sábado, 30 de noviembre de 2019

Ecos y Voces de ayer y hoy de nuestros.....

http://jujogol.blogspot.com.co/diciembre 1 de 2019
Por: Juan José Orrego López


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Al mirar lo que ha venido sucediendo en Colombia, después del paro del 21 de noviembre, deja grandes enseñanzas acompañado de enormes desilusiones o desencantos, si es posible llamarlo así, atreviéndome a señalar, que el o los grandes culpables de todo esto que, viene sucediendo, somos los 48 millones de colombianos.

Se ha Elegido y Reelegido siempre con algunas excepciones a los mismos actores o castas familiares políticas, unos excelente y otros cuestionados,  que con el transcurso de los años, han creado y moldeado una estructura estatal al servicio de ellos, generando protección a sus amigos y patrocinadores y olvidando otras, mezclando con esos actos administrativos el futuro económico de la nación, con beneficios millonarios propios para pocos y terceros, ejemplos, pensiones, salud,  desajustando las finanzas de la nación y un futuro duro a millones de colombianos, que hoy sienten los daños, del olvido o retraso, de labores establecidas en la constitución del 91, como es lo que hoy reclama la sociedad civil, esa Deuda social y Empresarial que no la atendieron a tiempo.

Esas voces de líderes cuando en campaña llenaban plazas públicas prometiendo sueños y fantasías, por el paro, florecen voces nuevas desconocidas para muchos que han movido al país, como  artistas, cantantes, músicos, profesionales independientes, nueva generación, que han asustado a varios líderes, acudiendo muchos de ellos, a un oportunismo y populismo barato y peligroso, con unos procedimientos que realmente demuestran que esas voces que reconocían aclamados ante el pueblo, hoy han demostrado, una Escasez Profesional e incapacidad para aportar ideas y soluciones, positivas, colectivas, concretas y viables, para Superar y afrontar estos Momentos Incómodos que hoy vive el país.

Millones de ciudadanos incluidos los que nunca han votado, manifiestan rechazo, pues es inaceptable, la existencia de Lideres, sindicalistas, empresarios que dicen representar a los colombianos, cuando no lo son, pues sus conductas, demuestran ser las personas no adecuadas, pues el sentirse Felices o disfrutando con el paro como la Estrategia Ideal para ganar adeptos, sin importarle los daños a miles de ciudadanos inocentes, no sindicalizados, empresarios y la misma nación, no merecen el calificativo de ser verdaderos voceros de los colombianos, pues lo que han generado con sus actos, es más desconfianza.  

Aunque se rechace con calificativos no agradables a unos legisladores, legalmente y en función de tiempo y espacio, los verdaderos representantes y actores para tramitar, escuchar, enfrentar, aportar y solucionar esta Deuda Social y Empresarial y darle una mayor cara a la nación con piso jurídico, es el Gobierno y congreso.

Es el momento, donde en forma conjunta no solo se debe resolver esa Deuda Social Pendiente, como también acabar, lo que ocasiono este daño o retraso, que es malestar de años en la ciudadanía, como es la obligación de revisar, eliminar y modificar a fondo y en forma Urgente, la Ley 5 del 92, el Reglamento Del Congreso, en especial los artículos del tiempo de labores de secciones, meses, días y semanas, entre otros artículos, pues con una población creciente e insatisfecha, mayor desempleo juvenil, necesidades sin definir y con el mismo tiempo y reglamento sin querer modificar para las nuevas reformas y labores a futuro, lo que se generaría, es más Fastidios Sociales e innumerables Inconformismos, Malestar que se Evitaría en forma inmediata, por una simple decisión que solo depende y se requiere de ustedes, Gobierno y Congreso, es la voluntad y deseos de querer modificar la ley a fondo y eliminar lo que incomoda a millones de colombianos, que de hacerlo, los grandes ganadores serían ustedes mismos ante la nación.

La Grandeza de los Hombres y de los lideres se conoce, en los momentos difíciles, por el Apoyo que Ofrece a su Aliado u Opositor en forma desinteresada, el reconocer errores cometidos pasados, o funciones dejadas de hacer en el pasado.

Si nos atrevemos a estimar, comparar y calcular a Valor Presente los daños económicos que ha generado esa Deuda Social y Empresarial por no haber sido Tramitada a Tiempo en el Congreso, hoy, los responsables serían otros y sus valores de daños incalculables.


