miércoles, 28 de febrero de 2018

Gasto público, barril sin fondo de gobiernos corruptos

 | 2018/01/29

Los gobiernos deben financiar y gastar eficientemente el presupuesto público, que es realmente dinero de los ciudadanos. Así debería ser, pero en Colombia el gasto público además de insuficiente es altamente ineficiente


En efecto, Colombia tiene un gasto público con relación al PIB (29,4%) más parecido al de Zimbabue (28%) y Haití (25,2%), que al de Francia (57,3%), Japón (42%) o Estados Unidos (38%).
Por otra parte, el gasto público es ineficiente. En inversión es muy bajo con relación al presupuesto. Además, medido por equidad, desempeño, estabilidad, equidad y calidad institucional, entre otros, es el más inefectivo en comparación con todos los países de la OCDE y uno de los peores en América Latina[1].
Como la realidad es inocultable, el gobierno de Santos creó la Comisión del Gasto Público, que ya entregó su informe final. La comisión reconoció que el gasto es ineficiente y que “no contribuye lo suficiente a una mejor distribución del ingreso”. No obstante, el espíritu de sus recomendaciones son inconvenientes, porque reproducen las mismas recetas fracasadas.
La más polémica es la reforma pensional. La comisión estuvo altamente influenciada por el poder financiero expresado en ANIF y Asofondos, insistiendo en “marchitar” a Colpensiones, con la ambición de que -en el mediano plazo- la única forma de NO pensionarse en Colombia sea por medio de los fondos privados. Su idea es que al régimen público solo se cotice hasta un salario mínimo y de ahí en adelante al privado. También recomienda aumentar la edad de pensión y la cotización hasta 18%. A esta andanada en contra de Colpensiones se han sumado asesores económicos de los candidatos presidenciales Humberto de la Calle y Martha Lucía Ramírez, que también han llegado a proponer la eliminación de la pensión de viudez, por considerar que favorece a unos “privilegiados”.
En materia de salud, la comisión no solo esconde el fracaso de la Ley 100 de las EPS, sino que para colmo propone aumentar su capitalización con más impuestos, aportes parafiscales, regalías, Sistema General de Participaciones y aumentar los copagos y las cuotas moderadoras. Asimismo recomienda lesionar aún más la red pública, limitando su contratación. 
No hay dudas de la consistencia ideológica expresada por la comisión, encabezada por Fedesarrollo. Sus recomendaciones van en la misma línea de lo que se ha hecho en las últimas tres décadas, con resultados cuestionables: más corrupción, menos competitividad, menor producción con valor agregado, más deterioro laboral y mayor desigualdad. ¿Cuáles son sus ideas brillantes? ¿Hasta cuándo se les seguirá consultando? La respuesta la tienen los votantes.

