sábado, 29 de febrero de 2020

¿Cómo leer una declaración de renta en Colombia?


 
Declaracion renta funcionarios del estado

Qué declararon y qué impuestos pagaron los senadores Uribe y Bolívar.

Ricardo Bonilla Gonzalez Ricardo Bonilla González*

La alegría de leer

Por primera vez se han hecho públicas las declaraciones de renta de congresistas y altos funcionarios del Estado.
Esto es normal desde hace medio siglo en democracias consolidadas, pero en Colombia fue necesaria la Ley 2013 de diciembre de 2019 para que la información financiera básica de nuestros dirigentes por fin quedara sujeta al escrutinio público.
La publicación de estos documentos ha despertado todo tipo de comentarios, especulaciones y descalificaciones, qué fulano sí pagó, qué no pagó, qué si es el renglón 103 o el renglón104. En fin, los contadores aclararon la lógica de los números y la existencia de saldos a favor o en contra, mientras que algunos políticos acusaron a los analistas de no saber “leer una declaración de renta”.
Pues bien, este escrito se ocupa de cómo leer la declaración de renta de una persona natural en Colombia. En contraste con otros países, donde el proceso es muy simple, aquí es común encomendar la elaboración de este documento a un contador profesional que conozca las sutilezas, recursos y escapatorias del complicado y muchas veces reformado Estatuto Tributario.

1. Qué hay en una declaración de renta

Empecemos diciendo que el formulario 210, “declaración de renta y complementarios personas naturales”, se compone de cuatro partes: a) información sobre el patrimonio de la persona, b) información sobre sus ingresos y deducciones, c) liquidación del impuesto de renta, y d) forma de pago del impuesto.
El formulario resume información que se desglosa en anexos detallados (los cuales no son de conocimiento público); para efectos de ilustración, tomaré el material divulgado por los senadores Álvaro Uribe y Gustavo Bolívar.
En las rentas de capital, el senador Uribe indica no tener actividad distinta de la de Congresista -es decir que de su gran riqueza en tierras no deriva ningún ingreso a declarar
Además de las sumas y las restas, la declaración dice ciertas cosas sobre la actividad económica de la persona, es decir, sobre sus propiedades y sus ingresos, sobre el carácter de su patrimonio y sobre el uso de este patrimonio para generar rentas o ingresos. Uno esperaría que el patrimonio sea la fuente de los ingresos, que las personas se dediquen a producir, y que con estos ingresos paguen sus gastos de consumo, inviertan para tener más riqueza y paguen sus impuestos.

2. Qué es – y cómo se valora -el patrimonio.

El patrimonio es el total de activos que posee una persona, esto es la suma del valor de las fincas, lotes, construcciones, maquinaria, equipo, semovientes, ahorros financieros, CDTs, reserva acumulada de pensiones voluntarias, cesantías, acciones o participaciones en sociedades, cuentas por cobrar y otros ítems similares.
El patrimonio bruto es el valor fiscal de estos activos, expresado en función del avalúo catastral de bienes inmuebles, el valor histórico de la maquinaria, los saldos de activos financieros, el valor de las acciones en bolsa a 31 de diciembre del año respectivo, y así para otros bienes.
El patrimonio líquido se obtiene al restar del patrimonio bruto todas las deudas que tenga la persona.
El valor fiscal siempre será objeto de discusión, sobre todo en activos inmobiliarios donde hay contrastes marcados en el valor catastral entre ciudades modernas como Bogotá y Medellín, disparejas como Barranquilla y desactualizadas como el resto del país, especialmente en el área rural.
La desactualización se expresa en vigencias del valor fiscal superior a siete años, en algunos casos por encima de veinte años, y las brechas consiguientes con relación al valor comercial. Técnicamente se espera que el valor fiscal o catastral equivalga, al menos, al sesenta por ciento del valor comercial; pero con la desactualización ese valor puede ser del diez o el veinte por ciento del precio real. De aquí la urgencia del catastro multipropósito.

