viernes, 27 de diciembre de 2019

Los retos del “progresismo” en Colombia

https://www.elespectador.com/, 26 DE DICIEMBRE 2019
POR: GUILLERMO ZULUAGA

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La historia viene repitiéndose: unos meses de efervescencia en las calles y, en los últimos años, también en redes sociales: una idea de que esta vez sí, pero al final ver cómo esta vez tampoco fue. 
Los sectores “progresistas” colombianos, en junio cada cuatro años, en las jornadas de elección presidencial, asistimos a algo que —discúlpese me el lugar común— es derrota anunciada. Desde finales de los años 90 —cuando el voto menos reaccionario del país estuvo con Horacio Serpa—, pasando por Carlos Gaviria y Antanas Mockus hasta llegar a las elecciones de 2018 con Gustavo Petro, siempre sentimos que estuvo bien, que “fue bacano soñar”, pero que faltó “el centavito pa’l peso”. Y entonces en la próxima…
Y si bien es cierto lo anterior, valdría la pena analizar en conjunto los dos últimos años. Poco a poco fuimos pasando de un país donde la guerrilla alzada en armas —especialmente las Farc— alejaba cualquier posibilidad de proselitismo para no ser encasillado o macartizado, a otro país: uno donde salimos a votar un plebiscito del proceso de paz, aunque ganó el No con una pírrica victoria (gracias a la escasa popularidad del presidente Santos, a que los opositores le sumaron “ideología de género” y hasta sacaron a la gente “a votar berraca”, entre otros); también uno donde votamos una consulta anticorrupción y luego votamos en 2018 por Gustavo Petro, quien pese a la propaganda adversa, recordando su paso por el M-19 y que era “el agente del castrochavismo”, obtuvo más de ocho millones de sufragios… y hemos seguido transitando en estas posibilidades democráticas, hasta llegar al 27 de octubre pasado, cuando los sectores menos afines al Gobierno y a los partidos tradicionales se hicieron con los principales cargos de elección popular del país.
Los triunfos de Claudia López en Bogotá, de Daniel Quintero en Medellín, de Jorge Iván Ospina en Cali, de William Dau en Cartagena, de Jairo Yáñez en Cúcuta, de Virna Johnson en Santa Marta, entre otros, demuestran que hay una nueva ciudadanía quizá más informada, menos atada a las clases políticas tradicionales, menos temerosa de las narrativas tejidas desde el mismo poder, y ese es un potencial enorme para construir un proyecto progresista a la Presidencia en 2022.
La tendencia marca un aumento de votos a favor de los sectores progresistas en Colombia. O, dicho de otra manera, el péndulo parece estar virando hacia la izquierda. Sin embargo, esa sola tendencia no garantiza que el próximo presidente será de esta línea política. 
Como dije arriba, muchas veces parece que va a ocurrir, pero los egos de sus líderes se han quedado discutiendo una palabra, una coma, y eso les ha tapizado el camino a los más reaccionarios y a los sectores tradicionales para siempre quedarse con el poder. 
Como se dice en el argot popular, en la izquierda parece que hubiera “mucho cacique y poco indio”, mientras que los sectores de la derecha no tienen problemas en reunirse y estar por encima de pequeñas rencillas, pues más que ideologías defienden intereses. Mientras la izquierda discute, la derecha se enfila y se organiza. Tienen tan leído el libreto.
Superar las eternas divisiones dentro de los sectores o entre los líderes que se consideran progresistas es uno de los factores para que este se consolide. También, asumir que muchas veces sus dirigentes actúan de forma similar a sus rivales: los líderes de izquierda quieren eternizarse en el pequeño poder que logran; por ejemplo, así como alguien caricaturizó al nonagenario José Galat, “eterno presidente de las juventudes conservadoras”, hay que decir que Gilberto Vieira fue el eterno director del Partido Comunista.
En esa línea habría que tener en cuenta que si bien muchos dirigentes sindicales han protagonizado luchas a favor del sector trabajador, también sería hora de que entendieran que el progresismo requiere relevos como en cualquier competencia donde interese más el triunfo colectivo que el lucimiento personal.
En esa línea, por ejemplo, a Jorge Robledo se le agradecen muchas y muy juiciosas denuncias, pero quizá ya cumplió su ciclo. Quizá hasta el mismísimo Fajardo (que a veces se reclama progresista) debería pensar seriamente en dedicarse a su docencia y a ver ballenas en nuestro zafíreo Pacífico.
Otro reto estará en los nuevos gobernantes de tendencias progresistas o independientes de viejas maquinarias, quienes tendrán que gobernar muy bien. Sobre ellos estará el foco de la opinión pública y de los “viudos del poder”, pues muchos de ellos han llegado gracias a las críticas hechas contra los clanes y clases políticas. Y también porque serán el espejo en que se mirarán los que vienen de atrás. Estos mandatarios desde sus ciudades, asimismo, deberán ir proyectando gente nueva, con una mirada diferente del país, más sintonizada con las dinámicas mundiales —menos feudales, si se quiere—.
La juventud que ahora está en las calles sumada a nuevos liderazgos, como los de Camilo Romero y Carlos Amaya, que dejarán sus gobernaciones de Nariño y Boyacá, y del exministro y rector de Los Andes, Alejandro Gaviria —quienes han demostrado con hechos y con palabras que se sintonizan y comparten las inquietudes y las luchas medioambientales, la consolidación de la paz y el derrumbamiento de la inequidad y la corrupción, principales banderas que enarbolan por estos días los sectores progresistas —podrían ir allanando un camino interesante.
Si a ese trabajo se une la veteranía de personas como Antonio Navarro, Ángela María Robledo, Angélica Lozano, Rodolfo Hernández, Cecilia López, Juan Carlos Henao, Gustavo Petro y el mismísimo Robledo, seguramente serán un elemento clave de aquí a 2022. La capacidad de trabajar por lo que los une, y no de buscar lo que los separa, podría garantizar el éxito hasta ahora esquivo.
Y, entonces, mientras este “Gobierno autista” se niega a aceptar lo que se vive en las calles, ese progresismo organizado en torno a nuevas figuras podrá ir asumiendo como suyas esas causas legítimas que durante semanas han salido a defender los jóvenes, los artistas, los campesinos y los indígenas, y construir una plataforma incluyente y participativa de cara a las presidenciales de 2022.
De la sumatoria de todos estos liderazgos, de saber canalizar el descontento con el Gobierno, manifestado en los paros de estos días, y de comenzar a pensar en soluciones estructurales seguramente dependa el triunfo de un sector progresista en Colombia. De ese tamaño es el reto… en junio de 2022 veremos si ahora sí… por fin.

