martes, 28 de febrero de 2017

Obras de valorización desfinanciadas...

cronicadelquindio.com, EDITORIAL Febrero 28 de 2017 

Retraso de 8 meses en 6 obras por  valorización; solo una se empezó

Las cuentas para las obras de valorización no cuadran, por tanto, el panorama para el desarrollo de aquellas que no han empezado y las que no se han contratado no es muy halagador. En el primer año, 2015, el gobierno municipal debió de recaudar $38.000 millones, pero solo alcanzó a obtener $850 millones, pues se le prometió a la gente, en medio de las disputas y la campaña electoral, que solo se les cobraría en el 2016.  En el segundo año, 2016, se presupuestó recoger $44.000 millones, y aunque la respuesta de los ciudadanos fue muy positiva, se obtuvieron $39.500 millones. Para la presente vigencia, se planeó un recaudo de $24.000 millones, pero en las cuentas de la administración municipal no hay optimismo de lograr ese monto, de pronto un poco más de $15.000 millones.

En plata real, el recaudo ha sido, a la fecha, de $40.000 millones, mientras que se responde a los bancos por un crédito de $70.000 millones. Las cuatro obras iniciales fueron contratadas por un monto de $31.000 millones, mientras que las otras seis ya adjudicadas valen $81.000 millones, para un total de $112.000 millones. 

El análisis nos dice que por lo menos $10.000 millones se están utilizando, en los primeros tres años 2015-2017, en la administración de los proyectos por parte de la oficina de Valorización. Si se suma el recaudo más el crédito, quedarían faltando $3.000 millones, sin contar con la amortización que se debe hacer de la deuda, que, como es lógico, se consume una gran parte de lo que la gente ha pagado, además de los $10.000 millones de los gastos administrativos. En otros términos, hoy no hay cómo pagar completamente el valor de los dos contratos para que se inicien todas las obras, especialmente las últimas seis, las que, según información que tenemos, solo podrán arrancar dos, una que ya se está haciendo, la avenida Montecarlo II y la llamada avenida La Colonia, que une la carrera 14, sector de la Octava Brigada, con la avenida 19 de Enero, o carrera 19, cuyos estudios están casi listos.
Los recaudos no han sido los suficientes, pues mucha gente se ha quedado esperando a que se resuelvan las demandas que se han instaurado contra este instrumento de financiación de las obras, y, por tal motivo, no hay dinero suficiente en la tesorería del municipio. Y claro, no hay capacidad de endeudamiento, pues el municipio tiene este empréstito por $70.000 millones que se aspira pagar con la contribución de valorización, pero también aquel que se contrató por $45.000 millones, hace tres años, para realizar obras que se pagarían con el impuesto predial y complementario. Con un endeudamiento por $115.000 millones y sin aumento de los ingresos, la capacidad de endeudamiento no da para pagar las obras contratadas, por un lado, y mucho menos para contratar las dos restantes.
Las cuatro obras que quedarán en veremos son: ampliación de la carrera 11, en el norte, entre El Nogal y El Retiro; la unión de la calle 19 norte, sitio Portal del Quindío, con la avenida Centenario; el puente que une el barrio Yulima, en el norte, con el Alto del Niágara, en el noroccidente; y la llamada avenida de Occidente, que conecta el Niágara con la avenida Las Américas. Y, cómo no, las que aún no se contratan, como la ampliación de la carrera 15, a la altura de la calle 2N con el barrio Galán, y el ordenador vial de la CRQ.
Todo este maremágnum aparece ahora por cuenta de una pésima planeación en el sistema de financiación de las obras, por los afanes de dejarlas contratadas, sin medir las consecuencias. Es urgente hacer una revaluación de las obras, mirar con ojo clínico cuáles se pueden y cuáles no, definitivamente, en este gobierno, y arrancar de nuevo, con visión pero con la verdad, sin engaños. La renuncia ayer de los secretarios de despacho de la alcaldía, es el comienzo de la recomposición del asunto, porque muchos de estos funcionarios son responsables del descalabro financiero y administrativo a que estamos enfrentados hoy y deben, definitivamente, irse del gobierno para dejar al alcalde sin ataduras, y que retome el rumbo de este gran proyecto de las obras por valorización.