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Los patrimonios de los dos senadores

El senador Uribe declaró un patrimonio bruto de 12.352 millones de pesos, que está compuesto por diez lotes rurales, de gran extensión, localizados en los municipios de Montería y San Carlos, una cuenta en Colombia y otra en Estados Unidos, sin acciones ni activos financieros. Las deudas fueron contraídas con dos bancos, Itau y Colpatria, dejando un patrimonio líquido de 9.415 millones.
Montería y San Carlos son áreas catastralmente desactualizadas y si el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) hiciera su tarea, seguramente el valor fiscal sería mucho más alto. Siendo cauto, diría que el patrimonio bruto de Uribe ronda los 36 mil millones y su patrimonio líquido ronda los 33 mil millones.
El senador Bolívar declara un patrimonio bruto de 5.487 millones y está compuesto por una casa, un apartamento y un yate en Miami, un apartamento en Bogotá y cinco predios urbanos en Girardot, donde tiene inversión hotelera, acciones en cuatro sociedades de economía naranja, cuentas financieras en Colombia y Estados Unidos. Las deudas corresponden a tres bancos (Of América, BBVA, Bogotá) y a personas particulares, dejando un patrimonio líquido de 3.729 millones.
El catastro de Miami no es jurisdicción colombiana, el de Bogotá es el más actualizado y existe desactualización urbana en Girardot. Si el IGAC hiciera la tarea en Girardot el patrimonio de Bolívar podría aumentar en unos mil millones, para un patrimonio bruto aproximado de 6.500 millones y uno líquido de 4.800 millones.

3. Origen y distribución de los ingresos

Los ingresos de una persona natural se distribuyen entre cinco fuentes y cada una se trata por separado: a) los del trabajo, incluyendo salarios y órdenes de prestación de servicios, b) los de pensiones, c) los de capital, incluyendo actividades independientes de producción o servicios, emprendimientos e ingresos derivados de activos financieros, d) los de dividendos, incluyendo utilidades por acciones, y e) las rentas no laborales, una caja negra donde entra todo aquello que no clasifique en los rubros anteriores, incluyendo actividades agrícolas, ganaderas y de personas que subcontraten con terceros.
El senador Bolívar, concentra su actividad en las sociedades de economía naranja
(a) Ambos senadores reportan ingresos por trabajo. El senador Uribe por un año como congresista y algún contrato de prestación de servicios (del cual pidió que 9, 4 millones de pesos no fueran constitutivos de renta), lo cual arroja un ingreso bruto de 457 millones, y un ingreso líquido de 448 millones. Por su parte, el senador Bolívar fue congresista durante cinco meses y tuvo diversos contratos de prestación de servicios, sobre los cuales también pidió que 144,1 millones no fueran constitutivos de renta, para un ingreso bruto de 553 millones y líquido de 408,7 millones.
Ambos senadores pidieron las deducciones de Ley, y se acogieron a sus límites -no superar el cuarenta por ciento de la renta líquida por concepto de trabajo, ni las 5.040 Unidades de Valor Tributario es decir 160,5 millones). Este tope, aunque es legal, es muy alto y solo beneficia a las personas de muy altos ingresos, como los dos congresistas, y debe ser reducido, al menos a la mitad.
Después de las deducciones aceptadas por la ley, a los senadores Uribe y Bolívar les quedó una renta líquida gravable por concepto de trabajo de 310,6 y 250,9 millones de pesos, respectivamente. Uribe pidió deducciones por 137 millones y Bolívar por 157,9 millones – que en ambos casos superan los 150 salarios mínimos vigentes del año 2018-.
(b) En la sección de pensiones, el senador Uribe declara ingresos por 51 millones – lo cual no corresponde a su pensión como expresidente, que debe estar suspendida porque la ley prohíbe recibir doble ingreso de la Nación-. Queda la duda sobre el tipo de pensión que tiene el senador, la cual debe ser privada, para que la reciba y declare. El senador Bolívar no está pensionado.
(c) El gran contraste se encuentra en las rentas de capital, donde el senador Uribe indica no tener actividad distinta de la de Congresista -es decir que de su gran riqueza en tierras no deriva ningún ingreso a declarar: estas fincas producen solo gastos-. De hecho, el único ingreso de capital son treinta mil pesos aparentemente por concepto de intereses, de los cuales quedan trece mil para agregar a la renta líquida gravable.
El senador Bolívar, en cambio, concentra su actividad en las sociedades de economía naranja donde es guionista, libretista, productor y propietario de derechos de autor, declarando un ingreso bruto de 4.078 millones. Después de descontar costos y gastos inherentes a la actividad y aplicar el tope del diez por ciento del ingreso bruto como renta exenta, le queda una renta líquida por rentas de capital de 2.654,7 millones -la cual se agrega a la base gravable para liquidar el impuesto de renta-.
(d) Ninguno de los dos senadores declara ingresos por dividendos, porque no tienen acciones ni participación en sociedades inscritas en la Bolsa de Valores. También porque el senador Uribe declaró ante el Departamento de la Función Pública que no es socio de ninguna sociedad ni desarrolla actividades ni inversiones distintas de la de congresista –mientras que el senador Bolívar es socio activo de cuatro sociedades creativas, símbolo de la nueva economía naranja, que no repartieron dividendos-.
(e) Finalmente, el senador Uribe tuvo su mayor ingreso en la sección de rentas no laborales, por 1.216,5 millones, declarados en su totalidad como ingresos no constitutivos de renta, por tanto, con renta líquida de cero. Le corresponde a la DIAN definir que hay ahí, en esa caja negra. Se sospecha que es dinero que viene de la Registraduría, por reposición de votos de la campaña al Senado, financiada por donaciones y que se convierte en un ingreso personal y no del partido al que pertenece. El senador Bolívar no declara nada en este ítem.