Reflexiones al tema pensiones


El esquema piramidal de las pensiones las hace inviables a largo plazo

POR: GERENCIE.COM,  26/02/2018


Resultado de imagen para FOTOS IMAGENES DE PENSIONADOS

El sistema de pensiones es un invento del siglo 20, época en el cual el estado de bienestar se hizo popular por cuanto busca garantizar derechos sociales como una vejez digna.
Ese estado de bienestar dispuso que una persona podía trabajar 20 años y vivir gratis el resto de la vida, pero las cuentas no están saliendo, y eso se debe a la concepción misma del sistema de pensiones, pues no es más que un sistema piramidal y por definición no es sostenible en el tiempo ante la imposibilidad de un crecimiento infinito en un mundo que es finito.
Sucede que para financiar una pensión necesitamos como mínimo de 10 cotizantes, y cuando esos 10 cotizantes se  pensionen necesitaremos 100 cotizantes para financiar a esos nuevos  pensionados, y luego necesitaremos 1.000 cotizantes, y la progresión sigue hasta el infinito, y eso no es posible.  Es algo tan obvio que sorprende cómo es que se ha ignorado.
Al inicio cuando habían pocos pensionados parecía un sistema perfecto, pero el problema llegó cuando la base de la pirámide se encogió debido a que menos personas cotizan, y la cima de la pirámide se engordó pues muchas personas se pensionaron, de modo que lo recaudado de los aportantes no alcanza para financiar las mesadas de los que ya están pensionados.
El asunto ha sido solucionado por el gobierno inyectando recursos al sistema para hacerlo sostenible: como el dinero que la gente aporta no alcanza para financiar las pensiones actuales, se inyecta dinero del presupuesto público, pero ello no es una solución efectiva, pues el problema de fondo sigue: no hay forma de financiar el pago de pensiones diferente a tomar dinero de los que trabajan para pagar las pensiones de los que ya no trabajan, sea vía cotizaciones o vía impuestos.
Dese el punto de vista social y humano es válido, pero desde el punto de vista financiero y económico, es un sistema llamado a fracasar.
Toda estructura piramidal está llamada al fracaso ya sea más tarde o más temprano, y el sistema de pensiones no es la excepción.
En la medida que las generaciones que iniciaron con el sistema envejecen, se requiere más gente en la base de la pirámide para que financien la pensión de aquellos, y en una economía donde el desempleo es la norma general, resulta imposible incrementar la base piramidal para sostener a los que están en la cúspide.
La imposibilidad matemática de financiar las pensiones hace que los gobiernos deban incrementar el cobro de impuestos para financiar los pagos a los pensionados, y como cada día serán más los pensionados  y menos los jóvenes cotizantes, el sistema seguirá bajo presión hasta que en algún momento reviente: o revienta el sistema ante la iliquidez, o revienta la sociedad ante el exceso de impuestos para financiar lo imposible.
Y si al problema estructural de financiamiento le sumamos la desbordada corrupción, el asunto no puede ser más preocupante.  Recordemos que el seguro social se lo robaron varias veces y actualmente Colpensiones sigue siendo utilizada por los políticos para sus propósitos.
Y además debemos sumarle las pensiones de los privilegiados que con son muchas y muy caras.
El estado, consciente de que el sistema público de pensiones no es sostenible por definición matemática, se inventó el sistema privado de pensiones, el cual busca  el autofinanciamiento de la pensión,  y aquel se ha estrellado con la realidad: no es posible trabajar 20 años y vivir de lo trabajado por el resto de la vida.
Un sistema privado de pensiones no es más que un sistema de ahorro donde la persona va acumulando capital para algún día poder retirarse.
Pero considerando que más del 80% de los colombianos devengan apenas un salario mínimo mensual, se requiere más de una vida de trabajo para ahorrar lo suficiente para pensionarse. Para la gran mayoría las matemáticas también le están diciendo que eso no es viable.
En consecuencia, las futuras generaciones tienen más que embolatada la pensión, pues esta no fue viable en el pasado ni lo será en el futuro por cuanto no es posible que una persona que viva 70 años pueda sostenerse sólo con el trabajo de 20, 25 o 30 años; eso durante toda la historia de la humanidad solo ha sido posible para una pequeña parte de la población.
Esto significa que cada persona tendrá que preocuparse por su propio futuro, y debe prepararse para ahorrar e invertir durante toda su vida productiva para que cuando físicamente no le sea posible trabajar más, pueda vivir de sus ahorros o de lo invertido, pero eso sólo lo puede garantizar cada persona.
Los actuales pensionados y los que estén por pensionarse no deben preocuparse porque el sistema aguanta  un poco más, pues los políticos no tendrán reparo en incrementar los impuestos para financiar esos pagos, pues de lo contrario perderían el poder (los votos), pero quienes apenas inician la vida laboral no deben fiarse que dentro de 40 años cuando cumplan la edad de pensión, tendrán un ingreso asegurado por parte del estado, pues las cuentas no cuadran y las matemáticas son exactas.
Debemos tener conciencia de que el sistema de pensiones como está estructurado no es viable y debemos actuar en consecuencia y no esperar sentados un futuro incierto.

