martes, 31 de julio de 2018

El peso de la economía informal en el PIB del país

portafolio.co, JULIO 30 DE 2018 -

Vendedor informal
Estar en la economía informal no necesariamente es sinónimo de pobreza.
EL TIEMPO

Esta produce valor, no solo para el que trabaja en el sector sino por los servicios que genera.

En el mundo hay alrededor de 2.000 millones de personas que se ganan la vida en la economía informal, según un reciente estudio de la Organización Mundial de Trabajo (OIT), publicado el pasado 23 de julio. De acuerdo con el organismo internacional, esta situación afecta al 61 por ciento de la población empleada del planeta, no obstante, esta condición no necesariamente es sinónimo de pobreza.

(Lea:
 Faltarían 70 años para que toda la región tenga seguridad social)

En Colombia, asegura la OIT, el porcentaje de trabajadores en empleos vulnerables se ubica en el 60 por ciento, una cifra que se mantendría en aumento. “La evidencia demuestra que la mayoría de las personas que se incorporan a la economía informal no lo hacen por elección, sino como consecuencia de la falta de oportunidades en la economía formal y por carecer de otros medios de sustento”, dice sobre el tema la Organización Mundial del Trabajo.

(Lea: Empleo informal creció 0,5 puntos y alcanzó el 48,5%)

Sin embargo, estas cifras contrastan con las presentadas por el Gobierno, ya que muestra un 70 por ciento de empleos formales en los 22,5 millones de personas ocupadas en el país. Para el otro 30 por ciento en la informalidad, la OIT recalca que el reto está en “encontrar la combinación adecuada de políticas que respondan a la diversidad de características y factores determinantes de la informalidad”.

(Lea:
 Jóvenes: ¿listos para el mercado laboral?)

¿PERO QUÉ TANTO PESA LA ECONOMÍA INFORMAL EN FINANZAS DEL PAÍS?

Un estudio de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), denominado ‘Reducción del efectivo y tamaño de la economía subterránea en Colombia’, publicado a finales del 2017, señala que estimar el tamaño de esta economía no es tarea fácil, “debido a la ausencia de una definición unificada y la dificultad que implica medir las actividades ilegales”. 

"La economía informal tiene implicaciones en la economía en términos de trazabilidad de los recursos y por eso se presta para drenaje de las bases tributarias. Y en la medida que se tiene esa informalidad transaccional también es un caldo de cultivo para la economía ilegal", dijo a Portafolio.co un analista económico que prefirió reservar su nombre.


Pese a esto, el informe revela que el tamaño de la economía subterránea en Colombia equivale al 35,1% del PIB del país, unos 294 billones de pesos. “En ello han influido la ilegalidad, la informalidad (laboral y empresarial), la elevada evasión-elusión tributaria y el creciente uso del efectivo”, señala el documento.

El dato tiene un impacto en las finanzas del país, que no percibe ingresos por los impuestos que generen estos dineros y, además, representa un obstáculo para la formalización laboral de los colombianos en empleos decentes. En esa lucha, el sistema financiero del país, agrupado en Asobancaria, señala en un diagnóstico sobre el uso del efectivo que hacer la trazabilidad de estos dineros es nula y es uno de los principales mecanismos facilitadores de actividades informales e ilegales.

Al respecto, el analista comentó que una de las grandes talanqueras para esa mayor formalización transaccional es el 4 por 1.000. "Muchos de los gobiernos han querido aumentar la formalización transaccional, pero sabiendo que un gran palo en la rueda es el 4 por 1.000 y no lo han querido desmontar porque es un impuesto que recauda el 0,8 del PIB", añade

“Problemáticas que han aquejado históricamente a la economía colombiana y que, a su vez, han estado estrechamente relacionadas con la evasión tributaria”, señala el informe de Asobancaria, que además recalca el impacto que ha tenido el gravamen a los movimientos financieros en el uso excesivo del efectivo.

El gremio también sostiene que como consecuencia la barrera para inclusión financiera de los colombianos se ha ampliado y retrasado la masificación de los medios de pagos electrónicos
. “Ha generado dos importantes consecuencias adversas sobre el sistema financiero: reducción de los depósitos bancarios y mayores costos operacionales asociados al efectivo, que han tendido a encarecer las fuentes de financiamiento de las entidades de crédito, con el consecuente impacto sobre el margen de intermediación financiera”, precisa el informe.

¿MAYOR PRODUCTIVIDAD ES IGUAL A MENOR INFORMALIDAD?

“La economía informal produce valor, no solo para el que trabaja en el sector sino por los servicios que genera. De hecho, la mayoría de las actividades en este grupo resuelven la vida cotidiana de la gente en los barrios populares”, asegura César Giraldo, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, quien agrega que además la formalidad también se ha precarizado, pues los trabajadores por prestación deben pagar su seguridad social.

Los jóvenes son los que tienen una condición económica más precaria, pues la mayoría de los adultos de la generación vieja son los que tienen contrato a término indefinido. El código laboral ha permitido esas contrataciones basura”, comenta.

De acuerdo con Giraldo, como medida para contrarrestar el peso de la informalidad en el país el Gobierno busca bajar los costos de la contratación laboral, como los impuestos a la nómina, pero es una receta sin un impacto importante. “En una reciente reforma tributaria se creó el monotributo, que supuestamente es un mecanismo para que los pequeños comercios declaren un ingreso y con base en eso paguen renta o IVA, pero eso fracasó”, anota.


