domingo, 29 de abril de 2012

Bonos pensionales para infraestructura


El Espectador.com,  Héctor Sandoval Duarte  
Después de años de intentos, el Gobierno abrió las puertas para que los fondos de pensiones y cesantías del país inviertan hasta en un 80% de las nuevas carreteras. La Agencia Nacional de Infraestructura tiene planeado invertir el 3% del PIB en construcción de infraestructura.
Para poner a tono la infraestructura del país de cara a los tratados de libre comercio y dar lugar a que los fondos de pensiones y cesantías (AFP) inviertan en la construcción de vías, ferrocarriles y puertos, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ha planeado una estrategia: destinar el 3% del Producto Interno Bruto (PIB) del país para lograrlo. El primer paso es asignar recursos por $8 billones en 2012.
Desde hace varios años, los fondos de pensiones y cesantías del país han considerado viable invertir los recursos de sus afiliados en la financiación de infraestructura y, según datos de Asofondos, tienen disponibles $26 billones para este fin. Ante el interés de las AFP, el Gobierno alista un sistema de bonos estandarizados que les permitan invertir.
Luis Fernando Andrade, director de la ANI, reveló durante el V Congreso de Asofondos que, de la mano del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se busca poner en marcha un instrumento para financiar la infraestructura: “Creemos que sería posible que los fondos financiaran hasta el 80% de las nuevas carreteras. Serían emisiones de bonos por parte de las concesiones”.
Así las cosas, en 2013 y 2014 comenzará a funcionar el nuevo modelo, según estimaciones de la ANI. “Queremos que los bonos estandarizados cubran las necesidades de los fondos de pensiones, y al ser atractivos, todos van a querer emitirlos”, explicó Andrade, quien recordó que en los próximos dos años se va a adjudicar infraestructura por una cifra cercana a los $40 billones, casi el doble de lo que se logró en los últimos 25 años.
El objetivo de la ANI es que una concesión sea dividida en tramos y por cada uno de ellos se emita un bono. Según Andrade, el nuevo sistema de bonos estará listo en los próximos meses y cubrirá las Autopistas de la Prosperidad (llamadas anteriormente Autopistas de la Montaña), las vías Bogotá-Buenaventura y Bogotá-Cúcuta y las carreteras de la Costa Caribe. En total, 6.000 kilómetros de malla vial.
A diferencia de lo que se ha hecho en las últimas décadas, la ANI quiere que al concesionario se le pague cuando cumpla del todo con el tramo pactado de una obra determinada. “Si no está listo, no se paga. Una vez comience a funcionar una obra, comenzamos a pagar vigencias futuras y demás”, afirmó Andrade.
Mauricio Toro Bridge, presidente del consejo directivo de Asofondos y de Protección AFP, dijo que los fondos de pensiones quieren comenzar a evaluar las oportunidades para financiar obras viales, férreas y portuarias. “Esto debe ser un trabajo conjunto. En Colombia se puede invertir en infraestructura y la idea es que haya parámetros de riesgo y de retorno para los afiliados a las AFP”.
Agregó que para que se puedan emitir los bonos, en Colombia existe el marco normativo que debe ir acompañado de institucionalidad alrededor de las concesiones y de un estricto cumplimiento de contratos.
Ante la intención del Gobierno, el expresidente César Gaviria Trujillo opinó que el país necesita doblar su capacidad en materia de infraestructura vial y consideró que la participación de las AFP es una buena herramienta. “Hoy hay recursos abundantes y la ANI le puso atención a la parte fiscal, que está mejorando a mucha velocidad”, dijo el exmandatario. Mientras tanto, el presidente de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (Fiap), Guillermo Arthur, recalcó que aún hay mucho espacio para invertir en infraestructura y reveló que en los últimos años las AFP han financiado obras por US$60.000 millones en Latinoamérica.

Más edad no es la solución en pensión


El espectador.com,  Redacción Negocios, abril 27
De cara a la próxima reforma pensional, experta en demografía opina.
En medio de propuestas por parte del sector privado y de la academia de cara a la próxima reforma pensional que busca presentar el Gobierno ante el Congreso de la República en el segundo semestre de este año, expertos en demografía observan que la población colombiana cada día envejece más.

