viernes, 31 de mayo de 2013

ME GUSTA LA GENTE

REFLEXIÓN:
ME GUSTA LA GENTE

Me gusta la gente con la cabeza en su lugar, que sea espiritual, con idealismo en los ojos y los pies en la realidad.

Me gusta la gente que ríe, llora, se emociona con una simple carta, un llamado, una canción suave, una buena película, un buen libro, un gesto de cariño, un abrazo.

Gente que ama y tiene nostalgias, le gustan los amigos, cultiva flores, ama losanimales, admira paisajes, la poesía y sabe escuchar.

Gente que tiene tiempo para sonreír bondad, pedir perdón, repartir ternuras, compartir vivencias y tiene espacio para las emociones dentro de sí, emociones que fluyen naturalmente de adentro de su ser!


Gente que le gusta hacer las cosas que le gustan, sin huir de compromisos difíciles, por más desgastantes que sean


Gente que ayuda, orienta, entiende, aconseja, busca la verdad y siempre quiere aprender, aunque sea de un niño, de un pobre, de un analfabeto.


Gente de corazón desarmado, sin odio y preconceptos baratos, con mucho amor dentro de sí.


Gente que se equivoca y lo reconoce, cae y se levanta, asimila los golpes, tomando lecciones de los errores y haciendo redimir sus lágrimas y sufrimientos.


Me gusta mucho la gente así... y creo que a Dios también le gusta este tipo de gente.


Autor Anónimo. 

Enviado por Juan Coronado

Que la gracia y la paz de Cristo, estén contigo esta semana!!!! 

Purificación..

 30 de Mayo del 2013

Ricardo Silva Romero

Que hable Hipólito Moreno. Que diga lo que hizo y lo que sabe. Y que luego, a su debido tiempo, muera
Hipólito Moreno era un secreto a voces hasta que confesó que sí era un ladrón: hace unos días reconoció que en el final de su larga temporada como concejal de Bogotá, cuando la mentira “todos los políticos son corruptos” parecía ser verdad, había tomado la decisión de quedarse con miles de millones de pesos del valor de un contrato –el 1229 del 2009– que le entregaba a esta ciudad enervada y truncada nada más y nada menos que setenta ambulancias. Se trataba de un contrato, pues, de vida o muerte: el esposo de una amiga mía, por ejemplo, moriría seis meses después por cuenta de los atropellos y las negligencias en el servicio. Pero el señor Moreno, perdido en el vicio de la corrupción en aquella capital suya en la que se había vuelto más fácil robar que no robar (en Colombia la gente vive al mismo tiempo en Colombia y en un mundo propio que le da la espalda), se resignaba a cometer sus delitos.
Las familias colombianas suelen estarse reponiendo de algún asesinato. A Hipólito Moreno le mataron a su padre. Y apenas pudo dejó Purificación, su tierra en el Tolima, en busca de esta ciudad que ya estaba creciendo como una mancha y ya se estaba saliendo de las manos. Fue aquí donde le sucedió el segundo acto de su historia: aquí montó una panadería, se graduó de periodista y se dedicó en cuerpo y alma a ser, de 1989 a 1997, un importante funcionario del Distrito. En los trece años siguientes fue ganándose adjetivos, fue “devoto”, “irónico”, “incansable”, “sibarita”, “solitario”, “generoso”, “popular”, “politiquero”, “chantajista”, “intimidante” y “poderoso”, en su paso nefasto por el Concejo de Bogotá. Y todo al final, si acaso es cierto que existe el destino, para que hoy diga en voz alta la verdad.
Para que hoy, a los 53 años y doblegado por una enfermedad terminal, tenga esta rara oportunidad de subirse al escenario a declarar que sí nos han estado robando: que hubo un día en que la sentencia “roba pero hace” sonó a sensatez.
Quizás su silencio tenso haya probado su poder: las pocas veces que cayó en la tentación de hablar, como cuando fue capaz de decir “me siento orgulloso de mí mismo”, “mis acciones han estado dentro de la Constitución y la ley”, “represento a quienes pedimos espacio”, “la alcaldía sería para mí un buen destino” y “a mí me atacan por negro”, el señor Moreno dejó escapar el monólogo delirante de esos políticos que en verdad son empresarios, pero habría que reconocerle que casi todo el tiempo supo ser un titiritero sórdido y sagaz en la tras escena de su Bogotá. Qué extraño está siendo su final. Qué dramático. Si acaso es cierto que existe el destino, y vivir es responderse “para qué”, lo suyo ahora puede ser contarlo todo.
Ya ha pedido perdón a la sociedad. Ya ha rogado disculpas, con él y por él, su antiguo jefe en el Partido de la U: el equívoco Juan Lozano. Pero si en verdad quiere poner las cosas en orden, ya que ha reclamado la casa y el cuerpo por cárcel, tendría que contarnos en primera persona y sin adornos la historia de una Bogotá empobrecida –bajo las narices, sí, de una ciudadanía dividida e indolente– por una manada de políticos ladrones que se quedaban con el dinero de todos a cambio de no hacer su trabajo, que se refugiaban en la guarida del moralismo mientras perfeccionaban sus maneras de amañar aquellas licitaciones plagadas de controles, que solamente dejaban de ser esos pícaros típicos que aparecían en las conversaciones de los hastiados, para convertirse, plenamente, en enemigos públicos, si una mala noche una amiga perdía a su marido porque “algún hampón de esos” se había quedado con el dinero para las mejores ambulancias.
Que hable Hipólito Moreno. Que diga lo que hizo y lo que sabe. Y que luego, a su debido tiempo, muera en paz.

