jueves, 28 de febrero de 2013

Garzón y los rojos: una jugada a tres bandas


LASILLAVACIA.COM,
La entrada de Ángela Garzón al Partido Liberal, y a través de ella de su papá, es una jugada a varias bandas. Le quita a Uribe una ficha fundamental, reemplaza la izquierda dura de Piedad Córdoba por una más cercana al centro y termina de darle una estocada al samperismo.
Ángela Garzón estudió pregrado en la Universidad Nacional e hizo un posgrado en negociación en la Universidad de los Andes. Trabajó en temas de derecho internacional humanitario en la Cancillería. Fue Asesora de Dirección del Archivo de Bogotá y Subdirectora de Proyección Internacional en la Dirección Distrital de Relaciones Internacionales. También coordinó el area de investigación de la hoy desaparecida CNTV.
En el Partido Liberal dicen que es una excelente profesional. Sin embargo, no llega a la Secretaría Social y de Participación del partido solo por sus méritos. Es parte de una estrategia cuidadosamente planeada por Simón Gaviria para ganarse los afectos de Angelino Garzón.
Como lo mostró la última encuesta Gallup, el vicepresidente sigue siendo la figura más popular del país, con el 74 por ciento de aprobación. Dada su cercanía con el expresidente Uribe, de quien fue embajador ante la ONU en Ginebra, y sus evidentes desacuerdos con el gabinete santista, el Centro Democrático esperaba contar con el guiño de Angelino para las próximas elecciones. Por eso, la entrada de su hija al Partido Liberal es un golpe fuerte contra el expresidente Uribe, y está en línea con el plan macro santista de quitarle oxígeno en todos los frentes.
“Se siente bien tener esa victoria contra Uribe. No tenemos muchas”, dijo a La Silla uno de los miembros del partido rojo.
Al ‘quitarle’ a Angelino, el liberalismo gana los votos que podría representar un guiño del vicepresidente para las siguientes elecciones legislativas. Es difícil saber exactamente cuántos. Su movimiento Centro Independientees algo difuso y como nunca se ha medido en las urnas ni se sabe cuántos votos ponen, además, como contó La Silla, ya es claro que la CGT no apoyaría la reelección de Santos.
Pero más importante que los votos que consiga en el corto plazo, acercando a Angelino al Partido Liberal Simón Gaviria le arrebata a Uribe un símbolo poderoso.
El símbolo
El Centro Democrático de Uribe quiere posicionarse en la opinión pública y en el espectro político en el centro (de ahí el nombre). Para eso, es fundamental contar con una figura como Angelino y lo que él representa para los trabajadores y la gente más pobre.
Si al final, este nuevo movimiento se queda solo con personajes como José Félix LafourieJosé Obdulio Gaviria e incluso Marta Lucía Ramírez y Óscar Iván Zuluaga será difícil no ser ubicados exclusivamente en la derecha (donde según todas las encuestas no están la mayoría de votos).
Precisamente también por lo que significa, la llegada de Angelino al Partido Liberal es un golpe para la izquierda tradicional del partido representada en Piedad Córdoba y en el ex presidente Ernesto Samper.
La izquierda de Angelino se podría llamar la “izquierda del bienestar social”. Sus banderas no son el antiuribismo, la denuncia del paramilitarismo y de las violaciones de derechos humanos. Es una izquierda un poco más ‘light’, que promueve un diálogo social entre empresarios y sindicatos, mejores condiciones salariales y pensiones para todos. Que busca puentes con otros sectores políticos, incluso de derecha, y que está mucho más conectada con las minorías sexuales, étnicas y religiosas.
Es una izquierda que va en la línea del viraje que ha asumido el Partido Liberal en los últimos años. Desde queRafael Pardo asumió la dirección, el Partido ha tratado de abandonar el discurso propiamente ideológico para conectarse con causas específicas, casi como si fuera una ONG, porque entiende que es allí donde la gente precisamente se politiza.
Por eso, se ha vinculado a la protesta ambiental contra la mina de oro en La Colosa en el Tolima o la explotación de gas en la reseva Seaflower en Providencia, con reivindicaciones como bajar el precio de la gasolina, que ha defendido el senador Luis Fernando Velasco, o con los derechos de los ancianos, una bandera defendida por el Ministro de Trabajo en varias leyes. También se han conectado con el movimiento de mujeres jugando un rol clave para hundir la propuesta de los conservadores de prohibir el aborto en todos los casos y con los gays, ya que han defendido la igualdad en el matrimonio (aunque el partido en pleno también votó por el Procurador Ordóñez con lo que borró con el codo parte de lo que había hecho con la mano).
Con el marginamiento de Piedad Córdoba dentro del partido, pues la ex senadora ha centrado toda su militancia en la Marcha Patriótica, con el nombramiento de Rafael Pardo en el Ministerio de Trabajo y con esta última movida, al samperismo pierde el liderazgo de la bandera social que le quedaba.
Ya, como lo había contado La Silla Vacía, con el nombramiento de Humberto de la Calle como jefe negociador con las Farc y de Fernando Carrillo en el Ministerio del Interior, el sector gavirista del partido le había arrebatado el tema de la paz, una de sus banderas tradicionales.
En ese contexto se entiende el poco entusiasmo de Alfonso Gómez Méndez, que representa el sector samperista, con la llegada de Ángela Garzón, quien como lo anticipó La Silla hace ya más de un mes, encabezará la lista de la Cámara por Bogotá. Esa movida también dejaría en un segundo lugar a Miguel Samper, el hijo de Ernesto, de quien hoy dijeron algunos medios que aspiraba a encabezar la lista liberal por Bogotá.
La siguiente jugada de los liberales para consolidar esa nueva izquierda es traer para sus toldas a varios Progresistas que saben que para ganar una curul en las próximas elecciones es mucho más fácil y económico hacerlo en una lista liberal al Senado: mientras para salir elegido por una lista liberal se necesitarán unos 34 mil votos, para hacerlo por la  conservadora se necesitrán 41 mi votos y 47 mil por Cambio Radical. Eso hace muy atractivo el Partido Liberal para los políticos.
Y el último paso es llevar a Angelino a la Alcaldía de Bogotá. Su hija es la avanzada.