Reflexiones al tema pensiones

martes, 24 de diciembre de 2019

Las secuelas de la reforma tributaria

elnuevosiglo.com.co/Diciembre 24, 2019
Amylkar Acosta




El Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y el gobierno del Presidente Duque se salieron con la suya. Contra todos los pronósticos, en medio del rechazo ciudadano y la opinión adversa de los expertos, así como de reconocidos centros de pensamiento como Fedesarollo y Anif, se las apañó para lograr los votos para la aprobación de reforma tributaria 2.0.
Esta, al igual que las otras, acentúa el carácter regresivo del Estatuto tributario, como lo constató la Comisión del gasto público creada por mandato de la reforma tributaria de 2016, “el esquema tributario colombiano no cumple con los principios de eficiencia y equidad característico de un sistema fiscal exitoso”, como lo manda la Constitución en su artículo 363. 
En este caso, como ocurría con las Cédulas reales, aquí en Colombia se obedece la Constitución pero no se cumple (¡!).
Esta vez, sin embargo, les tocó ceder en algo para lograr su cometido. En procura de atemperar y apaciguar los caldeados ánimos, que se puso de manifiesto el 21N, se doró la píldora accediendo a incluir en la ponencia algunas concesiones menores. Como en la parábola del rico Epulón, a los pobres les tocará recoger las migajas que caerán de la mesa.
Como afirma el Presidente ejecutivo de Tributar Consultores, Carlos Lizcano, la mal llamada Ley de financiamiento, que ahora se revive, “descarga toda su fuerza y contundencia sobre la clase media colombiana, la cual, bajo estas circunstancias, se convierte en una población vulnerable”. Y, como es consabido, en Colombia gran parte de esa clase media está en condiciones de vulnerabilidad, con un pie adentro y otro afuera de la clase media, en riesgo de volver a caer en la pobreza.
En este contexto, la propuesta del Presidente Iván Duque, a última hora, en respuesta a la indignación de los marchantes desde el pasado N21 y de los cacerolazos, de introducir en la reforma tributaria 2.0 tres disposiciones que aliviarían la suerte de los más vulnerables no pasan de ser paños de agua tibia.
Sumados todos estos beneficios, según la Dian, al cuantificarlos tendrán un costo fiscal de $3 billones para muchos, que contrasta con los más de $9 billones para unos pocos. Bien dice el Director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Luis Carlos Reyes, “estas son concesiones bien pequeñas para seguir justificando $9 billones en recortes tributarios a las empresas y personas de más altos recursos del país”.
El Gobierno Nacional y el Congreso de la República deben tomar atenta nota para profundizar el diálogo social propuesto por el Presidente Duque, del llamado reciente de la Secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, en el sentido que “la superación de la pobreza en la región no exige solamente crecimiento económico; este debe estar acompañado por políticas redistributivas y políticas fiscales activas” y remata diciendo: “el llamado es a construir pactos sociales para la igualdad”. Así de claro.
www.amylkaracosta.net
*Miembro de Número de la ACCE


