viernes, 29 de mayo de 2020

Dejusticia pide a la Corte Constitucional tumbar todo el Estatuto Tributario colombiano

Bloomberg News
Se trata del decreto 624 de 1989, que fue expedido en ese entonces con facultades extraordinarias, y todas las reformas posteriores que ha hecho el Congreso, incluida la Ley de Crecimiento Económico del 2019.

El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) presentó ante la Corte Constitucional una demanda en contra del Estatuto Tributario (decreto 624 de 1989) y todas las reformas que ha sufrido desde entonces, incluida la Ley de Crecimiento Económico de 2019, asegurando que es inconstitucional por violar los principios de progresividad, equidad y eficiencia. No obstante, se le pidió a la Corte que de un plazo de dos años al Congreso para tramitar una nueva ley garantista. En juego está todo el sistema tributario del país.
Dejusticia explicó que pretendían presentar la demanda en febrero, antes de la declaratoria de la pandemia de COVID-19, y que lo hacen ahora ya que una decisión al respecto le daría al Congreso y al Gobierno herramientas para que “enfoquen el manejo económico de la crisis generada por el COVID-19, con criterios de justicia distributiva y progresividad tributaria. Esto no sólo conciliaría nuestro sistema tributario con los principios constitucionales de progresividad, equidad y eficiencia, sino que evitaría que la crisis incremente la desigualdad y la pobreza”.
La demanda asegura que, en Colombia, el ejercicio impositivo “no disminuye la desigualdad de ingresos, y que esta falta de progresividad no se compensa con la priorización del cumplimiento de otros principios constitucionales, pues el sistema tributario impone tarifas diferentes a contribuyentes con las mismas características (equidad tributaria) y es ineficiente a la hora de recaudar, lo que facilita la evasión y elusión de impuestos (eficiencia tributaria)”.
Según explicó el Centro de Estudios, no es suficiente que un impuesto en particular incumpla los principios de equidad y eficiencia para ser declarado inconstitucional, sino que sean muchos más o todo el conjunto de impuestos los que no los cumplan. Por esa razón, se demandó todo el sistema tributario colombiano al considerar que el mismo no disminuye la desigualdad y no cumple con principios de justicia tributaria.
La demanda parte de un análisis de las tarifas efectivas de tributación de las personas naturales y jurídicas en Colombia. De esta forma, Dejusticia afirma que “el sistema tributario colombiano no disminuye los niveles de desigualdad de ingresos medidos a través del índice de Gini”. Y que “las personas naturales y jurídicas que pertenecen al 10%, 1% y 0,1% de mayores ingresos en Colombia, pagan en impuestos una proporción menor de sus ingresos que el resto de la población”.
También aseguran que, como consecuencia de la proliferación de regímenes especiales, el sistema grava de manera diferenciada a personas naturales con las mismas características y nivel de ingresos, y a empresas con la misma actividad económica y tamaño similar. “En el caso de las empresas, la evidencia muestra que la tarifa efectiva de tributación de empresas de un mismo sector y con tamaños similares es muy distinta entre empresas, ya sea porque se encuentran en una zona franca o porque acceden a distintos beneficios tributarios específicos”, explicaron.
Según la demanda, la ley 2010 de 2019 (Ley de Crecimiento Económico) no ha subsanado las dificultades que encuentran en el sistema y por eso es necesaria la intervención de la Corte Constitucional. “Si bien consagra algunas medidas progresivas, como una tasa del impuesto de renta mayor a las personas naturales en la parte más alta de la distribución, el impacto de esos elementos se ve anulado por los efectos del mantenimiento de los elementos regresivos del sistema tributario y su agravación por la creación de nuevos privilegios tributarios”.
“Previo a la Ley 2010 de 2019, el Estatuto Tributario contaba con 253 beneficios tributarios o regímenes especiales. De estos, aproximadamente el 74% no contaba con una cláusula que determinara su caducidad, lo que hace que los efectos negativos en progresividad, equidad y eficiencia de estas medidas sean permanentes. Adicionalmente, el 50% de estos privilegios tributarios se concentra en las 500 empresas más ricas del país y según el Banco Mundial, en Colombia no se han visto impactos en los niveles de inversión, productividad y empleo”, dice la demanda.
Dejusticia solicitó a la Corte que tumbe todo el sistema tributario, pero con efectos diferidos a dos años mientras se tramite en el Congreso una ley garantista. Y también solicitaron la creación de una Comisión de Expertos que asesore al legislativo en el diseño del nuevo Estatuto Tributario. Entre otros, la demanda asegura que la pandemia refuerza la necesidad de que el sistema tributario de Colombia sea progresivo, equitativo y eficiente y que el panorama actual evidencia que el país cuenta con pocos recursos disponibles para atender todas las necesidades derivadas de la crisis.