Similitudes y diferencias


Elespectador.com, José Fernando Isaza

Hace años, en un lejano país, un ambicioso político, con relaciones con las tenebrosas organizaciones de seguridad del Estado, fue elegido presidente.


No logró modificar la Constitución para permanecer indefinidamente en el cargo, pero la pudo cambiar para ampliar durante su ejercicio el período presidencial; en lenguaje coloquial puede decirse que cambió medio articulito. Su ambición y delirio del poder lo llevaron a pensar que nadie diferente de él podría gobernar un país con corrupción, mafias, costas en dos océanos. Buscó un sucesor que siguiera cabalmente sus instrucciones, mientras volvía al poder. Para evitar riesgos, durante su vacancia como presidente aceptó el cargo de primer ministro; puede pensarse que el presidente no le daba instrucciones a su ministro, sino todo lo contrario. Pasado el período de transición, nuevamente al primer ministro fue elegido presidente. No hay información de que el presidente interino se molestara si lo hubieran llamado “marioneta”. El país es Rusia.


Volviendo a nuestras latitudes, en varias de las reuniones del nuevo partido de un expresidente que no puede aceptar que alguien diferente de él tomé la dirección del país, su primer anillo de seguridad fijó como condición necesaria para que el candidato tenga la bendición y el apoyo que debe cumplir las órdenes del expresidente y limitar su gestión a lo que le ordene el jefe natural del nuevo partido, quien no puede ser elegido para un tercer período.


