miércoles, 30 de agosto de 2017

Se están tirando la democracia directa....

GRUPO EDITORIAL EL SATÉLITE (GES)
Por: Octavio Quintero


Los dirigentes políticos se tiraron los partidos políticos convirtiéndolos en empresas electorales al servicio de sus particulares ambiciones, antes que en instituciones sociales al servicio de los intereses generales… 
Y ahora los tiran a la basura como trapos viejos para echarle mano a los movimientos impulsados por firmas, invadiendo la órbita de la democracia directa que la constitución le entregó a la ciudadanía para, precisamente, desmarcarse de esos dirigentes adueñados de los partidos políticos: ¿no ve que así, sí? 
Se las saben todas, y las que no, se las inventan. 
Lo que viene ocurriendo es que no solo se camuflan en esos movimientos ciudadanos en donde todo el mundo firma, casi por novelería callejera, sino que evaden las normas electorales en cuanto al lanzamiento de campañas que no pueden despegar sino tres meses antes de las respectivas elecciones nacionales o regionales. 
En la recolección de firmas, ¿quién duda que se abre anticipadamente una campaña política? Por ejemplo: “Mejor, Vargas Lleras”, es la consigna acompañada de toda la parafernalia publicitaria que se ha emprendido en torno al exvicepresidente. 
Y en las mismas andan todos los demás candidatos que intentan avalarse por firmas: Fajardo, Petro, Clara y Ordoñez, de momento; recorriendo el país en plena campaña política camuflada… 
Y, pónganle la firma que cuando se abran oficialmente las campañas esos partidos, de los que hoy parecen desmarcarse, llegan como adherentes a sus movimientos por firmas: ¿o quién duda que Cambio Radical terminará con Vargas Lleras y los Verdes con Fajardo? 
Entonces habrá quedado perfecta la trampa: los sabiondos dirigentes políticos se habrán ganado unos cuantos meses de proselitismo bajo la sombrilla de los movimientos populares, concebidos precisamente para ampliar la oferta política a los electores. 
Cabría preguntar, de otro lado, ¿de dónde sale la financiación para la recolección de firmas que el candidato o el movimiento tiene que emprender, porque eso no es gratis? 
Según la norma establecida en la ley 996/05, para inscribir candidatos a la Presidencia los grupos significativos de ciudadanos deben reunir un número de firmas válidas equivalentes al 3% del número total de los votos válidos depositados por los ciudadanos en la anterior elección presidencial. Es decir, actualmente, 460.242 firmas, si se tiene en cuenta que en la elección del 2014 se registraron 15’341.383 votos válidos para Presidente. 
Ahora, según investigadores reconocidos, el costo de recoger firmas por la calle se estima entre 3 y 4 mil pesos cada uno. Tómese el promedio de 3.500 pesos y multiplíquese por el mínimo de firmas requeridas (460.242) y eso le daría un saldo de casi 1.611 millones de pesos… Pero como hay que prever que algunas firmas serán rechazadas, ¿a cuántas habría que tirarle para que quedaran las necesarias? 
Dos ejemplos: 1.- El movimiento de consulta popular contra la corrupción impulsado por la senadora Claudia López, logró recoger 4’330.000 firmas. Haciendo las cuentas, esa tarea debió haber costado unos 15.000 millones de pesos. Digamos que el carisma de la senadora López y la temática de su consulta nacional (contra la corrupción) le permitió reducir ostensiblemente los costos, pongamos unos 1.000 pesos por firma, nos daría, de todas maneras un costo de 4.330 millones de pesos: ¿De dónde salieron? ¿Quiénes los aportaron? 
Estas cuentas financieras de los movimientos populares debieran tener algún control por parte del Consejo Electoral… Y lo mismo puede decirse de todos los candidatos que se lancen por firmas. Por ejemplo, el propósito anunciado por el movimiento de Vargas Lleras es recoger al menos 4 millones de firmas: ¿Cuánto valen? ¿Quiénes hacen los aportes y qué esperan sacar de su colaboración? Porque, como dicen los gringos, no hay almuerzo gratis. 
Pero esta parte financiera que es bien importante, no es más si se compara con el daño político que los dirigentes claramente partidistas le están haciendo a los movimientos y grupos significativos de ciudadanos invadiéndoles su espacio político. También debiera reglamentarse esa parte en el sentido de que solo pudieran aspirar a candidaturas uninominales por firmas los líderes que no pertenezcan a ningún partido o movimiento político con personería jurídica reconocida, o que hayan renunciado anticipadamente a ellos; y también, que un ciudadano no pueda avalar con su firma a más de un candidato presidencial. Si en algún instante la misma cédula aparece respaldando a más de uno, anular el número de todas las planillas porque de lo contrario eso se convierte en una alcahuetería, si no es que ya es. 
De lo contrario, el espacio político que se pensó abrirle al voto de opinión de gente cansada, desencantada y asqueada de los partidos y de las conductas de sus dirigentes políticos, quedará anulado a la vuelta de las próximas elecciones del 2018. 
Fin de folio.- Dentro de poco, todo el mundo le sacará el cuerpo a los recolectores de firmas por la calle, como se le saca el cuerpo a la invasión de impulsadores comerciales que nos acosan por todas partes.