Reflexiones al tema pensiones

‘Faltarían 70 años para que toda la región tenga seguridad social’

portafolio.co,  JULIO 25 DE 2018 -
Rubén López Pérez

pagos no constitutivos de salario

Helmut Schwartzer, especialista del organismo, dijo que Latinoamérica debe reforzar los sistemas no contributivos e incluir a las nuevas tecnologías.

Tal como indica el último informe de la OIT, en estos momentos casi la mitad de los mayores de 65 años no cobra una pensión.

América Latina ha registrado avance en términos de cobertura y afiliación a los sistemas de seguridad social. Sin embargo, aún no son suficientes, pues según el último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se necesitan 70 años más en llegar a una cobertura casi total para el promedio de la región en la protección social contributiva.
Así lo afirma Helmut Schwartzer, especialista de la OIT en protección social, quien también destaca que casi la mitad de mayores de 65 años no cuenta con pensión, y que los países deben fortalecer sus regímenes no contributivos.

(Lea:
 Guía básica para no complicarse con la planilla de seguridad social)

¿Cómo es posible que el 55% de los trabajadores no cotice a la seguridad social?
 

En América Latina enfrentamos una barrera, que es la de la informalidad. Los niveles en la región son de un promedio de 48%, con países que presentan niveles incluso más elevados, como es el caso de México, que registra un 10% más, y eso es un gran impacto para la cobertura. Además, es importante que las instituciones del mercado laboral funcionen bien para mejorar esa situación. Esto se da por cómo está el mercado de trabajo y también por las instituciones y las normas. Las políticas públicas tienen que mejorarse.

(Lea: Seguridad social de trabajadores por prestación de servicios se descontará mes vencido)

¿Esta es una situación sostenible? 

No me gusta decir que los sistemas no son sostenibles, pero sin duda estos tienen que ser adaptados y reformados para garantizar la sostenibilidad y así conseguir una extensión de cobertura y eficiencia de las prestaciones. Claro que es un reto para los sistemas de seguridad social seguir buscando incorporar trabajadores y mejorar la financiación. Para la sociedad hay un riesgo en relación con las atenciones y las prestaciones. Por ejemplo, el hecho de que una alta proporción de adultos no reciban pensión y, por supuesto, que por la edad no tenga posibilidad de obtener un salario, incrementa el riesgo de pobreza. Obviamente, reconocemos los avances en los programas de protección social, pero es necesario fortalecerlos.

(Lea: 241 millones de latinoamericanos no tienen seguridad social)

¿Cómo está la cobertura en Latinoamérica? 

Para América Latina tenemos una cobertura en promedio, que era de 36,6% en el 2005 y pasó al 46,4% en el 2015, la última medición, lo que supone un incremento del 8%, lo que es significativo. Hay regiones que han crecido más y otras más rezagadas. Otro dato que vemos es que la clase media ha presentado un mayor aumento en materia de formalización, o el hecho de que el Cono Sur y Brasil tienen una cobertura más elevada, del 58,6%. Colombia está un poco por encima de la media, con un 35,1% y Centroamérica y México tienen un promedio de 31,2%. Con esto se ve que hay una gran heterogeneidad en América Latina.

¿Y cómo es la situación para los mayores de 65 años?

En cobertura de los mayores de 65, el promedio de América Latina era de 45,4% y ahora el 51,6% recibe una pensión. Es decir que casi la mitad de las personas en edad de jubilación no tiene pensión, es un dato importante. También hemos encontrado otros datos, como el hecho de que la brecha para las mujeres es mucho mayor que la de los hombres.

¿Qué recomendaciones les haría a los gobiernos para mejorar la situación?

Claramente tenemos que enfrentar estos desafíos, que ya son una especie de herencia, porque este problema no es algo reciente, sino que la baja cobertura la tenemos desde hace varias décadas. Con esto, aunque vemos que los indicadores están en aumento, es necesario seguir los esfuerzos para lograr mayor cobertura y formalización para que así se pueda alargar la población afiliada. Pero no será posible incorporar a todas las personas por medio del régimen contributivo, por lo que es necesario fortalecer los regímenes de pensiones y salud no contributivos. Esta mezcla de diferentes instrumentos y varias fuentes de financiación va a ser clave para mejorar.

¿Qué desafíos ve en Latinoamérica? 

En el informe detallamos que hay muchos desafíos nuevos. Uno de ellos es que en la historia de la región, estos sistemas siempre han reaccionado de forma procíclica, es decir, que se expanden más cuando el ciclo económico es ascendente, y ocurre lo contrario cuando la economía va en retroceso. Por eso, los sistemas de seguridad tienen que tener unas características anticíclicas como son los programas de empleo de emergencia u otros mecanismos de financiación.

Otro de los mayores desafíos es enfrentar las nuevas formas de trabajo o contratación, teniendo en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías y los sistemas necesitan adaptarse a eso. Entendemos que es posible que la seguridad social modifique sus reglas para que siga cubriendo a esas nuevas formas de empleo, que se reforme la ley para hacer obligatoria la afiliación de esas tendencias laborales. En muchos países de la región, el trabajo independiente no es afiliado obligatorio y debería serlo.

