cobertura sin que se quiebren las finanzas públicas.

Conseguir ese objetivo debe pasar por un análisis descarnado de los beneficios que hoy existen. Así, hay que preguntarse si la edad de jubilación -que, a partir del 2014, pasa a ser de 57 años para las mujeres y de 62 para los hombres- debe revisarse a la luz del aumento de la esperanza de vida de la población.

También cabe cuestionarse si el número de semanas cotizadas o el tiempo de trabajo necesario para acceder a una pensión serían objeto de un alza. Igualmente, hay quienes sostienen que el mandato constitucional que obliga a que la mesada no pueda ser inferior al salario mínimo debe examinarse. No faltan tampoco los que insisten en la necesidad de gravar las pensiones, con la escala impositiva que hoy rige para los asalariados.

Sin embargo, la duda es si un debate tan complejo puede llevarse a cabo en el terreno técnico. Por ahora, el Gobierno ha dicho que prefiere no tocar asuntos tan espinosos como la edad de retiro o el tiempo de cotización, con el fin de no agitar el avispero. A pesar de ello, sería deseable un planteamiento franco en este terreno porque, como vamos, vamos mal.

En la lista de propósitos de enmienda, también se requiere un esfuerzo para acabar la corrupción y falta de transparencia de las entidades que manejan el régimen público. Por ejemplo, en el Seguro Social no existe un sistema de historias laborales consolidadas, hay más de 60 bases de datos que no se hablan entre ellas, solo en el 2011 se registraron tres grandes escándalos por corrupción y un abogado que investigaba irregularidades en el departamento del Magdalena fue asesinado.

Aparte de los problemas que aquejan al método de prima media, muchos colombianos no podrán jubilarse si no se reduce significativamente la informalidad laboral. Por eso, se hace también imperativo que continúen los esfuerzos para reducir los costos para contratar trabajadores. Con la favorable evolución de los ingresos fiscales, un paso a corto plazo sería que el Estado asuma la financiación del Sena, del ICBF y de las cajas de compensación. La buena noticia es que todo indica que el Ejecutivo está dispuesto a jugarse buena parte de su merecido capital político en una reforma que, si se hace bien, evitará una crisis de dimensiones impredecibles en unos pocos años.