Algunos comentaristas afirmaron que más que un candidato se buscaba una marioneta. Casi todos los integrantes de la larga lista de aspirantes reaccionaron indignados. Arguyeron que se los estaba insultando, que el cumplir a cabalidad las órdenes de un candidato era un inmerecido honor. Tal vez el término marioneta no esté bien utilizado. Las marionetas fueron más populares antes de la mitad del siglo pasado. En la actualidad, ese papel lo cumplen, con mejor sentido de modernidad, los robots.


Más apropiado es imaginarse al expresidente, no manejando los “hilos” del poder, sino con su teléfono inteligente dando órdenes e instrucciones a su elegido, para que éste no tenga necesidad de pensar sino de actuar.


Apostar e incentivar el fracaso de las conversaciones de paz para que su pupilo aumente las posibilidades electorales demuestra más amor al poder que al bienestar del país. Aun sin ser optimista sobre las negociaciones en La Habana, bien vale la pena la búsqueda del fin del conflicto.


En este nuevo intento para lograr la dejación de las armas por parte de las Farc, se han analizado los errores de las mesas de diálogo pasadas, en particular las del Caguán. Negociar en medio del conflicto, sin tregua bilateral, implica que tanto el Ejército como la guerrilla continúen sus acciones militares. Descalificar la negociación por las acciones de guerra de las Farc es no entender que se negocia en medio del fuego. 


Hace falta pedagogía por parte del Gobierno, el vocero no debe ser únicamente el ministro de Defensa; hay espacio para otras voces más civilistas, como el ministro del Interior, que no estén participando directamente en la negociación. La paz es bienvenida, así le reste potencial electoral al candidato robot.

miércoles, 27 de febrero de 2013

Información / Sobre cuando termina el Régimen de Transición-Circular PGN 048



Atento y Especial saludo.

Ante varias llamadas que he recibido de amigos pensionados solicitando información de cuando se termina el regímen de transición establecido en el art. 36 de la Ley 100 de 1993, en atención y en razón  a los conceptos emitidos por el Ministerio de la Protección Social y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público  del 24 de junio de 2010, respecto de la fecha de expiración de los regímenes de transición, conforme al parágrafo 4° del acto legislativo 01 de 2005; entonces, para dar claridad al tema me  permito adjuntar archivo que contiene oficio de la Procuraduría con relación al tema del proyecto de la Circular 48 de Septiembre 29 de 2010 , así como la Circular 48 de Septiembre 29 de 2010.

En ella queda claro que la transición para quienes al 31-Marzo-1994 (para el Sector Nacional y Privado) y al 29-Junio-1995 (para el Sector Territorial) estaban en transición por TIEMPO DE SERVICIO o COTIZADO (tuvieran o no tuviera cumplido el requisito de 35 años de edad las mujeres o 40 años los hombres, pero tenían cumplido el requisito de los 15 años de servicio o su equivalente a 750 semanas) la TRANSICION va hasta el 31-Diciembre-2014, INCLUSIVE.

Igualmente en dicha circular queda clarao que para quienes al 31-Marzo-1994 (para el Sector Nacional y Privado) y al 29-Junio-1995 (para el Sector Territorial) estaban en transición ÚNICAMENTE POR EDAD (tenían 35 años cumplidos  las mujeres o 40 años los hombres) y además cumplieron  750 semanas o su equivalente en años al 22 de Julio de 2005, entonces la TRANSICION va hasta el 31-Diciembre-2014, INCLUSIVE. 

PERO, para quienes al 31-Marzo-1994 (para el Sector Nacional y Privado) y al 29-Junio-1995 (para el Sector Territorial), estaban en transición ÚNICAMENTE POR EDAD (tenían 35 años cumplidos  las mujeres o 40 años los hombres) , pero NO LOGRARON completar el requisito de  750 semanas o su equivalente en años EXIGIDO POR EL ACTO LEGISLATIVO 01 de 2005 al 22 de Julio de 2005, entonces la TRANSICION va hasta el 31-Julio-2010, INCLUSIVE. 