¿Estamos tocando fondo?..

 30 de Mayo del 2013

José Miguel Alzate

Colombia empezó a tocar fondo cuando se comprobó que la gran mayoría de sus dirigentes políticos tuvieron nexos con la delincuencia.
La reciente condena de 30 años de cárcel proferida por la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente de la Cámara de Representantes, César Pérez García, acusado de ser el determinador de la masacre de Segovia, ocurrida el 11 de noviembre de 1988, invita a abordar el tema que lleva por título esta columna. Sobre todo porque confirma cómo en algunas regiones del país la clase política se alió con los paramilitares para ejecutar crímenes que causaron conmoción. Algo que quedó comprobado con la sentencia que la misma corte profirió contra Álvaro García Romero, condenado a 40 años de cárcel como autor intelectual de la masacre de Macayepo, el 14 de octubre de 2000.
Colombia empezó a tocar fondo cuando se comprobó que la gran mayoría de sus dirigentes políticos tuvieron nexos con la delincuencia. Una sociedad que ve asombrada cómo más de 60 congresistas caen a la cárcel por el delito de concierto para delinquir, es una sociedad que no encuentra respuesta a la pregunta que todos los días se hace de cuándo el país cayó tan bajo. Escuchar a través de los medios de comunicación noticias sobre la forma como los políticos se aliaron con asesinos para incrementar su votación es algo que produce desazón. Porque con la fuerza de la armas lograron constreñir al elector, obteniendo así la votación requerida para llegar al Congreso de la República.
¿Estamos tocando fondo? La verdad, ¡sí! Argumentos para afirmarlo sobran. Lo peor que le pudo haber pasado a Colombia fue la creación de las autodefensas. El surgimiento de estos grupos al margen de la ley posibilitó, en parte, la captura del Estado. Asombra saber cómo este movimiento armado disponía de los presupuestos en sus zonas de influencia. Varios gobernadores fueron elegidos gracias a su apoyo armado: Trino Luna en el Magdalena, Hernando Molina en el Cesar, Salvador Arana en Sucre. Esto, claro está, no es nada frente a lo que lograron en el DAS. Este organismo estaba prácticamente a su servicio en la época de Jorge Noguera Cotes.
Cuando se mira el alcance de la corrupción que se entronizó en los organismos del Estado, donde funcionarios inescrupulosos se han apropiado de cuantiosos recursos, se puede afirmar que el país está tocando fondo. El carrusel de la contratación en Bogotá asombra cada día más. Ya no es solo lo que se robaron los Nule, o lo que se apropiaron los hermanos Moreno. También está la tajada que se han llevado los concejales. Hipólito Moreno se echó al bolsillo 5.600 millones de pesos como comisión en la contratación de ambulancias. Emilio Tapia y Julio Gómez, como contratistas, aceitaron con dinero una empresa criminal que hizo ricos a funcionarios públicos.
El Banco Mundial reveló que en Colombia los corruptos se apropian de más cinco billones de pesos al año. ¿No piensan estos ladrones de cuello blanco que esos dineros los necesita el Estado para garantizarles a los colombianos calidad de vida? En el Chocó la pobreza es extrema. Hay pueblos sin carreteras pavimentadas, sin servicio de agua potable, sin energía eléctrica. ¿Cuántas casas de interés prioritario se podrían construir con cinco billones de pesos? Los corruptos no miran esto. Lo único que les importa es llenar sus bolsillos con dineros esquilmados al Estado. Son personas que llegan a los cargos públicos no con el ánimo de servir a la comunidad sino con el propósito de enriquecerse.
La justicia tiene que actuar con mano fuerte contra quienes apoyaron esa máquina de muerte que llenó de sangre a Colombia: el paramilitarismo. Pero también contra quienes se han apropiado de recursos del Estado. No es con penas simbólicas como se debe castigar ese derramamiento de sangre que conmovió al país ni el robo de dineros públicos. Estamos tocando fondo en materia de connivencia con el delito. Mientras Enilce López, la ‘Gata’, condenada a 40 años de cárcel, se moviliza en libertad por tierras de la Costa, muchos parlamentarios que llegaron al Congreso con votos de condenados por parapolítica disfrutan las mieles del poder sin sentir vergüenza por los delitos que sus jefes políticos cometieron