No solo de corrupción sufre Colombia




Reflexiones al tema pensiones

No solo de corrupción sufre Colombia

GRUPO EDITORIAL EL SATÉLITE (GES)
Por: Octavio Quintero


 

Proponer una constituyente para reformar solo la justicia por corrupta sería tanto como admitir que solo la justicia es corrupta en Colombia… Y proponer una consulta popular para combatir solamente la corrupción, sería tanto como admitir que el problema de Colombia solo es de corrupción.

Así que, si nos vamos a dar la pela de convocar una constituyente que sea para encuadernar todo el Estado; que sea para adoptar un nuevo modelo económico, un nuevo sistema de salud; que sea para forzar al Estado a reconocer y garantizar los derechos sociales, políticos y económicos propios del ser humano, ahora solamente enunciados en la actual constitución y atropellados constantemente por los gobiernos de turno, incluyendo los más preciados como los derechos humanos y la libertad política, valga decir, la democracia en sí mismo atropellada.

Y porque la clase dominante sabe que esto es lo que se debe hacer a través de una constituyente, es por eso que no la va a convocar. ¿Para qué y por qué? Si la clase dominante está “bien y mejorando”, ¿por qué diablos va a querer una constituyente? El que necesita y quiere constituyente es el pueblo y por tanto, solo una sociedad civil indignada y en rebelión por sus derechos, podría lograr los cambios estructurales que requiere el Estado. Y pensar que este cambio lo vamos a tener a la mano en las elecciones de Congreso y presidencial del año entrante, qué rico fuera que en consecuencia procediéramos.

Da grima ver la pobre entrevista que el director de noticias de un canal de TV tan importante como Caracol le hace al mismo tiempo a los presidentes de las tres altas cortes más importantes del país: Constitucional, Suprema y Consejo de Estado; y da desconsuelo ver que el pobre periodista se queda sin palabras cuando el presidente de la Suprema justifica el funcionamiento de la Comisión de Acusaciones del Congreso poniendo como ejemplo el juicio al exmagistrado Jorge Pretelt, un caso entre mil –si no es más—que logra pasar el tamiz de un órgano de corte judicial ubicado en la rama legislativa y, por tanto, no integrado por juristas sino por políticos. Y los tres, al unísono, se oponen a la convocatoria de una constituyente… Para las tres “lumbreras” jurídicas, el país no tiene problemas institucionales: el Congreso: todo bien, todo bien, todo bien; el Ejecutivo: todo bien, todo bien, todo bien y, el Judicial, ni se diga: todo bien, todo bien, todo bien.

Y da rabia –otro ejemplo de manipulación mediática—ver en un programa de tan alta audiencia en TV como “Los informantes” de Caracol que el ministro de Salud dice que está siendo tratado de su cáncer como cualquier otro paciente dentro del sistema de salud colombiano. Si fuera cierto, ministro, díganos ¿cuántas veces ha ido a su EPS y lo mandan de vuelta a casa a esperar que haya “agenda” con el especialista? Todos lamentamos su enfermedad ministro; nadie con alguna pizca humana le desearía que corra con la misma suerte de las muchas personas de 0 a 100, que a diario mueren, inclusive en los mismos pasillos de las clínicas y hospitales, a la espera de una cita médica o de un remedio.

Muchos ejemplos al canto de toda índole pudieran traerse a esta columna sobre los ene mil problemas insolubles dentro del régimen que impera en Colombia sobre educación, empleo, vivienda, corrupción, pobreza, seguridad ciudadana, de orden público, de soberanía nacional, de medio ambiente, de tenencia de la tierra, de explotación financiera que afectan al pueblo, no a su clase dirigente, y por eso esa clase no va a dejar pasar nunca una constituyente popular y democrática, con representación de las organizaciones sociales, que cree las nuevas instituciones que hagan posible lo que en gran síntesis denominamos JUSTICIA SOCIAL.
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Fin de folio.- la pregunta del millón: ¿Sinceramente cree alguien que en un próximo gobierno de orientación uribista o santista se podría lograr siquiera el cambio de modelo económico? 