Reflexiones al tema pensional

Temas Relacionados: Valorización Obras

La desigualdad colombiana profundizada por la reforma tributaria...

justiciatributaria.co, Febrero de 2017

Justicia Tributaria

En una extensión a los cálculos sobre sobre desigualdad elaborado desde Justicia Tributaria a finales de 2016, se realizó una nueva estimación con los recaudos finales esperados por el Gobierno Nacional con la aprobación de la reforma tributaria (Ley 1819 de 2016), normativa aprobada por el Congreso a media noche del 22 de diciembre de 2016 y la tercera del gobierno de Juan Manuel Santos. Esta reforma espera recaudar para 2017 cerca de $ 6,13 billones, de los cuales $ 6,48 billones corresponden a IVA; $ 227.000 millones a impuesto al consumo y una reducción de $ 574.000 millones en la sumatoria del resto de impuestos, especialmente el de renta.



Reflexiones al tema pensional







La economía en 2017..

elespectador.com, 27 Feb 2017, Por: Santiago Montenegro


Muchas —demasiadas— personas no han entendido aún que la economía trata, entre otras cosas, de la asignación de recursos escasos entre agentes que quieren apropiárselos. Esos agentes son el gobierno central, los gobiernos regionales y, por supuesto, el sector privado, que está compuesto por los hogares y las empresas. *
Muchas personas tampoco han entendido que, si uno de esos agentes gasta más de lo que tiene, alguien más tiene que ajustarse, financiándole dicho excedente de gasto o de déficit. En las economías abiertas, como la nuestra, los agentes nacionales pueden darse el lujo temporal de no ajustarse, como cuando el Gobierno gasta más de lo que tiene, acudiendo a recursos o ahorro del resto del mundo. Dicho ahorro neto que viene de fuera es lo que se llama déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos y es igual al exceso del gasto sobre el ingreso total de la economía, o igual a la suma de los déficits de cada uno de los agentes nacionales.
En 2015, dicho déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos llegó a la astronómica cifra de 6,5 % del PIB. Naturalmente, un déficit de este tamaño es insostenible y, tarde o temprano, es necesario ajustarlo a un nivel que sea sostenible en el tiempo. Lo que ha sucedido desde entonces, incluyendo la baja tasa de crecimiento del 2016, es resultado de dicho ajuste. El año pasado, el déficit en cuenta corriente terminó en 4,8 % del PIB, una caída de casi dos puntos, una cifra considerable y que ha resultado muy dolorosa. Infortunadamente, la carga de este ajuste ha recaído en el sector privado y en los entes territoriales. Porque, mientras el déficit en cuenta corriente cayó en casi dos puntos, el Gobierno central aumentó su propio déficit en casi un punto, lo que quiere decir que el resto de la economía tuvo que hacer un recorte de casi tres punto del PIB. Esto se ha reflejado en bajísimas tasas de crecimiento de la inversión y del consumo de los hogares y de las empresas.
Mucho me temo que el comportamiento de la economía en 2017 seguirá dominado por la necesidad de continuar con el ajuste del déficit externo y por un Gobierno central que expande sus gastos. Para que el déficit externo sea sostenible se requiere reducirlo hacia un 3 % del PIB, es decir, un ajuste de otros dos puntos. Entre tanto, para poder financiar el posconflicto, el Gobierno central planea incrementar su gasto, para lo cual está ya preparando una adición presupuestal, aunque no sabemos aún su magnitud. Según la contabilidad de las cuentas nacionales, esto quiere decir que tanto el sector privado (las empresas y los hogares) como los entes territoriales tendrán que seguir ajustando sus gastos para abrirle espacio al Gobierno central. La disputa que hemos visto con la sobretasa a la gasolina y el recorte a las regalías es una consecuencia de esta reasignación de los recursos. Entre tanto, el ajuste del sector privado vendrá con el mayor pago de impuestos por la reforma tributaria.
Salvo algo inesperado, como un repunte extraordinario del precio del petróleo, el comportamiento de la economía estará determinado como si fuera un juego de suma cero: si uno gasta, los otros tendrán que ajustarse. O, como dice la canción de Emiliano Zuleta: “me lleva él o me lo llevo yo.”
* LAS NOTAS RESALTADAS SON MÍAS NO DEL COLUMNISTA..
Reflexiones al tema pensional

Manos limpias, no lavadas..