Economistas y constitucionalistas demandan ante la Corte el actual Estatuto Tributario:    https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/economistas-y-constitucionalistas-demandan-ante-la-corte-el-actual-estatuto-tributario-3011229



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miércoles, 27 de mayo de 2020

Neoliberalismo, ¿bueno o Malo?

www.cronicadelquindio.com/, MAY 28 2020
Por: Juan José Orrego López

Juan José Orrego López


Éramos un país en crecimiento que a raíz de la presencia del virus afecto la capacidad financiera e iliquidez del país, adoptando medidas para controlar su extensión, lastimando a la población y sectores productivos requiriendo buscar recursos Urgentes para reiniciar y apoyar procesos productivos que hoy muestra, unos empresarios reiniciando, otros parados e ilíquidos y miles ya quebrados sin patrimonio, es decir, arruinados, clase media.

Pero que coincidencia que los promotores del Neoliberalismo Económico en los años del 90, para efectuar reformas económicas liberalizar mercados y generar eficiencia en las entidades públicas, que a pesar de la desconfianza de inversionistas y la banca miraron al país como el ideal sin recursos, que para asumir esos cambios que mueven al mundo, los necesitaba a ellos, Los Neoliberales, donde hoy casualmente esos promotores del neoliberalismo económico del 90, son los primeros beneficiados con los aportes del gobierno, como la banca y fondos privados de pensiones, protegiéndolos ya de una posible crisis financiera. Un país débil que años atrás lo absorbieron para la Privatización y control de mercados, hoy les da la mano para salvarlos, increíble corazón tan noble. ¿Neoliberalismo amigos o enemigos de Colombia?

Como el apoyo no cobijó a micro empresarios e informales, aprendimos que los impuestos pagados por colombianos, una es para el pago a funcionarios públicos o atenidos de alta jerarquía, pero no hay nada para el desempleo, pero donde si hay mucha plataque lo disfrutan y tapan muchos, la imbatible corrupción, dinero que se pierde sin castigar, antes los eligen para gobernar.

Presidente con el impuesto solidario que ideo mediante el decreto 568 del 15 de abril de 2020, se  percibe poco interés e importancia en la búsqueda de más recursos, se quedó corto, quieto y no miró más allá, pues teniendo la opción de conseguir más dinero para subsidiar a la población marginada por la Ley 137 de 1994articulo 47, parágrafo único y fijar porcentajes diferentes a salarios mayores a $ 20.000.000.oo, no lo hizo, pareciera que el equipo de asesores, le impedían ver, pues la Iliquidez, se ve que es para otros, no para ellos, prefiriendo dejar estas cargas o costos fiscales y pensionales quietos. Gran “estadista”.

Presidente, con las dificultades financieras del país, su iliquidez, existiendo herramientas que le permiten actuar, donde usted sabe muy bien cuales y donde están los costos billonarios que le genera a la nación, como las excepciones tributarias que disfrutan plenamente altos cargos del estado y otros ciudadanos subsidiados, ante este silencio se generan interrogantes, ¿porque no actúa? ¿Quien o quienes se lo impiden? ¿Oh porque están próximos a pensionarse muchos asesores o amigos, no actúa para no dañarles su base salarial que el estado pagará en su pensión? Increíble regalo que costearán 50 millones de colombianos.

¿Qué buen corazón y para los millones de colombianos cuándo?



Neoliberalismo, ¿bueno o Malo?





Reflexiones al tema pensiones




martes, 26 de mayo de 2020

Sufrir por cuotas


Getty Images

Fieles a una tradición gradualista, las autoridades colombianas han empezado bien el camino de aliviar los impactos económicos que trae la pandemia, pero de forma tímida, lo que puede ser trágicamente insuficiente.

Se puede decir que el siglo XXI empieza en 2020. De ser así, somos partícipes de un parto con problemas. Tres eventos pavorosos nos atacan: 

la pandemia, el aislamiento social y la depresión económica. 

Se dice que los países que entraron fuertes a la crisis de COVID-19 pueden salir más fuertes, y aquellos que entraron con una posición económica débil podrían salir aún más débiles. Lo crítico será la cantidad y calidad de las acciones para superar la crisis.
Hay tres vías comunes en todas las estrategias nacionales: 

* salvar el sistema de salud y evitar que el virus se salga de control;
* ayudar a familias que perdieron sus empleos y cuyos ingresos han sufrido, 
* y salvar a las pequeñas, medianas y grandes empresas de la iliquidez y la insolvencia. 

El problema es que cada esquina de este triángulo se contrapone a las otras dos.
En efecto, salvar el sistema de atención médica parece requerir largas cuarentenas, lo cual complica el trabajo de millones de personas y fuerza a hibernar a hogares y empresas. Ayudar a las familias y las empresas implicaría volver a trabajar antes de lo que demanda la epidemia, deteriorando así la situación de la atención médica. Ayudar a las empresas implica, entre otros, reducir los costos de nómina, lo que deteriora la situación de los hogares. Finalmente, el altísimo costo fiscal aumentará los impuestos, lo que reduce el valor de los ingresos de familias y empresas.

Hace 250 años, Adam Smith dijo que, dadas ciertas circunstancias, al actuar en su propio interés cada capitalista es “guiado por una mano invisible para promover un fin que no era parte de sus intenciones”. Esto es, ayudar a la sociedad a alcanzar el más alto nivel de riqueza y prosperidad. En las circunstancias actuales, cada capitalista apenas puede sobrevivir, con lo cual la mano invisible está entumecida.
Todo dependerá de la fuerza y decisión con la que los gobiernos respondan ante la crisis. 

