miércoles, 31 de octubre de 2018

Cotizar por horas: ¿es viable?

elcolombiano.com,
PUBLICADO EL 


En Colombia, según el presidente Iván Duque, la informalidad llega al 50 %, atacarla es una de las necesidades más urgentes. Según los más recientes datos del Departamento Nacional de Estadística (Dane), durante el trimestre junio-agosto de este año había 22,55 millones de ocupados en el país. Y sólo para el octavo mes de 2018, la tasa de desempleo se ubicó en 9,2 %.

“Por primera vez vamos a tener en Colombia que la pensión y la salud se puedan pagar por horas. Ustedes saben que hoy es imposible pagar por horas, lo que hace que la mayoría de trabajos sean informales”, propuso el pasado lunes Alicia Arango, ministra de Trabajo. Esto quiere decir que tanto independientes como empresas podrían contratar y pagar bajo esa modalidad.

Un informe sobre el mercado laboral de 2017 desarrollado por la Escuela Nacional Sindical (ENS) encontró que de 100 ocupados, 49 son asalariados. Y mostraba que de 10 ocupados, cinco “están dedicados al rebusque”, y de estos cinco, tan sólo tres cotizaban.

Para Luis Ernesto Gómez, exviceministro de Trabajo, la propuesta es buena, viable y necesaria “pero no es la iniciativa que necesita el país para atacar los altos niveles de informalidad existentes, como lo presentó la ministra Arango. En esa materia se requiere de una política integral y ese es uno de los puntos más importantes”.

El año pasado, de acuerdo con cifras expuestas por la ENS, había en Colombia 643.501 trabajadores independientes afiliados a seguridad social. Empleados que por demás han venido solicitando otra serie de beneficios (ver Radiografía).

Uno de ellos, aprobado en una norma expedida el pasado 23 de julio, brindó el alivio a esta población para realizar los pagos a seguridad social con mes vencido y no anticipado. Queda pendiente la petición de no tener que pagar aportes por cada uno de los contratos o trabajos realizados en calidad de independiente.

Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, cree que puede haber ambiente para la propuesta, por demás necesaria, pero la correlación con los servicios de salud debe mantenerse. “Es decir, el hecho de que se pueda dar que los trabajadores independientes coticen por horas no debería deteriorar la suficiencia en la prestación de los servicios de salud. Si una mujer embarazada o una persona con cáncer requieren de atención especializada, no debería limitarse por esa modalidad de cotización”, añadió Jaramillo.
Por ahora, Arango aseguró que la propuesta se ampliará y discutirá más a profundidad cuando se presente mediante el marco de un proyecto de Ley
la tasa de desempleo en el país durante agosto, según datos del
Para los analistas consultados por EL COLOMBIANO la medida sí es necesaria, pero no es suficiente para impulsar la formalidad en el país, que supera el 50 %, según el presidente Duque.

En entrevista con W Radio, la ministra Alicia Arango dio a conocer que se han dado acercamientos con aplicaciones como Rappi con la idea de que se empiece a trabajar para que aquellas personas que utilizan la aplicación como fuente de ingresos, hagan los aportes a salud, pensión y riesgos laborales correspondientes. Arango recalcó lo complicado que es para un rappitendero destinar lo que gana por realizar este tipo de actividades para la manutención personal o familiar, y además de esto destinar parte del pago que recibe mensualmente para hacer las cotizaciones de seguridad social. Aún no se confirman herramientas o decisiones para mitigar ese pendiente.



Reflexiones al tema pensiones

ESCLAVOS POR $ 51 MIL...