Existe el riesgo de que al tema de defensa de la democracia le suceda lo mismo que a la lucha contra la corrupción: que busquen manipularlo quienes no tienen suficiente autoridad moral sino intereses electorales.
La acusación de que el Estado de derecho está en riesgo, que viene agitando contra el proceso de paz la oposición, es de tanta importancia que debe discutirse sin manipulaciones. Porque en el mundo de la posverdad populista los pájaros están disparándole a las escopetas: Donald Trump combate a los medios de comunicación, a los tribunales de justicia, a la comunidad de inteligencia, por supuestamente estar poniendo en peligro la democracia, cuando solo hacen contrapeso a sus abusos autoritarios.
La tesis jurídica de la oposición conservadora es que la aprobación de los acuerdos de paz viola la Constitución. Tienen derecho a tramitarla por vías institucionales, demandando las leyes ante la Corte Constitucional como han venido haciendo. No tienen derecho es a usar los mecanismos legales, pero cuando éstos no les dan la razón, recurrir a descalificarlos, a “defender la democracia” desprestigiándola y desacatándola. Que la Corte Constitucional no da garantías es un argumento subversivo, al que hasta las Farc ha renunciado, que no tiene sustento porque fue la Corte la que detuvo la mayor amenaza autoritaria que ha tenido la democracia colombiana en 60 años: la segunda reelección presidencial, que habría desembocado en indefinida, tramitada violando la ley, bajo la tesis antidemocrática de que en Colombia el Estado de derecho estaba pasando a un estadio superior, el Estado de opinión, que no es otra cosa que populismo autoritario. Este proceso de paz ha sido el más concertado, regulado por la ley y vigilado constitucionalmente. Lo autoritario sería lo contrario, como sucedió en los procesos de paz anteriores. No habría sido necesario blindar los Acuerdos 12 años si no hubieran amenazado con incumplirlos.
En el fondo es una discusión filosófica. Los amigos de que las constituciones sean pétreas citan la Constitución estadounidense, sin mucha razón porque las enmiendas de ésta tienen muchas más páginas que el articulado original. Pero en Colombia esa es una discusión bizantina. Ninguna constitución colombiana ha tenido pocas reformas. Qué habría sido del país sin las magníficas reformas de 1936 y 1968, y de la nueva de 1991. En el mundo hay dos tendencias, y la que defiende las constituciones pétreas en contra de las que evolucionan con sus sociedades, es la bandera de los sectores ultraconservadores que buscan que el constitucionalismo no avance para cubrir sectores sociales vulnerables, como la comunidad LGTB. Es cierto que algunas reformas son peligrosas, como la reelección presidencial de 2006 que rompió el equilibrio de la arquitectura constitucional, pero que fue posible echar atrás con otra reforma.
La tesis política de que las Farc ponen más en riesgo la democracia estando sometidas a ella que combatiéndola, es parte del trauma anticomunista desde Gaitán, que permitió clientelizar el sistema político al extremo. Bill Gates, ningún castrochavista, sostiene que uno de sus líderes más admirados es Adolfo Suárez por haber convencido a la sociedad española de dejar entrar al Partido Comunista a la democracia después de 40 años.

Reflexiones al tema pensional

lunes, 27 de febrero de 2017

Las razones por las que se avecina otra reforma pensional

Febrero 26, 2017  Por: Redacción de El País

reforma pensional

El 51,1 % de los jubilados en Colombia con Colpensiones, es decir, 618.912 personas tienen una mesada promedio $644.350, según datos la empresa.
Archivo El País
Las cuentas son muy claras. El actual Régimen de Prima Media, que es el sistema público de pensiones, es insostenible, algo así como si una familia recibiera $1000 de ingresos mensuales, pero gastara $5000. En algún momento va a colapsar. 

El año pasado Colpensiones pagó a 1.244.880 jubilados $25 billones en mesadas: $22 billones por vejez; $1,09 billones de invalidez y $1,7 billones de sobrevivencia. Pero apenas le ingresaron $14 billones entre los aportes de los afiliados y los traslados de las personas que se cambiaron de los fondos privados a esta empresa. La diferencia la aportó el Gobierno Nacional.