Adelante con el acuerdo sobre tierras..

 eltiempo.com,  30 de Mayo del 2013

Rudolf Hommes

El acuerdo al que han llegado el Gobierno y la guerrilla ya se puede comenzar a poner en práctica.
El hecho más importante en las negociaciones entre el Gobierno y las Farc sobre las tierras y la organización de la producción agrícola en Colombia es que ya se acordó algo que probablemente es sensato, porque las partes entienden que si se les va la mano, condenan lo que se convenga al fracaso.
Adicionalmente, la comisión negociadora del Gobierno la conforman personas experimentadas, serias e inteligentes y la dirigen y orientan dos de ellos que si pecan de algo es de prudencia.
‘Iván Márquez’ y ‘Catatumbo’ están hablando otro lenguaje. En las entrevistas que les concedieron a este diario y a Semana son menos categóricos, aunque siguen generando inquietudes sobre aspectos críticos, como las zonas de reserva campesina, los límites del tamaño de proyectos agropecuarios productivos privados, el aumento del área de producción en el país y más que todo por la aspiración inaceptable para el Gobierno y gran parte de la población de que todo culmine en una asamblea constituyente.
‘Pablo Catatumbo’ dice en Semana que las Farc van a responder por asesinatos como los de los diputados del Valle o los de la familia Turbay Cote. Recuerda que sus familias también fueron víctimas inocentes del conflicto, para no comprometerse por lo pronto a pedir perdón, pero no argumenta que las víctimas son un daño colateral del conflicto, como lo hacía ‘Granda’ en una época caracterizada por el cinismo de los dirigentes de las Farc, que afortunadamente ha evolucionado a una posición más flexible, fruto del avance en las negociaciones. Si estas progresan rápidamente, no sería extraño que al final estuvieran dispuestos a pedir perdón si los que secuestraron y mataron a los parientes de sus dirigentes o los promotores del exterminio de la UP hicieran lo mismo.
El acuerdo al que han llegado el Gobierno y la guerrilla ya se puede comenzar a poner en práctica. Desde hace años se ha argumentado en círculos que no son de izquierda que mejorar y aumentar el acceso de los campesinos a la tierra y a otros medios de producción son políticas necesarias y que contribuyen a restablecer un equilibrio entre la ciudad y el campo donde se concentra la mayor pobreza, hay menos oportunidades, menor acceso a servicios, a educación y salud, a empleo y a protección social.
Hacer un esfuerzo serio y efectivo para mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de la población rural es algo que se ha necesitado y que no debe posponerse.
Lo que está sucediendo es en cumplimiento de los sorprendentes anuncios que hizo Santos apenas se posesionó. No hay razón entonces para demorar la puesta en marcha de varios de los acuerdos enunciados, por ejemplo la formalización de la propiedad rural y la actualización del catastro.
Estas medidas dotarán a los municipios de cuantiosos recursos adicionales. Para ser consecuentes con lo que está sucediendo a favor de la paz, los gobiernos locales deberían orientarlos a financiar inversión en programas de desarrollo regional, en bancos municipales de tierra que les darían acceso a los pequeños productores a tierra arrendada, en programas de extensión agropecuaria o de adecuación de tierra y provisión de infraestructura y otros bienes públicos para los productores rurales.
El banco nacional de tierras que se ha acordado en La Habana podría organizarse desde ahora, y a los programas rurales de desarrollo social ya debería dárseles un mayor alcance.
De esta forma se evita hacer dependiente del desenlace de las negociaciones en La Habana la aplicación de las políticas que eran parte del programa de Gobierno y que son requeridas urgentemente y pueden servir para acelerar el desarrollo posterior del acuerdo.

