jueves, 21 de diciembre de 2017

¿Dónde están las víctimas del conflicto?

Por: Óscar Sevillano

En todo este lío en que se ha convertido la creación de 16 curules paras las víctimas del conflicto, poco se han escuchado las voces de esta población, que desde el mismo punto de vista debería estar marchando en las principales avenidas de las ciudades, pidiendo respeto por el derecho a la participación política que les brinda los Acuerdos de Paz.
Es lamentable que la creación de 16 curules para las víctimas del conflicto en el Congreso de la República, hecho que puede servir como acto de reconciliación y reconocimiento político entre esta población y el Estado, se haya convertido en una pelea de honor entre el Ejecutivo y el Legislativo en Colombia, acudiendo a argumentos poco creíbles como el respeto por la separación de poderes, cuando todos sabemos que estas dos ramas públicas se encuentran íntimamente ligadas.
En este choque de trenes lo que más ha sorprendido es la manera como el presidente del Senado, Efraín Cepeda, que apoyó los Acuerdos de Paz, ahora se resista a darle vía libre a la posibilidad de que la población víctima del conflicto tenga representación en el Legislativo a partir de asociaciones y comunidades en sus territorios, sin la intermediación de un partido político.
¿Será esta la mayor demostración del poco interés que tiene el Legislativo en permitirle el acceso al ciudadano del común a los espacios donde se toman las decisiones en el país?; ¿es acaso esta la mayor prueba de que la clase política se resiste a un cambio que permita que las voces de los diferentes territorios en Colombia se pronuncien?; ¿será acaso que a los congresistas que se oponen a esta iniciativa lo que les preocupa es no poder capturar políticamente a esta población?
El Congreso de la República en cabeza de Efraín Cepeda y Rodrigo Lara, el Centro Democrático, Cambio Radical y algunos liberales como Viviane Morales se están llevando por delante a las víctimas del conflicto, las mismas a las que acuden con sonrisa de oreja a oreja, demostrando lo hipócritas que pueden llegar a ser cuando de buscar apoyo en las urnas se trata, para pedirles el voto, bien sea para reelegirse en el cargo o para colocar a su heredero político.
Hay que recordar que muchos de ellos, especialmente del Centro Democrático y Cambio Radical, celebraron gozosos de alegría el momento en que el secretario del Senado anunció el hundimiento de la conciliación que creaba las 16 curules. 
Qué bueno sería que las víctimas del conflicto les pasen factura evitando su reelección o la llegada al cargo de sus herederos. Solo así el país podrá tomar conciencia de la necesidad que existe de escoger a candaditos al Congreso con verdadera vocación de servicio al ciudadano, enviando el mensaje al resto de los colombianos de que no se puede seguir  permitiendo la llegada al cargo de personas que poco le han servido a este país y que son toda una vergüenza nacional, no solo porque pueden estar ligados a hechos de corrupción, sino además porque hay también casos como el de Rodrigo Lara Restrepo, actual presidente de la Cámara de Representantes, quien todos los días demuestra que su único mérito en la vida es ser hijo de Rodrigo Lara Bonilla.
¿En donde está la sociedad civil que hizo sentir su voz, luego de la derrota del Sí en el plebiscito?; ¿qué sucede con esas organizaciones que no salen a marchar pidiéndole al Legislativo cumplir con la implementación de los Acuerdos de Paz?; ¿es que acaso se dejaron amedrentar por los opositores de derecha y acudieron a la comodidad del silencio?; ¿qué pasó con las comunidades de víctimas del conflicto, quienes deberían ser las más interesadas en que este punto se convierta en realidad?; ¿permitirán que alguna ficha de Uribe o de Germán Vargas Lleras ocupe el lugar que les corresponde?
En estos momentos la sociedad colombiana, en este caso las organizaciones que votaron Sí en el plebiscito, deberían estar marchando en las calles exigiéndole al Congreso de la República la debida implementación legislativa de los Acuerdos de Paz y, sobre todo, tener un poco de beneplácito con la población víctima del conflicto que durante décadas enteras ha sido excluida de las grandes discusiones de carácter nacional, y por decencia con ellas, mostrarse abiertos a la posibilidad de que tengan representación en el Legislativo, sin que exista el menor riesgo de que sus curules sean manoseadas por la clase politiquera y corrupta que se tomó los asientos de Senado y Cámara.