Keynes puede tener razón cada 80 años, pero cuando tiene razón, la tiene. Debemos tragarnos la píldora azul y aceptar vivir por un tiempo en la realidad alternativa y keynesiana.
La ironía del keynesianismo es que es un analgésico tan potente, que solamente debe ser administrado por un anestesiólogo no keynesiano (ministro de Hacienda). Pues debe retirar el sedante tan pronto el paciente deje de sentir dolor. De lo contrario se puede hacer adicto a los opioides (Argentina, por ejemplo).
La esencia de la solución keynesiana a una crisis: una deuda en pesos, ojalá del Emisor. Esta cuesta menos, puede ser ilimitada y realmente solo se pagan los intereses, con la cual se contrate, pague y transfiera dineros, de tal forma que las empresas y sus empleados puedan trabajar hoy y todos paguemos después.
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Un punto clave de esta idea keynesiana es que para que los soldados (capitalistas) estén listos para la guerra (mantener sus empresas vivas) ayuda que tengan confianza para salir a pelear (producir y vender). Keynes cree poder salvar el capitalismo no solo por el tamaño del gasto público, sino por los efectos sobre las expectativas.
La deuda distribuye el sufrimiento en módicas cuotas futuras. En ausencia de deuda, todo el sufrimiento biológico, económico y moral impuesto por el COVID-19, así como por la caída del precio del petróleo se sentirá en 2020 y 2021, al punto de volverse insoportable.
Fieles a una centenaria tradición gradualista, las autoridades colombianas han iniciado bien ese camino, pero de forma tímida, lo cual puede ser trágicamente insuficiente. Entendemos el dilema económico de no descalabrar fiscalmente al Estado, enfrentado a millones de familias sin con qué comer y empresas entre la iliquidez y la insolvencia.
Soy partidario de apoyos masivos a familias y empresas. Ni unas ni otras tienen los elementos para preverlas, como en el caso de COVID-19; tampoco tienen las herramientas para superarlas, pues los bancos se amedrentan y optan por enconcharse.
Acontece entonces una destrucción masiva y excesiva de valor. Aun cuando son transitorias, tienen efectos permanentes si las autoridades no actúan con presteza. Las autoridades en Colombia han reaccionado rápido; aún pueden hacer más en cantidad y en que las ayudas efectivamente lleguen.
Un principio esencial para el manejo de una crisis es que ex-ante no se conoce la profundidad de los problemas ni qué soluciones funcionan. Por eso hay que desplegar toda la munición, ensayar lo más rápido posible todas las ideas sensatas. En el camino se revelará lo que es eficaz y se refinarán las respuestas.
Algunos han argumentado que frente a la epidemia se necesitan medidas más fuertes de control social, y citan a países inspirados por el confucianismo asiático como superiores a aquellos inspirados en la ilustración occidental. Los primeros han usado control burocrático total, basado en cámaras, sensores de calor e inteligencia artificial sobre dónde estamos y con quién hablamos. Una mezcla perversa de Keynes + Mao.
No obstante, una vez pase la epidemia, quedaríamos a merced de Thanos, el malo de Avengers End Game, que destruyó uno tras otro a casi todos los superhéroes. Es decir, de unos comunistas o estatistas que aniquilan lo mejor de la vida. Mejor el liberalismo serio, aunque vulnerable, que el estatismo eficaz. Probablemente Alemania es el país de mostrar en nuestro equipo. Esperemos que Colombia sea el de mostrar en nuestro continente.
*Economista y exministro de Hacienda.

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lunes, 25 de mayo de 2020

El salvavidas que le lanzó el gobierno nacional a los entes territoriales con un decreto

 www.larepublica.co/, 23 de mayo de 2020
Colprensa




Se establecen medidas para la gestión tributaria, financiera y presupuestal de las entidades territoriales, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Luego de que esta semana el gobierno nacional, por intermedio del Ministerio de Hacienda, expidiera el Decreto legislativo 678 de 2020, por medio del cual se establecen medidas para la gestión tributaria, financiera y presupuestal de las entidades territoriales, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 de 2020, varias voces de apoyo al mismo se han conocido.

En primer lugar se pronunció la Asociación de Ciudades Capitales, Asocapitales, que consideró que estas facultades otorgadas en el Decreto, “se constituyen en medidas muy acertadas para las finanzas territoriales, que permitirán mitigar los impactos financieros y económicos generados por la ocurrencia de esta situación atípica que estamos viviendo, con la propagación del COVID-19; la cual, demanda de las entidades territoriales, mayores esfuerzos, no solo para disponer de la liquidez suficiente para atender los efectos de la pandemia, sino también las principales necesidades de las comunidades”.

Estiman además los alcaldes que las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, las entidades territoriales podrán tener mayor flexibilidad financiera al autorizar la reorientación de algunas rentas para la atención, e incluso para financiar gastos de funcionamiento. Se superan limitaciones de tipo presupuestal para orientar los recursos de acuerdo con la urgencia.