JUAN JOSÉ ORREGO LÓPEZ



Reflexiones al tema pensiones


miércoles, 27 de noviembre de 2019

Hda Publica:..Devolver IVA a familias más pobres de la población, propuesta en reforma tributaria


elespectador.com/, 25 Nov 2019

Jorge Sáenz V. jsaenz@elespectador.com

Getty Images

La sobretasa a los bancos se hará efectiva desde el año gravable 2019, con la declaración de renta, y esos recursos tendrán que destinarse a la construcción y mantenimiento de las vías terciarias.

Devolver el IVA a las familias más pobres del país, tres días sin IVA para incentivar el consumo, eliminar el impuesto al consumo para la compraventa de viviendas, anticipar el pago de la sobretasa al sistema financiero y medidas encaminadas a generar empleo son parte del rosario de propuestas que serán incluidas en la reforma tributaria que el Gobierno llevará al Congreso, al parecer esta misma semana. La iniciativa debe ser aprobada antes de que finalice 2019 para que entre en vigencia el siguiente año.

Representantes del Centro Democrático propusieron al Gobierno devolver el IVA a los colombianos de muy bajos ingresos por un monto que actualmente se estima en $1,7 billones. “Devolvérselos mensualmene con un cheque para probar que eso sí se podía”, dijo el Representante a la Cámara, Óscar Darío Pérez, del Centro Democrático.


La fuente de esos recursos puede ser a través de la implementación de la factura eléctrónica, que va a dar un mayor valor del recaudo. Otra fuente propuesta está relacionada con la devolución del IVA en la importación de bienes de capital, “que no sea del 100 % sino del 75 % y ahí quedan $1,7 billones para devolverle a los más pobres el IVA. Ese es un muy buen mensaje”, dijo el representante Pérez.

Otra iniciativa que se abre paso para ser incluida en la ponencia de la reforma tributaria tiene que ver con los tres días sin IVA para la reactivación del comercio y dinamizar el consumo. “Tres días sin IVA es algo que va a beneficiar el consumo y a motivar a las personas para que tengan un mayor ahorro”, indicó Richard Aguilar, senador santandereano de Cambio Radical. La propuesta se abre paso para ser implementada en el mes de octubre.
La sobretasa al sistema financiero, una iniciativa polémica que causó desconcierto en el sistema financiero y con la que, en principio, el Gobierno estuvo en desacuerdo, ha tomado fuerza y se proyecta sea cancelada con la declaración de renta de 2019. Los recursos que se obtengan con esta sobretasa irán para la construcción y mantenimiento de las vías terciarias. Para las placas huellas se van a invertir $700.000 millones en 2020, según el senador Aguilar.

Pese a estas iniciativas, el Ministerio de Hacienda destaca que la ahora llamada Ley de Crecimiento “no tiene muchos remiendos, mantiene la filosofía de la reforma que hoy está rigiendo de la Ley de Financiamiento. Estamos mejorándola, profundizándola para generar más empleo y más crecimiento”, dijo el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño.

Otras propuestas

-Se aclara el pago del doble IVA que se venía causando para las zonas francas. Cuando se importa materia prima y sale de la zona franca, no se justifica cobrar dos veces ese impuesto para tener que devolverlo.  

-Quedan exentas de IVA la compra de bicicletas eléctricas con un valor por debajo de $1,750.000 pesos; no quedan exentas las autopartes, sólo el vehículo como tal.

-Se elimina el 2 % del impuesto al consumo para las viviendas, lotes, edificios, bodegas e inmuebes en general de más de $918 millones. Ese tributo había frenado la comercialziación de propiedad raíz.
-Se devuelve el beneficio tributario a los empeados de la rama judicial al indicar que parte de su salario se considera gastos de representación.
-Se unificó el impuesto a los dividendos y las remesas en 10 % y se estipuló que el componente inflacionario no constituye deuda.
-En materia de la DIAN se fortalece la figura del defensor del contribuyente para que se extienda al tema aduanero y se extingue la acción penal de los deudores, independiente del monto, siempre y cuando pague; antes era de $8.000 millones para arriba y para abajo.

-El senador Aguilar explicó que se van a flexibilizar las inversiones es en el sector agropecuario. Antes, la exención era de renta cero por 10 años si se realizaban inversiones de mínimo $800 millones; ahora la inversión mínima será de $50 millones para incentivar a los pequeños y medianos empresarios que generen empleos. Creció el número de puestos de trabajo para poder tener derecho al beneficio cuando la inversión es en el sector agropecuario.

-Se aumentó el número de empleos para las mega inversiones. Para que los inversionistas tengan el beneficio tributario de pagar una tarifa del impuesto sobre la renta de 27 % tiene que generar mínimo 300 empleos directos y se mantuvo el monto de inversión.