EL JODARIO.COM, Publicado en Diario ADN noviembre 1  2018

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Si la anterior reforma tributaria era marcadamente oligárquica, ésta, que viene disfrazada de ley de financiamiento, no solo es miserable sino que parte equivocadamente de la creencia de una nueva pirámide social.Y es miserable porque una ley que se presente para dizque redimir el déficit heredado de miles de millones   y  que en ninguna parte reduzca el gasto del monstruo estatal, resulta humillante. Y no puede estar más equivocada porque lo que no lograron ni Engels ni Marx, ni siquiera Mao,lo pretendan instaurar  entre el señor de   los bonos del agua y unos congresistas hambrientos de mermelada.
 Creer que en Colombia existen 4.3 millones de familias esclavas a las cuales se las puede apaciguar entregándoles $ 51.300 a través de la misma cuenta bancaria por donde se reparten los subsidios de Familias en Acción, es admitir que esos 20 millones de colombianos son esclavos y se los calma con un faraónico  mendrugo de pan.
 Arrebatarles ese mendrugo a los otros 15 millones de colombianos que ganen más de 900 mil pesos mensuales y menos de 5 millones,para que ellos asuman con detrimento a sus finanzas hogareñas la responsabilidad de financiarles  el nuevo subsidio que se crea para los esclavos,es establecer el régimen de clases sociales no por estratos sino por la dosis de humillación que el gobernante les asigna.
Como el IVA lo vamos a pagar  todos por todo.Como quieren calmar el déficit, exprimiéndonos los bolsillos, no suprimiendo  la mitad de los ministerios,ni parando el aumento anual de sueldos de congresistas y empleados de alto rango y menos acabando con el despilfarro que dejaron entronizado, esta Reforma Miserable desprestigiará al gobernante y abrirá la Caja de Pandora que los populistas de izquierda y derecha siempre han querido que se abra para pescar en rio revuelto.
@eljodario


Reflexiones al tema pensiones

martes, 30 de octubre de 2018

Los malabaristas


 
28 de octubre 2018 
Paola Ochoa


A la clase media que con su sueldo va a cargar con los pecados del despilfarro.

Los ministros de Hacienda son como los equilibristas de los circos: verdaderos expertos en caminar por la cuerda floja y hacer números que parecen imposibles desde el suelo. Acrobacias en las que Alberto Carrasquilla se está volviendo experto; no solo porque se salvó de la censura en el Congreso, sino porque esta semana presenta allí mismo su ley de financiamiento.
Una ley que no es otra cosa que una reforma tributaria, pero disfrazada estratégicamente con otro vestido por los trapecistas en comunicaciones del Gobierno. Pero que no nos crean tan pendejos: se vienen cambios en las bases y tasas de los impuestos, los dos principales cimientos de una reforma tributaria en cualquier rincón del universo.

Tampoco es que se trate de nada nuevo: menos impuestos para las empresas, cambios en el IVA y devolución de este último para los más pobres. Un rollazo que ya está inventado en otros países, como Chile, Uruguay o México. Pero que en Colombia puede enredarse por la cantidad de colados en el Sisbén y Familias en Acción, dos mecanismos presos de la politiquería y la corrupción.

Pero la forma no mata el fondo: hay que encontrar 14 billones de pesos para tapar el hueco del presupuesto del próximo año. Un presupuesto que será más derrochón que el anterior, como quedó claro esta semana con el paseo del Presidente para visitar al papa Francisco en el Vaticano.

¿Se necesitaba llevar una comitiva tan generosa a territorio romano? ¿Esposas, mamás, suegras, ministros, periodistas y amigos cercanos? ¿Quieren ponerle IVA al tomate y la lechuga mientras se gastan un dineral en un paseo a costillas del bolsillo de los colombianos? ¿En especial a los de clase de media, que van a llevar la peor tajada en esa ley de financiamiento?

Porque en eso consiste el acto de malabarismo del Gobierno: que los ricos queden muy contentos, que los pobres queden como siempre y que la clase media pague los platos rotos del desfinanciamiento del Gobierno.

Una clase media que no tiene posibilidades de hacer ‘lobby’ ante el Congreso porque los políticos representan los intereses de los contratistas y no de los colombianos de ingresos medios.

Esa misma clase que hoy marcha por mejores universidades públicas y exige una inversión en infraestructura para no morir aplastada por un techo en la mitad de una clase dada por un profesor con bajo sueldo.