“Se dan herramientas para recuperar cartera a través de la disminución del capital, sanciones e intereses para deudores de las entidades territoriales, permitiendo a su vez, crear alivios para los ciudadanos frente a sus obligaciones de distinta naturaleza y, crea un marco de legalidad que ofrece mayor seguridad jurídica para quienes tienen a su cargo la ejecución de todas estas políticas contra cíclicas de inversión, por parte de las entidades territoriales”, dice Asocapitales.

Por su parte el senador Jhon Harold Súarez, quien había advertido que más de 900 municipios podrían perder esa condición como consecuencia de la crisis, celebró la expedición del decreto porque resultan apropiadas y oportunas y concede alivios a los gobernadores y alcaldes para “reorientar rentas de destinación específica, modificar el presupuesto, acceder a créditos de tesorería para atender insuficiencia de caja de carácter temporal tanto en gastos de funcionamiento como de inversión, así como el uso de créditos que les permita reactivar la economía”.

Súarez, había expresado su preocupación porque como consecuencia a la crisis económica de esta pandemia, los entes territoriales disminuirán los ingresos corrientes de libre destinación, tales como la sobretasa a la gasolina, el predial unificado, Industria y Comercio y demás.

El senador explicó además que este decreto no sólo da un respiro a los entes territoriales, sino también a los contribuyentes, quienes ahora pueden diferir el pago del impuesto predial en tres o cuatro cuotas, una fórmula en la que ganan ambas partes.



Reflexiones al tema pensiones



Alivios del Gobierno que disminuyen intereses de multas e impuestos atrasados

www.larepublica.co/, 24 de mayo de 2020
Laura Neira Marciales - lneira@larepublica.com.co

Entes territoriales deberán habilitar medios de pago electrónicos que faciliten el acceso de los contribuyentes a las medidas adoptadas.
Con el fin de ayudar a las personas a enfrentar los efectos del covid-19 en la economía nacional y aumentar el ingresos de los entes territoriales, el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, emitió el Decreto 678, que contempla en el artículo siete alivios para la recuperación de cartera a favor de entidades territoriales, sobre impuestos, tasas, contribuciones y multas pendientes de pago por parte de los contribuyentes. 
Según el documento, el mandato tiene como finalidad ayudar a las entidades territoriales a recuperar su cartera y generar mayor liquidez, "así como la posibilidad de aliviar la situación económica de los deudores, los contribuyentes, responsables, agentes retenedores y demás obligados".
Los beneficiados por esta medida accederán a los beneficios en relación con los impuestos, tasas, contribuciones y multas pendientes de pago a partir de que entre en vigencia el Decreto Legislativo.
Para ello se dan tres plazos, el primero irá hasta el 31 de octubre, para pagar 80% del capital sin intereses ni sanciones, la segunda será entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de este año, para pagar 90% del capital sin intereses ni sanciones; el último plazo va desde el 1 de enero, hasta el 31 de mayo de 2021, en la que se pagará 100% del capital sin intereses ni sanciones.
Este artículo contempla que estas medidas se extenderán a las obligaciones que "se encuentren en discusión en sede administrativa y judicial, y su aplicación dará lugar a la terminación de los respectivos procesos".
Además, le ordena a las entidades territoriales habilitar medios de pago electrónicos que faciliten a los contribuyentes ponerse al día con sus obligaciones y acceder a estos beneficios.
Frente a esto, Ricardo Bonilla, exsecretario de Hacienda, explicó que el Decreto "habla de recuperar cartera sin fecha, se asume que 2019 para atrás y no prescrita", y agregó que "al contrario de beneficios aprobados por el Congreso, que nunca tocan el capital y autorizan descuento en sanciones e intereses, aquí rebajan el capital y descuentan 100% de sanciones e intereses, con tres plazos".
Por su parte, en conversaciones con Colprensa, el senador Jhon Harold Súarez, quien había advertido que más de 900 municipios podrían perder esa condición como consecuencia de la crisis, celebró la expedición del decreto porque resultan apropiadas y oportunas y concede alivios a los gobernadores y alcaldes para “reorientar rentas de destinación específica, modificar el presupuesto, acceder a créditos de tesorería para atender insuficiencia de caja de carácter temporal tanto en gastos de funcionamiento como de inversión, así como el uso de créditos que les permita reactivar la economía”.




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Crisis fiscal en los departamentos