¿Cómo ven la existencia de sistemas de seguridad social públicos y privados?

En relación al diseño de sistemas de pensiones no queremos entrar en una discusión ideológica, pero se debe hacer la discusión sobre criterios objetivos y es que los sistemas cumplan con los estándares mínimos de seguridad social. Si un país quiere tener un pilar privado puede funcionar, pero no puede ser el único, también tiene que existir un pilar público, existir una prestación mínima y una predictibilidad de la pensión que va a resultar. Esto no supone que estemos en contra de los regímenes privados, pero es que solo esa modalidad no cumple los requisitos mínimos. En la experiencia internacional, tenemos 24 países que han creado pensiones privadas obligatorias y de esas 24, la mitad ya hizo una reforma, volvió o cambio su modelo al menos parcialmente porque no cumplían con la promesa de incrementar la cobertura o la sostenibilidad fiscal.

¿Cuánto se necesitaría para alcanzar los niveles que presentan países desarrollados? 

El avance que América Latina ha registrado en los últimos años es una noticia positiva. Hay países en la región que ya tienen niveles de cobertura elevados, como el Cono Sur o Costa Rica, y son países que han hecho una mezcla entre un sistema contributivo y no contributivo, han buscado coordinar mejor los distintos tramos y superar la fragmentación que existe, con políticas más integrales y que han desarrollado un programa de inspección laboral, de tributación, de afiliación de microempresas, de trabajadores del hogar o rurales, grupos que son difíciles de cubrir. Con esto, tardaríamos 70 años para una cobertura total promedio, pero para avanzar se necesita una política de formalización y también reformas de seguridad social.