Atentamente, 

Alejandro López Ortiz
Presidente CNPRVT95

lunes, 25 de febrero de 2013

'Toconsán'


Por: 24 de Febrero del 2013

Gabriel Silva Luján

Esa constelación de intereses aglutinados contra el Gobierno no sabe que lo que realmente le importa a la gente es verse interpretada, atendida y recibiendo soluciones reales.
Esta semana quedó en evidencia la aplanadora que se ha puesto en marcha para moler al Gobierno. Todos contra Santos parece ser la consigna que hace converger a los más disímiles, y en muchos casos oscuros, intereses.
Sin que Santos siquiera haya anunciado su candidatura, sus enemigos y opositores han desatado una ofensiva feroz para tratar de atajar su reelección. Esa virulencia y saña necesitan sin duda una explicación.
Las razones que animan esa campaña antisantista son de diverso pelambre. Ahí caben desde el odio personal contra el Primer Mandatario hasta la pérdida de los privilegios heredados del gobierno anterior por los más feudales y retardatarios terratenientes. Pero vamos en orden.
A la cabeza del ‘Toconsán’ están Álvaro Uribe y sus siete enanitos. El uribismo, desde antes de que se iniciara el Gobierno, ya se había casado con la idea de bloquear a toda costa un segundo periodo de Santos. Claro que eso no les impidió, hasta hace muy poco, disfrutar de las mieles de la burocracia y la diplomacia.
La razón de su oposición evidentemente no es ideológica o política. Los famosos ‘tres huevitos’ de Uribe se han consolidado y avanzado en este gobierno tanto o más que en el anterior. La realidad es que el Puro Centro Democrático tiene una agenda oculta que no se atreve a negar. Se trata de dar un zarpazo constitucional para garantizar la segunda reelección del expresidente Uribe.
Después siguen los poderosos. Es interesante observar que un hombre como Juan Manuel Santos, tan cercano toda su vida a los círculos del poder económico, genere hoy prevención entre varios dirigentes gremiales y –sobre todo– entre las multinacionales mineras y petroleras.
La razón de fondo es muy sencilla. Con su agenda progresista y sus reformas, les ha quitado a estos grupos una serie de privilegios tributarios injustificados y, además, le puso coto al despojo impune de tierras por parte de ganaderos y terratenientes, muchos de ellos ligados al paramilitarismo y las bandas criminales.
La vitalidad de la agenda progresista de Santos, paradójicamente, tiene también a la izquierda fuera de casillas. Con el golpe maestro del proceso de diálogo con la guerrilla, además de la defensa activa de la formalización laboral, la restitución de tierras, la reparación de las víctimas, la revolución del agua potable en todos los municipios del país y la política de vivienda –entre otros muchos logros sociales– los tiene chupando rueda.
Que un miembro de la dinastía Santos logre lo que ellos han defendido sin éxito por tantos años, sin duda vuelve a este gobierno un blanco ineludible de las críticas de la izquierda. No en vano el uribismo y el Polo Democrático son socios en la organización, financiación y movilización del paro agrario. Increíble que el senador Robledo y la izquierda sirvan de bobo útil para la agenda reaccionaria de los ricos del campo.
Y, finalmente, están los oportunistas. Muchos le están apostando a que de pronto Santos no va, y queda abierto el espacio para jugársela. El más reciente en esa lista –que es larga– es el gobernador Fajardo con su entrevista en EL TIEMPO el día de ayer. Es patético verlo otra vez de juglar con todas las bolas en el aire tratando de quedar bien con todo el mundo y haciendo puntos de antigobiernismo para ver si de pronto por ahí le suena la flauta.
Esa constelación de intereses aglutinados contra el Gobierno, que llenan los titulares y los tuits, no sabe que lo que realmente le importa a la gente es verse interpretada, atendida y recibiendo soluciones reales. Y en eso Santos tiene un récord que ninguno de sus críticos puede igualar.
Díctum. Admiro los huevos benedictinos que ha demostrado el papa al denunciar y renunciar.