Por: Salomón Kalmanovitz

SALOMÓN KALMANOVITZ - DivinaMente Speakers

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, transpira centralismo por todos sus poros. En medio de la pandemia que azota las finanzas públicas y privadas, ha decidido fortalecer las del Gobierno nacional a costa de los departamentos y municipios del país. Asimismo, ha preferido auxiliar a las empresas privadas mediante subsidios directos que ayudar a los entes públicos regionales.
Los gobernadores y alcaldes tienen la delicada tarea de implementar las duras medidas que emanan del Gobierno central para que sean aceptadas por las poblaciones bajo su jurisdicción directa, a veces en medio de resistencia y desórdenes. Lo deben hacer por medio de presupuestos golpeados por la reducción de sus ingresos, a la vez que se ven obligados a gastos mayores derivados de la emergencia sanitaria. 
La reducción de los impuestos al vicio (licores, tabaco y juegos), de los que viven los departamentos, decrecientes en el largo plazo, ha sido monumental. Asimismo, se han reducido los ingresos por registro de vehículos y sobretasa a la gasolina. A los municipios se les han caído sus impuestos prediales y también los de industria y comercio. En abril, los ingresos de los departamentos colapsaron un 45 % frente a los del mismo mes de 2019, con algunos sobrepasando el 70 %; se espera que la situación empeore en mayo.
Casi la mitad de los ingresos departamentales son transferencias de la nación, que a su vez dependen de sus ingresos corrientes, los que se han deteriorado sustancialmente. Para rematar, las regalías por petróleo y carbón van a reducirse en un 40% por la baja en sus precios. Los departamentos, en particular, han suspendido todas sus inversiones, no tienen flujo de caja suficiente para pagar sus nóminas ni para pagar sus deudas, con lo cual se puede deteriorar su calificación crediticia.
Los recursos que ahorran los departamentos en el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), que alcanzaban los $2 billones, se los autoprestó el ministro de Hacienda sin consultar a los representantes de sus propietarios. La Federación Nacional de Departamentos (FND) le ha solicitado al Gobierno que  devuelva esos recursos para contar con el financiamiento que requieren urgentemente para enfrentar los pagos de sus nóminas y acreencias, incluso algunas relacionadas con los bonos del agua que emitió el ministro cuando andaba en funciones privadas.
La FND también reclama extender el programa de apoyo al empleo formal, para subsidiar las nóminas de las empresas con el 40 % de un salario mínimo por cada trabajador, a todos los departamentos y municipios que han sufrido la reducción de sus ingresos, aún mayor que la de las empresas privadas. El recaudo de los impuestos a los sueldos de los empleados públicos de departamentos y municipios también debiera entregárselo a los que los originaron para poder remediar su desesperada situación. Solicitan además que el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) les asigne recursos para adelantar directamente programas de obras públicas intensivos en empleo, como la construcción de vías terciarias, acueductos y alcantarillados.
Finalmente, la FND urge al Gobierno adelantar los trabajos de la Misión de Descentralización y la Comisión de Tributos Territoriales para fortalecer el Sistema General de Participaciones y darle un sustento serio a la autonomía regional. Los departamentos requieren un financiamiento adecuado para atender sus necesidades más sentidas.

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¿Cicatería?

www.elnuevosiglo.com.co/, Mayo 24, 2020 
Juan Camilo Restrepo



De “cicatera” califican algunos la estrategia financiera y presupuestal del Gobierno para hacerle frente a la crisis del coronavirus. Anotan que como proporción del PIB estamos invirtiendo mucho menos que otros países latinoamericanos.
El director de crédito público, César Arias, en excelente entrevista que concedió al portal “Primera Página” (mayo 18) explica, con mucho detalle, cuál es la estrategia financiera que desde el Ministerio de Hacienda se está desplegando para atender los costos en los que ya se ha incurrido y los que están por venir.
A mi modo de ver esta entrevista de Arias es la explicación más completa que hasta ahora ha divulgado el Gobierno para entender el delicado predicamento fiscal al que nos enfrentamos.

La entrevista está dividida en dos partes. En la primera explica cómo se va a financiar el déficit del 6,1% del PIB en el 2020, que es lo que hasta el momento se le ha autorizado incurrir al Gobierno, vía mayor endeudamiento, por la comisión de la regla fiscal.
En la segunda parte explica cuáles son las que él denomina “líneas de defensa”, que no son otra cosa que lo que habría que hacer en el evento de que los costos de la pandemia lleguen a exceder el límite del endeudamiento autorizado al Gobierno, o sea, el 6,1% del PIB. Límite que se descompone en tres fuentes:
La primera es el incremento de endeudamiento que por 2,7% del PIB protocolizó el decreto 444 del 2020 de la primera emergencia económica, en virtud del cual el Gobierno le tomó dineros prestados a departamentos y municipios (pensiones, fondo de estabilización de las regalías) así como la inversión forzosa que se le impuso a los bancos.

El siguiente tramo del 2,2% del PIB es el que se venía contabilizando hasta antes del estallido de la pandemia. Este déficit básicamente se había venido financiando con emisiones de TES en el mercado interno.
El tercer tramo del déficit (1,2 % del PIB) corresponde a la caída de recaudos de la Dian en este año, que se está calculando en $12 billones frente a lo originalmente estimado. Este tramo del déficit se estará financiando con créditos ya contratados con multilaterales que ascienden a US$ 3.000 millones.

Ahora bien: ¿qué va a pasar si los costos de la pandemia, a la hora de la verdad, exceden la barrera del endeudamiento autorizado del 6,1% del PIB? hipótesis que algunos consideramos como la más probable. La fuerza de los hechos llevará al Gobierno a traspasar la barrera que él mismo se ha señalado para su endeudamiento.
Si se supera esta barrera, el director de Crédito Público señala -con lenguaje guerrero- lo que denomina cuatro “líneas de defensa”. A saber:
Primera, utilizar la línea contingente de crédito que el Gobierno tiene en el FMI, que asciende a US$10.800 millones. Segunda línea de defensa, recurrir al mercado local de deuda colocando bonos cuyos plazos podrían ascender -dice el director del crédito público- a 20, 25 o 30 años. La tercera línea es lo que Hacienda denomina “reacomodación” del presupuesto, que consiste en recortar gasto público por $6 billones de pesos. Y, una última línea, sería utilizar más créditos de multilaterales, aunque su costo, dice el Dr Arias, son altos. Y la estrategia toda parece estar diseñada para incurrir en los menores costos financieros posibles.