-Se amplió el radio de acción de las empresas interesadas en acometer obras por impuestos. Se acelera el desmonte de la renta presuntiva.
-Se facilitan los acuerdos de pago con la Dian y se aclara que la tasa al turismo grava a los extranjeros.
Esta semana será presentada la reforma tributaria y en la siguiente semana comenzarían las discusiones en las comisiones económicas para ser aprobada antes de que termine la actual legislación. "Estamos confiados en que tenemos un buen proyecto y que el Congreso así lo ha visto”, dijo el viceministro Londoño.


Reflexiones al tema pensiones

Hda Pública: El enredo con las vigencias futuras

elespectador.com/26 Nov 2019 
Paula Delgado Gómez - @PaulaDelG

Getty Images

ESTE AÑO SE PAGARÁN $2,3 BILLONES
El propósito del Gobierno de hacer uso del dinero que no han utilizado las concesiones viales podría verse truncado por la negativa de los bancos a modificar el cronograma de los pagos.
La falta de infraestructura ha sido históricamente un cuello de botella para el desarrollo y la competitividad en Colombia, a pesar de tratarse de un bien que puede resolver la mayoría de los problemas urgentes del país. Un cálculo de Fedesarrollo llegó a la conclusión de que un aumento de la inversión en las obras civiles empujaría el crecimiento de la economía hasta en 0,7 puntos porcentuales en el mejor de los casos.

Los últimos gobiernos decidieron darle un lugar importante a este problema en su lista de prioridades y, en el afán por resolverlo, inyectaron billones en recursos públicos. Esos compromisos dejaron desfinanciado el sector transporte y su funcionamiento de aquí a 2040. Las alarmas se encendieron este año, cuando el presupuesto de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que es la entidad encargada de estos contratos, creció 56 %, mientras el Instituto Nacional de Vías (Invías) pasó de recibir $2 billones a $400.00 millones.
La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, anunció en octubre que se sentarían con las empresas que conforman las concesiones, es decir, las encargadas de la construcción y la operación de los corredores, para revisar la posibilidad de restituirle a la nación las vigencias futuras que se han transferido a los proyectos en los casos en que las obras están atrasadas.
Las vigencias futuras son una autorización que tiene el Estado para asumir compromisos que se pagarán en los años siguientes con el presupuesto general. Aunque la figura se creó hace más de 20 años, tomó fuerza en la década pasada, con el boom de la infraestructura, pues, por tratarse de proyectos que se ejecutan a largo plazo, el Gobierno se podía permitir reservar con antelación un porcentaje del dinero que maneja cada año para ir pagando la obra.
En los contratos de la última ola de concesiones viales (4G), que comenzó en 2012 con la definición del régimen jurídico de las asociaciones público-privadas (APP), quedó establecido que los proyectos se dividirían en unidades funcionales y que, por tratarse de una modalidad que no reconoce anticipos, el contrato se liquidaría progresivamente en la medida en que el contratista pusiera en servicio esas unidades.
El Ministerio de Hacienda reveló que desde entonces el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) ha autorizado al Gobierno un monto máximo que puede comprometer cada año para el pago de dichos contratos. Ese valor comenzó en $1,7 billones en 2016 y está proyectado hasta 2040, cuando se transferirán más de $600.000 millones. Para este año se pagarán $2,3 billones en vigencias futuras, 53 % más de lo asignado en 2018 ($1,5 billones). Sin embargo, la suma de los compromisos tocará su punto más alto en 2027: $4,37 billones.
Según el Banco Mundial, desde 2013 en Colombia se disparó la inversión privada en el sector transporte, pero ese mismo año comenzó a caer la destinación de dineros públicos para tal fin, de acuerdo con el Ministerio de Transporte.
Dado que algunos proyectos tienen retrasos importantes, pero se ha seguido reservando el dinero para los pagos pactados anualmente, el Ministerio de Transporte revisó la posibilidad de disponer de esos recursos, que se depositan en una fiducia mientras se normaliza la ejecución de las obras. Aquí figuran, por ejemplo, la vía Santana-Mocoa-Neiva, que debía haberse terminado para esta fecha y apenas va en el 5,2 %, o la transversal del Sisga, que según cronograma debería tener un avance de 99,5 % y está en 40,7 %.
Hasta el momento no se conocen mayores detalles. El Ministerio de Hacienda se negó a dar declaraciones sobre el tema y el Ministerio de Transporte no quiso entregar datos más allá de la confirmación del inicio del proceso con las concesiones para liberar recursos. Hace un mes, el entonces viceministro de Infraestructura, Manuel Gutiérrez, hoy presidente de la ANI, explicó que el proceso consistía en cambiar la fuente de pago, lo cual “implica que se aplazan los pagos tres o cuatro años, pero no se afecta el modelo financiero”, aunque sí involucra modificaciones contractuales.
Por su parte, la ministra Orozco señaló que estaban revisando las posibilidades y que próximamente harán pública la meta del monto de vigencias futuras que esperan se restituya al Estado, pues, comentó, de otra forma no será posible firmar nuevos contratos de APP: “Tengo hipotecado el presupuesto hasta 2040 por vigencias futuras. No tengo un peso”.
Una persona vinculada a una de las concesiones viales, que pidió no ser nombrada, le confirmó a El Espectador que el Gobierno le propuso pagarle con títulos de deuda pública (TES) las vigencias futuras de un proyecto en curso que están próximas a vencerse. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aseguró en el marco del XVI Congreso Nacional de la Infraestructura que, desde el punto de vista financiero, las vigencias futuras eran costosas para el Estado y las comparó con los TES, para concluir que no tenían un diferencial de precio, pero sí un efecto fiscal diferente.