Gabriel Silva Luján

Políticos con patrocinio


Por:  24 de Febrero del 2013

Natalia Springer

Ciertamente, las compañías dedicadas a la exploración mineroenergética tienen un enorme poder, extraordinario quizás.
“El Ranchería es el único río de los wayús. La única corriente de agua que atraviesa este territorio ancestral dando vida a nuestra vida.” Así se lee en la carta que le dirige Vicenta Siosi Pino, mujer wayú del clan Apshana, al presidente Santos. En una prosa tranquila, le habla sobre la vida de su gente en el desierto y se pregunta: “¿Cómo será la vida del wayú sin el río Ranchería? En 30 años de explotación del mineral, las regalías a La Guajira le han servido para nada. Todavía ninguna población del departamento tiene un acueducto eficiente. ¿Por qué cambiaríamos nuestro único río por regalías?”.
Todas estas cuestiones cobran importancia nacional mientras presenciamos cómo la “locomotora mineroenergética” embiste algunas regiones amenazando la viabilidad misma de la vida. ¿Por qué las autoridades no cumplen con el deber de controlar, y con su omisión han avalado durante años las malas prácticas, por ejemplo, de la Drummond? A pesar de las reiteradas acusaciones que vinculan a algunas compañías con la financiación de grupos armados al margen de la ley e, incluso, con el asesinato de sindicalistas y líderes comunitarios, ¿se les premia con la renovación de las licencias? ¿Qué coherencia hay entre la realidad y el discurso de la verdad, la justicia y la reparación? ¿Y con el de la defensa del interés nacional?
La cuestión no es mínima. El presidente Santos aseguró hace poco en un debate radial en Hora 20, cuando se le preguntó por el asunto, que su gobierno no había otorgado títulos mineros, entre otras razones, porque “todo estaba titulado”. Más duda siembra Gabriel Silva, en su columna de la semana pasada en estas páginas, al afirmar: “La Drummond finalmente confesó que vertió toneladas de carbón al mar. Sería bueno que también le contara al país si los apoyos que le dan a Álvaro Uribe son por los millones de dólares de descuentos tributarios que obtuvieron durante su mandato”. Silencio tuitero.
Ciertamente, las compañías dedicadas a la exploración mineroenergética tienen un enorme poder, extraordinario quizás: poder para transformar positivamente y convertirse en fuentes magníficas de desarrollo local, de iniciativas solidarias y de empoderamiento de comunidades, o, por el contrario, de destrucción del medio ambiente, de corrupción de funcionarios y de saqueo descarado. En eso, la discusión debe alejarse del dogmatismo. No se trata de obstaculizar una actividad económica fundamental para el desarrollo, sino de aprovechar los recursos de manera sostenible y con una clara visión de los desafíos que nos plantea el cambio climático.
La reflexión es profunda y debe leerse a tenor de la fragilidad humana y su estrecha dependencia de bienes sensibles o no renovables, como el agua fresca, el aire limpio, las necesidades básicas de alimentación, consagrados como derechos en un número abundante de normas constitucionales y leyes, así como de instrumentos legales internacionales, tanto declaraciones no vinculantes como tratados de los que se derivan la “obligación de respetar” y el deber de no obstaculizar indebidamente el ejercicio de las actividades de alimentación y acceso al agua, y la “obligación de protegerlos” de terceros (individuos, grupos armados, empresas, etc.) que puedan eventualmente privar a los titulares de su disfrute.
Quisiera apostar por la gestión del ministro de Ambiente, Juan Gabriel Uribe, a quien conozco como una persona culta y decente, pero ¿cuál es su poder real cuando las entidades autónomas regionales encargadas del trámite de los permisos están plagadas de “recomendados”, situados allí por clanes políticos con agenda propia? La confianza inversionista no puede leerse como una invitación al saqueo, ni como la oportunidad para algunos políticos de montarle patrocinio a su ambición desmedida.
Natalia Springer
@nataliaspringer