Por el momento no parece estar en el radar del Gobierno tocar las puertas del crédito del Banco de la República ni tampoco utilizar, al menos en una primera instancia, recursos de origen tributario a través de una nueva reforma impositiva.
Lo que es cierto es que al país le va a terminar costando más, mucho más, de lo que está previendo la lucha contra la pandemia y la recuperación de la economía.
Si se tiene en cuenta que 2,2% del déficit que analiza el director de crédito público obedece a endeudamientos prepademia, habrá que concluir que para esta emergencia solamente se han comprometido hasta la fecha 4% del PIB (40 billones en cifras redondas) que no es cicatero pero luce insuficiente. Y obedece a una óptica de gradualismo homeopático muy propia de los colombianos.
De manera que el recurso a las “líneas de defensa” que menciona el director de crédito público parece ineludible. Quedan muchos gastos no contabilizados aún, que no caben dentro del endeudamiento máximo autorizado hasta la fecha pero en los que se terminará incurriendo, así: ¿Se ayudará más a las empresas? ¿Habrá subsidios más generosos para paliar el aterrador desempleo que ya se vislumbra? ¿Habrá un plan de gasto presupuestal contra cíclico que privilegie la recuperación económica con un gran programa de obras públicas y de apoyo a la vivienda en la pospandemia? ¿El desplome de los recaudos de la Dian este año será mayor de los muy conservadores $12 billones que está calculando el Gobierno? ¿Habrá un programa de ayuda a departamentos y municipios a los cuales también se les han ido al suelo los recaudos?
Son muchas las preguntas que quedan flotando, ninguna de las cuales tiene respuesta fiscal dentro de la autorización para endeudarse hasta por 6,1% del PIB. Ese cupo tendrá forzosamente que ampliarse. Y no sería irresponsabilidad hacerlo. La crisis es de tal magnitud que no podemos engolfarnos en un gradualismo válido para otras épocas, pero que los tozudos hechos están desbordando.



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viernes, 22 de mayo de 2020

El absurdo de la economía keynesiana

mises.org/es/wire/, 06/05/2018

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La economía de John Maynard Keynes, tal y como se ha enseñado a los alumnos universitarios durante las últimas décadas está ahora mismo muerta en la teoría, pero no en la práctica. El libro de Keynes de 1936, la Teoría general del empleo, el interés y el crédito, retrataba al mercado como esencialmente inestable y designaba al gobierno como estabilizador. La estabilidad que supuestamente queda fuera del alcance del mercado iba a ser proporcionada por los cargos macroeconómicos del gobierno federal: el presidente (con la ayuda de su Consejo de Asesores Económicos), el Congreso y la Reserva Federal.
La aceptación de la profesión económica del keynesianismo fundamentalista llegó a su máximo en la década de 1960. En décadas recientes, el entusiasmo por Keynes se ha ido desvaneciendo al tratar sus defensores de obtener nuevas ideas a partir de la Teoría General o introducir en ella las suyas propias. Y aunque el gobierno federal se ha convertido desde hace mucho tiempo en un suministrador neto de inestabilidad macroeconómica, las instituciones y herramientas políticas que se crearon para conformar la visión keynesiana se han convertido en parte integral de nuestro entorno económico y político.
Un sistema contable de renta nacional, creado con un ojo en la teoría keynesiana, permitía a los estadísticos poner en gráficos los cambios en la macroeconomía. Pensando en términos de un total o agregado de toda la economía, los consejeros políticos seguían la producción de bienes y servicios comprados por consumidores, inversores y gobierno. Las autoridades fiscales y monetarias estaban listas para actuar siempre que la producción total real o medida de la economía, que se suponía que reflejaba el lado de la demanda de los mercados, quedara por debajo de su producción potencial, que se estimaba a partir de la base del lado de la oferta. Rebajar impuestos permitiría a consumidores e inversores gastar más; el gasto público se añadiría directamente al total; imprimir o pedir prestado dinero facilitaría los movimientos opuestos en los ingresos públicos y en sus gastos.
Una insuficiencia crónica de demanda agregada, que implica que precios y salarios están en cierto modo atascados por encima de sus niveles de liquidación del mercado, se creía que era el estado normal de cosas. ¿Por qué podría haber esos problemas de precio en una escala que abarca toda la economía? ¿Qué legislación e instituciones públicas podrían interponerse en el camino de los necesarios ajustes del mercado? Estas preguntas se veían eclipsadas por la cuestión más acuciante políticamente de cómo aumentar la demanda para liquidar los mercados a los precios existentes. La Nueva Economía de Keynes desviaba el foco de atención del mercado al gobierno, de los cambios económicamente justificados en los precios del mercado a los cambios políticamente justificados en el gasto público.
Los políticos siguen apelando a nociones keynesianas básicas para justificar sus planes intervencionistas. El uso continuo de políticas de gestión de la demanda dirigidas a estimular la actividad económica (gastando dinero recién impreso o tomado prestado durante las recesiones y antes de las elecciones) requiere que entendamos en qué consiste la economía keynesiana y cuáles son sus defectos. También identificar los defectos a nivel del estudiante universitario ayuda a este a evaluar en sus cursos de grado y de nivel superior esas modificaciones modernas como post, neo o nuevo keynesianismo, así como algunas ramas del monetarismo.
El nivel extremo de agregación en la economía keynesiana deja irremediablemente a un lado todo el rango de decisiones y acciones de compradores y vendedores individuales. La economía keynesiana simplemente no trata la oferta y la demanda en el sentido convencional de estos términos. Por el contrario, todo el sector privado se analiza en términos de solo dos categorías de bienes: bienes de consumo y bienes de inversión. Los patrones de precios dentro de estas dos gigantescas categorías sencillamente desaparecen de la imagen. Para empeorar las cosas, el único precio relativo que se mantiene en esta formulación (el valor relativo de los bienes de consumo frente a los bienes de inversión, expresado por el tipo de interés) se supone que, o no funciona en absoluto, o funciona perversamente.