Reflexiones al tema pensiones


lunes, 23 de diciembre de 2019

Jubilación tramposa

https://www.elheraldo.co/
Por Fernando Giraldo




Quienes parten del supuesto tácito de que todo lo que existe está bien, tienden a negar que estén haciendo juicios de valor. Quienes parten del supuesto tácito de que todo lo que existe está mal, dan mucha importancia a sus supuestos éticos. Y entre ambos extremos queda espacio para una extensa gama de matices. (C. B. Macpherson)
Nuestra jubilación privada es tramposa, es como una pirámide insaciable, engañosa y legalizada. Y como la mayoría de colombianos cree que lo legal siempre es correcto, entonces terminamos asumiendo que el ahorro privado, disfrazado de pensión, de Porvenir, Protección, Colfondos y Old Mutual, son jubilaciones. Es una gran mentira convertida en un procedimiento legalizado y aceptado. Y los medios de comunicación tienden a guardar silencio, justificando y hasta promoviendo dicha pensión privada. Solo critican el fondo de pensión público dado que existen varios miles de personas que reciben unas pensiones desproporcionadas, pero justifican cómo legítimas la de millones de colombianos que un día fueron engañados y lo siguen siendo hasta cuando obtengan una jubilación miserable. Esta es la realidad; salvo que la hipocresía nacional la presenta como legítima y razonable.
Cerca de 4 de 5 colombianos no tendrán jubilación; y de los que hoy la tienen o la pueden alcanzar (los datos dicen que de 10 colombianos, 2 la lograrán, 2 recibirán una pequeña ayuda y 6 estarán completamente desprotegidos) más del 60% la lograría a través de fondos privados que los han despojado del ahorro para hacer un negocio financiero rentable para grandes grupos económicos. En la jubilación pública menos de 20 mil personas reciben una jubilación desmedida; en lo privado, todos (100%) tienen o tendrían, en el mejor de los casos, una pensión indigna o de miseria total. Los fondos privados actúan como si fuesen saqueadores de la vida y esperanza de los colombianos y, de paso, saquean indirectamente patrimonio del Estado.
La Vicepresidente, Ministra del Trabajo, Presidente, altas Cortes, congresistas, ministros y miles de altos funcionarios y ex-funcionarios del Estado y del sector privado tienen altas pensiones en el fondo público mientras condenan vehementemente a la gran mayoría de colombianos, en el régimen privado, a vivir estafados todos los días.
Y ahora se quiere abolir la pensión de quienes se encuentran en lo público con mesadas razonables, para obligarlos a entregar su cotización a dichos fondos privados, sin afectar las grandes pensiones públicas (argumentando derechos adquiridos para estas, no para los demás) y sin afectar el abuso de los grupos de pensión privada, que día tras día llenan sus arcas con la vida paupérrima de aquellos que logren jubilarse, como de aquellos que no. Y por eso, grupos de interés camuflan las condiciones absolutamente adversas de las pensiones de los fondos privados, con la denuncia de aquellas altas pensiones públicas, para no reformar el sistema privado y, de paso, llevar al resto de colombianos a la infelicidad, tal como lo han hecho con millones hasta hoy con la complicidad del Estado.

Reflexiones al tema pensiones

domingo, 22 de diciembre de 2019

Colombia se aleja de la regla fiscal

www.elespectador.com/, 17 Dic 2019 -
Paula Delgado Gómez - @PaulaDelG

Getty Images.


Las exenciones de la Ley de Crecimiento Económico, que se discute en el Congreso, podrían aumentar el déficit fiscal y dificultarle al Gobierno el cumplimiento de la meta en gasto.