Rubén López Pérez



Reflexiones al tema pensiones



Sistemas pensionales sostenibles, un reto mundial

elespectador.com, Economía29 Jul 2018 
Desafíos, como el aumento en la esperanza de vida, han hecho que en países de todo el mundo se discuta cómo reformar los sistemas pensionales para que sean sostenibles, es decir, que funcionen sin inconvenientes.
En Colombia, las pensiones son un asunto espinoso, entre otras cosas por lo complejo que resulta discutir la necesidad de reformarlas. No es sino mencionar la reciente campaña presidencial para entender que es un tema que se discute con pinzas. Aunque la discusión sobre éstas fue recurrente, pocos se aventuraron a explicar qué cambios le harían al sistema, y cuando lo hicieron afirmando que aumentarían la edad de jubilación, a los pocos días tuvieron que retractarse, como le pasó a Sergio Fajardo.
Pero las dificultades que enfrentan las pensiones en los próximos años no son un tema que sólo inquieta a Colombia. Alrededor del mundo ya se está dando la discusión de cómo mantener sostenible el sistema, es decir, lograr que uno o varios de sus factores, como aportes económicos, cobertura y edad de jubilación, entre otros, no amenacen su correcto equilibrio. Así las cosas, qué soluciones hay a este y otros retos y, cómo está el sistema pensional colombiano frente al de otros países.
Un buen punto de partida es comparar el sistema pensional colombiano con el de otras naciones. De acuerdo con el Índice Global de Pensiones de Melbourne de 2017, publicado por el Centro Australiano de Estudios Financieros y la firma de consultoría Mercer, Colombia, en materia pensional, es el país número 14 de 30 que fueron evaluados. En esa clasificación, el país se encuentra en la misma categoría que Alemania y Reino Unido.
Esto no quiere decir que estos tres sistemas sean iguales, sino que, según el índice, pertenecen a la categoría C+, en la que están las naciones que tienen “algunos elementos positivos, pero que también presentan importantes riesgos”. Eso sí, coinciden en un problema: la sostenibilidad. David Cuervo, director Wealth de Mercer en Colombia, explica que, en Alemania, por ejemplo, “a pesar de tener un beneficio adecuado, si no se hacen reformas rápidas, en los próximos años tendrán problemas en esta materia”.
Un documento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre las pensiones sociales y la pobreza en América Latina indica que la población de esta región está envejeciendo a un ritmo acelerado, sin embargo, la cobertura relativa de los programas previsionales contributivos se ha mantenido casi estancada en las últimas décadas, a pesar de varios intentos de reformas (para 2016 alcanzaba sólo al 29,2 % de los 45 millones de adultos mayores de 65 años).
En trabajos comparativos, el Fondo Monetario Internacional (FMI) analizó la relación entre el gasto público comprometido en pagos de pensiones, sus parámetros, la tasa de beneficios otorgados y su sostenibilidad en el mediano plazo para concluir que el compromiso del Estado viene en aumento dada la escasa posibilidad de ingreso en la vejez, la nueva expectativa de vida y el mayor ingreso de la población.
Conscientes de esta realidad, y preocupados por la sostenibilidad fiscal, desde el año 2000, en diferentes países, se han implementado ajustes y reformas institucionales, calificadas por expertos como “inéditas en su intensidad y velocidad”, para brindar alguna clase de protección a esta población a través de programas contributivos, no contributivos o asistenciales. Sin embargo, el avance de la economía informal, particularmente en América Latina, desde la década de los 80, ha impedido subsanar la situación y todos los esfuerzos han mostrado poco impacto.
A nivel regional, y teniendo en cuenta que los países que aparecen en el índice de Mercer son Chile, Colombia, Brasil, México y Argentina, el reto también va dirigido al sostenimiento en el tiempo de manera adecuada. Cuervo explica que Chile, en comparación con los otros cuatro, es sostenible, porque sus beneficios no son altos, lo contrario a lo que ocurre en Colombia.
Chile fue el país pionero en la adopción de un modelo de ahorro administrado por los fondos privados, es decir, un sistema de contribución definida en el que cada trabajador tiene una cuenta individual donde ahorra para su vejez a lo largo de su vida, o lo que en Colombia llamamos Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS).
Sin embargo, en 2008 fue necesaria una reforma porque la cobertura pensional era muy baja (50 % no alcanzaba el beneficio), tanto por la baja afiliación como por la dificultad de que los afiliados mantuvieran sus aportes. La nueva política incentivó el ahorro e implementó pensiones solidarias para las personas más pobres, además se mejoró la competencia entre las administradoras de fondos de pensiones.
En los últimos años los ciudadanos han pedido permanentemente en las calles que desaparezca este modelo que “recauda más del doble de lo que paga”, pues, mientras las ganancias de los fondos de pensiones son millonarias, la mayoría de sus afiliados no alcanzan a obtener una pensión y quienes la consiguen denuncian que es considerablemente baja frente a sus últimos salarios (alrededor de 34 %).
Por su parte, Brasil, México y Argentina encuentran retos en ser sostenibles por distintos motivos. En el caso del primero, porque desde hace años, específicamente desde la década de los 30, no se hace una reforma estructural. En cuanto a México, porque, por unos cambios recientes en la forma en que se administran los ahorros, el Estado destina recursos a subsidiar las pensiones de menor cuantía, lo que deriva en un problema de sostenibilidad, sin contar con que es uno de los países con peor cobertura de la región (20 %, según la Cepal). Y con Argentina la situación se debe a que la expresidenta Cristina Fernández nacionalizó los fondos de pensiones y adoptó esos recursos para programas sociales.
Un caso particular es el de Perú, especialmente porque Colombia se basó en su experiencia para diseñar el Sistema General de Pensiones vigente. En el vecino país operan en paralelo el beneficio definido y la contribución definida, es decir, las administradoras privadas y el régimen público compiten entre sí con condiciones diferentes.
Los expertos han advertido que, si bien la pensión pública es insostenible, también es necesario buscar mejoras en la pensión que gestionan las administradoras, especialmente porque sólo hay cuatro fondos de pensiones privados, una estructura calificada como oligopolio. El reto está en sacar adelante una reforma cuando las tasas de evasión e informalidad impiden aumentar la cobertura.
Según un estudio de la Universidad Eafit, el problema está en que ambos países adoptaron el esquema de fondos privados, pero mantuvieron el antiguo régimen público, acompañado de ajustes en las edades, tasas de reemplazo y densidades de cotización. La investigación concluye que el sistema no es sostenible en el largo plazo, tal como quedó demostrado en Estados Unidos y algunos países de Europa occidental que atravesaron la misma transición.
Conseguir el dinero necesario para que los sistemas pensionales sigan funcionando es todo un reto, incluso para los países que no están en el índice de Mercer. Quizás el caso más extremo en la actualidad es el de Nicaragua, que desde abril está sumido en fuertes protestas. El 16 de ese mes, el gobierno de Daniel Ortega aprobó una reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social para aumentar los aportes de los empleados (del 6,25 al 7 %) y de las empresas (del 19 al 22,5 %), y para que los jubilados aporten un 5 % de sus pensiones.
Pero, lejos de ser una medida exitosa, la decisión de Ortega generó, además del rechazo de los empresarios, una serie de protestas que no han parado y en las que las personas exigen la salida de quien es su jefe de Estado desde 2007. Las protestas, que han sido fuertemente reprimidas por las autoridades y por grupos paramilitares, han dejado, hasta el momento, un saldo de más de 300 muertos, en su mayoría civiles.
Ajustes que son necesarios
Si bien la organización institucional de los sistemas de seguridad social ayuda a equilibrar las cargas, son la evolución demográfica, la dinámica del mercado laboral y hasta la productividad de la economía las que dan claves sobre los compromisos que se deben asumir en torno a los sistemas pensionales del futuro, bajo los principios de sostenibilidad, equidad y cobertura.
“En el estándar internacional uno debería estar pensando en vivir pensionado unos 15 años. Lo que está sucediendo es que si me pensiono a los 62, voy a tener casi el mismo tiempo de vida laboral activa en retiro, y eso, desde el punto de vista económico, es insostenible”, explica Cuervo, antes de dar una cifra reveladora: “el promedio de edad de retiro está sobre los 62, pero ya hay países donde la pensión es entre los 67 y 70 años”.
Además, en un estudio de seguridad financiera, también realizado por Mercer, se explica otro motivo de preocupación: la falta de preparación de las personas para los años de jubilación. De acuerdo con dicha medición, que se realizó en 12 países, siete regiones y contó con la participación de 7.000 adultos mayores de 18 años, el 68 % de los encuestados no esperan jubilarse. Aun así, las personas, señala la investigación, “no toman las acciones necesarias. Son varios los factores que afectan la capacidad de ahorro e inversión, como el estrés, la asequibilidad, el acceso y la confianza en las inversiones, además de la edad, el género y la esperanza de vida”.
Y es con esos dos aspectos, el de la edad y el de los ahorros, que se empiezan a discutir las soluciones necesarias para alcanzar una sostenibilidad adecuada en los sistemas pensionales (en el índice de Mercer ninguno alcanza la categoría A, que es la más alta). Para lograrlo, cuenta Cuervo, en todos los países ha surgido la discusión de reformar los sistemas.
“Todos los países tienen esa discusión hoy por hoy sobre el tipo de reforma, si hacerla paramétrica —que tiene un efecto pequeño, pues ajusta la sostenibilidad pero no soluciona de lleno el problema— o estructural, que sea fundacional. Esa es una discusión que está vigente en Perú, Colombia, Nicaragua y Brasil”, concluye Cuervo.
En general, estudios como el de Mercer dejan ver que todos los países afrontan problemas en su aparato pensional, por lo que casos como el de Colombia no son aislados. Básicamente todos afrontan esta incertidumbre: cómo hacer para que los ingresos de los pensionados sean suficientes para su subsistencia, sin que esto signifique una eventual quiebra del sistema.