Una clase media que hace filas eternas por una cita médica tras el descalabro de Medimás, un experimento que ha fracasado sistemáticamente en el pasado y que se sabía de antemano que iba a colapsar.

Esa misma clase media que casi nunca alcanza a completar las semanas necesarias para tener una pensión y poderse jubilar. Y lo más triste de todo es que no tiene ninguna posibilidad de movilidad social, cortesía de un servicio civil politizado y de unas ofertas de empleo que funcionan con favores y amiguismo.

O Duque no está pensando, o se está haciendo el que no piensa. Porque aunque acaba de salvarle el pellejo a su ministro de Hacienda, aún lo espera lo más complicado en toda esta treta: pasar una reforma tributaria camuflada en una ley de financiamiento y lograr que la gente no se rebote y lo entienda.

Una tarea digna de un equilibrista prestidigitador. Así que prepárense para otro Año Nuevo con más tributos y pasen el guayabo con un caldo con impuesto al valor agregado.

PAOLA OCHOA
En twitter: @PaolaOchoaAmaya


Reflexiones al tema pensiones

domingo, 28 de octubre de 2018

Unificar elecciones es deteriorar la democracia

Por: Rodrigo Uprimny

En mi última columna expliqué por qué la norma transitoria que alarga el período de alcaldes y gobernadores para buscar la unificación de las elecciones nacionales y territoriales es antidemocrática y groseramente inconstitucional. En esta columna muestro que la propuesta misma de unificación de estas elecciones, incluso con un buen régimen de transición, es una mala idea para la democracia colombiana.
El efecto esencial de esta unificación es que tendremos unas elecciones generales en donde en un solo día, cada cuatro años, votaremos por alcaldes, concejales, gobernadores, diputados, representantes y senadores. Y unas semanas después por presidente. El resultado es obvio: las dinámicas electorales nacional y territorial se condicionarán mutuamente en forma intensa, pues son pocos los ciudadanos que en una elección general separan su voto local y su voto nacional. La gran mayoría tiende a votar por las mismas fuerzas políticas tanto a nivel local como a nivel nacional, lo cual tiene al menos tres implicaciones negativas.
Primero, ahoga la democracia local, pues los debates y movimientos políticos nacionales tendrán una incidencia decisiva en las votaciones locales. Será entonces muy difícil que surjan movimientos políticos locales o regionales renovadores, que ganen al electorado local, con una relativa independencia de las dinámicas nacionales.
Una de nuestras riquezas democráticas en las últimas décadas ha sido precisamente el surgimiento de esos movimientos políticos locales y regionales renovadores, en donde han surgido además liderazgos políticos muy importantes. Todo eso fue posible porque la Constitución de 1991 separó las elecciones nacionales y regionales, a fin de fortalecer y enriquecer la democracia local y las autonomías territoriales. Todo esto quedaría en grave riesgo si las elecciones son unificadas, con grave afectación del pluralismo y de la democracia local.
Segundo, y ligado a lo anterior, la unificación de elecciones incrementa los riesgos de polarización, pues el alineamiento político nacional tenderá a replicarse en las elecciones locales, con lo cual se forman identidades políticas más rígidas. Por el contrario, la separación de las elecciones permite más fácilmente que una persona vote por un partido a nivel nacional y luego, dos años después, vote por otra fuerza a nivel local. Las identidades políticas son entonces más fluidas y plurales, lo cual reduce la polarización, que es uno de los peores males de las democracias contemporáneas.
Finalmente, la unificación de las elecciones hace que las fuerzas ganadoras a nivel nacional carezcan de contrapesos locales, pues se trataría probablemente de las mismas fuerzas. Los riesgos de copamiento de todo el Estado por esas fuerzas triunfantes coyunturalmente en una sola elección general son entonces grandes, con lo cual corremos el riesgo de que cometan abusos.
Es el riesgo de la tiranía mayoritaria, que tanto temieron los padres de la Constitución de Estados Unidos, como James Madison, por lo cual evitaron cuidadosamente que hubiera elecciones generales, pues temían que todo el Estado pudiera ser copado por una misma mayoría en una sola elección. Por eso no solo adoptaron el federalismo, que separa las dinámicas federales y estaduales, sino que a nivel federal separaron los períodos del presidente (cuatro años), de los senadores (seis años, que se renuevan por tercios cada dos años) y de los representantes a la Cámara (períodos de dos años). Pero, claro, algo va de Madison a… Macías.