La ignorancia de la escasez de Keynes

La economía prekeynesiana, como la de John Stuart Mill, así como la mayoría de la teoría contemporánea, como la de Ludwig von Mises y F. A. Hayek, destacan la noción de escasez, que implica un equilibrio esencial entre la producción de bienes de consumo y la producción de bienes de inversión. Podemos tener más de unos, pero solo a costa de los otros. La construcción de plantas y equipos adicionales debe facilitarse por un mayor ahorro, es decir, por una disminución en el consumo actual. Por supuesto, esa inversión hace posible que aumente el consumo futuro. Identificar los mecanismos de mercado que asignan recursos a lo largo de tiempo es esencial para nuestra comprensión del proceso de mercado en su capacidad de ajustar las decisiones de producción a las preferencias de consumo. Pero, como Hayek advirtió enseguida, el agregado keynesiano sirve para ocultar estos mismos mecanismos tan esenciales para la asignación intertemporal de recursos y por tanto la estabilidad macroeconómica.
En la teoría keynesiana, la idea resuelta desde hace mucho de un equilibrio de consumo e inversión sencillamente queda apartada. Coherentemente con la supuesta perversidad del mecanismo de precios, los niveles de las actividades de consumo inversión se cree que siempre se mueven en la misma dirección. Más inversión genera más renta, lo que financia más consumo; más consumo estimula más inversión. Esta característica de la teoría keynesiana implica una inestabilidad propia de las economías de mercado. Así que la teoría no es posible que pueda explicar cómo funciona una economía sana de mercado, cómo el proceso el mercado permite que un tipo de actividad se compense frente a la otra.

La teoría del “multiplicador-acelerador”

La inestabilidad propia hace su aparición en los libros de texto como la interacción entre el “multiplicador”, a través del cual la inversión afecta al consumo, y el “acelerador”, a través del cual el consumo afecta la inversión. El efecto multiplicador se deduce del sencillo hecho de que el gasto de una persona se convierte en las ganancias de otra, lo que, a su vez, permite mayor gasto. Así que cualquier aumento en el gasto, ya se origine en el sector privado o en el público, se multiplica través de rondas sucesivas de ganancias de renta y gasto de consumo.
El mecanismo acelerador es una consecuencia de la durabilidad de los bienes de capital, como plantas y equipos. Por ejemplo, una existencia de diez máquinas, cada una de las cuales dura diez años, puede mantenerse comprando una nueva máquina cada año. Un aumento ligero pero permanente en la demanda de consumo en de la producción de las máquinas de, digamos, un 10% justificaría mantener una existencia de capital de once máquinas. Así que el resultado inmediato sería una aceleración de la demanda actual de nuevas máquinas de una a dos, un aumento del 100%.
La teoría del multiplicador-acelerador explica por qué está aumentando el consumo, dado que está aumentando la inversión, y por qué está aumentando la inversión, dado que está aumentando el consumo. Pero es incapaz de explicar qué determina los niveles actuales de consumo e inversión (salvo en términos de uno con respecto al otro), por qué debería estar aumentando a disminuyendo o cómo pueden aumentar ambos al mismo tiempo. A los alumnos se les dejar con la idea general de que las dos magnitudes, inversión y consumo, pueden alimentarse entre sí, en cuyo caso la economía experimenta una expansión económica, o pueden hacerse pasar hambre entre sí, en cuyo caso la economía experimenta una contracción económica. Es decir, la teoría keynesiana explica cómo el mecanismo multiplicador acelerador hace mejor una situación buena o peor una situación mala, pero nunca explica por qué la situación debería ser buena o mala en primer lugar.
Solo en los dos extremos en el nivel de actividad económica es seguro que se produce un cambio en la dirección tanto del consumo como de la inversión. Después de una larga contracción, el desempleo prevalece y la depreciación del capital llega a niveles críticos. Cuando la producción esencial para el reemplazo de capital estimula aún más la vida económica, la macroeconomía empieza una espiral al alza. Después de una larga expansión, la economía llega a sus límites. Se produce un empacho en los mercados, tanto con bienes de consumo como de producción. Los inventarios no vendidos disparan recortes en la producción y despidos de trabajadores, la macroeconomía empieza una espiral a la baja. Keynes sostenía que la economía normalmente fluctúa entre estos dos extremos experimentando una insuficiencia general (y una supersuficiencia ocasional) de la demanda agregada.