Reflexiones al tema pensiones

martes, 29 de agosto de 2017

“Ojo con las propuestas tributarias”: José Antonio Ocampo

semana.com, 8/26/2017



Entrevista a José Antonio Ocampo, codirector del Banco de la República


SEMANA: En medio de la desaceleración económica han surgido propuestas como la del presidente de Fenalco de suspender temporalmente el aumento de 3 puntos en el IVA. ¿A usted eso cómo le parece?
José Antonio ocampo.: Desafortunadamente la situación fiscal es muy delicada. Yo soy de los que piensan que el país debió ahorrar mucho más durante la bonanza petrolera, pero no ocurrió así y la realidad hoy es que hay que hacer ajuste fiscal. No tengo ninguna objeción a que se plantee reducir algunos impuestos, pero pienso que quien lo proponga debe también decir cuáles aumentamos. El presidente de Fenalco o cualquiera otro que pida esto que nos diga cómo compensamos. Esa debería ser una regla de oro. A mí como consumidor me encantaría que bajara el IVA, pero el problema es que la situación fiscal no da más.
SEMANA: O sea que es una propuesta inviable…
J.A.O.: Si hubiera margen fiscal significativo, yo sería el principal promotor de políticas anticíclicas. Pero es que ahora no lo hay. Si hubiera, incluso, lo que haría sería más inversión pública, que el gobierno la está recortando en forma muy fuerte.
SEMANA: Mire que los empresarios también se quejan de la alta tributación…
J.A.O.: Le reitero, me parece muy bien que desde el sector empresarial hagan propuestas de bajar la tasa de tributación, pero que por favor me digan qué hacemos con los otros dos problemas de fondo que tiene el sistema tributario colombiano.
SEMANA: ¿Cuáles?
J.A.O.: Primero los beneficios tributarios a las empresas y segundo, cómo hacemos para que las rentas altas de personas naturales paguen más. Por ejemplo, creo que aunque la tasa de tributación de las compañías es alta, hay muchos beneficios específicos dentro de la estructura que hay que revisar, como los de vieja data para la industria editorial, o los más nuevos a los hoteles o los regímenes de zonas francas. En fin, hay muchos otros. Ahí es donde insisto en que quien proponga bajar la tributación nos presente por favor los beneficios que debemos eliminar, y cómo hacer para que las rentas altas tributen como personas naturales.
SEMANA: Bueno, pero eso implica otra reforma tributaria…
J.A.O.: El régimen tributario en Colombia tiene muchos defectos. Y desafortunadamente en cada reforma solucionamos algunos y empeoramos otros. Creo que las personas naturales de altos ingresos hoy pagan muy pocos impuestos. En los países más ricos del mundo las empresas tienen una tasa de tributación baja, pero porque las personas tienen una más alta. Se lo digo yo que llevo diez años tributando en Estados Unidos y le aseguro que allá las personas tienen una tasa más alta. Pero déjeme decirle algo, la tasa efectiva de recaudo como porcentaje del PIB de Colombia es inferior al promedio latinoamericano, lo que quiere decir que hay un problema en la estructura.
SEMANA: Otro asunto es que si se propone bajar la tasa tributación, habría que recortar gasto…
J.A.O.: Eso también puede ser. Pero el gasto público como porcentaje del PIB de Colombia es inferior al promedio latinoamericano, para no decir al de la Ocde, grupo al cual estamos aspirando a entrar. Este es un país con unas necesidades inmensas, por tanto, ¿quién me dice qué debo recortar? Los que proponen bajar la tributación también tendrían que contestarlo. ¿De salud?, ¿de educación? O es que ellos proponen reducir el presupuesto militar? Está bien, hay que mejorar la eficiencia del gasto público, pero no veo mucho margen para recortar. Por el contrario, yo sería partidario de aumentar el gasto en inversión.
SEMANA: Muchos le echan la culpa del bajo consumo, en lo que va del año, a la reforma tributaria, concretamente al aumento del IVA. ¿Eso es cierto?
J.A.O.: Puede que sí. Aunque uno escucha en el sector empresarial que, en algunos casos, no se ha pasado el incremento del IVA a los consumidores. Dicen que por la debilidad de la demanda no se ha traspasado todo el aumento. No sé si es verdad. Creo que el aumento del IVA es desafortunado, en términos de la demanda del consumo, pero, por otro lado, yo lo defendí antes de ser codirector del Banco de la República. Dije que la reforma tributaria se necesitaba y eso incluía el aumento del IVA, había que hacerlo.