Reflexiones al tema pensiones

Potenciar el clientelismo


elpais.com.co, Octubre 26, 2018 
 Por: Gustavo Duncan

Potenciar el clientelismo
La propuesta de unificar las elecciones locales y las nacionales está soportada por muy buenos argumentos. En principio significa un ahorro sustantivo de recursos por todos los costos en que se deja de incurrir en una elección menos. También es cierto que un inicio similar de mandatos podría ayudar a sincronizar y articular los planes de desarrollo en el nivel nacional y local y que evitaría todos los problemas contractuales que padecen los gobiernos locales por el tema de la ley de garantías en medio de su mandato.

Sin embargo, se corre un riesgo enorme si se unifican las elecciones de los Ejecutivos locales con las de los Ejecutivos nacionales, incluso con la del Congreso. De momento en Colombia se puede observar un agudo contraste entre el peso que tiene el clientelismo en las elecciones de alcaldes y gobernadores y las presidenciales. Es muy difícil que un candidato llegue a la Presidencia basado en un número significativo de votos comprados o del soporte de clientelas políticas. Incluso si el grueso de la clase política decide soportar al candidato, con sus propias clientelas, la diferencia que pueden marcar es muy reducida.

Solo en casos en que las diferencias en la popularidad de los candidatos no es muy significativa el respaldo de las clientelas de la clase política puede marcar la diferencia entre ganar y perder. Las elecciones de 2014 dicen mucho al respecto. Al día de hoy se sabe que Juan Manuel Santos ganó gracias al respaldo de Ñoño Elías y Musa Besaile en la costa Caribe. Este respaldo fue financiado con recursos provenientes de la multinacional Odebrecht. La pequeña ventaja que tenía Óscar Iván Zuluaga en la primera vuelta se evaporó con los votos de Ñoño y Musa.

Pero si las diferencias en la intención de voto por opinión son significativas es poco lo que las clientelas pueden hacer. En las elecciones pasadas se creía que Vargas Lleras iba a ser un candidato imbatible porque había manejado gran parte de los recursos del Estado y había formado una coalición impresionante de caciques políticos. La realidad mostró que los caciques no eran muy agradecidos. Apenas Vargas se desinfló en las encuestas corrieron a las otras campañas.

La falta de gratitud es conveniente porque de otro modo las elecciones presidenciales estarían marcadas por la influencia de la clase política y sus clientelas en sus resultados. Ese es precisamente el gran riesgo que se corre si se unifican las elecciones a presidente con las de gobernadores y alcaldes. Eventualmente podría no haber tiempo para que alcaldes y gobernadores se olvidaran de su gratitud con el Gobierno Nacional. La estrategia obvia del presidente sería inyectar recursos públicos a los candidatos a las alcaldías y gobernaciones que apoyen a su candidato a la Presidencia y, por qué no, a sus candidatos al Congreso. De esa manera la gravedad de la actual situación de corrupción y clientelismo se dispararía.

La unificación de las elecciones incrementaría así la capacidad de las clientelas políticas de incidir en los resultados de las votaciones nacionales. Si antes solo podían mediar cuando las diferencias eran pequeñas con la unificación, el clientelismo podría voltear diferencias superiores. Por eso, la propuesta de unificación debe ser tomada con pinzas si no se quiere que en corrupción se pierdan de lejos muchos más recursos que lo que se pueda ahorrar con una elección menos.


Reflexiones al tema pensiones

sábado, 27 de octubre de 2018

¿Más ‘Ñoños’ al poder?