Reflexiones al tema pensiones

Austeridad para los pobres, derroche para los poderosos: el caso de las pensiones

las2orillas.co, Por: Wilson Arias Castillo Febrero 23, 2018


Austeridad para los pobres, derroche para los poderosos: el caso de las pensiones
Foto: Archivo eluniversal.com
Las voces críticas y democráticas deberán oírse en rechazo a este insulto contra nuestros viejos.

“Los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global. Tenemos que hacer algo y ya”— Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario.

En el 2010 llegamos al Congreso dispuestos a enfrentar un conjunto de iniciativas legislativas que Juan Manuel Santos había anunciado para el cuatrienio; reformas estructurales que los poderes económicos habían exigido desde Uribe.
Entonces, la Unidad Nacional santista sería el consenso que la profundización neoliberal requería y que Uribe no garantizaba; su liderazgo polarizante y fuertemente cuestionado interna y externamente se erosionaba. Es así como las reformas constitucionales al sistema general de regalías y aquella que instauró la sostenibilidad fiscal como principio constitucional, fueron algunas de las medidas que enfrentamos en solitario la bancada del polo y algunos congresistas de la bancada Verde. Estas reformas habían sido radicadas en el congreso previamente por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y posteriormente fueron aprobadas por las mayorías de la Unidad Nacional de Santos, siendo reglamentada la sostenibilidad fiscal con la Ley 1473 de 2011 (regla fiscal).
En la defensa de estas reformas, la argumentación gubernamental se centró en la necesidad de ellas para contrarrestar los efectos adversos de la crisis financiera internacional y evitar la pérdida de confianza de las calificadoras de riesgos (agentes con responsabilidades en la crisis financiera internacional) y la consecuente pérdida bursátil de los bonos de deuda pública.
Todas estas justificaciones tenían un doble propósito final: uno, allanar la entrada del país al club de golf de las políticas públicas neoliberales llamada OCDE (obsesión Santista) y dos, honrar el pago de la deuda pública. Somos de los pocos países en el mundo que establece en su constitución la prioridad de pagar la deuda con los bancos (art. 351 constitucional), limitando así la atención prioritaria de otras necesidades sociales, como podría ser la garantía a la alimentación de sus habitantes.
En el caso particular de las regalías, la sustentación era la supuesta equidad regional a costa de las regiones productoras. El ministro de hacienda de la época, Juan Carlos Echeverry, mencionaba la necesidad de “repartir la mermelada en toda la tostada”; premonitorias palabras ante los hechos actuales de corrupción sin freno. En efecto, se ha podido ver que la mermelada de Santos se repartió por todo el país involucrando no solo los recursos de las regalías,  sino la mayor parte de los recursos públicos obtenidos vía impuestos, los cuales fueron elevados para las mayorías populares quienes sufrieron con el aumento del IVA y otros impuestos regresivos, mientras las minorías acaudaladas vieron descender su carga tributaria directa. Así, mientras el ajuste y la austeridad afecta a los más pobres y a las clases medias, se convierte en fuente de rentas y privilegios de los poderosos.
Estos argumentos nuevamente aparecen hoy para justificar el nuevo ajuste fiscal que se propone a través de dos propuestas que sustenta el más reciente informe de la Comisión del Gasto Público: la reforma pensional y reforma tributaria. Esta última en gran medida propone más de lo mismo: disminuir los impuestos de las empresas y aumentar el IVA, específicamente incluir con la tarifa del 19% a lo que quedó exento en la última reforma tributaria.
Y en relación con la reforma pensional, es necesario recordar que el gobierno de Santos, que no ha ocultado su voluntad de satisfacer las demandas del sector financiero, la tuvo en su agenda legislativa en su primer gobierno, en donde su  Ministro Rafael Pardo se encargó de ambientarla en su paso por el ministerio, además de sellar la liquidación del Instituto del Seguro Social y de poner en marcha Colpensiones, que había sido creado en el 2007.