SEMANA: Usted fue ministro de Hacienda. ¿Cómo ve el actual debate sobre el presupuesto que si bien se da cada año, esta vez está más ardiente tal vez por la difícil situación fiscal? Todo el mundo pide más recursos.
J.A.O.: Debo decir que hay varios problemas. Creo que muchas de las críticas a los recortes son razonables. Solo me meteré en una: ciencia y tecnología. Estoy en total desacuerdo con el recorte al presupuesto de Colciencias. Si algo hice yo como ministro de Hacienda y director de Planeación fue incrementar su presupuesto. Según datos del Banco Mundial, Colombia en ciencia y tecnología gasta el 0,2 por ciento del PIB, el promedio latinoamericano es 0,8 por ciento y el de los países de la Ocde 2,4 por ciento, o sea que estamos rezagados. Ahora, yo veo positivo que las carteras quieran más presupuesto. Que tal que no. Colombia necesita más gasto público, no menos.
SEMANA: Pero con la realidad fiscal eso no se ve posible.
J.A.O.: Uno puede pensar en otras alternativas. Por ejemplo, como el grueso del gasto es funcionamiento, debería existir la posibilidad, que entiendo debe tener toda clase de interpretaciones legales, para que los salarios públicos puedan no ajustarse, o hacerlo en forma incompleta con la inflación, para poder atajar un poco el gasto de funcionamiento. Yo sé que eso es controversial, pero sería una alternativa para mantener el gasto en inversión. Hoy por hoy no existe otra alternativa diferente al ajuste fiscal. Creo que el ministro de Hacienda está haciendo su tarea, que es muy compleja.
SEMANA: ¿El crecimiento económico de 1,25 por ciento en el primer semestre no le mostró que la desaceleración ha sido más fuerte de lo que se pensaba?
J.A.O.: Yo no soy pesimista, soy realista y, curiosamente, si algo me sorprendió de las cifras del segundo trimestre, es en sentido positivo. Pensé que iba a ser más débil. Ya completamos cuatro trimestres malos y la pregunta es si tocamos fondo y creo que sí. Que de acá en adelante vamos a ver una recuperación.
SEMANA: En el sector agropecuario se ve esa recuperación, ¿qué lo está impulsando?
J.A.O.: Lo que está pasando en el sector agropecuario es muy bueno; yo diría que se debe, por una parte, a la tasa de cambio y, por otra, hay que decir que la paz es un elemento que ha estado detrás. Creo que este era el sector más afectado por el conflicto. La paz es una contribución innegable. También hay que decir que el año pasado los precios estuvieron más altos y, ante esto, la oferta agrícola reaccionó. Ahora, el turismo es otro sector que se ha reactivado gracias a la devaluación. Este país en paz es una mina de oro en turismo ecológico, obviamente hay que hacer las cosas bien. Valga la pena decir que gente que estuvo en la guerrilla podría organizarse en el sector turístico en sus zonas.
SEMANA: En la industria no se ve repunte.
J.A.O.: Diría que la industria y la construcción de vivienda son dos sectores muy afectados. Pero frente a este último pienso que la situación mejorará. En cuanto a la industria lo veo como el sector más golpeado. Debo decir que el problema de este no es solo la demanda interna. Allí hay otros factores que espero se puedan enfrentar. Hay que reconocer que la industria completó diez años de tasa de cambio no competitiva y se vio golpeada en las exportaciones por los países vecinos. Hay también problemas de contrabando. Yo apoyo lo que dice el presidente de la Andi, que se necesitan políticas agresivas de desarrollo productivo.
SEMANA: Usted que sigue la economía internacional, ¿cómo está viendo el panorama?
J.A.O.: Creo que hay muchas noticias positivas. Entre ellas la reactivación europea y las menores incertidumbres sobre China. Ahora, la economía de Estados Unidos va bien aunque no se dará la aceleración que prometió Trump. El principal problema económico que generan los anuncios del presidente estadounidense pasa por la política comercial, en particular, por el tratado de libre comercio de Norteamérica y si habrá sanciones comerciales contra China. Lo que pase con el Nafta también nos afecta porque hay muchos TLC que son hijos de ese tratado, incluido el nuestro.
SEMANA: ¿Y qué le espera a América Latina?

J.A.O.: Yo creo que tocó fondo, vamos a ver algo de recuperación. Este año ha habido mejoría en materias primas, eso ayuda, pero también hay otros factores internos propios de los diferentes países. Las economías brasileña y argentina, que son tan importantes, van a empezar a reaccionar. Chile también. Creo que van a crecer más el año entrante.

Reflexiones al tema pensiones

Como borregos....

elespectador.com, 24 Ago 2017 
Por: Patricia Lara Salive


Ha pasado desapercibido para la opinión el experimento realizado por Corpovisionarios, entidad liderada por el exalcalde Antanas Mockus, el cual demuestra que el fanatismo y la obediencia a ciegas a los postulados de los líderes de los extremos del espectro político nos están llevando a una irracionalidad y a una estupidez política, que bien puede desembocar en que cualquier dictadorzuelo se instale y se atornille en el poder.
Resulta que Corpovisionarios escogió a 32 colombianos divididos por mitad entre seguidores del expresidente Álvaro Uribe y del exalcalde Gustavo Petro, y agrupó a los 16 uribistas en un lado y a los 16 petristas en otro.
Entonces les presentaron cuatro frases. Unas dichas por Uribe, que se las mostraron a los petristas, diciéndoles que eran afirmaciones de Petro, y viceversa.
Los participantes debían indicar qué tan de acuerdo estaban con ellas. En algunos casos, era evidente que habían sido hechas por sus respectivos autores, pues utilizaban el lenguaje típico de ellos: por una parte, hablaban, por ejemplo, de “la Bogotá Humana” y de la necesidad de “detener el fascismo” y, por otra, de las “altas tasas de inversión” y de que había que “apoyar la competitividad”.
El resultado no pudo ser más disparatado y sorprendente: la inmensa mayoría de los uribistas manifestaron que estaban de acuerdo con lo que ellos creían que había dicho Uribe, no obstante que lo había dicho Petro, y viceversa.
La sorpresa de los participantes fue tal que alguno confesó que sentía vergüenza y otra dijo que tenía “mucho miedo” por el país, pues “estamos creyendo ciegamente en figuras y no nos estamos fijando en qué necesitamos”.
Por supuesto, miedo tenemos que sentir, ante la incultura política del país; ante la falta de discernimiento de la mayoría; ante su incapacidad para el análisis.
Y es que esa falta de análisis puede conducir a que, en el momento menos pensado, ante el descontento fomentado por la avalancha de mensajes descalificadores y repletos de odio, llegue al poder cualquier populista devastador.
Tal vez convendría que los espacios de opinión se desmontaran un poco de esos formatos que se han impuesto, en los que se convoca a dos seguidores de un líder y a dos seguidores de otro, para que se agarren en vivo y en directo, muchas veces hablando todos al tiempo, y les den paso a formatos en los que se propicie el análisis de la información, de la coyuntura y de los problemas. Eso da menos rating pero le conviene más al país.
Es que hay que tener muy en cuenta la advertencia que, en la revista Semana, hizo Joaquín Villalobos, antiguo combatiente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln), quien señaló que, en Colombia, nos puede ocurrir lo mismo que en El Salvador: que después de un proceso de paz exitoso, la polarización impidió que las fuerzas moderadas se fortalecieran, y “convirtió una oportunidad en un desastre”.
“Con la polarización extrema”, afirma Villalobos, “la racionalidad pierde valor, las emociones toman control, el fundamentalismo derrota al pragmatismo, la calidad de la política y de los políticos se degrada, la inteligencia se convierte en defecto, la incompetencia se vuelve crónica, los acuerdos se vuelven imposibles, los problemas se quedan sin resolver y el país se va al infierno.”
Es una buena reflexión que los medios y los que tanto dicen amar la Patria bien podrían tener en cuenta.