Reflexiones al tema pensiones

miércoles, 6 de diciembre de 2017

Desde los ojos de la academia

CARACTERÍSTICAS DE LOS FUTUROS LÍDERES PRESIDENCIALES
Tres directivos de reconocidas universidades colombianas dan su opinión sobre el perfil que debe tener el próximo líder presidencial del país.
El liderazgo es determinante para construir sociedades que se caractericen por el respeto a los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente y la construcción social.
Colombia, de cara a elecciones presidenciales, tiene en sus manos la responsabilidad de elegir un candidato que trabaje en equipo, que piense en el bien común, que transite en la legalidad y que se fundamente en los valores, tan necesarios en estos tiempos cuando la corrupción es protagonista.
Un mal que no sólo afecta a Colombia, sino a la región. Cambiar esta realidad depende, en gran parte, de los líderes que asuman el poder. Por eso hablamos con la academia para conocer cuáles son las características que ellos creen deben tener estos representantes.
Alberto Montoya, rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, considera: “Se necesita una persona con un manejo muy independiente y muy firme para generarle a Colombia confianza, al inversionista confianza y al cimiento del país confianza. Un líder de muy fuerte marca, con carácter, que tenga muy claro que la educación es esencial para que el país pueda llegar a tener un mejor índice de desarrollo”.
Otros directivos comparten su punto de vista.

Padre Jorge Humberto Peláez, rector Universidad Javeriana

Más allá de las características del liderazgo, ¿qué debe tener claro quien llega a ejercerlo?
Desde el líder más pequeñito al más grande debe tener en primer lugar claridad interior sobre su proyecto de vida. Segundo: su propuesta de valores para ponerla sobre la mesa y convocar a otras personas para que compartan un sueño común. Eso supone una capacidad de reflexión y de interiorización que en Colombia no existe hoy.
¿A qué nos debe llevar la crisis de liderazgo?
Eso nos lleva a un tema muy bello que es la importancia de los valores. Una persona, para que pueda construir su proyecto de vida que la satisfaga, que la haga sentir plena, necesita tener respuestas a interrogantes como cuál es el sentido de la vida y a qué le apostamos: a la plata, el sexo, el poder o le estoy apostando a qué.

John Branch, vicerrector de la Universidad Nacional, sede Medellín

¿Cuáles son las características que debería tener el próximo líder presidencial?
Además de tener al país en la dimensión de estadista, debe tener las dimensiones geopolítica y geoestratégica de lo que somos a nivel planetario y las dinámicas que actualmente viven América y Suramérica, y muy particularmente lo que significa la educación, especialmente la pública, para la equidad, el salto social y fundamentalmente entrar en la ruta de lo que significan las sociedades del conocimiento en el Siglo XXI.
En la sociedad estamos viendo una crisis de valores, ¿cuál es la estrategia de la academia para volcar su mirada a este tema?
Esencialmente retomar el valor de la ética. La estrategia está orientada a trabajar de la mano con la comunidad universitaria para apropiar raíces socio-antropológicas de lo que somos como sujetos históricos en términos de una formación socio-humanística integrada a los saberes técnicos y científicos.