En 2011 el Gobierno se impuso el compromiso de controlar que si los gastos del Estado iban a superar sus ingresos lo hicieran por muy poco y cada vez en menor proporción, una idea tomada de Chile, como muchas otras en nuestro país. El porcentaje de diferencia permitida entre ambos valores (déficit) se conoce como regla fiscal, un concepto que apareció en la década de los 90 y en su momento significó toda una revolución en pro de la estabilidad macroeconómica, por tratarse de un mecanismo que pone límites al uso y la asignación del presupuesto de una nación con el objetivo de que se utilice de la mejor manera posible.
Aunque a Colombia esta decisión le significó recuperar su grado de inversión, con el tiempo se ha convertido en un arma de doble filo que permite cuestionar la credibilidad de los compromisos que el Gobierno se impone y que pone en evidencia la falta de sostenibilidad en las cuentas fiscales y la dificultad de converger hacia un déficit del 1 % Producto Interno Bruto (PIB), algo que inicialmente se esperaba sucediera en 2022.
En 2016, el déficit fiscal en Colombia llegó a ser de 4 % del PIB, pero en 2014 bajó a 2,4 %, a pesar de que la caída en los precios del petróleo le había pasado cuenta de cobro a los ingresos del Estado. El año pasado el Gobierno logró dejar el déficit en la meta propuesta (3,1 %), cerrando en se ubicó en $30,3 billones, y este año la cifra debería llegar a 2,4 %. El objetivo para 2019 era originalmente que la pérdida fuera del 2,2 %, pero se modificó en 2018 y hasta se discutió repetir un ajuste a principios de 2019. Aun así, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el acumulado de enero a octubre es de 1,8 % ($18, 4 billones). Los analistas prevén que hacia adelante haya más cambios en esas proyecciones, pues creen que será muy difícil cumplir con los balances de los próximos años (-2,3 para 2020 y -1,8 para 2021) ahora que cursa en el Congreso de la República una propuesta marcada por nuevas exenciones.
Se trata de la Ley de Crecimiento Económico, una iniciativa que promete traer desarrollo e inversión al país sin imposiciones a las clases media y baja, pero que podría disminuir los ingresos del Estado a tal punto que dificultaría la inversión pública y el cumplimiento mismo de la regla fiscal, de acuerdo con varios expertos consultados, pues la mayor fuente de ingresos del país son los impuestos, con una participación que supera el 50 %.
De acuerdo con el balance de la DIAN, entre enero y noviembre de 2019 el recaudo de impuestos sumó $147,98 billones, un 11,6 % más que en el mismo periodo el año anterior. De hecho, en todo 2018 se recogieron $144,4 billones (6 % más que en 2017). La entidad aseguró que el incremento de este año se explica por la mejora en el pago de retención en la fuente para el impuesto de renta (tributo que se aplica al ingreso), que alcanzó $48,06 billones en once meses (12,1 % más que en 2018). También es importante el aporte del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que en 2018 significó un ingreso de $34,5 billones y en lo corrido de 2019 (con corte al 16 de diciembre de 2019) de $36,8 billones.
Camilo Díaz, profesor de la Universidad Nacional y analista económico, señaló que el proyecto de ley que discuten los legisladores es más un paquete nuevo de exenciones que tiene efecto en el gasto y que va a provocar presiones fiscales muy fuertes. “Solo la devolución del imporrenta vale $15 billones y lo que se plantea la aumentaría en $21 billones”, dijo. También detalló que solo el descuento del 100 % del IVA en bienes de capital del impuesto a la renta vale $6 billones. “La reforma pretender recoger $7,2 billones; es decir que $8 de cada $10 que se recojan se van en la exención”. Según el experto, por cuenta de estas ayudas el recaudo neto de impuestos en relación al PIB es del 14 % y podría llegar al 13 %, cuando en otros países similares la cifra promedio es del 17 %. Incluso, considera que esto derivará en una nueva reforma tributaria en 2021 para desmontar la de este año.
Un documento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que estudia la evolución de la regla fiscal en América Latina muestra que ninguno de los ajustes tributarios hechos entre 2011 y 2016 en Colombia tuvo impacto en los ingresos, que permanecieron alrededor del 15 % del PIB, pues mientras se imponían unos impuestos se recortaban otros; al mismo tiempo, crecían el gasto (subió 1,3 %) y la deuda (llegó a ser del 43 % del PIB), pero no aumentaba la inversión (se contrajo del 6,2 % al 3,3 %). En su defensa, este Gobierno mostró que a septiembre el funcionamiento del Estado pasó de costar 10,5 % del PIB en 2018 a 10,2 % en 2019 y que la inversión, que había sido del 1 % el año pasado, ya iba en 1,3 %; pero, al mismo tiempo, la deuda superó el 46 % del PIB.
Para Díaz, la gran pregunta es cómo reemplazar esos ingresos. “Definitivamente, hay que dejar de tratar de solucionar las coyunturas económicas con reducción de tributos, porque no necesariamente es cierto que eso trae más crecimiento económico y empleo”, advirtió. En ello coincidió Marc Hofstetter, economista y profesor de la Universidad de los Andes, quien considera que el desfinanciamiento de la ley de financiamiento no ocurrirá del todo en 2020, sino que progresivamente se verá el efecto de reducir el tamaño del recaudo. “Eso, a la luz de una serie de exigencias sociales, crea una tensión que va a ser difícil de solucionar. Ahí realmente veo un problema de fondo: tener menos Estado para un país que pide más Estado”, resaltó.
La fórmula con más votos a favor sugiere reducir los regímenes especiales, refocalizar los subsidios y atacar la evasión y elusión fiscal, lo que solo sería posible a través de una verdadera reforma tributaria de largo plazo; el problema es el alto costo político de estas decisiones. Otra de las posibilidades es reducir el gasto, pero la dificultad está en que, según Díaz, el 85 % del presupuesto es inflexible, “así que solo puede haber ajustes por el lado de la inversión y eso le pega muy duro al crecimiento económico”.