La Paz, más cerca...

 30 de Mayo del 2013

Enrique Santos Molano

Tan importante es la paz de Colombia que ha recibido el apoyo del mundo entero. Los colombianos han entendido que sin ella no tienen presente, ni tendrán futuro.
La firma del primer acuerdo Gobierno-Farc sobre la espinosa agenda agraria nos puso a los colombianos tan cerca de la paz como nunca antes lo habíamos estado. El acontecimiento, calificado de histórico por los medios y los analistas, celebrado con alborozo por los ciudadanos, fue noticia mundial. En Colombia se recorre con firmeza el áspero sendero que conduce hacia la paz. Las minas que a cada trecho le siembran sus vociferantes y tortuosos enemigos no han conseguido su meta abominable de quebrantar el ánimo de paz de los colombianos. Los que critican el proceso, los que se agarran de cualquier pretexto, de imaginarias impunidades del marco jurídico, los que perdonan y absuelven a sus amigos aunque sean culpables, y condenan a sus enemigos, aunque sean inocentes, no han podido entender, ni entenderán, que quienes hoy están sentados en La Habana para lograr el objetivo supremo de la paz no fueron allí por cuenta propia, sino porque esa es la voluntad de la nación colombiana.
Lo más valioso de este proceso pacifista es que tanto los compromisarios del Gobierno como de la guerrilla en los diálogos de paz de La Habana, al acatar la voluntad de la nación, la voluntad del pueblo, que es la esencia de la nación, están rompiendo una tradición antidemocrática que se remonta, en la república moderna, a los comienzos del siglo veinte. Esa tradición antidemocrática consiste en que la voluntad de la nación ha sido constantemente sustituida, doblegada, manipulada, engañada y tiranizada por la voluntad de los pequeños grupos de intereses creados que dominan el poder económico y político.
De ahí que en los diálogos de La Habana estén, unos y otros, abiertos a escuchar, y si es el caso, a incorporar las opiniones de los ciudadanos sobre los puntos que deben ser acogidos en los acuerdos, o tomados en cuenta en la redacción final. Desde distintas partes del mundo, los colombianos realizan mesas de paz con el propósito de enriquecer y nutrir los diálogos con sus conclusiones y propuestas.
La diferencia con los procesos anteriores reside en que en el presente, sin espectáculo farandulero, ni exhibicionismo (en los que tanto abundó, por ejemplo, el del Caguán) sí hay verdadera participación ciudadana y un interés colectivo en el desarrollo de las negociaciones y en su feliz culminación.
Lo que venga después, si los acuerdos de La Habana son aprobados en plebiscito por la voluntad popular, será para Colombia el siglo de la democracia. No de la falsa democracia con que se ha venido disfrazando la plutocracia, sino una democracia aséptica, incluyente, social, que permita limpiar al país de la espantosa corrupción que lo carcome, librarlo de las mafias del narcotráfico que lo llenan de podredumbre y de sucias fortunas, que no crean riqueza sino miseria, desempleo, desigualdad de oportunidades, y ejércitos de sicarios.
La paz que se está forjando entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc permitirá que Colombia comience a superar su atraso de más de un siglo en educación, en ciencia, en cultura y en otras tantas áreas de la inteligencia en las que nos hemos ido quedando miserablemente rezagados.
Tan importante es la paz de Colombia que en los últimos días ha recibido el apoyo clamoroso del papa, de la Unión Europea, de los Estados Unidos de Norte América, de Sudáfrica, del mundo entero. Los colombianos han entendido que sin la paz no tienen presente ni tendrán futuro. Los únicos que parecen no entender la importancia de la paz son el apostólico Procurador General de la Nación y el trinante doctor Uribe Vélez.

jueves, 30 de mayo de 2013

La violencia que genera el microtráfico sigue en aumento y el gobierno no toma la única medida efectiva.