Los expertos dicen que ese aporte del Estado tendrá que ser cada vez mayor porque el desfinanciamiento de las pensiones es estructural. Esta semana, Santiago Montenegro, presidente de Asofondos -gremio que agrupa a las administradoras privadas de pensiones- dijo que no se puede seguir aplazando la reforma del sistema y que esta debe ser prioridad para el próximo Presidente. Se habla de un hueco fiscal de $38 billones al año si se tienen en cuenta otros regímenes especiales (Magisterio, Fuerzas Armadas) que están en manos del Gobierno.

Algunos han sido radicales como la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, que ha pedido el cierre de Colpensiones, eso sí “honrando todos los compromisos pensionales adquiridos hasta la fecha” por la entidad.

Sin embargo, esta salida radical no es compartida por algunos académicos ni por Asofondos: coinciden en que el Régimen de Prima Media (RPM) puede seguir, pero con una transformación.

Según Asofondos, los 14 millones de afiliados a los fondos privados de pensiones en el país (activos e inactivos) tienen ahorrado $190 billones.

2,81 millones de personas cotizan actualmente en Colpensiones, según datos de la empresa.

grafico pension colombia
4,63 millones de colombianos cotizan hoy para pensión en los fondos privados, según Superfinanciera.
El País
¿Cómo hacerlo viable?

Jairo Núñez, investigador de Fedesarrollo, considera que sería un error acabar el Régimen de Prima Media y propone, más bien hacerle cambios. Plantea que uno de ellos es modificar la tasa de reemplazo (el monto de la mesada que recibirá el jubilado). Hoy en día las personas reciben entre el 50% y el 70 % del promedio de su salario en los últimos 10 años como mesada, en Colpensiones.

La segunda propuesta del investigador es que se modifique la edad de pensión, en especial de las mujeres, debido al aumento de la esperanza de vida. “El sistema está diseñado para ahorrar por muy pocos años y luego se entregan pensiones y subsidios por un periodo muy largo, lo que lo hace insostenible”.

Pero, Marcelo Duque, experto en pensiones, no comparte la sugerencia del aumento en la edad de jubilación, en especial por el alto grado de informalidad que existe en el país.

Según cifras de Colpensiones y la Superintendencia Financiera, en el país hay 21 millones de trabajadores activos de los cuales solo cotizan para pensión 7,54 millones. Es decir, que cerca de 14 millones de colombianos no ahorran ni un peso para su futuro. “Mientras no exista una política de formalización de empleo para toda la población y en especial para las personas de más de 40 años, aumentar edades para jubilarse será muy difícil”, dijo el experto.
Para Duque y otros académicos la solución está en reducir el monto de la pensión, o sea, tomar lo que ingresa al sistema y distribuirlo entre más personas y, por otro lado, crear un modelo de pilares donde no haya competencia entre el sistema público y el privado. 

Iván Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, comentó que su propuesta es que se cree un sistema donde todos coticen al sistema público (entre 1 y 4 salarios mínimos) y los que tienen mayor capacidad coticen por montos superiores en los fondos privados de pensiones. 

Con ello, todos los ciudadanos tendrían garantizada una mesada de jubilación mínima, los sistemas no competirían y las personas de mayores recursos recibirían un monto adicional por parte de las administradoras de fondos privados por su ahorro (ver recuadro). 
En el 2013, el entonces ministro de Trabajo, Rafael Pardo, hizo un planteamiento similar, pero la iniciativa no prosperó.

Los analistas estiman que las personas a las que le falta más de 15 años para jubilarse, tendrán que afrontar, tarde o temprano, estos cambios que se espera se den después del 2018, cuando el próximo Gobierno se atreva a proponer la reforma.

Cambios propuestos 
El modelo actual de pensiones- Un sistema público que administra Colpensiones y otro privado en manos de la Administradoras de Fondos, genera competencia. Mientras hay 2,8 millones de personas aportando a Prima Media, hay 4,63 millones aportando a los fondos privados, pero Colpensiones tiene 1,2 millones de jubilados y los fondos menos de 100.000. A esto se añade que, en muchos casos, las personas con Colpensiones logran una mejor mesada que en los fondos. La diferencia puede ser mayor del 50 %. 