Reflexiones al tema pensiones

CORRUPCIÓN JUDICIAL Y CONSTITUYENTE....

GRUPO EDITORIAL EL SATÉLITE (GES)JAIME ARAUJO RENTERIA


El nuevo escándalo de corrupción, que en este caso involucra a tres ex presidentes de la Corte Suprema de Justicia, ha llevado a muchos colombianos a proponer la creación de una asamblea nacional constituyente, dedicada única y exclusivamente a la reforma de la justicia. Para estudiar el tema, es importante utilizar la metodología de René Descartes, en su famoso discurso del método, donde aconseja, dividir lo complejo en sus partes más simples, para analizarlas y luego reconstruirlas, sintetizándolas.

Lo primero que debemos analizar, son los elementos que caracterizan la función judicial y cuál es el paradigma del buen juez, desde el más humilde, hasta el más encopetado magistrado. De esta caracterización no pueden faltar cinco elementos, que son los que permiten que los ciudadanos, puedan defender sus derechos, (y en todos los procesos se discuten derechos: en el penal el derecho a la Libertad; en el laboral, el derecho al trabajo, etc.); para ello se necesita que  los jueces sean: 1) honestos, 2) capaces, 3) independientes; 4) imparciales, 5) Defensores de derechos humanos.

La independencia e imparcialidad garantía de los derechos de los ciudadanos

Cuando el estado de derecho hace a los jueces independientes e imparciales, no es con el fin de otorgarles un privilegio. Lo hace con el objetivo de otorgarles una garantía a los ciudadanos. La garantía de que si un ciudadano, así sea el más humilde, tiene un derecho que le ha sido violado, así sea por el más poderoso, en fuerza física, material, militar, económica, etc., puede llevar al violador de su derecho ante una persona independiente e imparcial (el juez) y lograr el restablecimiento del mismo. “el principio de independencia de los jueces no está dirigido a otorgarles beneficios personales; su justificación es proteger a los individuos contra los abusos de poder y garantizar una recta administración de justicia. En consecuencia, los jueces no pueden decidir casos en forma arbitraria de acuerdo con sus preferencias personales, sino que deben aplicar el derecho a los hechos”. Por ejemplo,la madre de Soacha a quien le asesinaron dos hijos en el genocidio de los falsos positivos, si quiere enfrentar físicamente y por vías de hecho al general que lo ordenó, con un revólver, jamás le ganará al general, ya que este, sabe más de armas que ella y tiene más armas físicas; fusiles, tanques y aviones de guerra. Empero, si consigue las pruebas y tiene el derecho que le da la Constitución o la ley (constitución o ley de su parte), un juez de verdad independiente e imparcial, puede restablecer su derecho violado y condenar al culpable.

LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

La independencia judicial es el principio que rige a la administración de justicia y tiene una doble connotación: el juez es independiente en un doble sentido: en el sentido de que la rama jurisdiccional no está bajo las ordenes de otra rama del poder público, ni de ningún otro poder incluido el poder de los medios de comunicación y de que el juez al fallar sólo está atado a la ley. En la rama judicial no existe jerarquía sino competencias diversas. Por lo mismo no recibe ni acepta ordenes de ningún otro poder ni siquiera al interno de la propia rama judicial el órgano de superior función (el juez superior), no puede dar órdenes al inferior, no puede decirle que aplique la ley de tal o cual manera. El juez sólo está atado a la ley. Este principio se encuentra consagrado en el art. 230 de nuestra constitución que dice: “Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley”.

LA IMPARCIALIDAD

Por el contrario, la “imparcialidad” se refiere a la disposición de un juez o tribunal con respecto a un caso y a las partes del mismo. El Comité de Derechos humanos DE LA ONU, ha declarado que en el contexto del artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos humanos que “[l]a ´imparcialidad’ del tribunal supone que los jueces no deben tener ideas preconcebidas en cuanto al asunto de que entienden y que no deben actuar de manera que promuevan los intereses de una de las partes”.