Asunto: La extremada violencia que está generando el microtráfico continúa aumentando en proporciones geométricas  y el gobierno, silencioso, no procede a tomar una de las únicas medidas para acabarlo y erradicarlo.

Varios alcaldes de ciudades y poblaciones han expresado que definitivamente la violencia, cada día mayor, que está generando el microtráfico "se les ha salido de sus manos".  Y es obvio que así sea.  Recordemos que la Corte Constitucional despenalizó la dosis minima de estupefacientes y esta decisión ha sido la causa del aumento considerable del negocio del microtráfico en ciudades y poblaciones de todo el territorio nacional.  Tal vez sin intuirlo, la Corte Constitucional estimuló el lucrativo negocio del microtráfico.

Los consumidores de la dosis mínina y demás consumidores en general acuden a las "ollas de vicio" o a otros muchos expendios clandestinos para adquirir su ración de estupefacientes y esta situación ha magnificado y alimentado el negocio del microtráfico, tanto, que las bandas criminales se han "asociado" con pandillas en los diferentes barrios para distribuirla. Las pandillas en sus respectivos barrios han fijado límites geográficos para que otras pandillas no ingresen a sus zonas "demarcadas" para proteger su propio mercado de consumidores y de ahí viene la tanta violencia generalizada que se vive a diario y que tantos muertos y heridos ha dejado incluyendo a muchas personas inocentes.

Se ha multiplicado tanto el negocio del microtráfico que está demostrado que a pesar de los muchos esfuerzos,  la policía no es eficaz para combatir este flagelo de nunca acabar y que se generaliza cada vez más. Luego entonces,  ¿cuál sería una medida realmente eficaz para minimizar o definitivamente acabar con el microtráfico? Respuesta: que sea el mismo gobierno que a través de una entidad eficiente y muy bien controlada expenda por lo menos la dosis mínima a un precio ínfimo.

Si por ejemplo, la ración de la dosis mínima en las "ollas" de vicio u otros expendios clandestinos vale $ 30.000, pues que el gobierno la venda a sólo $ 1.000 (mil pesos). De esta manera, por la gran diferencia de precios,  los consumidores no tendrían que acudir a las "ollas de vicio" o expendios clandestinos y por consiguiente, se acabaría el negocio del microtráfico y la exagerada violencia que tiene en vilo a toda la ciudadanía.

El expresidente César Gaviria manifestó en una oportunidad por televisión, que Colombia tiene que cambiar los inútiles procedimientos para combatir el negocio de las drogas y que a los drogadictos no se les debe considerar como criminales sino como enfermos. Los criminales son los capos y los expendedores de droga que inducen a su consumo, incluyendo a niños, para garantizar la demanda y mantener su negocio ilícito de alta rentabilidad.  

Más claro no canta un gallo y tal vez muchos funcionarios del alto gobierno y de las altas cortes sepan que ésta sería una eficaz solución para acabar con tan lucrativo negocio,  pero...¿será que habrá intereses particulares para que ese negocio del microtráfico no se acabe?
A. Guihur

Proyecto de ley que reglamenta sostenibilidad fiscal crea mecanismo que debilita la tutela y lesiona los derechos fundamentales


Oficina de Prensa Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, mayo 29 de 2013

Gobierno pretende evitar que sentencias judiciales garanticen derechos fundamentales. Se atenta contra la tutela en salud. Se viola la independencia de la Rama.

La Plenaria del Senado está a punto de votar un proyecto de ley que, con fundamento en la reforma constitucional de la sostenibilidad fiscal, les profiere un duro golpe a la tutela y a los derechos fundamentales de los colombianos. La propuesta del presidente Santos crea el incidente de impacto fiscal, con el que el gobierno podrá objetar las sentencias de las Altas Cortes que le ordenen aumentar el gasto público para garantizarles a los colombianos sus derechos fundamentales.

Debido a las malas políticas de los últimos gobiernos, los colombianos han tenido que exigir sus derechos a través de mecanismos judiciales como la tutela y las acciones populares. Varios de estos procesos han llegado a las Altas Cortes y, ante el incumplimiento generalizado de los deberes del gobierno y la gravedad de la violación de los derechos de las personas, estos tribunales han tomado decisiones que, además de resolver los problemas particulares de los demandantes, fijan antecedentes e incluso le dan órdenes al gobierno que lo obligan a aumentar el gasto social.