Reflexiones al tema pensiones

viernes, 27 de julio de 2018

Mayor cobertura pensional vía mecanismos financieros: libranzas

larepublica.co, 27 de julio de 2018

A nivel global se viene percibiendo una fuerte frustración pensional, pues la mayor expectativa de vida presiona a los hogares a tener que ahorrar más, a sabiendas de que esos beneficios pensionales probablemente serán menores que los de las generaciones anteriores.
 
Colombia no es la excepción a esta tendencia global y, además, se tiene el agravante de tener un sistema pensional donde son evidentes los problemas de: i) muy baja cobertura, pues solo uno de cada cuatro adultos mayores accede a una pensión; y ii) alta inequidad, ya que el quintil más rico acapara los subsidios pensionales (65% del total), mientras los quintiles más bajos (1 y 2) tan solo reciben 2% de dichos subsidios.
Esta grave situación pensional ha llevado al grueso de los analistas a recomendar que se realice urgentemente una serie de ajustes paramétricos, reduciendo las Tasas de Reemplazo (TR=Beneficio Pensional/Aportes Salariales) y elevando la edad de retiro. Hacia el mediano plazo, corregir la baja cobertura pensional requerirá (además) de una profunda reforma al mercado laboral para evitar que su inflexibilidad y los elevados sobrecostos laborales espanten a empleadores y trabajadores independientes del sistema de seguridad social. La mala noticia es que palpar los réditos de este tipo de reformas estructurales tomará cerca de una década, luego, es urgente moverse por otras vías paralelas para evitar presenciar una verdadera “bomba social pensional”, donde dos terceras partes de los ancianos tienen hoy alto riesgo de caer en la indigencia.
Por ejemplo, para el caso de los cotizantes de bajos ingresos (1 a 2SML), Anif ha venido proponiendo: i) optimizar el uso de los recursos del Fondo de Garantía de Pensión Mínima (Fgpm), cuya reglamentación está hoy plagada de arbitrariedades en cabeza de la Dirección de Seguridad Social-Mhcp a la hora de decidir quién clasifica para poder usar dichos recursos; y ii) utilizar el aseguramiento estatal de Positiva Seguros para que sea el garante de rentas vitalicias de las AFPs en ausencia de ofertas por parte del sector privado.

De forma similar, Anif también ha propuesto que Colpensiones empiece a construir su propio Fgpm, en vez de diluir sus recursos en regresivas pensiones. Esos subsidios del Fgpm privado y (eventualmente) público deben aplicarse conforme a reglas que aseguren el otorgamiento de rentas vitalicias de 1SML, según criterios de “primer llegado/primer servido”. También debería aceptarse el esquema de “compra de semanas de cotización” para completar los 25 años requeridos, lo cual permitiría mejorar de forma sustantiva la cobertura pensional, en vez de la simple devolución de saldos.
Ahora bien, en el corto plazo, el sector bancario podría jugar un papel de pivote para impulsar la baja cobertura pensional a través de montar un esquema de créditos bancarios bajo el conocido esquema de “libranzas pensionales”. En efecto, por la vía de este esquema aquellos que se encuentran prontos a pensionarse recibirían recursos financieros precisamente para comprar las semanas faltantes requeridas para acceder a una pensión. La garantía de repago bancario provendría a futuro de haber ganado acceso a dicha pensión, bajo una estricta regulación por parte de la Superfinanciera.
Por ejemplo, se sabe que una pensión vitalicia de 1SML vale actualmente cerca de unos $181 millones. Si alguien hubiera ahorrado tan solo $59 millones, el Fgpm tendría que aportar una suma de $121 millones. Ahora bien, si parte del faltante se allega además a través de créditos de libranza pensional se podría llegar a tener una pensión, en vez de la devolución de saldos.
El gráfico ilustra el caso de un aportante de 1SML durante 23 años, quien habría ahorrado $49 millones (bajo las condiciones arriba señaladas), requiriendo entonces los $121 millones del Fgpm y, además, incurrir en un crédito bancario de $10 millones para completar el valor de $181 millones de la renta vitalicia. El repago de ese crédito teniendo como fuente una pensión de 1SML evitaría comprometer más de 25% de dicha pensión solo si se logra que sean créditos en el rango 10-15 años y que se otorgaran a tasas preferenciales de un máximo de 10% efectivo anual.