domingo, 24 de febrero de 2013

El meganegocio de las cesantias


Por Rafael Rodríguez-Jaraba*


Es inaceptable que a las empresas se les exija el pago de un rendimiento fijo del 12% anual por acumular las cesantías de los trabajadores y a los fondos no se les exija el pago de un rendimiento cierto.
Pocas cosas producen tanto malestar a la opinión pública como revisar el régimen aplicable al manejo de las cesantías de quienes ingresaron al mercado laboral mediante contrato de trabajo celebrado con posterioridad al primero de enero de 1991, o de quienes habiéndolo celebrado con antelación a
esta fecha, se han acogido al régimen regulado por la Ley 50 de 1990.

Como bien es sabido, todo trabajador, salvo algunas excepciones, recibe como auxilio de cesantía, un mes de salario por cada año de servicio y en caso de que el período de vinculación sea inferior, un valor proporcional equivalente al período trabajado.

Por mandato de la Ley, si el trabajador se retira antes del 31 de diciembre, el empleador le debe pagar directamente la cesantía causada y un rendimiento del 12% anual sobre el saldo de la cesantía al momento de la liquidación del contrato.

Si el contrato del trabajador tiene continuidad, el rendimiento del 12% lo debe pagar el empleador al trabajador a más tardar el 31 de enero del año siguiente y consignar el valor de la cesantía causada en un Fondo de Cesantías antes del 15 de febrero del año siguiente.

Hasta aquí, todo es claro e inequívoco. Pero a partir del momento en que el empleador deposita el valor de la cesantía en el Fondo, su valor ingresa a un limbo insondable de incertidumbres, en el que no es posible saber, o al menos intuir, cual será el rendimiento que obtendrá la cesantía manejada por el Fondo, pues la misma ley se abstiene de fijarlo y somete su calculo al desempeño futuro e incierto de variables absolutamente incomprensibles para un ciudadano del común.

Es inaceptable que mientras a las empresas se les exige el pago de un rendimiento fijo del 12% anual por acumular las cesantías de los trabajadores, a los Fondos de Cesantías se les exima de garantizar el pago de un rendimiento cierto.

Si bien el 12% de interés que pagan las empresas por las cesantías es oneroso, su pago constituye un derecho adquirido del trabajador, que muy difícilmente podrá algún día llegar a ser desconocido o modificado. Si el pago de 12% es imperativo para las empresas, como mínimo y en aras de la equidad, la ley debería conminar a los Fondos a pagar una tasa igual.

No es comprensible que a una empresa manufacturera se le obligue a pagar un 12% de rendimiento anual, mientras a una institución financiera no se le imponga una tasa determinada, que de consultarse el sentido común, debería inclusive ser superior a la tasa que paga la empresa manufacturera.

Pero para hacer más evidente este despropósito, a partir del momento en que la cesantía del trabajador ingresa al Fondo, por mandato de la Ley el trabajador queda obligado a pagar al Fondo comisiones del 1% y 3% por el manejo de su dinero a corto o largo plazo, y del 0.8% sobre el valor de cada retiro, así como asumir los riesgos que se deriven de las fluctuaciones del mercado.

En resumen, en Colombia y por expreso mandato de la Ley, salvo algunas excepciones, los empresarios están obligados a pagar un interés anual del 12% por acumular la cesantía de los trabajadores, mientras que a los Fondos de Cesantías se les exime de pagar un interés cierto y se les autoriza cobrar abusivas comisiones por manejo y retiros de ellas.

Para ver el origen de semejante despropósito, recordemos que la Ley 50 de 1990 imponía que la rentabilidad de los Fondos de Cesantías no podría ser inferior a la tasa efectiva promedio que pagaban los bancos y corporaciones financieras cuando recibían ahorros y expedían certificados de depósito a término (CDT) con plazo de 90 días (DTF).