Además, la reducción de gastos no parece viable en el corto plazo. El Ministerio de Hacienda divulgó, a mediados de este año, una tabla donde refería que para 2019 los gastos inflexibles se acercarían a los $143 billones y para 2020 superarían los $157 millones. De esta lista hacen parte, por orden de prioridad: los pagos a pensiones (Colpensiones, militares y otros), el Sistema General de Participaciones (recursos del Gobierno central a los entes territoriales), los intereses de la deuda, el aseguramiento en salud (costo del régimen subsidiado) y otras transferencias. También incluyó como “gastos semiflexibles” la amortización de la deuda y los gastos de personal. En suma, esto significa que este año $196,7 billones del presupuesto quedaron amarrados y para el próximo año la cifra será de $218,8 billones.
Según el Ministerio de Hacienda, a estos gastos inflexibles se suman las vigencias futuras, que corresponden a todas aquellas autorizaciones para asumir compromisos que afectarán el presupuesto en años posteriores. Para 2018, estos gastos correspondían a $92,4 billones (9,3 % del PIB), comprometiendo los presupuestos entre 2019 y 2048.
Otra forma de ver la cuenta anterior es desde el gasto social, que se compone por seis grupos (trabajo y seguridad social, educación, salud, agua potable y saneamiento ambiental, vivienda social y cultura, deporte y recreación). Para 2018 este rubro ascendió a $127,8 billones (13 % del PIB), en donde el 40 % corresponde al grupo de trabajo y seguridad social, principalmente por el gasto en pensiones, mientras que educación y salud representaron conjuntamente el 46 %.
Camilo Alejandro Espitia, economista y profesor de la Universidad Javeriana, recordó que sobre este tema se ha pronunciado la Corte Constitucional: “Si bien no son completamente inflexibles, el Gobierno tiene la obligación de sustentar cualquier reducción que en términos porcentuales se dé sobre los mismos, porque están destinados a cubrir las necesidades básicas insatisfechas de la población”. Un documento del Ministerio de Hacienda de septiembre de este año detalla que estas políticas costarán $148 billones en 2020 y que la mayoría de ellas se destinarán a protección y seguridad social (45 %) y salud (25,6 %).
Según Espitia, otros gastos inflexibles son los destinados a garantizar las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado. La cartera de Hacienda presentó hace tres meses un plan para invertir $15,3 billones en este frente, la mayor parte (72 %) para asistencia (identificación, salud, educación y judicial). Desde la Ley de Víctimas cada año se ha destinado del 1 % al 1,5 % del PIB en estas personas, refirió Minhacienda.
Pero la fórmula del Gobierno es otra: compensar vía crecimiento económico. Su proyección es que mejorar las condiciones de vida de las familias en condición vulnerable impulse el gasto y que al favorecer a las empresas aumente el empleo. Este impulso llegaría también a la inversión extranjera y a otros indicadores.
De esta forma el Ministerio de Hacienda lograría ubicar la inversión pública en 1,8 % del PIB, según los objetivos planteados, la cual es 0,2 puntos porcentuales mayor que la estimada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (1,6%) y 0,4 puntos porcentuales superior a la inversión registrada en 2018 (1,4 %). “En línea con esta estimación, en el periodo enero-octubre de 2019 la inversión pública alcanzó el 1,4 % del PIB, un crecimiento de 0,3 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2018”, refirió la cartera.
Si bien en los últimos años la economía se recuperó, ningún instituto o analista respalda al Gobierno en que la cifra llegue al 3,6 % este año como lo proyectó el Ejecutivo, pues eso significaría que solo en el cuarto trimestre (octubre a diciembre) la variación fuera del 4 %, cuando en los periodos anteriores no se ha acercado a esa cifra (2,8 %, 3,0 % y 3,3 %, respectivamente) de acuerdo con el DANE. Otra razón por la que resulta improbable cumplir la meta tiene que ver con el efecto que tendrían las jornadas de marchas entre noviembre y diciembre y el paro nacional sobre el agregado de la producción nacional de bienes y servicios.
Hofstetter aseguró que, sumado a esto, es difícil saber cómo están las cuentas de la regla fiscal, pues los últimos gobiernos han hecho una serie de modificaciones a los parámetros y metodologías de cálculo del déficit que no son claras respecto a cómo influyen en la regla fiscal, algo que genera dudas y desconfianza respecto a su cumplimiento. “Hay una creatividad contable para que las cifras se vean mejor, el déficit luzca más chiquito desde el punto de vista contable y sea más fácil cumplir”, dijo el economista, al tiempo que cuestionó que la deuda siga creciendo a pesar de que los demás indicadores “se ven muy bonitos”.
Además contó que gastos que antes inflaban el déficit e ingresos que no lograban reducirlo ya no aparecen en la fórmula. Tal es el caso de la emisión de títulos de deuda pública (TES), las utilidades del Banco de la República y las enajenaciones de activos del Estado. “La regla no se mete tan al detalle de cómo contabilizar las cosas, pero lo obvio era no jugar con eso para que la credibilidad estuviera cimentada en una metodología y la regla cumpliera con su objetivo; si se hace tiene un costo reputacional, porque si el mercado percibe que el déficit no significa mayor cosa y que hay un margen muy amplio por parte del Gobierno sobre cómo reportarlo, la regla pierde su razón de ser”, dice Hofstetter.
La evidencia ha llevado a los académicos a cuestionar la existencia de la regla fiscal e incluso sugerir su eliminación. El análisis del BID, antes citado, advierte que en Colombia “el desempeño fiscal empeoró a partir de la introducción de la regla fiscal”, aunque reconoce que el resultado también obedece a la caída en el precio del petróleo entre 2014 y 2016 y su impacto en las finanzas públicas. También concluye que aun cuando la regla en el país es flexible y no muy específica, “es compleja y difícil de aplicar”, lo que compromete su credibilidad.
Los expertos consultados concluyen que el país debe avanzar hacia una regla fiscal ajustada a la realidad, que permita ahorrar y no solamente limitar el gasto del ingreso; es decir, que mire más allá del punto de equilibrio (llevar el déficit a 0) y se ponga como objetivo lograr un superávit, pues esto le daría al país más flexibilidad ante crisis o coyunturas como la que estamos viviendo.