Por eso los analistas proponen: 
- Crear un modelo que no compita para que los colombianos tengan una pensión subsidiada con Colpensiones, hasta un salario mínimo, y quienes puedan ahorrar más lo hagan en los fondos privados para tener una mayor mesada. Es decir, se recibiría una mesada mínima de Colpensiones y otros recursos de las administradoras de fondos.

-Modificar el sistema de subsidios. Hoy las pensiones más altas se llevan los subsidios del Gobierno. La propuesta es hacer más equitativo el modelo. “Si tenemos $1000 para distribuir en 30 % de la población hay que dar pensiones de menos valor y modificar los subsidios para que lleguen a los de menos recursos”, dice Marcelo Duque.

Los sistemas

  • El Sistema General de Pensiones en Colombia se compone de 2 regímenes que compiten entre si: Fondos Privados y Colpensiones (Régimen de Prima Media).
  • Las personas se pueden trasladar de un régimen a otro cada cinco años, recibiendo la doble asesoría y hasta 10 años antes de cumplir la edad de retiro.
  • La edad de pensión para hombres de 62 años y la de mujeres 57 años.
  • En Colpensiones los colombianos logran su jubilación cumplida la edad y con 1300 semanas de cotización.
  • En los fondos privados hay que tener un capital determinado para acceder al derecho de pensión.
  • Según Mauricio Olivera, presidente de Colpensiones, actualmente la entidad paga oportunamente las mesadas a más de1.244.880 colombianos, lo que representa el 57 % de los pensionados del país. “La sola afiliación al sistema no es suficiente para obtener una pensión, por este motivo trabajamos para fomentar la cultura del ahorro en los colombianos”, aseguró.
Reflexiones al tema pensional