Si bien esta norma hacia incierto el rendimiento que devengaban las cesantías manejadas por los Fondos, al menos garantizaba al trabajador percibir un interés igual al que obtendría si constituía un CDT con su cesantía. Pero este derecho se fue diluyendo mediante solapadas reformas y derogaciones tácitas, hasta llegarse a la situación actual, en la que es imposible determinar el interés que devengan las cesantías manejadas por los Fondos.

El despojo del derecho de los trabajadores a recibir un interés igual al DTF constituye una flagrante conculcación de las garantías laborales, que por desconocer un derecho adquirido, quebranta el principio de legalidad y compromete la estabilidad legal y la seguridad jurídica del régimen laboral.

Ante tamaño atropello, las centrales obreras, los dirigentes gremiales, las asociaciones de consumidores y la opinión pública en general han guardado absoluto silencio.

También han callado los gremios de la producción, contestatarios a todo, menos frente a lo que afecte los intereses del sector financiero. La indolencia de los gremios en un asunto de tanta hondura social y económica es francamente inexcusable, y demuestra que para sus dirigentes vale más la solidaridad con los gremios financieros, que los intereses de sus propios afiliados.

También ha guardado silencio el Señor Angelino Garzón, que cuando le conviene funge como apóstol de los trabajadores. Y qué decir de la Corte Constitucional, que silente convalida semejante atentado contra los derechos fundamentales.

Para justificar el desconocimiento de tan claro derecho adquirido, algunos, valiéndose de falsos tecnicismos que confunden a la opinión pública, aducen que las Cesantías deben tener el mismo manejo que las Cotizaciones a Pensiones, desconociendo que las primeras son un ahorro individual cierto con derecho a producir renta y las segundas un aporte a un fondo para provisionar el pago de una obligación futura e incierta, que de hacerse exigible, debe ser indexado a valor presente.

Muchos creen que los abusos en que incurren las instituciones financieras se reducen a los exorbitantes costos de los servicios que prestan, cuando en realidad la mayoría de ellos son invisibles para los ciudadanos y ocurren con la complacencia de la Ley o por tolerancia de las autoridades.

Muchos de los abusos del sistema financiero los origina la misma ley, y con ello, se concentra la riqueza, se masifica la pobreza y se estimula la indignación ciudadana.

Empiezo a perder las esperanzas de que en Colombia haya alguien capaz de instrumentar una verdadera reforma económica, que entre muchos aspectos, le devuelva la racionalidad y la equidad perdida al mercado financiero.

*Consultor jurídico y corporativo especializado en derecho comercial, financiero y contratación internacional. Profesor universitario. Director y socio de Rodríguez-Jaraba & Asociados.

Colpensiones está a punto de colapsar


Por:   23 de Febrero del 2013

Colpensiones, a punto de colapsar

Tutelas la tienen en jaque y hay pérdida de información. Culpan al Seguro y piden nuevo plazo.

La administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) entró a funcionar hace apenas cinco meses, en reemplazo del viejo Instituto de Seguros Sociales (ISS), y ya está en crisis.
Hoy tiene cerca de 800.000 trámites represados, entre solicitudes de reconocimiento pensional, derechos de petición, correcciones laborales ymás de 50.000 tutelas falladas en su contra, que se han traducido en varias órdenes de arresto para su presidente, Pedro Nel Ospina. (Lea: El abecé sobre el funcionamiento de Colpensiones).
EL TIEMPO investigó y estableció que está presentando fallas en el manejo de los datos que heredó del Seguro, situación que han propiciado desde liquidación errada de pensiones hasta pérdida de semanas de algunos cotizantes. De hecho, el propio Ospina le admitió a este diario que ministro del Trabajo, Rafael Pardo, tuvo líos para acceder a su historia laboral.
También tuvieron que pedir ayuda para corregir esos formatos y para elaborar la nómina del primer mes.
Hoy, la situación es tal que Colpensiones admite que es incapaz de atender las peticiones en materia pensional que vienen rezagadas y que está en aprietos para evacuar las 14.000 solicitudes que recibe cada mes.
Con ese argumento, le está pidiendo un salvavidas a la Corte Constitucional: que declare un ‘estado de cosas inconstitucional’. Se trata de un amparo que reconoce una situación generalizada de violaciones de derechos fundamentales y que, de ser admitida, suspendería el cumplimiento de las tutelas e incidentes de desacato.
Además, le daría un año a la entidad para ejecutar un plan de choque.
En su solicitud a la Corte, Colpensiones culpa de esta situación a los problemas estructurales del Seguro, ente en liquidación que le trasladó dos millones de cotizantes, seis millones de afiliados y un millón de pensionados, cuyas mesadas valen 17 billones al año. Y se queja de que este no les cumplió con la entrega de datos.
‘No estan listos’
Pero para la Procuraduría es Colpensiones la responsable del caos. Por eso, en carta al tribunal, la delegada para asuntos de Trabajo y Seguridad Social, Diana Ojeda, le acaba de pedir que no se le otorguen más plazos.
Para Ojeda, eso daría lugar a que evada la responsabilidad que asumió, de administrar el régimen pensional, y a que se incrementen los términos de reconocimiento de derechos de miles de trabajadores. Varios jueces ya acusan a Colpensiones de evadir las notificaciones de fallos de tutela, obstaculizando su cumplimiento y apostándole a posibles nulidades.
Finalmente, la Procuraduría dice que la ineficiencia de Colpensiones no se compadece con la inversión que ha recibido. Antes de su apertura, ya se le habían inyectado más de 167.000 millones y su presupuesto es de 337.000 millones al año.
“Está hecha un caos administrativo y hay problemas en los centros de atención. No estaba lista para asumir el tema pensional y se lo advertimos. Hay 3.600 quejas por pérdida de historias laborales”, dijo Ojeda.
Por su parte, la presidenta del Seguro, Silvia Ramírez, admitió que el tema es una “bomba de tiempo” por el volumen de información que se maneja. Sin embargo, dijo que es culpa del sistema como tal y no del Seguro.
“En año y medio, logramos digitalizar 130.000 nuevas solicitudes, que ya están en manos de Colpensiones. Pero nos llegaron 80.000 más, que se reactivaron del archivo muerto ante la expectativa de la llegada de la nueva entidad. Además, era imposible entregarle a Colpensiones expedientes en 4 horas, como lo pedía”, explicó Ramírez.
Y reveló que ella misma le pidió desde el año pasado a la Corte el salvavidas al que ahora acude Colpensiones. “Si seguimos con la espada de las tutelas, no podremos seguir trabajando”.
Por su parte, el ministro del Trabajo, Rafael Pardo, le dijo a este diario que respalda el S.O.S. que Colpensiones le lanzó, que defiende su gestión y que justifica la situación en el hecho de que los expedientes que esperaban recibir literalmente se les duplicaron.
Al respecto, EL TIEMPO estableció que en la Corte ya hay un proyecto de respuesta a la solicitud de la entidad y que la decisión se tomará en las próximas semanas. En todo caso, la Procuraduría ya empezó a investigar posibles responsabilidades.
‘En un año estamos al día’: Ospina
La cabeza de Colpensiones, Pedro Nel Ospina, rehúsa calificar como crisis el estado de la entidad, aunque acepta que necesita ayuda. “Sería crisis si uno estuviera descabezado sin saber qué hacer”. Y añade que no es cierto que no estaban listos para empezar en octubre pasado. Para él, el problema está en que heredaron miles de trámites rezagados y con términos vencidos del ISS. “Si me dan las herramientas somos capaces de ponernos al día en 12 meses (...) Hubiera dicho que contratáramos más gente, pero tenía que trabajar con lo que me dieron, porque no estoy gastando un peso más de lo que gastaba el Seguro”, afirma. Sobre el plan de choque que le propuso a la Corte, Ospina dijo que consiste en evacuar expedientes por prioridad, y lo primero son los trámites de pensiones por invalidez, y luego de sobrevivientes.
UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com