Lea en Razón Pública: ¿Son deducibles las regalías como costo en el impuesto de renta?

4. Cómo se liquida el impuesto de renta

Para liquidar ese impuesto de renta se siguen cuatro pasos: a) se totalizan las rentas liquidas de las cinco secciones (renglón 75); b) se calcula la renta presuntiva (renglón 76); (c) se identifica la más alta entre las dos anteriores, y d) a este valor se aplica la tarifa de la DIAN para liquidar el impuesto respectivo (renglón 88).
La renta presuntiva es el valor mínimo que debería producir el patrimonio de la persona, excluyendo su vivienda, bajo el supuesto de que la riqueza no puede ser ociosa (“si Usted es el dueño de algo, algo le debe entrar”. En el caso del senador Uribe, con el valor fiscal declarado por sus lotes, la renta presuntiva es de 179,8 millones, mientras que la del senador Bolívar es de 98,5 millones. En ambos casos la renta líquida gravable es mayor que esta renta presuntiva –o sea que en ambos casos el impuesto se liquida sobre la base de las rentas declaradas-.
Si los activos estuvieran actualizados catastralmente, la renta presuntiva sería más alta. En el caso del senador Uribe, con un valor fiscal de 33 mil millones de pesos, la presuntiva seria de, aproximadamente seiscientos millones, mayor que la declarada, mientras que las del senador Bolívar subiría hasta los 120 millones y seguiría siendo inferior a la declarada.
Definida la base gravable, se obtiene el impuesto a pagar. Para el senador Uribe es de 83,7 millones de pesos, equivalente a la tasa del 27 por ciento de la renta gravable y al 18 por ciento de todos los ingresos obtenidos, mientras que para el senador Bolívar el impuesto a pagar es de 975,6 millones, equivalente a la tasa del 33 por ciento sobre la base gravable y al 21 por ciento de todos los ingresos obtenidos.
Sí al senador Uribe se le hubiera liquidado sobre la renta presuntiva con valor fiscal actualizado, el impuesto a pagar habría sido, aproximadamente, de 160 millones.

5. Cuánto y cómo pagaron los senadores Uribe y Bolívar

El impuesto liquidado no corresponde a lo pagado en el momento de presentar la declaración.
Para encontrar el saldo a pagar o a devolver al contribuyente, se tienen en cuenta cuatro datos: a) las donaciones que haya hecho la persona, b) las retenciones que les han sido efectuadas o sea los impuestos pagados por anticipado, c) los anticipos del impuesto que fueron pagados en la declaración del año anterior y 4) los anticipos previstos para la vigencia del 2019.
Para el senador Uribe, el saldo a pagar fue cero ($0), dado que el impuesto se había pagado con retenciones y el anticipo del año anterior. Es más: el potencial saldo a favor fue dejado como anticipo para el impuesto del 2019.
Para el senador Bolívar, el saldo a pagar fue de 1.528 millones, pues del valor liquidado le fueron descontadas donaciones (por 28,7 millones) y retenciones de impuestos, además de incluir el anticipo para el 2019 (por 645,6 millones).