sábado, 25 de febrero de 2017

“La clase política tiene que estar dispuesta a reformarse”: Luis Ernesto Gómez

El viceministro del Interior explica los alcances de la reforma política propuesta por el Gobierno. Niega que se trate de una cortina de humo y asegura que, si el país no es capaz de acabar con la corrupción, estaremos condenados a fracasar como sociedad.
Desde este lunes, el Gobierno arrancó con la socialización de la reforma política anunciada la semana pasada, en la que se plantea, entre otras cosas, la eliminación de la Vicepresidencia de la República para volver a la figura del Designado, voto obligatorio desde los 16 años, o volver al sistema de listas cerradas para las elecciones a corporaciones públicas.
Una propuesta que ha recibido muchas críticas, incluso desde la misma coalición de la Unidad Nacional, pues algunos la ven inoportuna en momentos en que se tramitan los proyectos del Acuerdo de Paz con las Farc, mientras que no falta quien la califique como un distractor ante los escándalos de la presunta entrada de dineros de Odebrecht a la campaña reeleccionista del presidente Juan Manuel Santos en 2014
En diálogo con El Espectador, Luis Ernesto Gómez, viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos del Ministerio del Interior, explica los alcances de la reforma, enfatizando que su construcción será concertada con todos los colombianos.
¿Qué es lo que se busca con la apertura a la participación ciudadana en el tema de la reforma política?
Las discusiones sobre política ya la gente no las da en la Plaza de Bolívar ni en los auditorios, se están dando en las redes sociales y así lo vimos en el plebiscito por la paz, cuando en los últimos 15 días hubo más de 36 millones de conversaciones asociadas al tema en Facebook. Por eso creemos que hoy una reforma política con auténtica participación ciudadana se logra si a través de esas redes sociales la gente puede decir lo que no le gusta, hacer críticas, pero también proponer cómo debe cambiarse el sistema político, electoral y democrático del país, para tener una mejor democracia y combatir la corrupción, que es una preocupación de todos los ciudadanos.
¿Y cómo se da la garantía de que las propuestas de la gente se van a tener en cuenta?
De dos formas: primero, a través de una encuesta ciudadana que todos pueden encontrar en la página redformapolítica.co, para que los ciudadanos optimistas, que creen que no todo está perdido, sino que todavía se puede construir, nos ayuden aplicándola a otros ciudadanos que no creen en la política.  En las primeras horas de la iniciativa ya van más de 500 encuestas. Y segundo, cualquier colombiano que a través de sus redes sociales con la etiqueta #Redformapolítica, haga comentarios, proposiciones, críticas, y todo eso se va a estar monitoreando y recogiendo. Hoy se puede, gracias a la tecnología, entender qué es lo que están pidiendo y sintiendo mayoritariamente los ciudadanos. La idea es recoger propuestas para poder concretar cuáles son las más representativas, las más frecuentes, las mejores, e incluirlas en el proyecto que se presentará al Congreso.
O sea, menos quejas y más propuestas…
Esa es la línea. Uno entiende las quejas y la indignación, pero lo que queremos es convertir esa indignación en una forma de propuesta. Protesta sí, pero con propuesta.
El problema es que esa reforma tiene que pasar por el Congreso en el que la gente tiene poca credibilidad...
Aquí no estamos proponiendo que se acabe la democracia y nuestras instituciones incluyen al Congreso, así que ese será el lugar para aprobar las propuestas ciudadanas. Sin embargo, creo que los mismos políticos están entendiendo lo que la gente está sintiendo y lo que la ciudadanía está pensando hoy sobre la clase política. Es muy importante que estén dispuestos a reformarse.
Claro que en el Congreso hay ya un ambiente hostil y negativo para esa reforma política…
La discusión apenas comienza y yo he escuchado voces positivas y constructivas que le dan la bienvenida y que entienden que en estos momentos es oportuno coger el toro por los cachos ante la crisis de la democracia y la corrupción, que está íntimamente ligada al sistema político. Para eso es el debate. Pero para poder tomar posiciones tenemos que conocer varias propuestas y discutir. La idea es que las propuestas no sean solo las que salen tradicionalmente de la mesa de los partidos, de políticos hablando con políticos, sino que sean los ciudadanos lo que propongan y los políticos los que tengan que debatir sus propuestas. Por ejemplo, ya se está planteando que cuando una petición ciudadana alcance 100.000 firmas digitales, ello obliga al Congreso a debatirla con prioridad. Así funciona en el Reino Unido y ha dado buenos resultados. El objetivo es acoger propuestas que nos ayuden a actualizar el sistema y a construir un sistema democrático que la gente sienta como propio y que tenga mayor credibilidad, porque tenemos que reconocer que hoy las instituciones democráticas están en un momento de crisis y baja credibilidad.
¿Qué responde a aquellos que dicen que esta propuesta es una cortina de humo para tapar los escándalos, como el de Odebrecht, que en este momento golpea al Gobierno?
Estamos hablando de reformar el sistema político para acabar con la corrupción, para devolverle a los ciudadanos la confianza en las instituciones, para que funcione mejor nuestra democracia. Si eso es una cortina de humo, estamos condenados a fracasar como sociedad. Abordar con seriedad y con crítica la propuesta de hacer y renovar nuestro sistema político es el primer paso que tienen que dar los ciudadanos para tomar las riendas del poder. Hay que recordar que el poder no es de los políticos, es de los ciudadanos. Y aquí está la oportunidad. 
¿Y no es un riesgo hablar de esta reforma política cuando estamos en los proyectos de implementación de la paz?
Todo lo contrario, esto hace parte de la implementación de los acuerdos. Recordemos que el Punto Dos de lo pactado en La Habana establece que se va a hacer una reforma al sistema electoral, al sistema de partidos y al sistema democrático, y esta reforma no es la que yo escriba en mi escritorio o lo que propongan las Farc, es una que se construye con la ciudadanía y que debate el Congreso, que puede aprobar o no. Se está implementando el acuerdo, solo que se está haciendo de una forma más participativa, más influyente, a mi modo de ver muy oportuna para coger el toro de los cachos de la insatisfacción ciudadana.
¿Y se sigue pensando en tramitarla vía “fast track”? Porque hasta Humberto de la Calle salió a criticarlo…
Depende de la conexidad que exista entre las propuestas con el Acuerdo de Paz. Por ejemplo, el tema de ampliar a cinco años el periodo de la Presidencia y la supresión de la Vicepresidencia no tienen conexidad y, por tanto, no podrían ir por “fast track”. La propuesta del voto obligatorio o de obligar al Congreso a debatir iniciativas ciudadanas que sean suscritas a través de mecanismos digitales, eso sí puede ir por ese mecanismo porque están relacionadas con el Punto Dos en el sentido de mejorar el sistema democrático y hacerlo más participativo.
¿La idea de igualar los periodos presidenciales con los de los entes territoriales a partir de 2018 no significaría quitarle un año a los actuales mandatarios locales y regionales?
No, en lo absoluto, porque se está planteando a partir de los siguientes periodos, y eso es importante porque aquí no se trata ni de que el periodo actual del presidente se alargue ni que el periodo de los mandatarios locales se acorte. Lo que se está planteando es que a partir de los nuevos periodos se pueda plantear una unificación que permita mayor efectividad en el desarrollo de los planes gubernamentales --nacionales, locales y departamentales-- y mayor ejecución de recursos, pero también permite hacer un sistema de gobierno mucho más eficiente en términos de procesos y lineamientos. Esto no tiene nada que ver con los periodos actuales.

