Las pensiones constituyen uno de los asuntos económicos sobre los cuales, a pesar de su gravedad y gran impacto, el país mantiene entre sus definiciones pendientes. Por tratarse de una materia de orden estructural y que afecta al grueso de la población, la proyectada reforma pensional deberá enfrentarse con determinación pues los costos sociales son cada vez mayores.
Las recientes declaraciones de diferentes funcionarios, incluido el Presidente de la República, dejan ver la clara intención del Gobierno de poner a consideración del Congreso, en el segundo semestre del año, el proyecto de reforma al actual sistema pensional, sistema que, además de resultar altamente oneroso para el fisco nacional, genera iniquidades, aumenta las brechas entre grupos sociales y, lo que es peor, margina a un número sustancial de ciudadanos de acceder a una vejez digna.
El gasto público en pensiones, que en el Presupuesto General de la Nación de 2012 tiene asignada una partida de 24,6 billones de pesos, recursos que son superiores a los destinados a defensa y educación y con los cuales sólo se beneficia a 1,5 millones de personas, representa una de las principales inflexibilidades en los egresos, que dificultan, presionan y limitan enormemente el manejo presupuestal del país.
El problema pensional del régimen público, cuyo pasivo está calculado en cerca de 165 por ciento del PIB, constituye una de las mayores complicaciones fiscales que enfrenta el país en la actualidad y de cara a un futuro próximo. No debe olvidarse que uno de los detonantes de la actual situación europea ha sido, precisamente, el abultado déficit fiscal de muchos de estos países y el cual está asociado, en buena parte, al Estado de bienestar característico de estas sociedades. La falta de reformas estructurales en sectores estratégicos, como el de la seguridad social, dieron lugar al creciente déficit fiscal.
Según declaraciones del recién posesionado Viceministro de Empleo y Pensiones, Mauricio Olivera, sólo el 30 por ciento de la población está ahorrando para la vejez, con lo que, en la práctica, la gran mayoría de ciudadanos está desprotegida. Para hacer las cosas aún más graves, resulta que, en comparación con otros países de igual o mayor nivel de desarrollo, los beneficios del actual sistema pensional de Colombia son demasiado elevados; los aportes de los afiliados en los países desarrollados son mayores a los efectuados por los colombianos; y los beneficios recibidos son, proporcionalmente, menores a los obtenidos por nuestros pensionados.
De esta forma, de mantenerse las actuales condiciones laborales y de no aumentarse la cobertura, más del 50 por ciento de la población colombiana no tendrá los ahorros suficientes para obtener, ni siquiera, una pensión mínima.
Por tanto, y como lo afirmara a finales del año pasado el Presidente Santos, la viabilidad y la sostenibilidad en el largo plazo del actual sistema de pensiones están en serias dudas. Esto hace imperativo que los diferentes actores e instancias de la sociedad colombiana afronten, en su momento y con la seriedad y la responsabilidad necesarias, el estudio y la discusión de la reforma que está estructurando el Gobierno Nacional.
Sin lugar a dudas, la situación requiere de una reforma comprensiva que acerque al país a un escenario donde se tenga la mayor cobertura posible; con aportes regulares y adecuados en tiempo y valor; que se tenga una vida laboral activa que permita asumir la jubilación a una edad adecuada; y con beneficios proporcionales a lo aportado a lo largo del tiempo.
De allí que en la reforma será necesario incluir, además del cambio de edad y la igualación de la misma entre hombres y mujeres, otros asuntos como el aumento de la tasa de cotización sobre el ingreso y la revisión de las tasas de reemplazo.
El gasto público en pensiones, que en el Presupuesto General de la Nación de 2012 tiene asignada una partida de 24,6 billones de pesos, recursos que son superiores a los destinados a defensa y educación y con los cuales sólo se beneficia a 1,5 millones de personas, representa una de las principales inflexibilidades en los egresos, que dificultan, presionan y limitan enormemente el manejo presupuestal del país.
El problema pensional del régimen público, cuyo pasivo está calculado en cerca de 165 por ciento del PIB, constituye una de las mayores complicaciones fiscales que enfrenta el país en la actualidad y de cara a un futuro próximo. No debe olvidarse que uno de los detonantes de la actual situación europea ha sido, precisamente, el abultado déficit fiscal de muchos de estos países y el cual está asociado, en buena parte, al Estado de bienestar característico de estas sociedades. La falta de reformas estructurales en sectores estratégicos, como el de la seguridad social, dieron lugar al creciente déficit fiscal.