El libro de texto del keynesianismo

En las formulaciones simplistas de los libros de texto de macroeconomía, la inversión está sencillamente “dada”; según la fórmula del propio Keynes, la inclinación a invertir de la comunidad empresarial está dirigida por factores psicológicos que se resumen en la sonora expresión “espíritus animales”. Keynes apreciaba que hay algunos “factores externos” en funcionamiento, como los asuntos exteriores, el crecimiento de la población y los descubrimientos tecnológicos. En la práctica, el mercado se considera como una especie de amplificador económico que convierte cambios relativamente pequeños en estos factores externos en grandes cambios en el empleo y la producción. Esta es la visión keynesiana básica.
Se supone que los salarios y los precios, o bien son inflexibles, o bien cambian en proporción directa entre sí. En todo caso, el salario real (S/P) es siempre constante. El nivel real de salarios y precios se cree que está determinado (también) por factores externos, esta vez, sindicatos y grandes empresas. Si el salario real es demasiado alto, habrá desempleo en toda la economía. Habrá trabajo ocioso y recursos ociosos de todo tipo. El coste de oportunidad de volver a poner en marcha estos recursos no es sino ocio perdido, que no es ningún coste en absoluto. La supuesta normalidad del ocio masivo de los recursos asegura que nunca entra en juego el eterno problema de la escasez. William H. Hutt y F. A. Hayek tenían razones para referirse a la economía keynesiana como la “teoría de los recursos ociosos” y la “economía de la abundancia”.
El keynesianismo de libro de texto tiene una cierta coherencia interna o integridad económica. Dada la suposición de que precios y salarios no se ajustan adecuadamente a las condiciones de mercado (es decir, la suposición de que el sistema de precios no funciona), entran en juego las relaciones keynesianas entre los agregados macroeconómicos. Incluso las recetas políticas parecen estar justificadas: si salarios y precios no se ajustan a las condiciones existentes del mercado, entonces las condiciones del mercado deben ser ajustadas (por las autoridades fiscales y monetarias) a los precios y salarios determinados externamente.
Sin embargo, en el análisis final, la teoría keynesiana es una serie de presupuestos que se refuerzan mutuamente pero que son injustificables en su conjunto con respecto a cómo se relacionan entre sí ciertos agregados macroeconómicos. La política keynesiana es una serie de recetas políticas que se justifican a sí mismas. Por ejemplo, si el gobierno está convencido de que los salarios no van a caer y está dispuesto a contratar a los desempleados, entonces los trabajadores desempleados no estarán dispuestos a aceptar un salario por debajo del mercado, garantizando que los salarios no caerán en la práctica. Así que, aunque la intención de la política keynesiana sea estabilizar la economía, el efecto real es “keynesianizar” la economía. Hace que la economía se comporte exactamente de la misma manera perversa que implican las suposiciones keynesianas. Esta enrevesada interrelación entre teoría y política ha ocultado durante mucho tiempo los defectos esenciales de la propia teoría.
Los estudiantes a menudo hacen la pregunta evidente: ¿Por qué la política del gobierno se basa en una teoría tan defectuosa? Desde un punto de vista político, defender e implantar una política keynesiana es la vía segura a la elección y la reelección. Las ganancias de imprimir y gastar dinero son inmediatas, muy visibles y pueden concentrarse en personas que constituyen poderosos grupos de votantes. Los costes de esta política se pagan en una fecha posterior y pueden extenderse con poco impacto sobre toda la población, haciendo la relación entre política y consecuencias a largo plazo difíciles de percibir por los votantes.
El desvanecimiento en años recientes del keynesianismo antiguo en los círculos académicos proporciona poco consuelo. Aunque el número de gestores de la demanda continúa disminuyendo, es a este grupo de economistas en disminución al que los cargos públicos acuden en busca de consejo y acuerdo. Y las oportunidades de asesorar a los círculos del poder en lugar de las aulas de enseñanza son algo de cambia las mentes de algunos economistas acerca de la aconsejabilidad (política si no económica) de gestionar la demanda agregada. Imprimir y gastar dinero en búsqueda de un estímulo a corto plazo, en lugar una estabilidad a largo plazo, sigue estando a la orden del día.
Así que hay buenas razones para estudiar teoría keynesiana: Nos ayuda a entender qué es probable que hagan los cargos públicos en cualquier circunstancia. Pero para entender los efectos reales de sus políticas de gestión de la demanda largo plazo igual que al corto, necesitamos una teoría más ilustradora: una que aprecie lo que las fuerzas del mercado pueden hacer por sí mismas para mantener la estabilidad macroeconómica y como esas fuerzas se ven obstaculizadas por la estabilización proporcionada por el gobierno.


Reflexiones al tema pensiones