Vale recordar que en Colombia conviven dos tipos de regímenes de pensiones: el de prima media que administraba el Seguro Social (hoy Colpensiones) que consiste en un régimen sustentado en la solidaridad intergeneracional y que genera ganancias potenciales de administración para el sector público.
En este esquema los trabajadores del presente financian las pensiones de las personas jubiladas. El otro régimen es el de Ahorro Individual, el cual soporta la pensión con una porción del ahorro obligatorio que deben hacer los trabajadores durante su vida, sin conexión con el principio de solidaridad intergeneracional. En este las ganancias de intermediación no pertenecen al sector público, sino que son detentadas y concentradas por dos fondos de pensiones en el caso colombiano: Protección (Grupo Sura) y Porvenir (Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo).
En líneas gruesas, la reforma pensional contiene principalmente dos pretensiones: uno, eliminar la competencia y dos, flexibilizar el uso del ahorro pensional con el fin de aumentar la rentabilidad de los fondos privados.
La primera pretensión del sector financiero, representado en voces como ANIF, Asobancaria, Asofondos y el Consejo Privado de Competitividad es eliminar (o marchitar paulatinamente) el régimen de prima media, es decir, desaparecer del mapa a Colpensiones para que el negocio quede únicamente en sus manos.
En los debates que asumí como representante del Valle, mostré cómo durante la crisis financiera de 2008, cerca del 30% del ahorro de los trabajadores colombianos en los fondos de pensiones se perdió, por lo cual sus cotizaciones posteriores solo sirvieron para llenar ese hueco que la especulación financiera dejo. Denuncia que se encontró con los oídos sordos de los entes de control. Es constatable la migración paulatina de los pensionados hacia el otrora seguro social y la posterior Colpensiones, que lo remplazo, a causa de esta situación; la malicia indígena le indicaba a los pensionados que el estado, con todas sus ineficiencias burocráticas, era la mejor salvaguarda de sus ahorros pensionales frente al peligro de colapso financiero que siempre ronda los fondos privados en tiempos de crisis.
Ahora, como se sabe, los trabajadores son actualmente uno de los grandes acreedores del estado, pues, a través de los fondos privados son los tenedores de cerca del 90% de los títulos de deuda pública. Entonces, la segunda pretensión del sector financiero, como se dijo, es flexibilizar el uso del ahorro pensional para invertir y obtener lucro de otro tipo de actividades hoy reguladas.
Así, la propuesta es desregular el stock de capital producto de los aportes pensionales, aumentando el riesgo financiero de los colombianos con el fin de aumentar la rentabilidad de los fondos privados y así obtener mayores ganancias.
La idea general es que los fondos privados participen como socios de los grandes megaproyectos del país, entre ellos transporte y energía hidroeléctrica. Es decir, valorizar el capital de los trabajadores y apropiarse de esta valorización a través de la administración privada que ellos ejercen.
Los designios que las agencias multilaterales, voceras de los poderes financieros transnacionales, tienen para con nuestros ancianos fueron anunciados en abril del 2012 a través de un memorando confidencial que Alejandro Gaviria, a la sazón columnista del espectador, hoy ministro de salud, asevero haber encontrado abandonado (¡!) en la sala de espera de un aeropuerto, intentando ocultar así su roll de propagandista de estas agencias. Propuestas como “(…) los países del primer mundo deberían imponer un límite etario para el pago de pensiones. Las personas de, digamos, ochenta o más años deberían vivir por su cuenta y riesgo” contenidas en dicho memorando, están acompañadas de la sentencia que meses después, en el mismo 2012, le espeto con crudeza Christine Lagarde al mundo y contenida en el epígrafe de este escrito.
Ya estamos avisados. Las voces críticas y democráticas en el Congreso deberán oírse en rechazo a este insulto contra nuestros viejos, pero solo la movilización popular y ciudadana lo harán escuchar en el país.

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Reflexiones al tema pensiones

lunes, 26 de febrero de 2018

Elegir congresistas y después presidente, es un gran error y trampa para los colombianos..