No basta con que los jueces sean independientes, tienen también que ser imparciales, deben estar por encima de las partes o lo que es lo mismo, no pueden ser o comportarse como partes dentro del proceso. Si el juez es parte los ciudadanos no tienen ninguna garantía de sus derechos; ya que si un juez toma partido contra un ciudadano su derecho será siempre vulnerado así sea realmente inocente de aquello de que se le acusa. Razón tenía quien afirmó que nadie le gana un pleito a un juez parcializado. O aquella otra persona que dijo que la única manera de ganarle un litigio a un juez parcializado es teniendo a Dios como apoderado; y a continuación agregó, lo grave es que Dios solo se ocupa del juicio universal y no de los juicios humanos. Con el fin de conservar la imparcialidad de los jueces es que el estado de derecho ha separado la función de investigación de la función de juzgamiento. Quien investiga un asunto se forma un preconcepto del asunto, deja de ser objetivo y si en la investigación considera que el investigado es culpable, lo condenara como culpable así en realidad sea inocente. Esto es una verdad mucho más verdadera si quien ha investigado lo ha hecho por iniciativa propia. Quien abre un proceso creyendo que alguien es culpable, lo investiga como culpable y lo condena como culpable y el ciudadano habrá sido vulnerado en su derecho. En un verdadero estado de derecho quien investiga no puede juzgar a quien ha investigado y esto es válido tanto para los procesos penales como para los procesos disciplinarios. Este principio constitucional consagrado en el art. 1 de nuestra constitución “Colombia es un Estado social de derecho”, y por ser norma constitucional, está por encima de cualquier ley que diga lo contrario. “el derecho a un juicio justo requiere que los jueces sean imparciales. El derecho a ser juzgado por un tribunal independiente implica que los jueces así como los miembros del jurado no tengan intereses en juego en un caso particular, y que no tengan opiniones formadas con respecto a las partes. Los casos solo podrán decidirle “basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna”. A tales efectos, el estado, otras instituciones y los particulares, tienen la obligación de abstenerse de presionar o inducir a los jueces a que decidan de una determinada manera y los jueces tienen la obligación correlativa de comportarse en forma imparcial”. (Subraya nuestra)

CAPACIDAD

Es importante que quienes administran justicia, sean los juristas más capaces. El juez capaz, descubre con precisión, cuáles son los hechos relevantes del litigio y conoce cuáles son las normas aplicables al mismo para decidirlo de una manera justa, aunque el abogado no los haya presentado con la misma claridad. Por eso es importante que quien llegue a administrar justicia, tenga toda la preparación no sólo en títulos, sino que lo demuestre por medio de concursos, pruebas escritas, resolución de casos concretos, etcétera.

DEFENSORES DE DERECHOS

Como en todo proceso, se controvierte un derecho humano (libertad, igualdad, al trabajo, de los niños, de las víctimas, etcétera), es importante, que los jueces estén decididos a defenderlos y entregárselo al ciudadano que lo reclama, así sea frente a otro poderoso ciudadano o frente al propio Estado.

HONESTIDAD, CERO CORRUPCIÓN

Toda corrupción es grave y deleznable, es grave la de los particulares y más aun la de los funcionarios públicos, pero es supremamente grave la de los órganos de control del Estado, pues la sociedad civil espera que si los particulares y los funcionarios públicos actúan corruptamente, los órganos de control los controlen, pero la más gravísima u ominosa es la de los jueces, ya que desde la sociedad civil vemos a los jueces como el último dique de contención de la corrupción. Pero lo más grave de todas las formas de corrupción es que nos priva de derechos a los miembros de la social civil; cuando un corrupto se enriquece, le quita el derecho a la educación a los niños, hijos del pueblo, que no tienen recursos para ir a escuelas privadas; cuando un corrupto se enriquece, impide que se construyan hospitales y le quita el derecho a la salud a los ancianos desvalidos; la corrupción es grave no sólo porque corrompe el alma del corruptor y del corrompido sino también porque deja sin derecho al trabajo, a la vivienda, a la seguridad social, a las mujeres, a los afro descendientes, a los indígenas y a las personas más indefensas del pueblo colombiano. Lo más grave de la corrupción, es que priva masivamente, de muchos derechos, a la mayoría del pueblo colombiano.

En otra ocasión, hemos demostrado, que si de verdad queremos combatir la corrupción, debemos entender que es un tema que va más allá de los buenos y malos y que debemos combatir, todas las causas que la originan, tanto objetivas como subjetivas, por eso debemos combatir la pobreza, entregar a los trabajadores salarios decentes; hacer realidad el derecho a la educación universal, rescatar la educación en valores; repudiar el maquiavelismo y enseñar que no hay esfera de la actividad del hombre, incluida la esfera política, donde la mejor política es la corrección; que la fuente de la riqueza de los hombres y de las sociedades debe ser su trabajo, es necesario la transformación del régimen económico y político capitalista, que ha hecho del dinero un Dios, que es necesario darle derechos a todos los colombianos, ya que la falta de derechos es la que permite a los corruptos traficar con las necesidades del pueblo.

Como debemos entender también, que en la rama judicial, la corrupción, que es ominosa es apenas una manera de acabar la independencia e imparcialidad, de los jueces, pero son igualmente graves las que la acaban por la presión del gobierno, y por politiquería, por contratos o puestos, por amistad o enemistad, por temor, por la presión de los medios de comunicación, por la embajada que se le da en un país europeo al padre de un magistrado etcétera. De esta crisis esas cinco condiciones deben salir fortalecidas y no más debilitadas, como lo proponen, no sabemos si de buena o mala fe, funcionarios del gobierno o enemigos de los derechos humanos. El norte de cualquier reforma a la justicia tiene que ser la defensa de los derechos de los ciudadanos y una justicia pronta para ellos; no puede ser darle más poder al gobierno o aumentar la edad de los magistrados, sino cómo logramos que los jueces puedan ser independientes e imparciales. Estos jóvenes o mayores, pueden ser igualmente parcializados y dependientes o viceversa.