Rafael Sánchez, rector de la Universidad El Bosque

¿Cuáles son las características que debería tener el próximo líder presidencial?
Es fundamental que tenga un propósito de servicio, que quiera trascender y entender que su tiempo en la Presidencia es el inicio de un período en el que debemos trabajar juntos por mejorar la calidad de vida de todos, sin olvidar que la deuda más grande que hay en el país, además de la inequidad, es hacernos más competitivos.
¿Cómo entiende el liderazgo íntegro?
Un líder es el que tiene propósito y capacidad de convencer a otros de unirse para un objetivo determinado. Una vez tiene seguidores, debe generar las condiciones para llevar a cabo su cometido, generar una estrategia para que eso ocurra. Después debe tener la capacidad de aprender y mejorar lo que ya hizo, siempre pensando en un fin que debe ser generar impacto en quienes le rodean.
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La nefasta propuesta pensional de los banqueros

dinero.com,  | 2017/11/24 

POR: MARIO VALENCIA

La insistencia de ANIF en esta reforma y los propios hechos han demostrado que la Ley 100 fue un fracaso.

Otra vez ANIF ha lanzado una propuesta para reformar el sistema pensional colombiano, y otra vez su contenido tiene el propósito de lesionar la calidad de vida. La sugerencia es marchitar el sistema público de pensiones, cerrando la opción de nuevos afiliados a Colpensiones, lo que por supuesto beneficiaría a las administradoras privadas de pensiones. También piden subir la edad de pensión en 5 años, a 62 para las mujeres y 67 para los hombres.

La situación pensional de Colombia es dramática. De cada 10 trabajadores solo cotizan 3 y de estos solo 1 se pensiona. Según Fedesarrollo, de quienes lo logran, el 57% hacen parte del 30% más rico de la población y tan solo el 9% de los pensionados están en el 30% más pobre. Pensionarse en el régimen privado creado en la Ley 100 de 1993 es casi imposible; para hacerlo con una mesada de $ 1‘000.000 mensuales debe ahorrar $200 millones durante 1.300 semanas. Llegar a este monto implica ganarse $1.500.000 mensuales y aproximadamente el 74% de los ocupados ganan menos que esto. Esto explica porqué el 40% de quienes están en los fondos privados no tienen una renta vitalicia sino un retiro programado.

Mientras esto ocurre, los fondos privados acumulan a septiembre de este año $218,4 billones de ahorros pensionales de los cuales 69,9 billones corresponden a préstamos al mismo Estado que montó el negocio privado. El sistema público se quedó sin los cotizantes y la población con la deuda, a unos fondos en donde tan solo 3 grupos económicos concentran el 94% del ahorro pensional y el 60% de los activos financieros del país. ¿Puede una nación funcionar adecuadamente con semejante nivel de concentración de riqueza y poder político y judicial?

La insistencia de ANIF en esta reforma y los propios hechos han demostrado que la Ley 100 fue un fracaso. Pero si se reforma en el sentido que propone la institución financiera, provocará que el disfrute de la pensión promedio de un colombiano pase de 14,7 años a 9,7 años, cuando en algunos países de la OCDE es en promedio de 18 años. Parafraseando al finado Fabio Echeverry: a los trabajadores les va mal, pero a los banqueros les va bien, muy bien.

El sistema pensional debe cambiarse, pero en otra dirección. El próximo gobierno y Congreso deben, primero, definir la naturaleza política del nuevo sistema, teniendo en cuenta como aspecto fundamental su condición social: no debe ser un sistema de ahorro individual sino de solidaridad intergeneracional. El logro de la pensión debe ser un derecho de los trabajadores y no una fórmula matemática.

En segundo lugar se debe buscar la solución financiera, pero no al revés como propone ANIF. Una propuesta sería que hasta ingresos de 4 salarios mínimos sea obligación afiliarse el régimen público y de ahí en adelante sea opcional hacerlo en el privado. Una de las causas por las cuales el sistema colapsó es que en el régimen privado hay 47 cotizantes por cada pensionado y en el público apenas 1,8 cotizantes por cada pensionado. Esto debe cambiar.