Pilar Urdinola, experta en demografía y docente de la Universidad Nacional, asegura que los colombianos están viviendo más tiempo, pese a que “muchos hombres están muriendo entre los 20 y 40 años y las mujeres entre los 20 y los 30 años”. Agrega que el Gobierno quiere incrementar la edad de jubilación, ya que las arcas pensionales no aguantan más (según el ministro de Trabajo, Rafael Pardo Rueda, la deuda asciende al 116% del PIB).
Agrega Urdinola que, de cara a una reforma pensional, el Gobierno debería enfocarse en incrementar la cobertura pensional hasta un 90% de la población, al igual que se hizo en salud, y no en aumentar la edad de jubilación, lo que se consideraría impopular.
Mientras tanto, el jefe de la cartera de Trabajo, Rafael Pardo, sostiene que de 16 millones de colombianos afiliados a fondos de pensiones, sólo seis millones de personas son cotizantes activos y el monto restante, inactivos. “Eso tiene que ver con el mercado laboral. El 85% de los subsidios que se dan está fortaleciendo al 20% de la población”.
Según Pardo, desde 2014, cuando entre a regir del todo el Acto Legislativo 01 de 2005, se va aplanar el gasto pensional. Sin embargo, alerta que en 2014 vendrá también el gasto más alto en pensiones (4% del PIB), de acuerdo con estimaciones del Ministerio de Hacienda.

sábado, 28 de abril de 2012

Beneficios Económicos pensionales entrarán en vigencia el próximo trimestre



Por: Elespectador.com, abril 27

Beneficiarán a 8 millones de personas que hayan alcanzado el número de semanas cotizadas.

El presidente de la República, Juan Manuel Santos,  anunció que los Beneficios Económicos Periódicos (BEP) que está alistando el Gobierno y que busca beneficiar a 8,8 millones de personas con ingresos menores a un salario mínimo entrarán en vigencia a más tardar en los próximos tres meses.

Los BEP buscan beneficiar también a las personas afiliadas al Sistema General de Pensiones que al cumplir la edad de pensión no han completado el número de semanas cotizadas. El anuncio fue hecho durante el V Congreso de Asofondos.

“Queremos generar cambios en el sistema de pensiones. La Nación paga $28 billones para el faltante en materia de pensiones, lo que equivale al 4% del PIB (producto interno bruto). Esto está dirigido a 1,4 millones de colombianos”, dijo Santos quien agregó que las pensiones implican subsidios regresivos que no coinciden con los aportes hechos en lavida laboral.

Según cifras del Ministerio de Trabajo, hay 6,2 millones de afiliados de los regímenes de prima media y de ahorro individual que están cotizando actualmente. Entre tanto, 11,3 millones de personas pertenecientes a los dos regímenes son afiliados pero no son cotizantes.

De acuerdo con datos de esta cartera, durante el último trimestre del año pasado el 89,6% de la población ocupada estaba afiliada a la seguridad social en salud, mientras que el 28,6% de trabajadores estaba vinculado a pensiones.

Aumentar edad de pensión ¿Perjudicial para los más pobres?


Usuarios de redes sociales temen no poder disfrutar de su pensión, después de años de trabajo.