 El segundo tema de análisis, es cómo logramos una justicia pronta para los ciudadanos y sus derechos. Lo primero es saber cuánta es la demanda de justicia, en una sociedad como la nuestra, anormal, con tanta guerra de (200 años), desplazamiento de (siete millones de personas). Definido eso, luego debemos determinar cuál es la cantidad de personas que racionalmente, por (estudios de tiempos y movimientos), trabajando bien y duro, se necesita para atenderla y finalmente eso se traduce en que debe existir una norma constitucional , (como existió en el plebiscito de 1957, para la educación), que garantice ese mínimo para la justicia; por ejemplo el 6 % del presupuesto nacional, por derecho propio, para evitar que el gobierno trate a la rama judicial como a la cenicienta del poder público.

Solo después de atender los puntos que dije, primero y segundo, podremos tener paz, ya que sin justicia no habrá verdadera paz.
De estos y de otros temas verdaderamente importantes nadie habla, porque los otros poderes, Congreso y sobre todo el gobierno, quieren debilitar más a la justicia. El norte de la reforma no puede ser otro que el fortalecimiento de los derechos de los ciudadanos y una pronta y cumplida justicia para ellos.

ALGUNAS PROPUESTAS Y PREOCUPACIONES

Tiene que haber justicia, esta puede ser divina o humana, y esta última, ya que renunciamos hacer justicia por nuestras propias manos, hay que hacerla por terceros imparciales e independientes, capaces, defensores de derechos humanos y honestos.

El gobierno no debería candidatizar y mucho menos nombrar a ningún juez, ni en el ámbito nacional ni en el internacional, pues ningún ciudadano entiende, como un juez que debe ser imparcial e independiente, se convierte inmediatamente terminado su período, de la noche a la mañana en candidato del gobierno, que coincidía con parte de su período como magistrado y respecto del cual votó favorablemente asuntos, en los que el gobierno que los candidatiza tenía interés. Hay que prohibir que magistrados cuyos períodos han coincidido, así sea parcialmente, con el del gobierno, puedan ser candidatos a dos por este, ante organismos internacionales, como la Comisión interamericana de derechos humanos, la corte interamericana de derechos humanos, el tribunal andino de justicia, etcétera; para que se acabe las coincidencias no sólo entre períodos, sino también entre votos favorables al gobierno y candidaturas presentadas por el gobierno a los organismos internacionales. El Presidente de la República no debería ternar tres magistrados en la Corte Constitucional. Debe acabarse la cooptación, tanto en la Corte Suprema como el Consejo de Estado; los magistrados de todas las cortes deberían seleccionarse por concurso; y por verdaderos concursos. La independencia e imparcialidad no tiene nada que ver con la edad pues (el carácter como decía Aristóteles, no se aprende en la universidad), hay magistrados jóvenes independientes e imparciales y otros viejos que no lo son y viceversa.

En la página web, de cada despacho judicial, comenzando por las altas cortes, y sus propias oficinas, debe estar accesible a todo el público la hoja de vida de esos funcionarios, con la mención expresa de sus vínculos familiares y económicos, de modo que los ciudadanos sepan que hacen sus cónyuges, sus hijos, sus yernos y nueras, si son empleados del gobierno de turno, de los grupos económicos etcétera.

Todos los jueces, comenzando por las altas cortes, debe llevar un libro, que debe ser público donde anoten, todas las personas que han hablado con ellos sobre algún asunto judicial de su competencia; y en caso de que no lo anoten o lo hagan de manera falsa, esto debe ser causal de destitución.

Como la corrupción es un flagelo que azota, no sólo la rama judicial, sino también al gobierno y al Congreso, es importante recordar otras medidas que ya he propuesto para todo el poder público: “Como el Estado democrático es el gobierno del poder público en público, y como el soberano por mandato del artículo tercero de nuestra constitución, es el pueblo colombiano, siendo todos los funcionarios públicos no más que delegatarios de este pueblo, es necesario que el pueblo conozca que hacen todos sus mandatarios, tanto el ejecutivo, el legislativo, como el judicial y por estas razones, es que propusimos desde la corte constitucional, y ahora reiteramos, que es necesario que los jueces colegiados, sesionen, debatan y decidan en público. Que importante sería que los colombianos conociéramos como sesionan, debates y deciden, la Comisión paritaria del gobierno y de la FARC, para el cumplimiento de los acuerdos y como sesionan debaten y deciden los magistrados de la corte constitucional las normas del fast Track y los decretos leyes con que se le facultó al gobierno, y por medio de los cuales se está imponiendo a la totalidad de los colombianos unos acuerdos que ya había rechazado la mayoría de los mismos, al votar negativamente el plebiscito.