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Reflexiones al tema pensiones




martes, 28 de noviembre de 2017

Los programas de la derecha


Por: Salomón Kalmanovitz


El manifiesto de los expresidentes Uribe y Pastrana en torno a su “Alianza para la Reconstrucción de Colombia” sintetiza el programa económico de la derecha. “Creemos que el Estado se ha vuelto ineficiente y derrochón”, afirman. Se requiere entonces “un Estado austero y pequeño, dedicado a proveer los bienes públicos que demanda la población”.
El mensaje es claro: reducir impuestos a las empresas y a sus dueños, reduciendo el tamaño del Estado a un mínimo. Pretenden reducir la corrupción y el desgreño que caracterizan al sistema clientelista que ha estado detrás de todos los gobiernos contemporáneos del país, incluyendo los de los signatarios de la alianza.
También introducen promesas populistas. “Consideramos que el crecimiento económico debe estar acompañado de una política progresiva e incluyente, que permita las mejoras sociales que demanda la mayoría de la población, logrando mejores niveles de equidad, salud y educación”. Prometen un aumento salarial a los trabajadores junto con “el mejoramiento de los ingresos de la clase media y popular del país”.
Agregan: “No permitiremos una justicia especial que persiga a militares y al resto de colombianos de bien, en una cacería politizada. Tampoco un proceso que les quite la tierra a los colombianos honorables”, no importa si desplazaron a los propietarios de siete millones de hectáreas durante el conflicto cuya existencia siempre negaron.
La candidata que se sintió más beneficiada por la nueva alianza fue Marta Lucía Ramírez, quien escribió una efusiva misiva: “quiero saludar nuevamente este acto de responsabilidad democrática y patriótica, reflejo de su talante y compromiso con el futuro de nuestra Nación, y reiterar que pongo al servicio de este propósito mi liderazgo, experiencia y capacidad de trabajo”. Ramírez fue ministra de Defensa de Uribe, pero sólo duró entre agosto de 2002 y noviembre de 2003. En las elecciones de 2014 obtuvo dos millones de votos, reconocimiento que la coloca por encima de los cinco aspirantes dentro del Centro Democrático. Ramírez no tiene nada en su página que toque la economía, así que asumo que seguirá las directrices de la alianza.
Iván Duque lideraba las encuestas dentro del partido de Uribe, siendo el más moderado de sus seguidores. Duque está asesorado por Alberto Carrasquilla, exministro de Hacienda de Uribe (2003-2006), quien presentó una reforma tributaria tan favorable a las empresas que hasta Uribe decidió socavarla públicamente, precipitando su renuncia.
El programa económico de Duque es muy elaborado y se presenta en un folleto que aparenta ser libro, titulado IndignAcción. Allí presenta sofismas como decir que Colombia tiene la tarifa del impuesto a la renta más alta entre los países de la OECD, sin mencionar que tiene el recaudo efectivo más pequeño de ese impuesto en el mismo grupo (6 % del PIB contra 18 % de promedio). Se sigue que hay que reducirlo y aumentar los impuestos indirectos como el IVA. Agrega que hay que “reducir el déficit fiscal, aumentando el recaudo con mayor actividad económica por la vía de la simplificación de los trámites y … regulaciones orientadas a brindar estabilidad y certidumbre a la inversión”, lo que resulta ser otro sofisma ampliamente desacreditado.
Duque presenta unas propuestas interesantes sobre la economía naranja que fomentará la ciencia, la tecnología e innovación, y las energías limpias, pero son más bien accesorias a los tres huevitos de Uribe.

Reflexiones al tema pensiones

miércoles, 22 de noviembre de 2017

¿Realmente el país necesita subir la edad para pensionarse?

ELCOLOMBIANO.COM, 19 DE NOVIEMBRE DE 2017
por: ALFREDO GARCÍA - COLPRENSA



Santiago Montenegro, presidente de Asofondos. FOTO COLPRENSA


En los últimos días ha vuelto a ponerse sobre el tapete la urgencia de una reforma pensional en Colombia, sobre todo para que la tramite el próximo Gobierno que se instalará en la Casa de Nariño a partir del 7 de agosto del 2018.

Hay propuestas como la de elevar en cinco años las edades de jubilación de hombres y mujeres, y marchitar a Colpensiones.