Reflexiones al tema pensional

Leyes aprobadas cuestan $522.000 millones

elespectador.com, Economía, 23 Feb 2017, Jorge Sáenz V. @jorges_v


La de mayor costo fiscal, aunque transitorio, fue la ley para conseguir los recursos para la liquidación de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom).
El funcionamiento del Congreso no es lo único oneroso para los colombianos. El bolsillo de los contribuyentes también se afecta cuando se aprueban muchas de las leyes. Unas disposiciones tienen costos permanentes, y otras temporales.
Un informe del Gobierno muestra que cálculos efectuados por la Dirección General de Presupuesto Público, del Ministerio de Hacienda, indican que el costo fiscal total estimado de las leyes aprobadas en la vigencia fiscal 2015 alcanzó un monto de $522.000 millones.
El 96 % de las normas aprobadas tienen un costo de $501.000 millones, que corresponde a gasto transitorio, y el 4 % restante tiene un costo permanente de $21.000 millones. La ley que reestructura la justicia penal militar y policial, donde se definen los requisitos para el desempeño de sus cargos, les cuesta a los colombianos cerca de $18.000 millones, precisa el informe del Gobierno.
“Durante el trámite de los proyectos de ley se debe consultar la sostenibilidad de las finanzas públicas, teniendo como referencia las metas fiscales”, dice el Ministerio de Hacienda.
El informe explica que, para estimar el costo de las leyes sancionadas, “se considera de manera general que una ley tiene impacto fiscal si ordena un nuevo gasto o un monto mayor al de un gasto ya existente”. También se valora si el impacto fiscal será transitorio o permanente. “Es transitorio si el gasto se va a realizar en un período de tiempo específico y es permanente si el gasto se va a ejecutar de manera indefinida en el tiempo o al menos hasta que una futura norma legal lo dé por concluido”, precisa el estudio.
En la vigencia fiscal de 2015 fueron sancionadas por el Ejecutivo 23 leyes aprobadas por el Congreso de la República. De las normas aprobadas, al menos tres, que corresponden al 13,0 %, no tienen impacto fiscal sobre las finanzas públicas; seis, cerca del 26 %, representan un costo fiscal cuantificable; sobre siete, aunque tienen costo fiscal, no se cuenta actualmente con información precisa para su estimación, y otras siete no tienen incidencia fiscal.
El presidente de la Comisión Sexta del Senado, Ángel Custodio Cabrera, del Partido de la U, explicó que, por la Ley 617, los proyectos que no tengan el aval del Gobierno no van, “pero a veces al Gobierno le da por avalarlos. Al Ministerio de Hacienda corresponde hacer los cálculos y reportar las cifras que son contenidas en la exposición de motivos”. Otros congresistas señalaron que, por ley, todo proyecto tiene que considerar el impacto fiscal.
Los congresistas estudiosos piden al Ministerio de Hacienda el concepto sobre el impacto fiscal del proyecto que preparan para presentar al Legislativo. Cuando las cifras son altas, de mucho impacto, siempre se trata de archivar esos proyectos, indicó Cabrera.
Leyes con impacto fiscal
De las leyes sancionadas en 2015 con costo fiscal cuantificable, se destaca la 1771 del 30 de diciembre, que amplía las autorizaciones conferidas al Gobierno Nacional para celebrar operaciones de crédito público. El costo transitorio es de $500.000 millones, destinados a la liquidación de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom).
La que reestructura la justicia penal militar y policial tiene un costo permanente estimado de $18.000 millones. El Ministerio de Hacienda dice que la ley que crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo representa un costo permanente estimado $3.000 millones.

Reflexiones al tema pensional

No se pueden esperar peras del olmo..