Tras la petición de la ANIF (Asociación Nacional de Instituciones Financieras) para incrementar en cinco años la edad para poder recibir la pensión, usuarios de Twitter y Facebook expresaron su desacuerdo al respecto. Especialistas dieron su visión de la solicitud de la institución.
Según el DANE, la esperanza de vida de los colombianos entre 2005 y 2020, oscila entre los 74 y los 76 años; la propuesta plantea que las mujeres se pensionen a los 62 años y los hombres a los 65.
Datos de la misma institución confirman que más del 20% de los jóvenes colombianos entre 10 y 19 años ya trabajan. Cifras para pensar.
Oscar Godoy, especialista en pensiones y asesor financiero explicó que la ANIF busca darle "respiración artificial" al Seguro Social, pero no sabe “qué otras intenciones” tenga. Aseguró que una alternativa, es aumentar el monto de cotización o la disminución de los beneficios para los empleados.
Entre las soluciones y propuestas de usuarios de redes sociales, estaba la de Andrés Correa quien asegura que “nunca se podrá pensionar un joven profesional y aún así lo explotan laboralmente. ¡Emprender es la solución!” y Pao Ruotainstó a los demás tuiteros a no aportar.
De prestarse atención a la solicitud, el impacto caería sobre los estratos más bajos. “Pierde la población vulnerable del país. Los adultos mayores de estratos uno, dos y tres quieren y necesitan seguir trabajando, no tienen opción”, dijo el asesor financiero.
“También hay un problema cultural de pago de impuestos y corrupción en el sistema pensional. Si hay desvío de recursos, se sostendrá el déficit. Soluciones como la que plantea la ANIF son pañitos de agua tibia”, sentenció Godoy.
Indignado por la propuesta de la ANIF, Diego Fernando Duqueno se declaró sorprendido y dijo que “el sector financiero, queriendo desangrar hasta la dignidad de la vejez de los colombianos por su ganancia, es el colmo”. Julián Buitragoincluso afirmó que “el subsidio más aberrante es el de las pensiones millonarias a magistrados, jueces y congresistas”.
Godoy subrayó que el pronunciamiento no solo impacta al sistema, sino también la confianza de los aportantes, entre quienes domina el escepticismo sobre la posibilidad de pensionarse y la esperanza de una vejez digna se hace más distante.
“Hay quien dice que estoy muy vieja para que me contraten, pero muy joven para pensionarme. No hay equidad en la edad”, trinó Lcc, una de las tuiteras que encuentran lejano el sueño de disfrutar los frutos de su trabajo.
Adultos mayores, sin garantías laborales
Para Adriana Patricia Sierra, salubrista pública y analista de políticas públicas, las políticas públicas deben orientarse hacia una garantía de un envejecimiento saludable. En este sentido, “se hace necesario que haya una planificación regida por las necesidades de la población en general, para mejorar la calidad de vida de todos”.
Según ella, una de las implicaciones de la prolongación de la edad de jubilación en cinco años es que no hay suficiente oferta laboral para este grupo de personas, de manera que entran a competir con los más jóvenes. Esa es la rázón para la informalidad entre adultos mayores. A través de Facebook, Elii Espiitiia señaló que “no hay garantías laborales para personas mayores de cuarenta años, porque hasta eso se discrimina”.
La especialista aclara que para Naciones Unidas son adultos mayores las personas que tengan 60 años en adelante y que, “en países desarrollados, pueden parecer jóvenes dadas las buenas condiciones de vida. Sin embargo, en países en vías de desarrollo como Colombia, estas personas pueden reflejar condiciones de vida que limitan el envejecimiento saludable”.
De acuerdo con un sondeodel ELTIEMPO.COM en esa red social, el 71,56% cree que cincuenta años es la mejor edad para pensionarse, seguido por el 18,28% para cincuenta y cinco años y 5,62% para sesenta. Varios, con sentido del humor, sugirieron pensionarse a los veinticinco y treinta años.
Sergio Lacrimosa Wiccase trazó varios propósitos: “voy a dejar de fumar, de tomar, (…) voy a cuidarme a ver si logro llegar a los 65 para la pensionsita. ¡Me siento motivado!". Un poco de humor mientras se define los alcances de lapetición de la ANIF.
NATALIA GÓMEZ / DINAMIZADORA DE REDES SOCIALES

Piden subir a 65 años la edad de pensión en Colombia


Portaflio.com,  abril 27 de 2012 


Jorge Sicilia, Economista Jefe del BBVA Research; Alcides Vargas, presidente de Colfondos, y Luis Oganes, jefe de investigación de J. P. Morgan para A.Latina.

En el Congreso de Asofondos, expertos plantearon que en la reforma que alista el Gobierno, disminuya la tasa de reemplazo.