Nótese cómo este esquema luce mucho más viable para el caso de contribuyentes de 2SML, pues se tendría una situación más holgada para el Fgpm. El cuadro 2 muestra cómo el aportante de 2SML habría ahorrado $98 millones durante 23 años de cotización (bajo las mismas condiciones de rentabilidades), requiriendo entonces $62 millones del Fgpm (prácticamente la mitad de los $121 millones requeridos en el caso de cotizantes de 1SML), mientras que el esfuerzo del pensionado vía créditos de libranza pensional se elevaría a $20 millones (vs. $10 millones en el caso de 1SML).

Otra forma de impulsar la cobertura pensional con rentas vitalicias proviene de reconocer pensiones inferiores a 1SML, tal como ocurre actualmente en Chile, donde la garantía de pensión mínima es de 75% de 1SML y no de 100% que se tiene en Colombia. Este es un esquema más realista que seguir insistiendo en los “ilusorios” Beneficios Económicos Periódicos (BEPs), donde se tenía el muy pobre resultado de tan solo 560.000 afiliados en 2017, pero donde solo ahorraron 114.000 personas y por montos mensuales de solo $12.000/mes/persona.



Reflexiones al tema pensiones

Propuesta de reforma pensional

larepublica.co, 27 de julio de 2018
Por: Mauricio Olivera 

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Basado en los principios y los objetivos presentados en este diario, la reforma pensional debe cumplir con tres objetivos: cobertura, equidad y sostenibilidad. La propuesta de reforma que presenta este artículo se basa en la que fue diseñada en el Ministerio del Trabajo bajo el liderazgo del ministro Rafael Pardo. Esta propuesta fue discutida al interior del Gobierno y con los fondos privados, y hoy es base de las discusiones sobre la reforma pensional. También ha sido la base para estudios como el de Fedesarrollo desarrollado en 2017.
 
El primer gran objetivo es aumentar la cobertura. Por esto, más allá de una reforma al sistema pensional, el objetivo es crear un Sistema de Protección para la Vejez (SPV). La razón es la siguiente. El sistema pensional en este momento está creado para los trabajadores formales, que son una pequeña proporción del total de trabajadores del país, y es necesario que el país cuente con un sistema que cubra a todos los colombianos.
Ya existen los mecanismos centrales para ensamblar el Sistema de Protección para la Vejez. Como base está el piso de protección social; es el programa Colombia Mayor que entrega un subsidio monetario a todas aquellas personas Sisben 1 y 2 que no lograron ahorrar un peso para su vejez (ver gráfico). En el siguiente eslabón está el programa Beneficios Económicos Periodicos (BEPS) al cual pueden vincularse todas aquellas personas que ganan por debajo del salario mínimo; pueden ahorrar el monto que puedan cuando puedan -no tienen la obligatoriedad de ahorrar un monto fijo en un período determinado porque los ingresos menores al salario mínimo están en general atados a la volatilidad de los mismos – y sobre este monto reciben un subsidio del Estado de 20%, y así van construyendo el ahorro para su vejez. El tercer eslabón es el Sistema Pensional, que se divide en Régimen de Prima Media (RPM) y Régimen de Ahorro Individual (Rais), y de cuya división hablaré más adelante. Con estos tres eslabones -Colombia Mayor, Beps y el Sistema Pensional- se crea el SPV, a través del cual se busca cubrir con un ingreso digno a todos los colombianos, independientemente de su condición laboral, e, inclusive, independientemente de que trabajen o no.
Ahora bien, es necesario ensamblar muy bien estos tres eslabones en un solo sistema para, por un lado, incentivar a las personas a ahorrar, y, por otro, evitar que busquen beneficios que no les correspondan. En este momento, todas las personas Sisben 1 y 2 tienen derecho a Colombia Mayor, y el subsidio recibido se puede complementar con Beps, cuyo ingreso depende del esfuerzo de ahorro de la persona y del subsidio de 20%. De esta manera, obtienen un mayor ingresop en la vejez. Entre Beps y el Sistema pensional existen varias complementariedades. Por un lado, no todas las personas son formales o informales toda su vida. Por eso, cuando son informales, pueden ahorrar en Beps, cuando son formales, cotizar en el sistema pensional, y al final de la vida laboral el SPV calcula si obtienen un Beps o una pensión. Adicionalmente, el Beneficio Económico Períodico que reciba la persona solo pueden llegar a 85% del salario mínimo, buscando evitar el incentivo a ahorrar en Beps y no cotizar en el sistema pensional.
Sin embargo, es necesario, por ejemplo, revisar los subsidios que entregan los programas. Beps da 20% y el RPM en salario mínimo da un subsidio cercano a 60%. Buscando la equidad, los subsidios más altos deben dirigirse a las personas más vulnerables. Por otro lado, la complemetariedad entre Colombia Mayor y Beps pude incentivar las personas a ahorrar menos de su capacidad, por contar con Colombia Mayor. Por eso la unificación a través de los incentivos adecuados es importante.
Adicionalmente, se debe incluir otro tipo de mecanismos para aumentar la cobertura. Ya existe la cotización por semanas, dado que muchas personas trabajan unos días y otros no, o en el sector rural trabajan por jornales. Pero esquemas como la “compra de semanas”, que consiste en que si la persona llega a la edad, no cumple con las semanas para obtenerla, tenga la posibilidad de cotizar por las faltantes un monto entre la cotización mensual y el cálculo actuarial. O que siga cotizando pero que por un número dado de semanas, reciba una adicional, como incentivo para lograr la pensión. Es decir, diferentes mecanismos que incentiven a las personas a cotizar y de esta manera aumentar la cobertura del Sistema de Protección para la Vejez.
Ahora bien, ¿qué reformar en el sistema pensional?. En este existen dos retos: las inequidades del RPM, en la medida en que a las personas de mayor capacidad de ahorro este régimen pensional les otorga un subsidio más alto, y la sostenibilidad, en la medida en que lo rercaudado no es suficiente para pagar las pensiones, y por eso el presupuesto general de la nación debe destinar recursos para este pago. La propuesta es que los dos regímenes, el RPM y el Rais, dejen de competir y se complementen. El primer salario mínimo de todos los colombianos lo administra el RPM, y de esta manera todos los colombianos (o hasta un tope de salario) reciben la pensión de salario mínimo con el mismo subsidio del RPM, y lo cotizado por encima del salario mínimo lo administra el Rais, y se suma a la pensión bajo los parámetros del Rais. De esta manera se enfrentan los dos retos. Por un lado, se eliminan los subsidios altos a las pensiones altas, eliminando inequidades, y, por otro, la eliminación de estos subsidios altos reduce la presión sobre las finanzas públicas, ayudando a la sostenibilidad.