Lee: Anif propone subir la edad de pensión y cerrar Colpensiones

Sin embargo, Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, el gremio de los fondos privados, recalca que por ahora no es necesario aumentar las edades para lograr una pensión. Hoy están en 57 años en mujeres y 62 en hombres.
Pero sostiene que el actual régimen presenta desequilibrios y baja cobertura, por lo que es necesaria una reforma de manera urgente para que sea sostenible en el tiempo.

De nuevo se insiste en una reforma pensional. ¿Por qué Colombia necesita eso, y cuál es su verdadera urgencia?
El sistema pensional colombiano tiene problemas de cobertura (aún pocos con pensión); y el régimen público de pensiones cuenta con inequidades (subsidios más altos para pensiones privilegiadas) y muy serias dificultades de sostenibilidad.

En adición, el país tendrá un cambio demográfico inevitable, es decir una población más envejecida, y menos jóvenes, lo que empeorará considerablemente la situación. Otro factor que pesa en este panorama es la altísima informalidad laboral que alcanza un 65% de los trabajadores activos. Por todas estas razones, se necesita un ajuste estructural que aumente la cobertura, mejore en el sistema público de pensiones la equidad, y alivie la carga del gasto público en pensiones para que dicho régimen sea sostenible en el tiempo.

¿Qué ha faltado para que se reforme el régimen pensional, ya que en el segundo mandato del presidente Santos, el proyecto que se tramitaba quedó estancado en el Congreso?​
La reforma que se propuso en 2012 fracasó porque era una reforma fiscal escondida que buscaba era darle recursos al Gobierno para reducir el déficit fiscal en el corto plazo, pero no para reducir el gasto público en pensiones en el largo plazo, lo que tumbaba el ahorro nacional.

Para llevar a cabo una buena reforma al régimen pensional se requiere suficiente capital político, que se tiene al comienzo de un nuevo Gobierno.

En Asofondos consideramos que el próximo Presidente de la República debe actuar pensando en el bienestar de las próximas generaciones y liderar una reforma para lograr un sistema que permita que las personas tengan una vejez tranquila y segura y el sistema en su componente público sea más equitativo y sostenible financieramente, sin afectar el ahorro nacional.

Se dice que Colombia está al borde de una “bomba pensional”. ¿Es así de grave la situación?
La situación pensional que vive nuestro país es muy preocupante, actualmente el sistema pensiona a muy pocas personas, y como dije, el régimen público es altamente inequitativo y no es sostenible.

Por eso es imperativo aumentar la cobertura y el ahorro y eliminar la regresividad de los subsidios pensionales del régimen público, que como ha dicho el BID, fungen como una suerte de Hood Robin (más ayuda a los ricos y muy poca a los pobres). El sistema consume una gran cantidad de recursos para beneficiar a un número muy reducido de colombianos, dejando desatendidos a una gran proporción de personas mayores que no tienen ningún ingreso. Eso sí es una tragedia social.

Anif plantea subir las edades de jubilación en 5 años para hombres y mujeres. ¿No es exagerado elevarlas tanto, pues Colombia no está en los niveles de esperanza de vida que sí tiene Europa, por ejemplo?​

Desde Asofondos no vemos que sea necesario aumentar edades para pensionarse, no al menos en las próximas dos décadas, ¿por qué razón?

Vemos que existen otras prioridades para mejorar el equilibrio del sistema. Una de ellas, por ejemplo, es la de focalizar mejor los subsidios estatales que hoy se otorgan a las personas de más altos ingresos en el régimen público. Así, una persona que cotizó por 25 salarios mínimos ($18 millones) recibe cerca de mil millones de pesos en subsidios del régimen público, dinero que permitiría darles un ingreso vitalicio a más de 30 personas para cubrir la línea de pobreza. Esa línea de pobreza representa aproximadamente 200 mil pesos al mes.

¿Cuáles podrían ser los pilares de una verdadera reforma de largo plazo y no una colcha de retazos?
Estimamos que una propuesta de reforma pensional debe eliminar el arbitraje que existe hoy entre los dos regímenes, público y privado. Es decir, debería haber un solo pilar contributivo que sea financieramente autosostenible, de tal forma que no demande recursos de la Nación.