Como se acercan las elecciones presidenciales y parlamentarias, sería bueno que todos los colombianos supiéramos, en relación con los candidatos al Congreso o a la presidencia, que en el pasado han sido funcionarios públicos, bien en la rama ejecutiva, bien en la legislativa, todos los contratos que ellos han celebrado y con quienes los han celebrado, los montos de los mismos, con el objetivo de saber si ahora, van a financiar sus campañas políticas; para evitar que se repita, el famoso DO UT DES, tú me das yo te doy; tú me das contratos y yo te financie tu campaña política al Congreso o a la presidencia de la República, yo te financie tu campaña política al Congreso o a la presidencia de la República y tú me das contratos desde esos cargos. Por eso proponemos desde ahora, que se expida rápidamente una norma que prohíba a quienes han financiado campañas políticas, ser contratistas del Estado y a quienes han sido contratistas del Estado se les prohíba financiar campañas políticas. La finalidad de esta norma, es muy clara: evitar que los contratistas se sigan apoderando del Estado colombiano, que su interés particular, se imponga al interés general y correlativamente que los funcionarios públicos defiendan de verdad el interés general, como lo manda la República y el Estado social y democrático de derecho y no sean agentes de intereses particulares, como sucedía en la sociedad feudal, en la monarquía absoluta.

¡Los miembros de la sociedad civil, exigimos que el interés general prevalezca sobre el interés particular de los corruptos!.”

Esperamos, que estas medidas ayuden a acabar la corrupción, pues si ésta aumenta, nos tocará contra nuestra voluntad, comenzar a reflexionar, sobre las que aplicaron Santander y Bolívar, respectivamente, el 23 de octubre de 1819 y el 12 de enero de 1824 que decían así: “el empleado de la hacienda pública nacional a quien se le justificaré sumariamente fraude o malversación de los intereses públicos o resultare alcanzado, se le dé… La pena de muerte sin necesidad de formar más proceso que los informes de los tribunales”. Bolívar dijo: “artículo 1. Todo funcionario público a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de diez pesos($10) arriba, queda sujeto a la pena capital. Artículo 2. Los jueces a quienes, según la ley competa este juicio, que en caso no procedieran conforme a este decreto serán condenados a la misma pena. Artículo 3. Todo individuo puede acusar a los funcionarios públicos, del delito que indica.”.

¿CONSTITUYENTE SOLO PARA LA CORRUPCIÓN DE LA JUSTICIA?

Como la corrupción es un cáncer, que carcome todo el Estado, todas las ramas u órganos del poder público, la constituyente debe avocar el tema de la corrupción de la justicia, con los elementos de juicio que arriba hemos señalado, buscando fortalecer las cinco características mencionadas, pero también debe avocar la corrupción de los demás órganos del Estado. No pueden existir temas vedados para la constituyente. Y no pueden existir además por otras razones. Porque la corrupción, si bien es importante, no es la única causa de la crisis por la que atraviesa el Estado colombiano y Como dijera el abate Sieyes: El pueblo en momentos de crisis, debe ser siempre consultado, como árbitro supremo que es, y, si no pudiesen serlo todos los ciudadanos, debe serlo, a través de una representación extraordinaria, … Esta representación extraordinaria, obra en virtud de mandato extraordinario y puede tener el poder constituyente”. Ningún poder constituido puede usurparle al pueblo la soberanía ni el poder constituyente, porque como dijera Rousseau “de suerte que, en el instante en que el gobierno usurpa la soberanía, el pacto social queda roto, y los ciudadanos recobrando de derecho su libertad natural, están obligados por la fuerza, pero no por deber, a obedecer”.

El soberano, esto es el pueblo colombiano, tiene como principal atributo el poder para dar la ley, lo que conlleva el poder para dar la máxima ley. La máxima ley de un Estado es la constitución; de manera que el principal atributo de la soberanía, es el poder constituyente. El pueblo titular de la soberanía, es por este mismo hecho, titular del poder constituyente; en cambio, el presidente, el Congreso y las Cortes, son poderes constituidos y como tales sometidos al poder constituyente del pueblo. La constitución es un límite  a los poderes constituidos, no para el pueblo soberano y titular del poder constituyente.

Otra razón fundamental, es que la crisis del Estado colombiano, no fue resuelta ni siquiera parcialmente en el acuerdo de La Habana. El acuerdo de La Habana, no cambia el modelo económico, sino que lo perpetúa; no defiende la soberanía nacional. No le da a las víctimas de la violencia sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación ni la garantía de no repetición; no le da a los colombianos la paz con la naturaleza, no está la preservación del medio ambiente; la lucha contra la corrupción y el desempleo. Las Reformas agraria, urbana y del sistema financiero; la reforma del congreso, de la Justicia, de la educación y la salud. La redistribución de la riqueza y la lucha contra todas las formas de discriminación incluidas la sexual y la racial. En los acuerdos de la Habana brillan por su ausencia la Libertad e igualdad de los colombianos, la Creación del estadoautonómico o federal; el derecho a la vivienda para todos, etc. No podemos dejar que estas ideas, en síntesis: Paz con justicia social y democracia política y económica, desaparezcan del debate social y político y por estas razones y por estos derechos, es que tenemos que ir más allá del acuerdo de La Habana, a debatirlos y a plasmarlos colectivamente en una asamblea constituyente.

Estos derechos sólo puede hacerlos realidad una asamblea constituyente popular y democrática, con representación de las organizaciones sociales, que cree las nuevas instituciones que hagan posible los cambios estructurales que requiere el Estado y la sociedad colombiana, y con ratificación popular. Cambios que no nos darán ni Uribe ni Santos, ni la FARC, ni la clase política representada en el Congreso, sino la propia sociedad civil indignada y en rebelión por sus derechos.



Reflexiones al tema pensiones