Febrero 26 de 2018
Juan Jose Orrego L.

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Amig@s:

Como esta nuestra democracia y constitución hoy al tener que elegir primero a los congresistas y después al Presidente de Colombia, es un gran daño, error y trampa clara, para los millones de colombianos.

Elegir presidente, no es lo mismo que elegir un congresista. 

Elegir el jefe del estado, es designar un Estadista, un gran profesional y servidor publico sano, limpio, con visión, proyección y conocimiento del estado y no un candidato o político oportunista designado por conveniencia de su partido y como muchos, MENTIROSO, que se aprovechan, con sus amigos, asesores genios y su coalición de gobierno, adoptando medidas para beneficio personal y su partido, aprovechándose del poco conocimiento del pueblo que vota, en su mayoría, de los temas básicos, como son el manejo y control de la Economía Publica y Gastos de la nación.
  
Elegir el presidente ideal, como está hoy nuestra Democracia y estructura del estado, con tanto odio, división y radicalismo político, se corre Un Gran Riesgo Para El Futuro y Bienestar de Colombia y su Estabilidad.

Hoy, los millones de ciudadanos que no han votado por su desconfianza institucional y rechazo a sus partidos y clase dirigente, pero que luchan y sueñan, por un mejor bienestar, beneficio y gran cambio estructural  para Colombia, estarán sometidos, al vaivén y juego de esos congresistas viejos elegidos, los nuevos cuestionados jurídicamente, los gobernantes y demás lideres, que  aprovechándose de la debilidad del estado, juegan con la democracia y la gente para su propio beneficio. 

Es así que para lograr sus objetivos de llegar al congreso, la mayoría, se burlan en forma directa de esa multitud de ciudadanos inocentes que por necesidad y obligación, aceptan el "chantaje", para no perder esas oportunidades de empleo que les prometen o su estabilidad laboral, sintiéndose obligados a bajar la cabeza y actuar para elegir y votar por un candidato Presidente, como unos simples borregos y chorros humanos,comprados como esclavos, transitando un camino obligado y oscuro, sin saber cual sera su destino final.

Hoy participando con mi señora en la Eucaristía, aprendí una gran reflexión: "El saber Perdonar, es Sanar la Memoria".

El camino ideal para no desfallecer en esa búsqueda de  encontrar los congresistas ideales, que existen, antes de votar, debemos corregir, esos vicios del pasado, donde muchos por silencio y presión indebida, eligieron  esas personas que hoy y desde hace muchos años, le han hecho mucho daño a sus regiones y nación.

Es por eso que al elegir el 11 de marzo, congresistas, cuestionados eticamente, empresarios disfrazados con el manto de la honestidad, con desconocimiento de lo publico, que aspiran ganar mas de $ 30.000.000.oo, sentados y sin hacer nada, para aprender y conocer el estado,  esos oportunistas y chantajistas de puestos y los negociantes, que van para proteger, crear medidas o leyes para beneficio de sus patrocinadores o sus empresas, Ejemplos: ley de juegos y apuestas, seguro le estamos haciendo un gran daño a Colombia, sus finanzas y regiones. 


Con  esos congresistas y aspirantes cuestionados, eticamente y jurídicamente, de llegar allá y ser elegidos,  senadores o representantes, con este tipo de ciudadanos legislando y sin control, es peor que ser gobernados hoy, por un gobierno, Castro-Chavista.


Es por eso que los ciudadanos de todos los estratos y niveles sociales, debemos luchar siempre por el beneficio de nuestra nación y ante todo, por la paz de nuestra patria, con la seguridad, que aquellos, que no desean limpiar ni cambiar hoy sus caminos incorrectos, seguro que integrados sanamente, encontraremos las rutas ideales,  para el gran cambio estructural que requiere Colombia.


De nosotros depende el cambio, o seleccionamos bien o seguimos como vamos, rumbo a un camino desconocido, controlado por congresistas que no les importa sino aprovechar al máximo su paso por el congreso, para beneficio propio y elegir un presidente sometido, al manejo de ellos.