GES (GRUPO EDITORIAL EL SATÉLITE)
Nota del director, Octavio Quintero

Resultado de imagen para FOTO DE DON OCTAVIO QUINTERO

Referencia: Bajo la égida de la corrupción

¿Puede creerse en el comportamiento honesto del presidente Santos como para que se genere credibilidad en su renovada lucha contra la corrupción?

Aunque se hiciera un esfuerzo supremo y objetivo, no se le puede creer. Santos y su séquito, en el que marchan, par y paso, la mayoría de congresistas, la mayoría de magistrados y la mayoría de los medios de comunicación son de doble propósito: dicen una cosa y hacen otra.

Quizás a estos malandrines se refería el poeta mexicano, Alfonso Reyes, en “La verdad de Aquiles”:

Mas si preguntas lo que yo aborrezco, en una sola frase te lo ofrezco que recogí en los labios del Pelida: "pensar y hablar dos cosas diferentes", miedo del mundo, engaño de las gentes, menoscabo del arte y de la vida.

Afortunadamente algunos medios llamados alternativos, entre los que nos encontramos como GES, y Las 2 Orillas, de donde tomamos la versión que verán más adelante, van llevando a la opinión pública noticias, editoriales y opiniones de columnistas que no caben en la gran prensa corporativa porque hace parte del poder dominante.

No puede un presidente hablar con autoridad moral de lucha contra la corrupción y nombrar en el cargo de codirector del Banco de la República, prácticamente desde donde se maneja toda la economía del país, a su superintendente financiero que le pasaron por debajo de las patas escándalos tan gordos como los de Interbolsa, Pacific Rubiales, el de las libranzas y lo del préstamo del Banco Agrario a Odebrecht…

Y fuera de eso, por si faltaba algo, nombrar en ese cargo a un funcionario que estuvo sancionado 10 meses por la Procuraduría, precisamente por negligencia en el cargo de superfinanciero.

¿Usted qué opina?

Versión de las 2 Orillas

El superintendente que no vio nada, ahora codirector del Banco de la República Gerardo Hernández como superfinanciero, no actuó con Interbolsa, Pacific Rubiales, el totazo de las libranzas y el crédito irregular del Banagrario a Navelena

Por: Mario Alejandro Valencia

Es muy preocupante que el Banco de la República, responsable de la política monetaria del país, esté nombrando a sus miembros relajando los criterios técnicos. Hace pocas semanas asumió como gerente del Banco al ex jefe económico de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos y ahora nombran como Codirector a Gerardo Hernández, actual Superintendente Financiero desde 2010.

Vale la pena recordar que Gerardo Hernández fue suspendido de su cargo durante 10 meses por la Procuraduría en marzo de 2015, “por no adoptar las medidas tendientes a evitar el grave perjuicio a los inversionistas en el mercado de valores” en el caso de Interbolsa. Según el fallo, un simple “ejercicio juicioso y diligente” por parte Hernández, hubiera evitado el multimillonario desfalco. Hernández, sin embargo, regreso a su cargo como si nada.

El Superintendente tampoco actúo frente a la emisión descontrolada de acciones de Pacific Rubiales y sus actuaciones sospechosas, que la Red por la Justicia Tributaria denunció desde mayo de 2013 y que finalmente llevaron a la quiebra de la compañía en abril de 2016, tras haber provocado la pérdida del capital invertido a miles de accionistas.

En 2016 la Red también advirtió sobre el negocio de las libranzas, que causó pérdidas superiores a $ 1 billón. En septiembre de ese mismo año, José Roberto Acosta de Justicia Tributaria denunció un crédito del Banco Agrario por $ 120.000 millones a Navelena, del grupo Odebrecht, sin que la Superintendencia actuara, por lo que hoy esos recursos –que ya están en moratoria- tienen una alta probabilidad de perderse.

En ninguno de estos casos mencionados el Superintendente actuó ‘juiciosa y diligentemente’ para evitar que billones de pesos de recursos públicos y privados se perdieran en maniobras de especulación financiera, que justamente la institución a su cargo tenía la función de evitar. 


*Mario Alejandro Valencia, director de Cedetrabajo, miembro de Justicia Tributaria y profesor del CESA y la Universidad Central. Twitter: @mariovalencia01

Reflexiones al tema pensional