Según declaraciones del recién posesionado Viceministro de Empleo y Pensiones, Mauricio Olivera, sólo el 30 por ciento de la población está ahorrando para la vejez, con lo que, en la práctica, la gran mayoría de ciudadanos está desprotegida. Para hacer las cosas aún más graves, resulta que, en comparación con otros países de igual o mayor nivel de desarrollo, los beneficios del actual sistema pensional de Colombia son demasiado elevados; los aportes de los afiliados en los países desarrollados son mayores a los efectuados por los colombianos; y los beneficios recibidos son, proporcionalmente, menores a los obtenidos por nuestros pensionados.
De esta forma, de mantenerse las actuales condiciones laborales y de no aumentarse la cobertura, más del 50 por ciento de la población colombiana no tendrá los ahorros suficientes para obtener, ni siquiera, una pensión mínima.
Por tanto, y como lo afirmara a finales del año pasado el Presidente Santos, la viabilidad y la sostenibilidad en el largo plazo del actual sistema de pensiones están en serias dudas. Esto hace imperativo que los diferentes actores e instancias de la sociedad colombiana afronten, en su momento y con la seriedad y la responsabilidad necesarias, el estudio y la discusión de la reforma que está estructurando el Gobierno Nacional.
Sin lugar a dudas, la situación requiere de una reforma comprensiva que acerque al país a un escenario donde se tenga la mayor cobertura posible; con aportes regulares y adecuados en tiempo y valor; que se tenga una vida laboral activa que permita asumir la jubilación a una edad adecuada; y con beneficios proporcionales a lo aportado a lo largo del tiempo.
De allí que en la reforma será necesario incluir, además del cambio de edad y la igualación de la misma entre hombres y mujeres, otros asuntos como el aumento de la tasa de cotización sobre el ingreso y la revisión de las tasas de reemplazo.
Manarbe: Con mucha frecuencia se escucha en reunión con jóvenes que debido a la inviabilidad del sistema tal como esta hoy planteado, a ellos no les va a alcanzar para su jubilación, entonces es bueno que empecemos a darnos la pela que nos tengamos que dar con una reforma estructural, eso sí, respetando a quienes ya hayan avanzado considerablemente en los aportes y tengan derecho a su pensión, antes de un plazo de tiempo prudencial (cinco años, nuevo régimen de transición). Devolvámosle la esperanza a las nuevas generaciones y fomentemos en ellos el ahorro; importante que el sistema le cumpla más temprano que tarde a quienes hayan cumplido los requisitos para tener derecho a su anhelada pensión.
ResponderEliminarMarta: Otro aspecto de la justicia del sistema pensional, tiene que ver con los ya pensionados; estos bien o mal planearon su vida futura diez, veinte o treinta años atrás, con aportes al sistema. Pero resulta que cada año, la pensión se incrementa con base en el IPC (3.73% Dane enero 2012), sin embargo el SMLV se incrementa el 5.8% para 2012. Donde iremos a quedar a la vuelta de 10 años? Es un tema de estudio y pronunciamiento de la Honorable Corte Constitucional!
ResponderEliminarUno de los problemas mayúsculos de las pensiones, está cobijado por las grandes pensiones de senadores, representantes, ex presidentes, magistrados y otros. Acabar con estas exorbitantes pensiones, sería una buena y efectiva solución. Que la pensión más alta, sea de 8 salarios mínimos mensuales vigentes. Analicen señores
ResponderEliminarLo más importante, pero que nadie se atreverá a tocar, es terminar con el régimen privilegiado de senadores, representantes y magistrados , y en general con todos los privilegios que tiene la clase política, como los famosos "carruseles" en cortes y corporaciones públicas. El día que un presidente tenga los pantalones para terminar con ese sistema tan aberrante, ese día se podrá plantear el problema de las pensiones para el resto de colombianos. De lo contrario, ¡no boten corriente¡. No gasten pólvora en gallinazos.
ResponderEliminarGonzalo: Mi propuesta es: 1) la pensión máxima debe ser de 10 salarios mínimos, un alto dirigente que gana $10 o mas millones mensuales y ha laborado 26 años, si no ha ahorrado y construido un patrimonio que ayude a su subsistencia esta en nada. con esos 10 salarios es suficiente. 2) Quienes en la actualidad gana mas de 10 salarios mínimos deben ser objeto de un impuesto por un valor entre el 10% y el 20%, dependiendo de la cuantía de la pensión, el cual ira para el FSP. 3) Todas las pensiones inferiores a 4 salarios mínimos deben ser incrementadas entre el IPC o el incremento del salario mínimo, escogiendo siempre el mas alto. 4) que el 1.5%
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