Cordial saludo,

Juan Jose Orrego Lòpez


  

Reflexiones al tema pensiones




   

Editorial: Gobernanza nacional y regional...


elnuevosiglo.com.co, Febrero 25, 2018 

EL NUEVO SIGLO

  • ¿Unificar mandatos de Presidente, gobernadores y alcaldes?
  • Cortocircuitos entre los distintos planes de desarrollo
En el alud de propuestas que se escuchan en medio de la campaña presidencial, hay algunas que no tienen eco alguno, sea por su poca novedad o la inviabilidad manifiesta, y otras que dado su sustento argumental generan debates serios y profundos sobre las implicaciones que tendría llevarlas a la práctica para enfrentar problemáticas o falencias evidentes.
Uno de los principales aspirantes a la Casa de Nariño propuso esta semana la posibilidad de unificar los mandatos del Presidente de la República con los de gobernadores y alcaldes. Aunque ambos tienen periodos cuatrienales, el proceso electoral del primero se realiza 16 meses antes que el de los segundos.
Si bien en muchos países las elecciones de orden nacional (llámese Jefatura de Estado y Congreso) se realizan en fechas y años distintos a los comicios regionales, es claro que en Colombia esa circunstancia se ha venido convirtiendo, con el pasar de los años, en un problema que dificulta la buena gobernanza, más aún después de que se abolió la reelección en todos los cargos uninominales de elección popular, es decir para los titulares de la Presidencia de la República, las gobernaciones y las alcaldías.
Sería ingenuo desconocer que los esquemas de descentralización administrativa, ordenamiento territorial y coordinación efectiva de políticas del orden nacional, regional y local se ven alterados por el hecho de que a mitad de sus periodos los respectivos mandatarios tienen que enfrentarse a cambios de gobierno en las otras jurisdicciones.
Así, un titular de la Casa de Nariño se posesiona cuando a los gobernadores y alcaldes actuales les quedan menos de año y medio para terminar sus periodos. Y, de igual forma, los mandatarios departamentales y municipales comienzan a interactuar con un gobierno nacional que ya lleva una tercera parte de su periodo y tiene en marcha la mayoría de sus políticas públicas, que en algunos casos no encajan con lo prometido en campaña por quienes salieron electos para los ejecutivos regionales y locales.
Por ejemplo, cuando un Presidente asume el poder,  tarda casi un año para que el Congreso le apruebe su respectivo Plan de Desarrollo.  Este, como se sabe, fija una serie de énfasis en materia de políticas, programas y destinaciones presupuestales que tiene estatus legal y, por lo mismo, si no encajan con los planes de desarrollo que ya están aplicando los gobernadores y alcaldes vigentes, obligan a estos a ir a sus respectivas asambleas departamentales y concejos municipales para tramitar la respectiva armonización.
Es allí en donde la gobernanza se impacta en cuanto a lo que tiene que ver con la aplicación de políticas públicas en los distintos niveles de la administración pública. Es evidente, por demás, que las prioridades cambian de un gobierno a otro, ya sea por los énfasis de gestión que se asuman o por las reformas que se apliquen para implementar el respectivo Plan de Desarrollo.
Un ejemplo aún más sencillo: el país tiene pendiente una reforma al Sistema General de Participaciones, que es el esquema que define todo lo relativo al giro y distribución presupuestal desde el gobierno nacional central a los departamentos y municipios. Si no existe un mínimo de coordinación entre los planes de desarrollo de los distintos niveles, es claro que se produce un cortocircuito en el manejo de lo público.
Obviamente hay dudas razonables frente a la posibilidad de que el Presidente, los gobernadores y alcaldes (lo que se podría extender a diputados, concejales y ediles) se elijan en una misma fecha o, al menos, se posesionen con tiempos de diferencia más cortos para acompasar mejor sus mandatos. Separar las elecciones nacionales de las regionales permite un mayor dinamismo político, con el consecuente empuje a la renovación de liderazgos personales o el surgimiento de nuevas alternativas partidistas. También permite un permanente interés de la ciudadanía en la importancia de asistir a las urnas como mecanismo de control político a los gobernantes.
Lo importante es que se abra el debate al respecto y se estudien a profundidad sus pro y contra. Un país que en menos de 16 años pasó de viabilizar la reelección presidencial inmediata (contemplando incluso la posibilidad de aprobarla para gobernadores y alcaldes) a prohibirla en todos los niveles de la administración pública debe reacomodar su sistema de gobernanza. 
La nación es un aparato sistémico y estructural por el que fluyen no sólo los recursos y la definición de las facultades y roles oficiales, sino la asignación de responsabilidades del orden nacional, regional y local para hacer realidad la premisa de un estado social de derecho. 
Si se presentan cortocircuitos u obstáculos en la funcionalidad de ese sistema, es necesario aplicar los correctivos del caso. Visualizarlos o plantearlos es, por encima de todo, lo que se espera de quienes aspiran a llegar a la Casa de Nariño para regir los destinos de todo el país. Ese es el objetivo final de la campaña.