Sin embargo, este diario supo de otra concesión a la que se le planteó la opción y, aunque estuvo de acuerdo con ella, no pudo materializarla. Los pagos y plazos de las vigencias futuras no sólo quedan en el contrato entre el Gobierno y la concesión, también se especifican como respaldo en el contrato bajo el cual una entidad financiera le otorga a la empresa un crédito para ejecutar la obra, lo que implica que el visto bueno lo podría terminar dando el banco. Esta podría ser una de las mayores trabas al propósito del Gobierno de obtener la restitución de esos dineros.
De cualquier forma, el Gobierno debe encontrar la manera de impedir que la bola de nieve crezca. Por un lado, amarra el uso del presupuesto a unos cuantos proyectos, pues el próximo año más del 60 % de las vigencias futuras serán para el sector transporte, pero para 2025 su participación superará el 80 %. Por otro lado, queda atado de manos para seguir avanzando con nuevas inversiones, dado que en el marco fiscal de mediano plazo de 2019 se evidencia que sólo se liberará espacio para generar nuevos compromisos en transporte a partir de 2024, y antes de esa fecha la disponibilidad de recursos no superará el billón de pesos anuales.
Incluso los integrantes de la comisión de expertos en infraestructura advirtieron que el alto nivel de compromisos en vigencias futuras, principalmente en el programa 4G, “limita el margen de maniobra y la posibilidad de aumentar, e incluso de preservar, los rubros de inversión en el sector”.
El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, cree que la reprogramación de vigencias futuras es posible fiscalmente y tiene sentido cuando un proyecto tiene demoras por razones exógenas, como la falta de licencias o que no se haya surtido el proceso de consulta previa, "siempre y cuando se garantice hacia adelante cómo se van a hacer esos pagos manteniendo el cupo inicial porque de otra manera se podría poner en peligro el financiamiento; me imagino que eso es lo que está haciendo el gobierno, liberando los cupos para abrir un espacio fiscal".
La gran cantidad de dinero comprometido en vigencias futuras tomó por sorpresa a la actual administración nacional: “Desde que iniciamos este gobierno, encontramos que la situación fiscal nos imponía serias limitaciones en la disponibilidad de recursos para infraestructura”, dijo la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, al presentar el informe de la comisión de expertos en infraestructura la semana pasada.
Pero bajo el nuevo mandato las obras no se detuvieron. Por el contrario, se reactivaron las que estaban paralizadas, lo que permitió pasar de seis proyectos en funcionamiento a 22. Esto hizo que el rubro construcción de carreteras y de otras obras de ingeniería civil, dentro del Producto Interno Bruto del país, creciera por encima de 13 % en el segundo trimestre de este año, de acuerdo con cifras del DANE. Un incremento similar (12 %) mostró el Indicador de Inversión en Obras Civiles a septiembre de este año


Espejo retrovisor de Minhacienda resalta disparada deuda y debilidad fiscal:..https://www.elespectador.com/economia/espejo-retrovisor-de-minhacienda-resalta-disparada-deuda-y-debilidad-fiscal-articulo-808870



Reflexiones al tema pensiones

martes, 26 de noviembre de 2019

Ley 5 del 92: ¿Se acabó la feria de impedimentos en el Congreso?