 
27 de octubre 2018 

Jaime Castro
Convirtieron entidades territoriales en feudos podridos que manejan roscas y clanes familiares.

Las críticas situaciones que viven buen número o la mayoría de municipios y departamentos no obedecen a que sus planes de desarrollo no coincidan en el tiempo con los de la Nación ni a que la elección de sus autoridades no se realice con las del Gobierno central y el Congreso, como piensan quienes piden unificar el calendario electoral y prorrogar más de dos años el periodo de los actuales ediles, concejales, diputados, alcaldes y gobernadores.
Las causas son otras. Tienen que ver, sobre todo, con el deterioro de nuestras prácticas políticas, que convirtieron las entidades territoriales en feudos podridos que manejan roscas, camarillas y, a veces, clanes familiares. Los motivos de los congresistas que razonan, como antes se dijo, no son, entonces, los que presentan públicamente. Los anima el propósito de apoderarse de los municipios y departamentos que todavía no han logrado controlar.

La descentralización, inicialmente, cambió el mapa político (acabó el monopolio liberal conservador en alcaldías y gobernaciones) y produjo notables resultados económicos y sociales (garantizó inversión pública en todo el país, amplió la cobertura y mejoró la calidad de varios servicios públicos). Así lo establecieron el Banco Mundial y el Departamento de Planeación.

Como la clase política con asiento en el Capitolio no se conforma con la ‘mermelada’ nacional que últimamente recibió, decidió ir por las entidades territoriales, que son atractivos centros de poder: tienen puestos, contratos, presupuestos bien financiados y ejercen interesantes –de pronto lucrativas– funciones, para lo cual deben elegir como alcaldes y gobernadores a sus amigos y familiares más cercanos, gracias a su ‘know how’ electoral y al peso de sus recursos y maquinarias, que se emplean a fondo porque también se juega la reelección de representantes y senadores.

Fue este bacilo el que pervirtió la descentralización y la convirtió en sinónimo de politiquería y corrupción, hecho del que no se ocupa el Congreso, aunque su eliminación produciría más ahorro que suprimir las elecciones territoriales.

Como el presidente Duque ha proscrito la ‘mermelada’, quienes no sobreviven políticamente sin ella, con mayor razón ahora pretenden las alcaldías y gobernaciones, fáciles de conseguir si se juntan las campañas territoriales con las nacionales, porque estas últimas dominarían el escenario y el voto de la ciudadanía, después de ahogar expresiones locales y regionales cuya identidad y valores respetó la Carta del 91 con la separación de las elecciones, porque si se ‘amarran’ las territoriales a las nacionales, los ‘Ñoños’ de todos los partidos se tomarían los centros de poder regional y local que todavía no son suyos.

Unificar el calendario electoral y prorrogar periodos son además decisiones inconstitucionales. Si el Congreso puede prorrogar mandatos populares, también podría recortarlos, tanto los de las autoridades citadas como los del Congreso y el presidente de la república. Sin embargo, no puede hacerlo porque está habilitado para reformar la Constitución, pero no para sustituirla por otra distinta cambiando sus principios fundamentales y su ordenamiento institucional.

No puede por ello eliminar los principios rectores de la democracia, la descentralización y la autonomía territorial. Varias sentencias de la Corte han tumbado normas que sustituían la Constitución. También han prohibido legislar con nombre propio, como ocurriría en este caso, porque son conocidos los beneficiarios de la prórroga.

No obstante el clima anticorrupción que hay en el país, las instancias decisorias en la materia guardan silencio sobre la politiquería y corrupción de municipios y departamentos y no proponen nada para combatir las conductas dolosas de quienes los gobiernan.

JAIME CASTRO
jcastro@cable.net.co



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Fedesarrollo y su propuesta de reforma pensional

actualicese.com, Publicado: octubre 15, 2018


Subsidios a pensionados de altos ingresos deben eliminarse para reducir actual deuda pensional

Subsidios a pensionados de altos ingresos deben eliminarse para reducir actual deuda pensional.