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¿A quién le va mejor con los impuestos?

Además del impuesto de renta, los dos senadores debieron pagar otros impuestos directos relacionados con la composición del patrimonio.
Al senador Uribe, el impuesto a la riqueza (en el equivalente al uno por ciento del patrimonio líquido), por superar el umbral de los cinco mil millones de pesos, más el impuesto predial de sus diez lotes.
Al senador Bolívar no le tocó pagar impuesto a la riqueza, por no superar el umbral, y pagó el impuesto predial sobre los bienes ubicados en Colombia.
  • Según lo reportado por el senador Uribe, pagó por la vigencia del 2018, impuestos directos por 208 millones -84 por renta, 94 por patrimonio y 30 por predial, este último, aparentemente a la tasa del 2,5 por mil, inferior al promedio nacional del 4,8 por mil. Si estuviera actualizado el catastro, habría tenido que pagar 583 millones así: 160 por renta, 330 por patrimonio y 93 por predial.
  • En contraste y sin conocer lo pagado en predial, el senador Bolívar pagó por la vigencia del 2018, impuesto de renta por 947 millones y cero en patrimonio. Por el apartamento reportado en Bogotá debió pagar predial de 12 millones, a la tasa del 11 por mil. Quedaría por saber lo de Girardot.
El senador Uribe milita en dos causas nefastas para el interés nacional y sobre las cuales tiene conflicto de interés en el Congreso, la de evitar la actualización catastral rural y la de usar la renta presuntiva como base para liquidar el impuesto de renta. En ambas causas ha tenido éxito. Según lo declarado a la DIAN, su riqueza no genera ingresos, es improductiva y símbolo de poder territorial. Los impuestos directos los pagó de ingresos derivados de su relación con el Estado, sueldos e ingresos no laborales, su riqueza se construye exprimiendo al Estado.
El senador Bolívar es exponente de lo que el gobierno llama “economía naranja” y pone su riqueza a producir y generar nuevos ingresos, de allí deriva sus medios de vida y paga impuestos. En este caso, la riqueza cumple su función social, producir y crecer.
* Profesor pensionado de la Universidad Nacional de Colombia. 


Reflexiones al tema pensiones

miércoles, 26 de febrero de 2020

Inhabilidades definitivas, ¿cuándo?

 www.cronicadelquindio.com, FEB 27 2020
Por: Juan José Orrego López


Juan José Orrego López

El doctor Francisco Barbosa, en su posesión como fiscal, planteo que no manejará “agendas dobles” trazando una invitación para establecer inhabilidad temporal” con los jefes de los organismos de control e investigación, Procurador y el Contralor Nacional, intentando calmar las aspiraciones a la Presidencia de la República en sus retiros, iniciativa sana, que, a pesar de su aparente bondad, da motivos para generar ciertas dudas.
Si la iniciativa de la “inhabilidad temporal” es para Restringir el aparente y constante abuso del poder solo en esos cargos incluidos la fiscalía, pero dejando la ventana abierta a seguir malgastando recursos públicos por otros medios, cargos o funcionarios sin control, o es para acabar o Frenar  esos abusadores de presupuestos públicos en el país, haciendo política solapada con dineros oficiales,  que hoy son la fuente de billonarios daños a regiones y finanzas, que suman $8,6 billones, en 1.176 planes inconclusos sin utilidad pública.
De lograr implementar las inhabilidades, es una idea Excelente, No acta para unos dirigentes, que en vez de ser “temporal” debe ser Fija por siempre, anexándole una transición inicial de 3,4 años o si es para el próximo periodo en los cargos del Fiscal, Contralor y Procurador, con mayor razón debe ser Fija, donde solo faltaría,  para ser más integrada y un juego limpio democrático, iniciar ese Freno para Inhabilitar por siempre, esos funcionarios abusadores de los recursos públicos e incluir en ese pacto de inhabilidades  también con una transición de tiempo, mínimo de 3 años, los cargos con presupuesto y autonomía propia, como en ministerios, directores de institutos descentralizados, gobernaciones, alcaldías, contralorías  territoriales, incluidos los secretarios de despacho, de funcionarios que a su retiro, aspiran ser elegidos a futuro.     
Doctor Barbosa, conociendo usted la realidad de Colombia, en vez de generar obstáculos, más firmas en pactos anticorrupción que no han servido, o si es el deseo verdadero de controlar los abusos de poder en los cargos públicos, el continuar con las mismas debilidades estructurales del estado sin modificar, que son las herramientas utilizadas hoy para los saqueos de dineros públicos y seguir con el mismo tiempo de retiro para aspirar a cargos por voto, 1 año o menos, con el transcurso del tiempo, nuestra Democracia sin control, seguirá enterrándose, los recursos acabándose y como siempre, creando más tributos para enmendar sus errores.
Señor Fiscal, usted en su posesión obtuvo del presidente Duque el apoyo, ahora le toca a usted y su equipo, escuchar a la sociedad civil, no deben ser dos las inhabilidad temporal”, son muchas más, que se hace necesario implementar y acabar de fondo con esos funcionarios deshonestos, que hoy dañan a Colombia, privado a comunidades y empresarios en solución a sus reclamos.


