semana.com, GERMÁN MANGA | 2019/03/26
Socializar los costos
de décadas de manejos oscuros en Electricaribe envía a la sociedad el mensaje
que ser corrupto paga y despejaría el camino para hacer lo propio con Reficar,
InterBolsa, Odebrecht y muchos otros desfalcos a la nación.
Hablando entre líneas
-que fue como soltó en su momento la propuesta de gravar con IVA la canasta
familiar o eliminar los subsidios de energía al estrato 3- el ministro de
Hacienda Alberto Carrasquilla dijo hace unas semanas en Caracol radio: “Todo el
país debe hacer una vaca para financiar la sobrevivencia de Electricaribe para
garantizar la continuidad del servicio”.
La propuesta
-malévola, inconveniente, en esencia un asalto a los ciudadanos- está incluida
en el plan de desarrollo y fue aprobada en primera vuelta. Consiste en cobrar,
hasta el 31 de diciembre de 2022, una sobretasa nacional de cuatro pesos por
kilovatio hora de energía eléctrica consumido, a todos los usuarios de los
estratos 4, 5 y 6, comerciales, industriales y no regulados, de todos los
departamentos del país. En otras palabras, socializar los costos de
varias décadas de corrupción, robos, desfalcos, clientelismo y politiquería que
llevaron a Electricaribe a su estado actual.
La empresa opera en
siete departamentos de la costa Atlántica, tiene 2,6 millones de usuarios y en
los últimos decenios es campeona de mal servicio, con millones de quejas de sus
usuarios por cortes permanentes, cobros excesivos o inadecuados y una
interminable lista de otros reclamos -muchos desatendidos- por motivos que
incluyen aparatos eléctricos fundidos, casas incendiadas y personas
electrocutadas.
Por la acumulación de
irregularidades, entuertos, manejos oscuros y por el fracaso de un plan de
inversiones conjunto con el Estado, fue intervenida en 2016 por la
Superintendencia de Servicios Públicos. Desde entonces no ha hecho más que
empeorar y en la actualidad está tan mal que el pasado noviembre, cuando
venció el plazo para encontrar un operador, el Gobierno no encontró a nadie
interesado en la rifa del tigre de hacerse cargo de una empresa con pésima
reputación, con deudas acumuladas por más de 2,5 billones de pesos, un pasivo
pensional de 700.000 millones y que para estabilizar la calidad del servicio
tiene que invertir 7 billones de pesos en infraestructura durante los próximos
10 años, un desastre que revela de paso la incompetencia del Estado para hacer
cumplir las normas y para vigilar, controlar y sancionar a una empresa como
Electricaribe, que evadió tan abierta y gravemente sus responsabilidades.
Los 16 años que las siete electrificadoras de la antigua Corelca estuvieron
bajo la egida de los españoles de la Unión Fenosa están marcados por múltiples
historias de leyenda negra. Los han acusado de desmantelar miles de kilómetros
de cobre de las redes que encontraron para venderlos a buen precio en Europa y
que reemplazaron por cables de aluminio de mala calidad. También del despido de
miles de trabajadores expertos para sustituirlos por principiantes a destajo y
aumentar ganancias a costa del servicio. Y sobre todo de una estrategia
dirigida a no juntar la plata buena con la mala, consistente en fragmentar la
operación en cuatro empresas enfocadas a los distintos segmentos del mercado.
Gracias a ello a la gente le fue muy mal y a los accionistas muy bien. Pese al
tamaño de las deudas la contabilidad indica que el negocio de Electricaribe fue
siempre rentable para Fenosa, -con ingresos de más de 4 billones de pesos y
utilidades brutas de más de 50.000 millones año-. Un negocio por lo demás
asegurado gracias a las transferencias muy poco vigiladas del Gobierno de
recursos para infraestructura -60 por ciento de lo que destina Minminas para el
sector- y de subsidios para atender la cartera morosa de los más humildes. La
Contraloría los acusó de desfalcar esos subsidios Foes para la gente más
humilde y de que se habrían llevado más de 218.000 millones de pesos, más los
100.000 millones de pesos de los Prone y Faer. También salieron lastimadas las
empresas generadoras que les suministraban la energía con las cuales acumularon
deudas por más de 165.000 millones de pesos.
Por asombrosa
coincidencia el coordinador ponente del Plan de Desarrollo y quien entregó la
iniciativa de socializar las pérdidas del gran desastre Electricaribe a
consideración del Congreso, fue el senador conservador de Barranquilla Efraín
Cepeda, de quien el expresidente Andrés Pastrana dijo (en entrevista con el
periodista Jorge Cura) que “vive de la corrupción, de la entrega de puestos y
la entrega de contratos” y a quien llama “uno de los grandes símbolos de la
corrupción en Colombia”. Una mala coincidencia porque lleva al otro
elemento desgarrador de la historia: la mano maldita de los políticos que con
su feria de contratos, puestos y corrupción quebraron a Corelca. Pero sobre
todo que han atrofiado el desarrollo y el crecimiento de los departamentos de
la costa. Muchas de las causas de fondo de la tragedia social de la región son
imputables a la corrupción, irresponsabilidad e incompetencia de su clase
dirigente. Así, 80 por ciento de los usuarios de Electricaribe pertenecen a los
estratos 1 y 2 y viven en condiciones de pobreza o de miseria, en lugares
marginados donde mucha gente no paga y donde abundan las conexiones
fraudulentas, los contadores adulterados y también los accidentes y los electrocutados.
Las pérdidas por fraudes equivalen a 19,7 por ciento de la operación.
Frente a esa
aterradora situación es imposible justificar que colombianos de todas partes
del país -incluidos los de la propia región Caribe- terminen por pagar los
costos de una larga historia de desfalcos y locuras con la cual no tuvieron
nada que ver. Además de impresentable desde el punto de vista ético, ese
rescate de un cadáver descompuesto, con cargo a los contribuyentes, también es
peligroso e inconveniente. Primero porque el precedente que crea puede despejar
el camino a la demanda por 1.500 millones de euros -una de la más grandes de la
historia del país- que Fenosa se atrevió a interponer contra el Estado. Y por
el mensaje de garantías a la impunidad que envía a la sociedad. Si se llegara a
hacer realidad quedaría abierto el camino para la sobretasa o el impuesto
Reficar, InterBolsa, Odebrecht o tantos otros de los casos de corrupción que se
devoran al país. Ojalá, como ocurrió con la eliminación de los subsidios y el
IVA a la canasta familiar. el presidente Iván Duque desautorice al ministro
Carrasquilla y no permita que este despropósito prospere.
“Si no salvamos Electricaribe, se cae la inversión en el país”: Óscar Darío Pérez
Reflexiones al tema pensiones
Twitter: @orregojj