Las pensiones, salvo las de salario mínimo, deben ser proporcionales a las cotizaciones realizadas por cada trabajador, eliminando los subsidios que actualmente reciben las personas de altos ingresos. Por ello, planteamos garantizar un pilar solidario para los colombianos de más bajos recursos y además perfeccionar programas actuales como el de BEPS y darle más fuerza a otra iniciativa como es Colombia Mayor, que es ya una base sólida y que bajo el Gobierno actual ha tenido una gran expansión con un millón y medio de afiliados. Por supuesto, y es importante aclararlo: toda reforma pensional debe respetar los derechos adquiridos de los pensionados y las expectativas legítimas de quienes estén próximos a jubilarse. Además, la reforma no debe ser para camuflar la situación fiscal de corto plazo como se hizo en Argentina.

¿Qué explica la constante migración de personas de los fondos privados a Colpensiones, pues lo que se argumenta es que esas entidades solo están enfocadas en pagar pensiones de salario mínimo, ya que lograr los niveles de ahorro que exigen es muy complicado?
El Ministerio de Hacienda con su estudio “Movilidad e interacción entre regímenes del Sistema General de Pensiones Colombiano” sobre los traslados entre regímenes pensionales, evidenció que el 95% de quienes dejaron un fondo privado para irse a Colpensiones, desmejoraron condiciones o no se pensionarán.

De ahí nació el mecanismo de doble asesoría que desde hace poco más de un año permite que quienes estén pensando en trasladarse, lo hagan con suficiente ilustración y tomen decisiones de forma racional y pensando en su mayor bienestar.

Los fondos privados son la mejor opción para el trabajador, pues en este régimen se puede pensionar más fácilmente y recibe más beneficios que en el régimen público.

¿Por qué se dice todo lo contrario? 
En un fondo privado las personas tienen dos caminos para llegar a la pensión: por capital acumulado o por semanas cotizadas, en nuestro caso 1.150 semanas (tres años menos que lo que le piden en Colpensiones), sin importar que ese trabajador no tenga el capital suficiente. Pero además para muchas personas que no lograrán pensionarse por diversas razones, en el fondo privado le devolverán más dinero que en el otro lado. La diferencia puede ser de 1 a 3 es decir, hasta tres veces más dinero que en el régimen público donde no les reconocen intereses a los trabajadores.

Como están las cosas, ¿cree que cerrar las afiliaciones a Colpensiones (como plantea Anif) a partir del 2019 no es algo aventurado?​

Nosotros no hemos planteado cerrar Colpensiones. La entidad debe concentrarse en impulsar programas como Colombia Mayor o BEPS, con algunos ajustes para mejorar su alcance y, si es el caso, el nuevo régimen contributivo de pensiones junto a las Administradoras de Fondos de Pensiones.

¿Confía en que se hará una reforma pensional en el próximo Gobierno, y sí se logra algunos analistas sostienen que será por allá en el año 2019 o 2020?
Desde Asofondos hemos insistido en la urgencia de una reforma pensional estructural y sin duda, deberá ser una prioridad en la agenda de la próxima administración. Con la Comisión de Gasto Público, el actual Gobierno dio un importante paso para dejar trazadas las recomendaciones en esta materia. Pero la reforma debe hacerse bien, no para camuflar los problemas fiscales de corto plazo.

¿Por qué cree que las últimas reformas al sistema pensional han fracasado?
Técnicamente, desde la Ley 100 de 1993, no hemos tenido una reforma estructural del Sistema Pensional Colombiano.
Sin embargo, hemos tenido modificaciones muy importantes al sistema, como la Ley 797 de 2003, que obligó a los trabajadores independientes a cotizar, impuso la restricción de traslados entre regímenes hasta 10 años antes de la edad de pensión y modificó la edad de pensión de 57 años para las mujeres y de 62 en los hombres.





Reflexiones al tema pensiones