Inhabilidades definitivas, ¿cuándo?



Reflexiones al tema pensiones

La caída del precio del petróleo debilitará las finanzas públicas

Economía, 26 Feb 2020 Jorge Sáenz V. / @jorges_v

Los efectos colaterales de la guerra comercial entre China y Estados Unidos y, más recientemente, los coletazos globales del coronavirus son dos de las fuerzas que han deprimido la cotización del crudo. ¿Hasta dónde aguantan las cuentas nacionales este bajonazo?

La tregua comercial entre Estados Unidos y China por los aranceles, la cual le permitió a la economía mundial mostrar signos de recuperación, se vio opacada por la epidemia del coronavirus (Covid-19), que ya cobró la vida de 2.762 personas, según cifras de la Organización Mundial de la Salud con corte a 26 de febrero.
Uno de los tantos factores afectados por esta coyuntura es el precio del petróleo, ya que, por ser China el destino del 13 % de la demanda mundial de crudo, se prevé un descenso en el consumo global debido a las expectativas de menor crecimiento de una de las economías más grandes del planeta.
Madhavi Bokil, vicepresidente de Moody’s, argumenta en un informe que “dado que el virus continúa propagándose dentro de China y otras partes del mundo, todavía es demasiado pronto para hacer una evaluación final de su impacto en China y la economía global”.
Wilson Tovar, gerente de investigaciones económicas de Acciones & Valores, señaló que “el mundo se debate en amplias estimaciones de enfriamiento global, en parte derivadas del efecto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China durante 2019, que se ha alargado, y siguen reduciendo (las proyecciones) como efecto del virus que ha afectado las expectativas de los negocios durante el primer semestre del presente año”.
De persistir la caída del precio del petróleo en el mercado mundial por la expansión del Covid-19, la economía colombiana sentirá todos los efectos en sus finanzas públicas. Sin embargo, varios analistas admiten que este choque podría ser transitorio, como ocurrió en 2003 con el SARS (síndrome respiratorio agudo grave), pero otros enfoques advierten que ahora los efectos serán más reveladores, gracias a la mayor incidencia que tiene China en la economía del mundo.
Los analistas internacionales sostienen que la cotización del Brent rondará los US$60 por barril durante este año. En el Plan Financiero 2020, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla anunció que dentro de los supuestos macroeconómicos se fijó un precio de US$60,5 por barril para el crudo durante el presente año.
“Todo el mercado está en el consenso de que el precio del petróleo va a bajar como consecuencia de caídas en la demanda y el aumento en producción en ciertos sectores”, reiteró el ministro.
Para el país, una caída muy por debajo de los US$60 en el precio del petróleo va a incidir en la tasa de cambio (dólar), la inversión extranjera directa, los términos de intercambio, la inflación y el crecimiento.
En el informe El choque petrolero y sus implicaciones en la economía colombiana, del Banco de la República, se resalta que “la caída del precio del petróleo afecta la economía de diferentes maneras. Entre las más importantes se ha observado una caída en los términos de intercambio, reducción del ingreso nacional, menor inversión, desmejora del balance externo y de las cuentas fiscales, así como menor dinámica de las entradas de capital extranjero por inversiones directas”.
Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, sostiene que “el impacto en el precio del petróleo va a estar moderado por las decisiones que adopte la OPEP. No hay que olvidar que al final de cuentas los grandes productores se sientan a definir cuál es la producción que les permita amortiguar los movimientos en el precio del crudo, así que cualquier movimiento va a generar algún tipo de respuesta por parte del grupo”.
¿Cómo se afectan los ingresos locales?
Con un aumento o una caída del dólar en el precio del petróleo crecen o se reducen los ingresos tributarios en $175.000 millones, en promedio, con una mayor magnitud en el efecto cuando los precios caen, sostiene el informe de la Contraloría General Efectos de los precios del petróleo en los ingresos petroleros del Gobierno Nacional Central de Colombia, el cual argumenta que “el ingreso marginal es de $129.000 millones, en promedio, siendo la magnitud de este efecto mayor sobre niveles bajos de precios y menor sobre niveles altos de precios”.
Los impactos sobre el recaudo petrolero son mayores cuando los precios caen, lo que puede estar asociado a que las compañías petroleras reaccionan de forma inmediata con el cierre de operación de algunos pozos una vez los precios muestran caídas pronunciadas, sugiere el Gobierno.
Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, recordó que el precio estimado por la petrolera para 2020 está entre US$50 y US$60. Para que Ecopetrol reporte utilidades se requiere que el Brent esté rondando los US$30 por barril.
Justo esta semana, la petrolera reportó sus mejores resultados en seis años, con ganancias netas por $13,3 billones.