Reflexiones al tema pensiones

sábado, 24 de febrero de 2018

Las cuentas de Fedesarrollo para salvar el sistema pensional

dinero.com,  2/15/2018 ,

Propuesta reforma pensional Fedesarrollo

El país lleva años discutiendo la necesidad de una reforma pensional que aumente la cobertura y distribuya mejor los recursos, ya que es un hueco que amenaza las finanzas del país. Fedesarrollo ya tiene su reforma ideal.

Para 2050 habrá cerca de 15,2 millones de adultos mayores en Colombia, de los cuales 4,9 millones estarían pensionados bajo el régimen actual. El problema es que la informalidad, los bajos niveles de cotización y la desigualdad de los subsidios impiden aumentar la cobertura pensional del país y generan déficit.
El cálculo de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) indica que, así las cosas, la cobertura pensional pasaría apenas del 24% actual hasta 32%. Sin embargo, otro think tank, Fedesarrollo, prendió las alarmas y señala que, con base en la misma proyección de envejecimiento de la población, el sistema pensional actual disminuirá la cobertura hasta 17% para 2050. La razón es que, aunque el bono demográfico ha permitido que incremente el número de colombianos que cotizan a cualquiera de los dos regímenes pensionales, dichos aportes son tan informales como el mercado laboral.
Fuente: ANIF
El director de Fedesarrollo, Leonardo Villar, añade que otro problema del sistema es que “el pequeño porcentaje que se pensiona le cuesta mucho al erario”: de cada $10 que los colombianos pagan en impuestos, $2,7 se destinan a financiar el déficit pensional. Es decir, poco menos de la tercera parte del recaudo se destina a Colpensiones y otros fondos públicos que no cuentan con los recursos suficientes para pagar la jubilación de sus afiliados.
Otro de los problemas del régimen actual son los subsidios. Hoy la gran mayoría de pensionados corresponde al grupo de mayores ingresos y sus mesadas son altamente subsidiadas, por cuenta de la forma como se liquida la jubilación en el régimen de prima media. Allí, el monto que recibe cada pensionado depende del promedio de salario de los últimos 10 años de su vida laboral y no del ahorro que haya alcanzado a lo largo de toda su vida. Eso implica que, según los cálculos del Departamento de Planeación Nacional, de los $18,4 billones que el Gobierno destinó a subsidios pensionales en 2015, 50,8% se destinó a 20% de pensionados de mayor ingreso, mientras que el 20% de menores recursos recibe apenas 4,3% de esos subsidios.
Y, como si fuera poco, del 16% mensual de los ingresos que aportan los trabajadores colombianos a los fondos privados de pensiones a los cuales están afiliados, 1,5% se destina a un Fondo de Garantías de Pensión Mínima que tiene ya acumulados cerca de $3 billones y no desembolsan recursos a Colpensionescuando el aportante muda su afiliación a la entidad pública.
La solución
El país está enfrentando una coyuntura difícil: necesita recortar el gasto público para ajustar sus cuentas y optimizar los gastos, pero, de otra parte, va a tener erogaciones crecientes por cuenta de la enorme deuda social del Estado con muchos segmentos de la población, y eso incluye la tarea de garantizar que un mayor número de adultos alcance una pensión. Por eso, Fedesarrollo propone un sistema de pilares, que significa un cambio radical frente al sistema que tenemos hoy, dividido exclusivamente entre “prima media” y “ahorro individual”.