Adicionalmente, al concentrarse en el salario mínimo, los subsidios se entregan a las personas más vulnerables. El Estado cumple su papel. De hecho, 80% de las pensiones que paga Colpensiones son de salario mínimo. Si cotizan 1.300 semanas sobre el salario mínimo, alcanzan a cotizar cerca de $80 millones, y el valor presente neto de esta pensión es $180 millones. El subsidio es $100 millones. Si está en el Rais, la persona debe haber ahorrado más de $180 millones para recibir esta pensión. Aunque existe el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que busca a través de la solidaridad otorgar pensiones de salario mínimo sin haber ahorrado los suficiente, este mecanismo hasta el momento no ha funcionado. A través de este fondo se han pensionado solo un poco más de 6.000 personas, de más de 2 millones de pensionados.


Reflexiones al tema pensiones

jueves, 26 de julio de 2018

Lo que debería tener una reforma pensional

larepublica.co/, 26 de julio de 2018
Mauricio Olivera

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Desde hace un tiempo se ha venido discutiendo la necesidad de una reforma pensional. Desde mi punto de vista, esta debería basarse en algunos principios, y a partir de estos desarrollarse hacia un triple objetivo: aumentar la cobertura, eliminar las inequidades existentes para contar con un sistema equitativo y progresivo, y ser financieramente sostenible. Los principios son los siguientes:
 