El Gobierno reiteró que sí impulsará una reforma al sistema pensional colombiano y no se limitará al régimen de prima media, como el que administra el Seguro Social, sino que incluirá al de los fondos privados.
Sin embargo, el ministro del Trabajo, Rafael Pardo, quien lidera el ajuste, no les adelantó ni una sola línea de esa reforma a los asistentes al V Congreso Internacional FIAP-Asofondos, que finalizó ayer, porque, explicó, están concentrados en los Beneficios Económicos Periódicos (BEP), que hacen parte del programa de protección del adulto mayor.
En cambio, los expertos invitados a este Congreso sí le ‘tiraron’ línea al Gobierno, concentrada en los cambios al régimen de prima media.
Olivia Mitchell, directora del Departamento de Seguros y Riesgos de la Escuela de Wharton, Universidad de Pensylvania, afirmó que ante el claro aumento en la longevidad de las personas y la disminución en la tasa de fertilidad, los sistemas públicos “no tienen muchas alternativas”.
Para ella, la receta es ahorrar más, revisar las edades de jubilación y las tasas de reemplazo que llegan a niveles hasta del 80 por ciento, y que los fondos se protejan ante el riesgo de la extralongevidad.
Advirtió que si no se hacen esas reformas, “seguiremos viendo cómo el costo de los sistemas pensionales financiados por los Estados se seguirá consumiendo el PIB y siendo insostenibles fiscalmente”.
En Colombia, según las cifras oficiales más recientes, el presupuesto nacional le dedica 17 billones –y no los 25 billones de los que se hablaba hasta hace pocos días–, al pago de pensiones del RPM.
El presidente de Anif, Sergio Clavijo, insistió en su propuesta de cerrar el RPM, taponar los regímenes especiales, darles fin a los llamados carruseles pensionales, aumentar la edad de pensión y reducir la tasa de reemplazo (la proporción del ingreso sobre el cual se calcula la mesada). Más claro: prohibir nuevas afiliaciones al Seguro Social (o Colpensiones, que será su reemplazo), con lo cual al cabo del tiempo se extingue el RPM, ya que, señaló Clavijo, “es una vena rota que se está hinchando”; subir la edad de jubilación a 65 años (a partir del 2014 será de 57 y 62 años para mujeres y hombres, respectivamente), y fijar una tasa de reemplazo inferior al 60 por ciento.

jueves, 26 de abril de 2012

A donde debe ser


Por: Elespectador.com

Una verdadera batalla jurídica y política se ha gestado en el país alrededor del caso del denominado "carrusel pensional", vivido presuntamente dentro del Consejo Superior de la Judicatura.

Es una cuestión que, de ser comprobada, sería muy grave: el reajuste injustificado de las pensiones de algunos funcionarios de la Rama Judicial, que llegan a sumar la nada despreciable cifra de 13 mil millones de pesos. No sólo una burla al Estado de Derecho, sino un insulto a la situación que vive Colombia, el segundo país más desigual del hemisferio. Hasta en los rincones más insospechados se oyen las quejas de ciudadanos corrientes que no tienen pensión y que se sienten indignados con esta situación particular.
Estamos todos, pues, a la espera de que se llegue hasta el fondo del asunto y se reivindique una situación justa, que sea compatible con un régimen pensional legal. Hace poco, sin embargo, un grupo de conjueces del Consejo Superior de la Judicatura decidió que los procesos adelantados por la Contraloría, en cabeza de Sandra Morelli, iban a ser trasladados al despacho de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, por tratarse de aforados. La contralora Morelli ha sido una funcionaria cuestionada por muchos frentes —algunos incluso llegan a decir que no ha investigado en ciertos lugares que lo merecen—, pero que ha dado algunas batallas que han merecido, también, cierto reconocimiento. Sospechoso, a juicio de muchos, que fuera el mismo órgano investigado el que profiriera la decisión.
En su momento nos pareció prudente no cuestionar esta decisión por tratarse de un fallo judicial. Sin embargo, sí dijimos que la Comisión de Acusación de la Cámara es un organismo que se ha destacado por no tener efectividad alguna a la hora de juzgar funcionarios. La historia los precede. Como corolario al debate actual, esta es una oportunidad para darle un nuevo enfoque a este órgano conformado por congresistas y que el país siente que debería ser reformado de alguna forma.
Ahora, el Consejo de Estado ha decidido que los casos de supuesta corrupción en el otorgamiento de pensiones no merecidas debían ser devueltos a su seno natural: la Contraloría General de la República, por tratarse éstos de asuntos fiscales y manejo del presupuesto. Nada fuera de lo común. La Constitución lo manda. Es una facultad de la Contraloría investigar a cualquier funcionario público por los manejos del presupuesto del Estado.
Enhorabuena este último fallo. El precedente contrario era nefasto, ya que muchos funcionarios podrían cobijarse bajo él para dar a parar a la Comisión de Acusación y obtener, lamentable decirlo, un fallo favorable. Una decisión judicial tiene dos efectos, lo hemos dicho: el primero es elaborar una cosa juzgada entre las partes y el segundo es sentar un precedente político, dependiendo de la magnitud de los hechos. Ese fallo, ahora revocado, podría provocar que todos los funcionarios se sintieran en la libertad de huirle a la Contraloría, tal y como lo mencionó en su momento la propia Sandra Morelli.
Para el Consejo de Estado, que se demoró un poco, a pesar de esto, un aplauso. Ahora falta que los representantes de la Comisión acaten el fallo de una forma razonable y rápida para que este escándalo, que con el correr de los días se hace más grande, llegue a una verdad, se devuelva a la Contraloría General de la República y se pueda absolver o condenar a los implicados en él.