Reflexiones al tema pensiones

martes, 25 de febrero de 2020

Falta blindarse contra los efectos del coronavirus

www.larepublica.co/, martes, 25 de febrero de 2020
EditorialLR

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Los mercados de valores ya empiezan a sentir los rigores de una inminente pandemia a causa del coronavirus, Colombia no está vacunado y no sobran medidas que ayuden a blindarse.

La economía colombiana se ha caracterizado porque las crisis financieras mundiales poco o nada la han afectado, y muy a pesar de que otros mercados emergentes han visto caer sus fundamentales durante los episodios, nuestros país pareciese blindado, pues mucha de su gestión depende de las fluctuaciones de los precios del petróleo, café y carbón.

Pero que el entorno mundial casi nunca haya pasado la cuenta de cobro no quiere decir que siempre será así, más ahora que los países emergentes están siendo golpeados por la inminente pandemia ocasionada por el coronavirus, que en esta última semana de febrero ha llegado a las bolsas de valores de todo el mundo hasta llevarlas a cifras rojas.
China ya ha sentido los rigores de esa pandemia y se especula que la situación le pase la cuenta de cobro a su reducido crecimiento económico, tal vez llevándolo a tasas de 6%, el más bajo de las dos últimas décadas. Las alarmas se han encendido desde Wall Street, que ha experimentado una caída cercana a los 800 puntos, cifra poco vista recientemente.
La fuertes caídas en Europa y Asia no han dejado quietos los precios del petróleo que también han ido a la baja, y como siempre ocurre, el oro se ha revaluado como refugio en estas situaciones. El coletazo en Colombia ha llegado con una devaluación del peso de 0,45% y la consiguiente disparada del dólar muy cerca de los $3.500.
Desde ya debe considerarse el coronavirus como una situación de máxima alerta, si se atienden las advertencias de las 20 economías más grandes del mundo (G-20) que se han manifestado sobre las consecuencias negativas de una rápida expansión para el crecimiento mundial, al tiempo que han recomendado tomar medidas si el impacto de la epidemia se intensifica en todo el mundo.
Aún no hay contagios en Colombia ni situaciones qué lamentar, pero no sobra que el Gobierno Nacional adopte un plan para blindar la economía del país, y por supuesto, la tranquilidad epidemiológica.
Al interior del G-20, los ministros de economía y los banqueros centrales discutieron la crítica situación, junto con las tensiones comerciales y geopolíticas del año pasado que aún no han sido zanjadas, y acordaron tomar medidas conjuntas para abordar el brote de Covid-19 y monitorear su propagación.
El pasado último lunes de febrero ha marcado una nueva tendencia en la economía global y ha encendido las luces de cómo puede finalizar el primer trimestre. El Dow Jones Industrial Average cayó alrededor de 800 puntos y los rendimientos de los bonos estadounidenses registraron precios mínimos, y siempre que esto ocurre los inversionistas se refugian en activos como el oro o los bonos del Gobierno de EE.UU.
La economía colombiana tiene una gran ventaja frente a sus pares de la Alianza del Pacífico, y es que China no es su principal aliado comercial, tal como ocurre con Chile y Perú, pero si el coronavirus se convierte en pandemia no solo tocará al vecindario directamente, sino que se cerrarán mercados comunes y fronteras, tal como se está temiendo en la zona comunitaria europea.
Es mejor prevenir que curar, no cantar victoria sobre las consecuencias de algún brote en la región: los ministerios de Comercio, Salud, y por supuesto la Cancillería, deben estar más atentos a tomar decisiones ante un suceso mundial que puede tener graves consecuencias.