Reflexiones al tema pensiones

Necesitamos urgentemente una reforma pensional en Colombia y en el mundo

/WWW.DINERO.COM/,  2019/12/18 

 


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La crisis del sistema es de carácter mundial. La disminución en las tasas de interés, así como una posible recesión proyectada para el segundo semestre de 2020 agravan el problema.

Desde el 2008, año en el que se inició la última crisis financiera global, los bancos centrales de todo el mundo en aras de preservar el orden económico y financiero han puesto en práctica distintas herramientas para evitar que de nuevo surja una hecatombe. Una de las prácticas más usuales es el bajar las tasas de interés, la cual se ha incrementado particularmente este año, como consecuencia de una posible recesión que ya advierten varios sectores.

Una encuesta realizada a mediados de este año por Barclays a 400 de sus más importantes clientes advierte que cerca del 50% considera que habría una recesión mundial a más tardar a finales de 2020. El 50% restante piensa que esta se daría en el 2021 o posteriormente. 
La reducción de las tasas de interés está repercutiendo directamente en las ganancias que pueden obtener los fondos de pensiones en sus inversiones. En países como Suecia y Suiza la situación es aún más compleja pues los bancos las han disminuido por debajo de cero, lo cual hasta hace poco era impensable. En los cinco continentes se han bajado las tasas de interés este año; por citar sólo algunos ejemplos los bancos centrales de Corea del Sur, Indonesia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, India, Malasia y Filipinas lo hicieron. Estados Unidos y China hicieron lo propio.