Cartel pensional en magisterio compromete a secretarios de Educación

Por: Elespectador.com

Así fue denunciado en el Senado donde fue advertido que se están dando embargos en muchos municipios para presionar pagos de pensiones ilícitas.

Senado de la República
Foto: Archivo
Senado de la República.
Un nuevo capítulo se escribe ahora acerca del carrusel de las pensiones en el sector educativo, el cual fue denunciado el pasado lunes por el Gobierno Nacional.
Ahora, en el Senado se conoció que desde 2008 y hasta la fecha, se han venido pagando pensiones ilícitas “gota a gota”, en concupiscencia con algunos secretarios de educación departamental; al menos al parecer así sucedió en Córdoba.
Así lo señaló el presidente de la comisión séptima, el senador Antonio Correa, quien sostuvo que hasta con el ‘beneplácito’ de algunos funcionarios del nivel central se han pagado irregularmente pensiones a maestros que ya están muertos y que nunca dieron poder a abogados.
Además, Correa llamó la atención al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio porque no es claro cuál ha sido la defensa que ha tenido a favor del Estado para evitar que a través de embargos se presionen esos pagos.
En ese sentido, el senador le recordó al Fondo que ya hay sentencias constitucionales que evitan que los recursos del presupuesto de los municipios y losdepartamentos sean embargados.
Finalmente, el legislador habló de un cartel que se formó para hacer cobros desmedidos y para saquear las finanzas del Estado. “Cogieron a maestros que no estaban contemplados en la normatividad para esos desembolsos, se hizo el procedimiento de manera irregular ypor eso se da el desangre”, indicó.
Entre tanto, hay otros maestros que sí deberían estar recibiendo esos pagos por pensiones pero un cartel de abogados, jueces, secretarios de educación y hasta funcionarios del nivel central, les exigen grandes cantidades de dinero por sacarles sus mesadas.

domingo, 22 de abril de 2012

La inequidad no se da silvestre


Privatizaciones, un mecanismo perverso,


Por: Eduardo Sarmiento

La globalización se ha convertido en factor de desigualdad mundial.