elnuevosiglo.com.co/Noviembre 26, 2019 
Redacción Política

Foto archivo El Nuevo Siglo

El mismo día en que se sancionó una ley que aclara el régimen de conflicto de intereses, se presentó en el Capitolio Nacional una aglomeración de legisladores declarándose impedidos para discutir otra norma

Durante la aprobación del proyecto de ley que obliga a los bancos a entregar a sus usuarios tres servicios a cambio de la cuota de manejo, hubo un hecho que ya debería ser inusual: la Cámara tuvo que discutir más de 20 impedimentos que fueron presentados bajo el argumento de que los congresistas tenían cuentas de ahorro en los bancos o tenían créditos y a su juicio esto generaba conflicto de intereses.
Desde hace tiempo los impedimentos han sido una piedra en el zapato para la discusión de las iniciativas en el Congreso. Según la Ley Quinta, “todo senador o representante solicitará ser declarado impedido para conocer y participar sobre determinado proyecto o decisión trascendental, al observar un conflicto de interés”.
“El congresista deberá comunicarlo por escrito al Presidente de la respectiva comisión o corporación legislativa donde se trate el asunto que obliga al impedimento. Aceptado el impedimento el respectivo presidente excusará de votar al congresista”, dice la norma.
Interpretaciones equivocadas
Hay casos en los que este problema puede dar al traste con una iniciativa legislativa. En el aquí referido, el alud de impedimentos solo fue un tropiezo, porque al día siguiente el proyecto fue aprobado en último debate.
Durante la discusión de la iniciativa, el senador David Barguil, del Partido Conservador, les advirtió a sus compañeros que “los argumentos con los que presentan impedimentos los llevaría a que se declararan impedidos en el momento en que se vota el presupuesto nacional, porque esta ley toca rubros en sectores donde trabajan ustedes y sus familias. Dejar este precedente nos puede traer enredos en el futuro, no solo en la discusión del presupuesto, también de la reforma tributaria: nadie la puede votar porque toca los impuestos y ustedes tienen intereses en uno u otro sector”.
El senador les recordó a los otros congresistas que “ya ustedes votaron una ley para dar gratuidad a los servicios financieros y fue aprobada por esta plenaria. La Corte Constitucional ha sido muy clara: las normas de carácter general no conllevan a conflicto de interés. Ese raciocinio lo tendrían que plantear para otras leyes. Y ustedes están diciendo que hay conflicto de interés: no abran la puerta a interpretaciones equivocadas de la ley”.
En ese sentido, el representante por Bogotá, Germán Navas, del Polo Democrático, sostuvo que con esa discusión “cada día se pone más en duda la capacidad analítica de nuestros compañeros. Yo soy el autor de la ley que prohíbe a los bancos cobrar por retiros y los obliga a darles una opción gratuita a sus usuarios y no por eso me he declarado impedido. Yo sigo sacando dinero de los bancos sin pagar un peso y soy autor de esa disposición. Reto a mis compañeros a que pidan mi pérdida de investidura por haber votado esa ley, pero de lo contrario no cabe ningún impedimento. Si esto fuera así yo hubiera perdido mi credencial hace rato”.
Conflictos de interés
Lo particular es que ese mismo día el presidente Iván Duque sancionó la Ley 2003 de 2019 que modifica el régimen de conflicto de intereses y que busca delimitar los impedimentos en los que puede incurrir un congresista.
Según la norma, se entiende como conflicto de interés “una situación donde la discusión o votación de un proyecto de ley o acto legislativo o artículo pueda resultar en un beneficio particular, actual y directo a favor del congresista”.
Los conflictos de intereses se clasifican, de acuerdo con la ley en tres tipos: “Beneficio particular, beneficio actual y beneficio directo. El primero es aquel que otorga un privilegio o genera ganancias o crea indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor del congresista de las que no gozan el resto de los ciudadanos. Además que, modifique normas que afecten investigaciones penales, disciplinarias, fiscales o administrativas a las que se encuentre formalmente vinculado. El segundo, el que efectivamente se configura en las circunstancias presentes y existentes al momento en el que el congresista participa de la decisión. Y el último aquel que se produzca de forma específica respecto del congresista, de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”.
La ley respalda la tesis de Barguil, pues sostiene que el congresista no incurre en conflicto de interés cuando participa, discute o vota un proyecto de ley que otorga beneficios o cargos de carácter general, “es decir cuando el interés del congresista coincide o se fusione con las intereses de los electores”.
Otras causales por las que no se incurriría en conflicto de interés serían cuando el beneficio podría o no configurarse para el congresista en el futuro, o cuando el congresista discuta o vote proyectos de ley de carácter particular “que establezcan sanciones o disminuyan beneficios, en el cual el congresista tiene un interés particular, actual y directo. El voto negativo no constituirá conflicto de interés cuando mantiene la normatividad vigente”.
Igualmente, la ley es clara en no declarar el conflicto de interés cuando se discuten leyes “que regulan un sector económico en el cual el congresista tiene un interés particular, actual y directo, siempre y cuando no genere beneficio particular, directo y actual”.
Tampoco hay conflicto de interés cuando el congresista participa o discute proyectos de ley “que tratan sobre los sectores económicos de quienes fueron financiadores de su campaña siempre y cuando no genere beneficio particular, directo y actual para el congresista”. En ese caso el parlamentario deberá hacer saber por escrito que el artículo o proyecto beneficia a financiadores de su campaña. “Dicha manifestación no requerirá discusión ni votación”.
Cabe anotar que el proyecto de reducción del valor de los servicios bancarios no es el único que ha sufrido por la avalancha de impedimentos. Durante la discusión de la Ley de Modernización del sector TIC, en Senado, se presentaron 84 impedimentos, casi el número total de senadores presentes en el recinto. La dificultad no es solo el número de impedimentos, sino el trámite. Durante la votación del mencionado proyecto el Senado se demoró dos sesiones enteras en evacuar todos los impedimentos que fueron votados uno a uno y de manera nominal.
Habrá que ver si a partir de la implementación de la Ley 2003 de 2019 se reduce el número de impedimentos que, como ya se dijo, entorpece muchas veces la discusión de las iniciativas.