Reflexiones al tema pensiones

lunes, 24 de febrero de 2020

Se les dejó a los políticos la lucha contra la corrupción

www.elespectador.com/, 24 Feb 2020 
Por: Alvaro Forero Tascón

Resultado de imagen de fotos de Alvaro Forero Tascón




Acaba de firmarse el enésimo pacto por la transparencia entre gobernadores y Gobierno Nacional en Cartagena. No será eficaz, como no lo han sido los anteriores, porque es solo entre políticos.
La lucha contra la corrupción se les dejó a los políticos que tienen el control político en los órganos legislativos, el control interno en las entidades públicas y el control fiscal, disciplinario y penal. Es una paradoja que se deje al ratón cuidando el queso, a pesar de la desconfianza de la ciudadanía en los partidos políticos, en los políticos y en quienes estos designan. 
El fracaso de la política en la lucha contra la corrupción es tan abismal, que sobra repetir las cifras sobre pérdida de recursos públicos, sobre impunidad al castigar y recuperar los recursos perdidos, de consecuencias negativas sobre la economía y la democracia, porque el peor costo de la corrupción es el incumplimiento del contrato social y su efecto sobre la abstención, la evasión tributaria, la falta de participación, de inversión, de formalización y, en general, sobre la confianza en las instituciones.
La sociedad civil, que es la que podría hacer un control técnico y apolítico, que debería tener instrumentos anticorrupción poderosos para velar por sus intereses, se limita a señalar a dedo a los políticos, como si los asuntos públicos fueran del resorte exclusivo de estos y no de la sociedad en general. Este es otro síntoma de la excesiva politización de la vida nacional, que es resultado, entre otros, del populismo, la polarización y las noticias falsas que trae. La consulta popular contra la corrupción es la muestra del potencial de la sociedad civil para actuar.
El sector privado, que debería ponerse del lado de la sociedad civil para atacar la corrupción, no lo hace con decisión. No se da cuenta de que al marginarse acepta una condición de copartícipe, cuando en realidad es una de las principales víctimas de la corrupción. Quienes actúan como determinadores de la corrupción desde el sector privado no son empresarios, sino delincuentes, así como quienes generan la violencia en el fútbol no son hinchas, sino criminales.
El combate institucional a la corrupción no funciona por tres razones principales: está politizado, es formalista y no vincula a la ciudadanía. 
Los órganos de control son una pieza del sistema clientelista porque sus cabezas son designadas por los políticos. La contratación pública se revisa exclusivamente desde el punto de vista jurídico para ver si cumple o no requisitos casi siempre formales, cuando se trata de actividades económicas con jugadores sofisticados, que hay que estudiar por sectores y dinámicas de negocio. La actividad precontractual es opaca para los medios de comunicación y, por ende, para la opinión pública, apareciendo solamente cuando hay escándalos de corrupción consumada.
La Cámara de Comercio de Bogotá podría unirse con entes de la sociedad civil y la academia para conformar el programa “Bogotá cómo contratamos”, en convenio con la Alcaldía de Bogotá, que siga, estudie e informe con profundidad técnica sobre la contratación de Bogotá. Se trata de un programa replicable en otras ciudades del país.