Leonardo Villar, director de Fedesarrollo dice que la reforma pensional que se presente no puede proponer cambios para los pensionados actuales ni para los que les falten diez años o menos para pensionarse, excepto los impuestos para pensiones altas. ¿Qué otros puntos propone la entidad?
El 3 de octubre de 2018, durante el seminario Retos del sistema pensional en Colombia, organizado por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras –Anif– y Asofondos, Juan David Correa, presidente del consejo directivo de Asofondos y de Protección intervino con su exposición ¿Cómo convertir los problemas de inequidad y gasto público del sistema pensional colombiano en oportunidades?, sobre la cual realizamos una síntesis en nuestro editorial 12 millones de adultos mayores no se pensionarían en Colombia: ¿qué hacer ante esta situación?
Leonardo Villar, director de Fedesarrollo también intervino en el evento en el cual tocó varios puntos de lo que sería una propuesta de reforma pensional, a través del documento Elementos para una reforma al sistema de protección económica a la vejez en Colombia.

Aumentar la edad de pensión e impuestos para pensiones altas

Siete puntos se deben tener en cuenta desde el punto de vista de Fedesarrollo para mejorar la tasa de reemplazo en el sistema de capitalización y reducir la magnitud del subsidio público:
  1. Aumentar edad de pensión y generar convergencia entre las de hombres y mujeres.Desde 1993 se ha aumentado en 2 años, mientras la expectativa de vida lo ha hecho en 6 años para mujeres y 8 para hombres.
  2. Eliminar los aportes al fondo de garantía de pensión mínima –FGPM– y al fondo de solidaridad pensional –FSP–, que constituyen impuestos sobre las cotizaciones y desestimulan la formalización del empleo.
  3. Ajustar la pensión de sobrevivencia del 100 % actual al 75 % de la pensión del fallecido.
  4. Remunerar las AFP por saldo administrado y no por monto cotizado.
  5. Unificar la tasa de cotización en 18 %.
  6. Unificar en 1.150 el número de semanas de cotización requerido para acceder a la pensión mínima (que hoy es de 1.300 para el Rais), lo cual podría mejorar la cobertura.
  7. Establecer impuestos a las pensiones altas.

¿Mantenerse o cambiar al esquema multipilar?

Desde Fedesarrollo se piensa que se debe respetar la jurisprudencia, y toca puntos para ser tenidos en cuenta en el régimen de transición, a saber:
  • Ningún cambio para los pensionados actuales ni para los que les falten diez años o menos para pensionarse, excepto los impuestos para pensiones altas.
  • Los trabajadores a los que les faltan más de 10 años y menos de 20 para pensionarse deben escoger entre mantenerse en el esquema actual de Rais, el esquema actual de Colpensiones o el esquema de pilares.
  • Los trabajadores a los que les falten más de 20 años para edad de pensión entrarían al sistema de pilares.
  • La propuesta no afecta los saldos acumulados por los actuales afiliados a las AFP. Se refiere a los nuevos flujos y no a los stocks.

¿Cuál sería el impacto fiscal de esta propuesta pensional?

“en el largo plazo la propuesta implica eliminar los subsidios a los pensionados de altos ingresos, lo que haría que se redujera una gran magnitud de la deuda pensional actual”
Villar explica que en el largo plazo la propuesta implica eliminar los subsidios a los pensionados de altos ingresos, lo que haría que se redujera una gran magnitud de la deuda pensional actual. Por otra parte, en el corto y mediano plazo (30 – 40 años), dada la actual composición de los ingresos de la población trabajadora en Colombia, donde el 84 % cotiza menos de 2 smmlv, el nuevo sistema de pilares tendría un impacto positivo sobre el balance del sistema público en el corto y mediano plazo.
“Como el Estado financia anualmente el déficit del sistema pensional, esta mejora del balance tiene un impacto directo e inmediato sobre el déficit fiscal del Gobierno nacional central que estimamos en alrededor de 0,6 % del PIB anual”, explica el documento de Fedesarrollo.

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