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sábado, 23 de noviembre de 2019

El despertar de un pueblo y oportunidad a sus dirigentes

www.jujogol.blogspot.com, noviembre 23 de 2019
Por: juan José Orrego López

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Recordando a Blas de Lezo y Olavarrieta, Almirante español (1689 – 1741):

“Una nación no se pierde porque unos la ataquen, sino porque quienes la aman no la defienden”.

El paro del 21 de noviembre, lo valoro como esa gran enseñanza o el despertar de un pueblo sano que, a pesar de sus adversidades, diferencias ideológicas, con un estado sin muchas soluciones estructurales sin resolver acompañado de unos líderes que han abusado del poder, entre otros motivos, empresariales y sociales, que a pesar de esas actuaciones de saboteo y abusos de unos que no se comparte ni aceptamos, hoy millones de colombianos de los queremos conservar y proteger una nación sana, prospera, pedimos a nuestros gobernantes, Actúen Ya Sin Perder Tiempo,  donde todos podamos vivir y compartir en Paz con nuestra familia, vecinos, amigos y reencuentro con enemigos.

Esas voces que retumbaron por toda Colombia, de reclamos verdaderos o no, acompañado de gritos alegres de amor a Colombia, es el llamado de Atención más Contundente que envía el Pueblo a todos sus dirigentes, en especial al presidente de la república, congresistas, ministros,  altas cortes, asociaciones sindicales, donde todos expresan y hablan, que luchan por el pueblo, pero que a la hora de la verdad, piensan es en ellos y no en la Nación y protección de sus finanzas.

Un logro positivo y lo que espera el pueblo, “es buscar grandeza en las soluciones, que beneficien a toda la institucionalidad incluida las finanzas de la nación, pues recordemos, que como seres humanos tenemos un fin, otros nacen, pero el estado continua”.

Todos se posan como ganadores y señalan a los otros como perdedores, o expresiones como estas, a ellos descuénteles, pero a nosotros no, quiteles a ellos, pero ojo, no nos pueden tocar ni descontar nada y muchas otras voces de protecciones individuales falsas y dañinas.

Cuando los actores de esas voces verdaderas, falsas y dañinas recapaciten del daño o beneficio individual, destrucción, desconfianza creciente institucional, social y empresarial que hoy se vive en una Colombia que unos quieren destruir, por culpa de esa noble inocencia o confianza depositada al elegirlos, o por un pueblo que elige quizás ignorante, con poco conocimiento de lo público, o peor, por apadrinar a un jefe político, donde HOY  AGUANTAMOS en silencio por cómplices y tolerantes, por querer o aspirar, a conservar un interés individual, económico o expectativa política a futuro, sin importar el daño a los demás.

Señor presidente, equipo de gobierno, congresistas, empresarios, asociaciones, sindicatos y sociedad civil, oportunidad y momento más claro que hoy el pueblo envía, no sé si se volverá a repetir, pero no sé si también será peor a futuro, pues la solución la tienen ustedes mismos, NO buscando más diálogos por las regiones, como lo expreso usted presidente por la televisión, Es No Perder Más Tiempo, Actuando Ya, pues los problemas son NACIONALES y NO REGIONALES que ustedes mismos ya los conocen, que los han aplazado por otros intereses que cada uno conoce en su interior.