Por ejemplo, en materia de salud, el fallo de tutela T-760 de 2008 le ordenó al gobierno, entre otras cosas, igualar el POS del régimen contributivo con el del subsidiado y mediante la Sentencia T-024 de 2005, la Corte Constitucional declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional por el grave incumplimiento del gobierno de sus deberes con la población desplazada, y lo obligó a tomar medidas que aumentaban el gasto público.

Para evitar este tipo de fallos, el presidente Santos y el santismo pretenden con este proyecto de ley que el gobierno pueda presentar un incidente de impacto fiscal contra las sentencias de las Altas Cortes que lo obliguen a aumentar el gasto público. Con este mecanismo se podrán “modular, modificar o diferir los efectos” de los fallos. Lo peor es que así las Cortes no acepten los argumentos del gobierno, las sentencias objetadas se cumplirán en los términos que diga el Presidente de la República, lo que viola abiertamente la independencia de la Rama Judicial y los principios básicos de la democracia.

El senador Robledo rechazó de manera enérgica la propuesta y cuestionó que el gobierno y sus mayorías del Congreso la hayan tramitado a las escondidas. Explicó que este tipo de medidas son una orientación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y hacen parte de las políticas de austeridad fiscal que han arruinado a Europa.

Consejo de Estado da giro frente a las megapensiones...


El tribunal, que en el pasado dio vía libre a dichas mesadas, ahora le puso reglas.

A menos de un mes de que la Corte Constitucional tumbara las megapensiones en el país, ahora, en dos fallos, el Consejo de Estado les puso reglas para conceder pensiones a congresistas que argumenten el régimen especial.
En este caso, cabe recordar que el Consejo de Estado dio vía libre a decenas de pensiones millonarias para congresistas y magistrados de altas cortes bajo el argumento del régimen de transición. Sin embargo, en el reciente fallo de la Corte Constitucional se determinó que ninguna pensión podía superar los 25 salarios mínimos y ordenó revisar en cada caso si las pensiones fueron obtenidas cumpliendo los requisitos de ley.
Es por eso que el Consejo de Estado da un giro y le pone reglas a la entrega de esas pensiones. Para el tribunal, tendrán derecho al régimen especial de pensión de congresistas quienes, a partir del 18 de mayo de 1992 (la fecha de entrada en vigencia de la Ley 4 de 1992), estuvieran trabajando en el órgano legislativo.
También precisó que el régimen de transición para quienes tengan derecho a la pensión en estas condiciones se aplicará únicamente a quienes ejercían como legisladores el primero de abril de 1994, fecha de la entrada en vigencia de la Ley 100 que estableció el régimen general de pensiones.
Además, conforme a lo dispuesto en la norma, los hombres debían contar mínimo con 40 años de edad y las mujeres entre 35 o 15 años de servicio.
Las sentencias negaron dos demandas en contra del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República (Fonprecon), presentadas por un exparlamentario y por la familia de un exrepresentante a la Cámara ya fallecido, al encontrar que no cumplían con los requisitos para acceder a ella. Ellos reclamaban el reconocimiento de la pensión con base en el régimen especial y de transición de congresistas, teniendo en cuenta que habían sido elegidos como miembros de ese organismo para el periodo 1990 – 1994.
La Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Gustavo Gómez Aranguren, encontró que, en ambos casos, los parlamentarios no ostentaban esa calidad para la fecha de vigencia de la Ley 4 de 1992, la cual estableció el régimen especial, pues habían dejado de ser congresistas en 1991 y esa Ley entró en vigencia en mayo de 1992.
La Corporación explicó que la pensión solo se puede solicitar con base en las normas que se encuentren vigentes al momento de cumplir con los requisitos para ella y no a la luz de las normas que en el futuro puedan regular este tema.
“Cuando se pretende el reconocimiento de la pensión, dicha petición se debe elevar con fundamento en la normativa vigente para la fecha de la consolidación del status pensional y no a la luz de las normas que en el futuro regularán ese asunto. En efecto, las disposiciones que surgen con posterioridad a la adquisición del status pensional, de ninguna manera aplican para aquellas situaciones que se consolidaron bajo los supuestos de la norma anterior y ello es así, porque es indudable que en esta materia, de manera alguna opera el fenómeno de la retrospectividad de la ley”, indican las sentencias.
REDACCIÓN JUSTICIA