El aumento de la esperanza de vida es un problema adicional para los fondos de pensiones, pues sus esquemas están basados en una expectativa de vida menor que la prevista inicialmente. Esto también ha generado un desbalance en el sistema, pues tendrán que pagar pensiones por más años a sus jubilados de los inicialmente contemplados.

Esto ha hecho que por ejemplo en los Países Bajos, se empiece a disminuir la mesada pensional. Recientemente el Financial Times ponía cómo ejemplo a Jan-Pieter Jansen, un jubilado de 77 años que juiciosamente a lo largo de su vida pagó su plan de pensiones, creyendo que tendría una jubilación acorde a sus aportes. Jansen, que trabajó como gerente en la industria metalúrgica ahora se ve en apuros pues su fondo de pensiones le ha advertido que le rebajará su mesada en un 10%. Esto le implicará miles de euros menos, los cuales ya tenía destinados para unos gastos específicos que hacían parte de su plan de vida.  La situación del señor Jansen es la de millones de personas en todo el mundo. En países cómo Rusia o Japón, el drama de las pensiones ha sido protagonista en las elecciones presidenciales.
La disminución de las tasas de interés ha hecho que los fondos administradores no cumplan con sus pagos. Con el fin de replegar los impagos los fondos de pensiones han diversificado aun más su portafolio de inversiones, acudiendo a inversiones en capital privado o en inmuebles; sin embargo, estas representan un más alto riesgo, el cual se agudiza con la actual previsión de una inminente crisis mundial para el segundo semestre del año entrante o en el 2021. 

Históricamente los fondos de pensiones han jugado un papel excepcional en periodos de crisis, pues su liquidez les ha permitido actuar anticíclicamente, aumentando las inversiones en tiempos difíciles, estabilizando con ello los mercados. Dadas las actuales circunstancias, esta labor tradicional de los fondos estaría en entredicho.

El panorama en Colombia

A finales de Octubre de este año la OCDE en su Cuarto Estudio Económico sobre Colombia hizo un llamado urgente para que en nuestro país se realizara una reforma pensional. Este organismo sugiere que se incremente la edad de jubilación, especialmente en el caso de las mujeres, con la intención de unificar la edad de jubilación con la de los hombres. 

La OCDE también considera que se debe aumentar el número de años cotizados, con el fin de garantizar una mayor solidez del sistema. El programa de pensiones no contributivas, Colombia Mayor, ha reducido la pobreza en adultos mayores con una inversión de 0,2% del PIB, por lo que el club de las buenas prácticas recomienda aumentar esta inversión en un 1%.
Estas recomendaciones, aunque necesarias han resultado sumamente impopulares. En momentos como este hay que hacer un llamado a la sensatez, y más allá de un manejo político dar un manejo técnico al tema pensional. Colpensiones no se va a acabar como lo advirtieron algunos; eso es algo que jamás se ha propuesto.

Sin embargo distintos movimientos políticos así lo afirman, de manera equivoca y malintencionada. La reforma pensional es uno de los temas más importantes de la agenda nacional, al cual debe darse el lugar que le corresponde. Muchos sectores se oponen a una reforma, cuando esta es más que necesaria. 

En Colombia 6 de cada 10 afiliados no se pensionan y les deben devolver aportes; sólo el 37% de los trabajadores que cumplen con la edad de retiro logran tener una pensión.  Todos los colombianos merecemos una pensión, y esto sólo puede garantizarlo una reforma al sistema. De lo contrario este en un futuro será absolutamente insostenible.



Reflexiones al tema pensiones

Virtudes y defectos de la reforma tributaria

elnuevosiglo.com.co/Diciembre 21, 2019
Unidad De Análisis, Economía.

Foto montaje El Nuevo Siglo

Por un lado, los defensores del articulado señalan que las medidas apuntan a impulsar el crecimiento económico. Por el otro, los críticos cuestionan las exenciones para ciertos sectores y el impacto fiscal.