" El pueblo quiere es soluciones y no más aplazamientos a las angustias de una sociedad y sector empresarial ".

Hoy más que nunca, deben mostrar a Colombia, que fueron elegidos, para Construir y No Destruir, para Servir y No Abusar, para actuar como verdaderos EstadistasProactivos, Visionarios generando aportes y soluciones colectivas y no como esos políticos y gobernantes de turno, nefastos, pensando solo, en que me puedo beneficiar.

En ustedes lideres y gobernantes están las alternativas, en aportar y generar las soluciones requeridas para construir una nación como se la merece Colombia o ser los destructores igual que los anteriores que han pasado y gobernando, puesto Que No Han Tenido La Verraquera, Cojones y Personalidad Suficiente, para decir no más abuso a las riquezas de nuestra patria.


JUAN JOSÉ ORREGO LÓPEZ 






Reflexiones al tema pensiones


jueves, 21 de noviembre de 2019

El holding financiero estatal traerá privatización por la puerta trasera

razonpublica.com/18 Noviembre 2019
Por: Aurelio Suárez Montoya*

Aurelio Suarez

El holding financiero estatal estaría bajo las mismas reglas que los conglomerados privados.


El Ministerio de Hacienda planea crear un holding con todas las empresas financieras del Estado. La propuesta traería graves secuelas económicas y sociales.