Su director explica que el sistema actual debe separarse para eliminar la “competencia” entre la administración pública y privada de las pensiones y que esta se convierta más bien en un complemento.
Así, todos los colombianos tendrían que aportar el porcentaje determinado para el ingreso de apenas un salario mínimo al nuevo régimen de prima media y quienes perciban salarios superiores a ese límite cotizarán el porcentaje restante al fondo de pensiones que prefieran.
Con el primer aporte en el pilar común, el Gobierno asignará los subsidios únicamente a ese segmento del sistema. Esto reduciría los aportes del Presupuesto General para Colpensiones en entre 0,5 y 1 punto porcentual del PIB durante los próximos 30 años, ahorro que, sumado al obtenido por la eliminación de los subsidios a pensiones de altos ingresos, tendría que destinarse por lo menos parcialmente a los demás programas de protección a la vejez como Colombia Mayor y los “Beps”.
Villar añade que, en el caso del programa Colombia Mayor, este ha funcionado para reducir el indicador de ancianos en condición de indigencia, pero se queda corto todavía. Por eso, el director de Fedesarrollo asegura que el programa debe aumentar su cobertura e incrementar el subsidio desde los actuales $60.000 mensuales hasta $100.000.
Otra es la historia de los Beneficios Económicos Periódicos (Beps), que cubren a trabajadores informales y con ingresos inferiores a un salario mínimo. Allí, los aportes son voluntarios. Para incrementar sus recursos y cobertura, aquí la propuesta es crear un sistema tipo “contribuciones paralelas”, de modo que reciba aportes del pilar formal y los que se recauden al crear “contratos especiales” para los empleadores informales en un esquema similar al ‘monotributo’ para los pequeños comerciantes –aprobado en la pasada reforma tributaria– . Puso como ejemplo el caso de los recolectores de café: quien los contrate deberá destinar un pequeño porcentaje del pago que le entrega a cada trabajador para cotizar a nombre de cada uno en los “Beps”.
Villar asegura que su propuesta, que fue tomada como base para la construcción del capítulo pensional en el informe de la Comisión del Gasto, presenta una diferencia notable en el gasto frente a las propuestas que han hecho entidades como Asofondos y Anif (ver recuadro).
Cualquiera que sea la opción que finalmente sea elegida para presentar una reforma pensional, lo cierto es que el próximo gobierno necesitará mucho capital político, capacidad y voluntad para presentarle al Congreso un proyecto de ley que salve al sistema pensional para luego implementarlo con igual habilidad.
Otras propuestas
El déficit pensional es un gran problema fiscal, pues representa 4% del PIB, lo que en pesos de 2016 equivalía a $32 billones, divididos en Colpensiones, que representa 1% del PIB -cerca de $8 billones- y los sobrevivientes de regímenes anteriores. Por esta razón, muchas instituciones están haciendo propuestas de reforma. Es el caso de Anif y Asofondos, que proponen que la totalidad de los aportes de los trabajadores formales se destinen a los fondos privados, obligando al Gobierno a asumir sin ingresos adicionales el pago de los afiliados a Colpensiones que sean sujetos del régimen de transición y los modelos pensionales anteriores. Eso valdría 3,3% del PIB adicional, más de $12 billones anuales. Según Fedesarrollo, por el contrario, su propuesta le ahorraría al fisco entre $4 billones y $8 billones en aportes a Colpensiones.
Recomendado: Mitos y falsedades




Reflexiones al tema pensiones