El presidente Santos se manifestó avergonzado por los índices de desigualdad de Colombia, pero no avanzó en la explicación de las causas ni en las soluciones. La dolencia no se dio silvestre.
La globalización ha sido factor de inequidad mundial. La competencia internacional para colocar los productos puso los salarios por debajo de la productividad y aumentó las ganancias empresariales. Por lo demás, el desmonte de la protección a los bienes de menor contenido tecnológico amplió la brecha entre trabajadores calificados y no calificados.
Los aspectos anteriores se acentuaron en Colombia por el predominio de la minería, sector que ocasiona las mayores ganancias del capital y el menor empleo, y los servicios, que generan la mayor parte de la ocupación en la informalidad. El resultado ha sido una estructura económica que reduce los ingresos del trabajo en el PIB y amplía la informalidad.
El otro aspecto son las privatizaciones. Telecom, Ecopetrol, las electrificadoras y las empresas de servicios públicos se entregaron a menos de la tercera parte del valor real. Por otra parte, los inversionistas adquieren poderes monopólicos que emplean para establecer los precios por encima de los costos o suministrar servicios de mala calidad a los sectores menos favorecidos. El sumo se dio en Telecom y en las empresas de salud (EPS), donde los gobiernos han intervenido con sumas billonarias para subsanar las pérdidas de las empresas y mantenerlas en pie. Así, las privatizaciones se han convertido en un mecanismo perverso de traslado del patrimonio público a los consorcios nacionales e internacionales.
A todo esto se agrega la política pública, que incumple el mandato constitucional de la progresividad tributaria y la prioridad del gasto social. La contribución tributaria relativa de los estratos medios y bajos es similar a la de los altos. El presupuesto nacional se destina en una gran proporción al gasto militar, la infraestructura física y los subsidios al capital y las pensiones, que favorecen a los sectores más pudientes. Las transferencias regionales se reducen a la salud y la educación, y en ambos casos el gasto por estudiante y paciente es muy inferior al de los países avanzados de América Latina. El gasto público que llega al 50% más pobre no corresponde ni a este porcentaje y los presupuestos regionales no son ni la mitad del nacional.
En síntesis, el deterioro de la distribución del ingreso en las últimas dos décadas se encuentra en la globalización, la prioridad de la minería, privatizaciones y estructura fiscal. Algo similar se advierte en la información de América Latina recopilada por la Cepal.
Todos los países de la región experimentaron un gran deterioro de la distribución del ingreso en la década del 90, cuando se aplicaron en forma en todo su rigor las reformas neoliberales. Asimismo, se advierte que los países que se apartaron del modelo del Consenso de Washington lograron revertir la tendencia y compensar parte del deterioro. El caso más ilustrativo es el de Argentina, que pasó de un coeficiente Gini de 0,50 a 0,58 durante la década del 90, y lo redujo a 0,51 en los últimos 10 años. En contraste, Colombia experimentó uno de los mayores retrocesos en la década del 90 y continuó en la misma dirección en la primera década de 2000.
La información comparada de la región en las dos últimas décadas revela que los grandes cambios en materia de equidad fueron determinados por los modelos económicos. Las transferencias presupuestales pueden aminorar los efectos del libre mercado, pero nunca contrarrestarlos en su totalidad. Por eso, el país no sólo tiene que avergonzarse por los índices de distribución del ingreso, sino reformar el modelo económico que los causa.

miércoles, 18 de abril de 2012

La Comisión de Acusación devolverá caso del 'carrusel de pensiones

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Contralora Sandra Morelli
Contralora Sandra Morelli.

El presidente de la Comisión, Germán Blanco, se reunirá hoy con la contralora Sandra Morelli.

Aunque inicialmente anunció que se negaría a hacerlo, a las 11:30 de la mañana de hoy el presidente de la Comisión de Acusación, Germán Blanco, tiene previsto reunirse con la contralora Sandra Morelli para devolver formalmente la investigación fiscal contra cuatro magistrados de la Judicatura por el escándalo del 'carrusel' de pensiones.

La decisión fue tomada anoche por los tres representantes investigadores que estaban al frente del caso, en acatamiento de la decisión del Consejo de Estado que dejó en claro que las investigaciones fiscales en Colombia están solo en cabeza de la Contraloría. (Lea también: Indagación por 'carrusel de pensiones' vuelve a la Contralora).

De haberse negado, habían advertido el exmagistrado Pablo Cáceres y el mismo Gobierno, los congresistas se exponían a una investigación penal en la Corte Suprema y a un proceso de pérdida de investidura en el Consejo de Estado, por resistirse a acatar la orden de una autoridad legítima.

Germán Blanco, presidente de la Comisión, habló con EL TIEMPO sobre el giro en el proceso.

¿Por qué primero dicen que no y luego deciden regresarle la investigación fiscal a la Contraloría?
Porque creemos que estamos ante un caso de conveniencia pública, en el que los recursos y los medios para mantener la investigación están en la Contraloría; adicionalmente, ya se había actuado en algunos casos y además hay unanimidad en el triunvirato investigador en que se remitan los expedientes a ese organismo de control.

¿Se sienten derrotados?
No, para nada. Lo que vamos a pedirle a la contralora Sandra Morelli es que tenga un poquito de respeto por la Comisión de
Acusación, que se refiera en unos términos muy normales, si es que no le gusta la Comisión. Ella representa un poder muy importante, que es el poder fiscal, y nosotros merecemos ser bien tratados desde la palabra y desde sus conceptos.

¿Esta decisión se extendería a las denuncias que hay en la Comisión contra más de 200 magistrados de las altas cortes
por los mismos hechos?

Sí, en lo que se refiere a investigaciones fiscales.