El Ministerio de Hacienda anunció que este mes creará el llamado Holding Estatal de Servicios Financieros, con el propósito de “optimizar” los recursos en su poder.
Este holding agruparía a las empresas estatales relacionadas con el sector financiero, doce de ellas con participación estatal directa y siete con participación indirecta. En total, los activos de estas empresas sumarían 80 billones de pesos.
Las empresas que harían parte del holding y los respectivos patrimonios aportados son:
  • Bancos de segundo piso, como el Banco de Comercio Exterior (Bancoldex); el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro); la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN); y la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), que acumulan 11 billones.
  • Bancos de primer piso, como el Banco Agrario y la Financiera ARCO, que contribuirían patrimonialmente con 2,6 billones.
  • Otras entidades estatales, como el ICETEX, Enterritorio, el Fondo Nacional del Ahorro, el Fondo Nacional de Garantías y Colpensiones, con 6 billones.
  • Sociedades fiduciarias, como Fiduprevisora, Fiduagraria y Fiducoldex, que suman cerca de medio billón de pesos.
  • Y las aseguradoras estatales, como Positiva, Segurexpo y La Previsora, así como la Nueva EPS que participan con 1,1 billones.
Con esta operación, el Gobierno busca un perfil bursátil que aporte al mercado de capitales; que cumpla con los estándares de los emisores de valores; y que no goce de ventajas de ningún tipo en las áreas donde se compita con agentes privados. ¿Se trata de una privatización encubierta?
Las recomendaciones de la OCDE
Hace treinta años, se prometió que la privatización de empresas estatales en países en vía de desarrollo iba a traer incontables beneficios. Pero la realidad ha sido la contraria.
Un documento del Banco Mundial, reproducido en la revista Research Observer de Oxford en marzo de 2018 recoge “las lecciones aprendidas” sobre los procesos de privatización: no hubo mejoría en la eficiencia ni en el desempeño de las empresas privatizadas; el efecto en materia fiscal fue negativo y sus impactos sobre la distribución del ingreso fueron regresivos. Además, estos procesos han conllevado altos riesgos de corrupción.
Como se ve, el balance no es satisfactorio. De hecho, los procesos de privatización han mermado en el mundo a partir de la crisis financiera de 2008.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha hecho un conjunto de recomendaciones para las empresas estatales en Colombia. Aunque la OCDE se refiere a todo el entorno empresarial, en lo que respecta a las empresas estatales dispone llevar a cabo reformas en cuanto a sus objetivos, a su funcionamiento y a su relación con el Estado, sin que implique venderlas.
Este holding agruparía a las empresas estatales relacionadas con el sector financiero, doce de ellas con participación estatal directa y siete con participación indirecta. 
La OCDE enumera 102 empresas colombianas con propiedad pública total o parcial. Entre ellas suman 116 mil millones de dólares en activos, equivalentes al 32% del PIB, e ingresos por 5.300 millones de dólares en 2016. De dichos activos:
  • Ecopetrol tiene el 67% del total;
  • Otras 17 compañías financieras y de seguros tienen el 22%;
  • 13 empresas en el sector de energía poseen el 7,6%;
  • El resto, que reúne solo el 3% restante del patrimonio, son 22 empresas de los sectores: agrario, salud, transporte, telecomunicaciones y “otras”.
La OCDE también cataloga a la empresa Interconexión Eléctrica (ISA) dentro de las “joyas de la corona”. Destaca que el Estado es dueño del 56,7% de esta empresa y que en 2016 representó el 3,4% de la capitalización del mercado bursátil del país. La OCDE igualmente resalta que en más de 140 requisitorias que tiene el Código País para firmas que cotizan en bolsa, ISA obtuvo -en cada una- calificaciones de cumplimiento por encima del 90%.
En noviembre de 2015, en el CONPES 3851, el Gobierno Nacional, “acogió” las directrices de la OCDE y anticipó una política de propiedad de empresas estatales del orden nacional. Dicha política:
  • Las desvinculó de los ministerios o departamentos administrativos a los que estuvieran adscritas;
  • Excluyó a ministros y funcionarios del ramo de sus juntas directivas y los reemplazó por miembros “independientes”, beneficiados con una “remuneración competitiva”;
  • Estableció un marco regulatorio para su operación, funcionamiento, gestión y rendición de cuentas;
  • Centralizó el ejercicio de la propiedad estatal en cabeza del Ministerio de Hacienda;
  • E incluyó otros cambios con un objetivo general: dirigir “de manera efectiva a sus empresas hacia la creación de valor económico y social”, sin dejar de considerar su “eventual enajenación”.
Privatización por la puerta trasera
Pero, ¿cuáles son las consecuencias mayores de que estas entidades se conformen en un solo centro financiero?
Un artículo de la edición 15 de la Revista Banca & Economía de la Asociación Bancaria dice, por ejemplo, que el nuevo holding “se regirá por la Ley de Conglomerados” y deberá acogerse “a las reglas de conflictos de interés, límites de exposición y concentración de riesgos”.
Lo anterior quiere decir que el holding queda sujeto a las mismas reglas que los otros trece conglomerados existentes en el país, entre los que vale mencionar:
El holding queda sujeto a las mismas reglas que los otros trece conglomerados existentes en el país.
  • Grupo AVAL;
  • Conglomerado Financiero (CF) Sura Bancolombia;
  • CF Bolívar;
  • BBVA;
  • CF GNB Sudameris;
  • CF Scotiabank;
  • CF Itaú;
  • Y CF Fundación Social.
De lo anterior, surgen preguntas sobre el holding y el papel que tienen las empresas estatales en un Estado Social de Derecho:
  • ¿Podrá el Banco Agrario condonar deudas, como lo ha hecho en el pasado, a campesinos entrampados o concederles tasas de interés o refinanciaciones favorables?
  • ¿La población vulnerable tendrá especial trato en la Nueva EPS?
  • ¿Continuará la actual usura en el cobro de intereses del ICETEX, en aras de “optimizar” recursos?
  • ¿Se extenderá la flexibilización laboral en esas entidades para crear un máximo valor y sinergias?
  • ¿El manejo de los portafolios respectivos –como el Fomag del magisterio en cabeza de Fiduprevisora– jerarquizará los rendimientos y el apalancamiento de operaciones especulativas por encima del pago cumplido de cesantías y prestaciones a los docentes?
  • ¿Se abrirán en los mercados de capitales las puertas a inversores privados que concurran a lucrarse de las ganancias de las compañías del holding?
Como se ve, el holding financiero estatal abre una verdadera Caja de Pandora. Esos y otros señalamientos nos llevan a inferir que su creación es la privatización conjunta de las empresas estatales financieras. Si bien no hay una venta a privados, estas empresas están más expuestas a su enajenación y, además, se las obliga a desechar todo propósito social o económico que se salga del interés de cualquier inversor particular, teniendo como meta primera la maximización de su tasa de ganancia.
Es decir, el holding procederá como un Sarmiento Angulo con su Grupo AVAL, con lo cual se concreta la mayor privatización de patrimonio público de la historia, por la puerta de atrás.
Por eso se justifica que las centrales obreras y los movimientos sociales incluyeran este adefesio, que se bautizará Grupo Financiero Nacional, como motivo principalísimo para protestar el próximo 21 de noviembre.
*Analista, consultor en áreas públicas y privadas, columnista, catedrático universitario y panelista de la cadena Blu Radio.




Reflexiones al tema pensiones