La reforma tributaria (Ley de Crecimiento Económico) aprobada esta semana por el Congreso de la República recoge la mayor parte de las disposiciones de la Ley de Financiamiento, declarada inexequible por la Corte Constitucional, e introduce una serie de medidas de alcance social.
Los principales elementos del articulado son la disminución del impuesto de renta a las empresas, la creación de una sobretasa temporal al sector financiero, descuentos por gastos de inversión, la reducción de los aportes en salud de los pensionados que reciben hasta dos salarios mínimos, la devolución del IVA para las personas de los deciles 1 y 2 de la población, el establecimiento de tres días al año sin este tributo para compras de ciertos artículos.
Por un lado, los defensores del texto señalan que las medidas apuntan a impulsar el crecimiento económico. Por el otro, los críticos cuestionan las exenciones para ciertos sectores y el impacto fiscal.
Crecimiento económico
El exministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, afirmó en diálogo con EL NUEVO SIGLO que la reforma busca impulsar un mayor crecimiento económico, porque “hace competitiva la inversión y crea mucho incentivo para que haya más crecimiento del consumo. Hoy, el crecimiento económico de Colombia está caracterizado por eso: mayor consumo de hogares y mayor dinámica de la inversión. Esta reforma va en ese sentido y por eso creo que puede consolidar una mayor tasa de crecimiento económico, empezar a generar empleo para ver una disminución en la tasa de desempleo. Creo que el propósito de la reforma es muy positivo”.
De acuerdo con Zuluaga, el empleo se genera a partir de “una mayor inversión. La inversión genera más ingreso para todos, tanto para el Estado como para la sociedad. Precisamente Colombia crece hoy a una tasa más alta que todos los países de América Latina fundamentalmente porque tiene una dinámica de inversión y eso es lo más importante para consolidar un ritmo de crecimiento económico. Aquí no se habla de ricos y no se pude asociar que el estímulo a la inversión es para ricos. Es para que las empresas sean más competitivas, para atraer más inversión de colombianos y de extranjeros. Si hay empresas fuertes, con capacidad de inversión pues va a haber empleo, mayor nivel de bienestar. Ese es el círculo virtuoso de bienestar y desarrollo económico”.
En relación con las medidas sociales que incluye al articulado, manifestó que es un “viejo anhelo y un compromiso de campaña del presidente Duque. El Presidente está cumpliendo. Me parece que es una gran noticia para los sectores sociales. Yo recuerdo que como candidato a la Presidencia propuse el reducir el aporte de la salud de los pensionados, del 12% al 4%. Ahora se logra para trabajadores pensionados hasta dos salarios mínimos. Eso tiene un profundo impacto social que va a mejorar el poder adquisitivo de los pensionados. La devolución del IVA es una medida de equidad, de justicia tributaria. Los más pobres, 2.600.000 hogares de Colombia, van recibir una devolución del IVA importante en un cheque que les va a permitir tener mayores ingresos. Son medidas que van en la dirección correcta para tener un país con mayor equidad y eso hace que los impuestos puedan tener una mayor distribución con un alto impacto social”.
Beneficios fiscales
En opinión del exministro de Comercio, Jorge Humberto Botero, es importante que la reforma haya sido aprobada. “Si no hubiese sido posible el Congreso tomar esa decisión habríamos mandado una señal muy negativa a los mercados internacionales de crédito, porque evidentemente un gobierno para poder tener credibilidad en su política económica tiene que tener el respaldo del Congreso. De modo que es positivo que se haya expedido porque conjura ese riesgo”, afirmó.
Botero destacó que el proyecto tiene elementos positivos. “Por ejemplo, la reducción tarifaria para las empresas. Las tarifas en Colombia son demasiado altas y deben bajar. Creo que es positivo que se hayan mantenido los beneficios fiscales en relación con la adquisición de bienes de capital. Eso está generando una dinámica de importación y adquisición de bienes que debe acelerar la economía y generar empleos hacia el futuro. Me parece bien que se haya consolidado el llamado impuesto Simple que es una forma de atraer pequeños empresarios a la tributación”, expresó.
No obstante, manifestó que tiene serias dudas sobre la “conveniencia” de otras medidas que se adoptaron. “Tengo dudas sobre la exoneración del IVA en ciertos días del año. Creo que eso no es una buena fórmula. Y tengo dudas- las he tenido de tiempo atrás- de los beneficios fiscales a sectores empresariales específicos. Creo que lo que le conviene al país es tener tasas proporcionales a la renta para todos los entes jurídicos, todas las empresas sea cual sea la actividad que ellas desarrollen”, sostuvo.
En relación con las medidas sociales, consideró que son elementos “interesantes en beneficio de sectores de bajo ingreso, pero lo que habrá que preguntarse hacia el futuro es qué tan sostenible son esos beneficios”. “En general los analistas creen que los problemas fiscales del país no son ni este año ni el próximo, pero sí en años posteriores. Podríamos tener una situación fiscal muy complicada. Habrá que ver si la economía tiene una tasa de crecimiento por lo menos igual o mejor incluso que la que tenemos ahora y pueda ser que el recaudo permita estabilizar el régimen tributario del país. Eso está por verse”, remarcó.
Reforma estructural
El exdirector la DIAN, Gustavo Cote, afirmó que el sistema tributario colombiano requiere aún una reforma estructural.
“En términos generales el sistema tributario colombiano sigue siendo un sistema complejo por la multiplicidad de disposiciones. Tiene bastantes medidas que en un momento determinado erosionan la recaudación tributaria. El sistema tributario sigue aplazando las posibilidades de contar con una reforma estructural. Esta reforma, como lo conoce la opinión pública, simplemente se limitó a recuperar buena parte de las disposiciones de la anterior ley de financiamiento y con algunas modificaciones impulsadas por el Congreso de la República. Esto no corresponde a las necesidades de buscar un sistema tributario más justo, más simple, equitativo y progresivo”, afirmó.
Para el exfuncionario, las medidas adoptadas implicaron “introducir beneficios a las grandes inversiones, lo cual no se compadece con el sistema tributario que debía ser más equitativo y justo. Sin embargo, hubo una pretensión del Congreso de incluirle algún principio de equidad con tres medidas: lo de la suspensión del cobro del IVA durante tres días al año, la devolución para las familias más vulnerables del país y la concesión del beneficio por la contratación de empleados de menos de 28 años. Son medidas que tienen tanto de ancho como de largo que generan bastantes complejidades en la recaudación tributaria”.
Sobre la devolución del IVA a las familias de los estratos 1 y 2, consideró que se debe tener en cuenta que el gobierno anunció “que lo va a realizar a través de programas asociados a la base de datos que utiliza para identificar a esas familias que es el Sisbén, que viene presentando deficiencias. En la medida en que se depure el Sisbén podrá hacerse realidad el hecho que esa devolución llegue a quien lo necesite. Vale recordar que el Sisbén está en un proceso de actualización que estará listo a finales del año entrante”.
En materia de los incentivos para generar empleo para los menores de 28 años, indicó que en 2010 el Congreso aprobó “una ley precisamente para promover el empleo y la realidad es que se hubo la opinión generalizada que en el tiempo en el que estuvo vigente muchas empresas utilizaron esa ley para beneficiarse en la tributación más que para incidir en la variable económica del desempleo”.
Jalona la economía
De acuerdo con Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, la reforma beneficia de forma general a todas las empresas. “Lo que se plantea es que una reducción de la tarifa de renta del 33% que está en este año hasta el 30% en 2022 y también permite el descuento del 100% del IVA pagado en la maquinaria y equipos que también beneficia a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Pero también hay una preocupación desde el punto de vista del costo fiscal de estas medidas. Desde Fedesarrollo hemos estimado que esta ley de crecimiento económico podría reducir los recursos fiscales en los próximos años en $5 billones, a partir del 2020; $8 billones a partir de 2021 y $10 billones a partir de 2022. Así que jalona la economía, pero cuesta fiscalmente”.
Consideró que el costo fiscal “va a depender de qué va a ocurrir con dos variables importantes para compensar esa caída en el recaudo. Por uno, el impacto que podría tener esta reforma en crecimiento económico. Al final jalonar la inversión aumenta crecimiento. Y por otro lado, que es bastante etéreo y puede ser gaseoso tiene que ver con la administración de la DIAN. Qué puede hacer en términos de antievasión, lo que podría limitar el impacto fiscal de la reforma”.
Señaló que en la reforma “hay una cuestión muy progresiva y es que se les aumenta el impuesto a las personas naturales, a los individuos de manera muy interesante. Hoy en día la tarifa máxima es del 33% y esta reforma introduce tres tarifas: 35%, 37% y 39% para personas que ganan más de 88 millones de pesos al mes”.
No obstante, cuestionó las exenciones sectoriales. “Hay un elemento que nos gusta las exenciones sectoriales. Se plantean unas exenciones a las megainversiones por encima de los $1.000 millones. Una tarifa diferencial también para la economía naranja y algo para el sector agropecuario y realmente tener este tipo de exenciones sectoriales lo que hace es dificultar el recaudo tributario”, subrayó.
De acuerdo con Jorge Iván González, docente de la Universidad nacional, esta es una reforma que “reduce el recaudo y aumenta la concentración de la riqueza. Parte de un supuesto falso que la reducción de los impuestos mejora el crecimiento. Es lo contrario”. “Las empresas no han entendido que la productividad mejora no porque les bajen los impuestos sino porque haya vías, escuelas, aeropuertos, infraestructura”, remarcó.
“Buen mensaje”
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) calificó como “positiva” la aprobación de la iniciativa, la cual considera que contribuirá “al desarrollo social y económico del país” y destacó que es un “buen mensaje” para la economía colombiana.
“Esta Ley trae consigo importantes beneficios para el futuro del país en términos de: 1) desarrollo social, mayor equidad y más oportunidades; 2) crecimiento económico y competitividad de cara al mercado global; y 3) fortalecimiento de la industria y el sector empresarial por cuenta del avance hacia estándares internacionales en materia tributaria”, indicó el gremio.
Expresó que el punto clave de la iniciativa se concentra en el “mejoramiento de las condiciones de tributación de las empresas para impulsar la competitividad del país. Mantiene la seguridad jurídica de los empresarios y nuevos emprendedores respecto a las decisiones tomadas bajo la Ley de Financiamiento aprobada en 2018, y acerca más la tributación del sector privado colombiano a los promedios mundiales. La reducción paulatina del impuesto a la renta de 33% a 30% en 2022 también aliviará las cargas de los empresarios para: generar más empleo; promover las inversiones; ser más eficientes en los costos de producción y nos coloca en el límite superior de los países de la Alianza del Pacífico”.
¿Reducción del recaudo?
De acuerdo con un análisis del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, se señala que el recaudo se reduciría entre $9 y $12 billones.
“A partir del 1 de enero del 2020 entrará en vigencia un nuevo régimen tributario que implica cambios en los ingresos y costos para el Estado. Algunos análisis preliminares muestran que los ingresos podrían aumentar cerca de $5 billones por cuenta de disposiciones como la sobre tasa al sector financiero (temporal), el nuevo régimen de IVA cervezas y gaseosas, impuesto al patrimonio (temporal), las nuevas tarifas a personas naturales entre otros”, señala.
“Por otra parte, el recaudo se reduciría entre $9 y $12 billones agregando los efectos de la disminución en la tarifa de renta, el descuento de IVA en bienes de capital y en ICA, medidos por Minhacienda, con otras disposiciones como los días sin IVA, la compensación a los hogares más pobres, la modificación de los medicamentos, entre otros”, agrega.

Reflexiones al tema pensiones