Acercar la normatividad a la realidad laboral. Indiscutiblemente es necesario cambiar la realidad laboral. Que todos los colombianos sean trabajadores formales, que reciban un salario igual o mayor al mínimo, que sus empleadores coticen una parte del mes trabajado, y que obtengan la pensión. Sin embargo, en el mercado laboral colombiano cerca de 60% de los trabajadores son informales, es decir, no cotizan, cerca de 40% ganan por debajo del salario mínimo, un gran número son trabajadores independientes, o trabajadores que trabajan por días o por jornales, y hay sectores – como el rural- donde es imposible contar con un ingreso mensual estable. Así, un sistema que obligue a cotizar sobre lo trabajado todo el mes y sobre por lo menos el salario mínimo, cubre a muy pocos trabajadores. Y cambiar la realidad laboral, aunque debe ser uno de los objetivos de la política pública, toma mucho tiempo. Por eso es necesario, a través de la normatividad, crear mecanismos cuyo objetivo sea la cobertura de toda la población, con un sistema que tenga en cuenta la realidad laboral de todos los colombianos. No podemos pensar en la pensión de un campesino que solo recibe ingresos en los momentos en que vende su cosecha, si la obligación para obtenerla es que cotice mensualmente 16% de por lo menos el salario mínimo. Ya existen mecanismos como el programa Beneficios Económicos Periódicos (Beps), para aquellos trabajadores que ganan por debajo del salario mínimo, y la cotización por semanas, para aquellos trabajadores que trabajan por días, pero es necesario pensar en otros mecanismos adicionales e integrar los existentes en un Sistema de Protección para la Vejez (SPV).
El mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. Las reformas económicas de la década de los 90 en América Latina buscaron eliminar al Estado de muchas actividades de la economía debido a su ineficiencia. Sin embargo, al final de esa década y principios del presente siglo, la región entendió que el mercado no es suficiente y que puede y debe convivir con el Estado. En el sector pensional el mercado y el Estado pueden convivir y lo más adecuado es que convivan. No de la manera actual, claro. Pero dejar las pensiones en manos del mercado sería un error. En la actualidad, el caso más cercano a Colombia es el chileno, uno de los pocos países en el mundo donde sólo existe un sistema de ahorro individual. Este sistema está en crisis por las bajas pensiones que paga, lo que ha generado protestas de miles de ciudadanos y ha llevado al país a pensar en una reforma que incluya algún sistema de reparto como el Régimen de Prima Media (RPM) que administra el Estado colombiano a través de Colpensiones. Dejar las pensiones solo en manos del mercado implica que estas dependen exclusivamente del ahorro de las personas y de la tasa de interés. Esta última, con la crisis financiera iniciada en 2008, llegó a los niveles más bajos de la historia moderna, en algunos momentos ha sido negativa, y ninguna proyección indica una tendencia a crecer.
Esto lleva a otro principio, la necesidad de una institucionalidad fuerte, lo cual incluye por lo menos cuatro elementos: una regulación adecuada, una institucionalidad fuerte en el Estado como administrador y pagador de pensiones, unas reglas de juego claras y adaptables frente a la realidad cambiante, y un esquema de educación a través del cual se incentive la cultura de ahorro de largo plazo en la población. Esto implicaría la creación de una superintendencia de pensiones, que regule, por ejemplo, las comisiones de administración y la competencia entre los fondos privados, el fortalecimiento continuo de Colpensiones, el diseño de unas reglas de juego del sistema, como por ejemplo la edad de pensión, que se pueda ajustar de acuerdo a criterios técnicos (evolución del envejecimiento poblacional y de las expectativas de vida), y no con discusiones políticas, y la revisión y el fortalecimiento de los programas de educación financiera.
Bajo estos principios, una reforma pensional debe tener como objetivo la triple condición: cobertura, equidad, y sostenibilidad. En primer lugar, la cobertura. En Colombia solo cerca de un tercio de la población mayor tiene pensión, y cerca de la mitad de los trabajadores cotizan. Este es el problema más importante, la baja cobertura. Baja cobertura en Colombia, y comparado con países de la región. En Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, la cobertura de pensión para adultos mayores está por encima de 84%, y los cotizantes como porcentaje de la población trabajadora por encima de 47%, y hasta 78%. Comparados con países de la región similares, estamos solo mejor que Perú, y lejos de los otros países (ver gráfico). Y nuestra realidad está muy por debajo de la de la mayoría de países de la Ocde.
En segundo lugar, la equidad. El sistema pensional es desigual en varias dimensiones. La más discutida se refiere a los subsidios que el Régimen de Prima Media otorga a las pensiones, y se da porque mientras más capacidad de ahorro tiene la persona, y por subsiguiente obtiene una pensión más alta, más subsidio recibe para obtener esa pensión. Y esto debe reformarse. Los subsidios deben dirigirse a las personas más vulnerables, no a las menos vulnerables. Pero existen otras desigualdades, por ejemplo, entre los que se pensionan en diferente régimen y entre los que se pensionan y los que no se pensionan. En general, las pensiones en el RPM que administra Colpensiones son más altas que las que pagan los fondos privados de pensiones que conforman el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais), pero si la persona no cumple con los requisitos, el Rais devuelve los recursos con intereses, mientras que el RPM no. Sin embargo, debido a las comisión del Rais, la rentabilidad es más alta si la persona ahorra los recursos en una cuenta de ahorros.
En tercer lugar, la sostenibilidad financiera. La sostenibilidad se refiere específicamente a la política fiscal, porque si las pensiones se basan solamente en el ahorro de las personas, como ocurre en el Régimen de Ahorro Individual, no hay insostenibilidad. En 2017 el Gobierno presupuestó gastar del presupuesto nacional $38 billones en pensiones, lo que pesa 17% en presupuesto nacional. De estos, a Colpensiones, es decir, al Régimen de Prima Media, se destinaron $12 billones, es decir, 32% de este gasto del presupuesto en pensiones, siendo Colpensiones la entidad que tiene más de la mitad de pensionados del país, casi 1.250.000 de los cerca de 2.100.000 pensionados del país. Los $26 billones restantes se destinan a fondos especiales existentes, especialmente fuerzas militares, policía y maestros. Y los $38 billones pesan cerca de 4% del PIB en pensiones.

Estas cifras son importantes por dos razones. La primera, porque nos permiten comparar el sistema colombiano con otros países. El promedio de gasto en pensiones de los países de la Unión Europea (UE) en 2018 es 10,2%; el menor gasto está en Holanda con 6,7%, y el mayor en Grecia y Finlandia con 16% y 14% respectivamente. En la vecindad, Brasil gasta 12% del PIB en pensiones -aunque otros datos llevan este gasto a 9%- y la reforma es necesaria especialmente por la presión financiera. En Colombia se gasta 4%.


La segunda razón es porque permiten argumentar que aunque hay un reto financiero, no es el problema más importante. De hecho, no tenemos una presión financiera porque no tenemos muchos pensionados. No quiere decir que no sea necesario enfrentarlo, pero las voces que afirman que el gran problema del sistema pensional es el financiero, dejan de lado otros elementos más importantes, como la baja cobertura, y además centran la discusión en un problema que, de eliminarlo, bajo la premisa de cerrar a Colpensiones o marchitar el Régimen de Prima Media, solo resolvería 1,3% del PIB -es decir, $12 billones que gasta el presupuesto nacional en Colpensiones- dado que no todo el gasto fiscal se destina a pagar las pensiones de este régimen. Además, se puede resolver de otras maneras, no solo cerrando a Colpensiones.


La verdad de las mentiras en el sistema pensional




Reflexiones al tema pensiones