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Así le fue al PIB el año pasado

www.dinero.com, 2/21/2020, Editorial

¿Qué pasó con el PIB de 2019?

Hay que darle más impulso y tracción a la economía y consolidar nuevas oportunidades de negocios. Colombia sigue siendo una de las joyas de la corona en la región.
El crecimiento económico el año pasado en Colombia estuvo dentro de lo previsto. La cifra de 3,3% ratifica la tendencia que trae desde 2017 y se convierte en el mayor aumento desde 2014. Es uno de los mejores indicadores de la región, solo superado por Bolivia, y con una dinámica favorable. Pero no tanto como para cantar victoria.
El consumo, que aumentó 4,6%, impulsó el crecimiento de 2019. Los astros se alinearon: bajas tasas de interés, más remesas, inflación controlada y hasta el aporte de los migrantes venezolanos. Las marchas de protesta de final del año no afectaron el crecimiento ni el consumo, como sí sucedió en Chile.
La inversión también tuvo un crecimiento favorable, 4,6%, impulsada por los beneficios tributarios de IVA para importación de bienes de capital y el crecimiento de más de 10% en obras civiles.
Además, el sector financiero tuvo un papel protagónico por su crecimiento de 5,7%, estimulado por la cartera de consumo, de vivienda y comercial.
Sin embargo, aquí viene la primera gran preocupación. Para muchos el país creció al debe, con una gran amenaza: una tasa de desempleo que no cede y bordea el doble dígito. Eso podría amenazar la calidad de la cartera y, por eso, el país debe ponerle mucha atención.
También inquieta que el crecimiento de la economía no ha generado nuevos puestos de trabajo. Se está presentando en actividades que no tienen un alto encadenamiento productivo y por lo tanto no multiplican el empleo, como advirtió Juan Daniel Oviedo, director del Dane.
Otros datos también generan nerviosismo: la industria no repunta y, por el contrario, de crecer 1,8% en 2018 pasó a 1,6% en 2019. El agro, que en 2017 creció a tasas de 5,6%, llegó solo a 2% el año pasado. Aquí ganó sobre todo el café, que pasó de crecer 0,8% en 2018 a 9,5% un año después. Y la construcción sigue de capa caída y fue el único sector que se contrajo, con un resultado de -1,3%.
Es necesario buscar nuevas capacidades productivas que complementen los sectores y le den más posibilidades de crecimiento al país. Además, las empresas deben mirar con más interés el mercado externo.
La cifra de crecimiento coincidió con un estudio del Banco de la República sobre comercio exterior, que advierte que el tamaño de las exportaciones e importaciones es muy similar hoy, como proporción del PIB, al de hace cerca de 30 años, cuando el país comenzó la apertura económica.
El más reciente dato en materia de comercio también preocupa: el déficit comercial a noviembre del año pasado superó US$10.000 millones.
En estas condiciones queda demostrado que este nivel de crecimiento no alcanza para generar más empleo de mejor calidad, ni para sacar más personas de la pobreza, circunstancia que se estancó el año pasado. Muchas familias hoy son más vulnerables y viven con la amenaza latente de volver a la pobreza. Este es en gran parte el origen de las protestas sociales y por ello el país debe lograr un crecimiento más inclusivo y sostenible.
Pero otros factores pueden enredar el panorama. El contexto internacional el año pasado estuvo amenazado por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Pero ahora está en jaque por cuenta del coronavirus y sus efectos en las bolsas, la caída de los precios de los commodities, la reducción de la producción en motores como Asia, y la caída del comercio.
Y en el contexto interno preocupa la pérdida de confianza en las instituciones. Esta crisis, que tratamos en un artículo de esta edición, también puede impactar el crecimiento, aumentar los costos de transacción y dificultar los negocios. Como advierte David Bojanini, presidente del Grupo Sura, la democracia y el capitalismo hoy están cuestionados.
Hay que darle más impulso y tracción a la economía y consolidar nuevas oportunidades de negocios. Colombia sigue siendo una de las joyas de la corona en la región. Entre todos tenemos que construir escenarios de confianza y darle solidez al crecimiento. De lo contrario, podríamos ver amenazado el futuro cercano.

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